Jorge Aurelio Favela
Expediente 446/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 446/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Aurelio Favela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo de las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guasave, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que en el presente juicio de amparo por sentencia veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión Amparo y Protegió al quejoso Jorge Aurelio Favela. El Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, fue para lo siguiente: "La concesión del amparo y justicia de la unión solicitado es para el efecto de que los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guasave, Sinaloa, en un término perentorio de diez días emita el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 49/2017.". Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, causo ejecutoria la sentencia, con esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable antes mencionada, por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el presente juicio. Luego, en proveído de veintidós de noviembre del año en curso, se requirió de nueva cuenta al Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Guasave, Sinaloa, para que en el término de tres de días otorgara cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario. En ese sentido, mediante oficio sin número presentado en la oficialía de partes de este juzgado el dos de diciembre de dos mil diecinueve, los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con sede en Guasave, Sinaloa, informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, y anexaron copia certificada del laudo dictado en el expediente 49/2017 de su índice. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la parte quejosa para dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos su notificación manifestara lo que a su interés conviniera, apercibida que de no hacerlo en ese lapso, este Juzgado resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de lo cual fue notificada por medio de aviso judicial de cuatro de diciembre del año en curso, así como por lista de acuerdos publicada el nueve de los corrientes, sin que haya hecho manifestaciones al respecto. Por tanto, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje con domicilio en Guasave, Sinaloa, emitiera el laudo definitivo en los autos del expediente laboral número 49/2017, y remitiera copia certificada que acreditara ese hecho, lo cual ya aconteció, toda vez, que el veintiuno de octubre de este año, los miembros que integran el citado Tribunal de Conciliación, emitieron el laudo correspondiente en el expediente laboral en comento, mismo del que obra copia certificada en el presente juicio de amparo; por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al quejoso del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, por lo que se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta firmado por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JORGE AURELIO FAVELA, EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio de cuenta firmado por los integrantes del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guasave, Sinaloa, mediante el cual comunican el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional al quejoso Jorge Aurelio Favela, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Guasave, Sinaloa, en un término perentorio de diez días, emita el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 49/2017. Resolución que causó ejecutoria el veintidós de octubre del presente año, y en esa fecha se requirió a la autoridad responsable en cita, para que dentro del término de tres días siguientes al en que recibiera el oficio respectivo, informara el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, o bien los actos que haya realizado para ese efecto. Luego, mediante auto de seis de noviembre pasado, se ordenó requerir de nueva cuenta, a la responsable en comento a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha se haya pronunciado al respecto. En ese panorama, requiérase de nueva cuenta a la mencionada responsable, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorgue cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; esto es, en un término perentorio de diez días, emita el laudo definitivo, en los autos del expediente laboral número 49/2017; para lo cual se le apercibe que, en caso de omitir dar cumplimiento, realizar evasivas o retardar aún más el cumplimiento a la sentencia constitucional, se hará acreedora a una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, subsiste el diverso relativo a remitir el expediente al Tribunal Colegiado en turno de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el mismo contexto, se fijó el aludido plazo en razón del tiempo transcurrido entre la ejecutoria de cumplimiento y la fecha del presente auto, lo cual de por sí se consideró un retraso en el cumplimiento de la sentencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".
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