JORGE FLAVIO GONZALEZ ARMENTA y Otros.

Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
958/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • JORGE FLAVIO GONZALEZ ARMENTA y Otros.
  • Jorge Flavio Gonzalez Armenta

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. ********************Se tiene por recibido el escrito de demanda firmado por Jorge Flavio González Armenta, Juan Loreto Tapia Vizcarra, Orlando Serrano Verdugo, Jesús Antonio Flores Zamorano, Oscar Javier Romero Ibarra, Faustino Barreras Manzanarez, María de los Ángeles Campos Campos, Diego Estrada Ruíz, Miriam Guadalupe Montoya Urías, Feliciano Veliz Velázquez, Lucia del Carmen Ochoa Romo, Efraín Valdez Ruíz, Sergio Antonio Velis Hernández, Arely Peñuelas Serrano, Rocío de Cristal Olaiz Castillo y Marte Alberto Valdez García; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro electrónico correspondiente a los juicios de amparo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 958/2023; y, atento al contenido se provee: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, párrafo primero, 3°, 5°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida contra actos de la Fiscalía General de la República Subsede Los Mochis y otras autoridades. Con fundamento ene l artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a Jorge Flavio González Armenta, como representante común de los quejosos en el presente asunto. Tramítese por separado el incidente de suspensión solicitado. Se señalan las nueve horas con dieciocho minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito o, bien, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; apercibidas que de no hacerlo, se le podrá imponer una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en cita. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas en este acto las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este Juzgado, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia a Alejandra Morales Jiménez, Aram Eliseo Briones Rosales, Lucas Alberto López Soto, Mario Alfredo Téllez González, Pedro Antonio Reyes Florentino y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse a de los autos a Isidro Rebollar Pérez y Juan Roberto Mancera Sánchez, en razón de que no tiene registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito, así como al pasante a Felipe Arr********************, ********************, ********************, ********************y ********************. ********************Así también, en cuanto a lo peticionado por la parte quejosa, en el sentido de que se autorice al usuario que cita para la consulta y promoción del expediente electrónico; dígasele que con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a "Alejendramoralesjimenez", por tener su firma Fiel registrada en el sistema respectivo; además, como se solicita, procédase a notificarle vía electrónica a través de dichos usuarios. Además, únicamente se tienen como medio de contacto los correos electrónicos ajuridicoscenpenal@snte.org.mx y amoralesj@yahoo.com.mx . Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Finalmente, se tiene a la parte promovente oponiéndose a la publicación de sus datos personales; por tanto, de conformidad con el artículo 111 de la Ley General de Protección de Datos Personales, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se toma nota de su oposición la cual será atendía al momento de la integración del expediente físico y electrónico, debiéndose proceder conforme lo dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales.

  2. Incidental

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha, en el cuaderno principal, con dos copias del escrito inicial de demanda de amparo y del escrito aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 958/2023, promovido por ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************,******************** y ********************, contra actos de la Fiscalía General de la República Subsede Los Mochis y otras autoridades. En ese contexto, con apoyo en los artículos 125, 128, 138, 139, 140, 142, 147 y 150 de la Ley de Amparo, anexando copia de la demanda constitucional, requiérase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables; informe que deberán rendir por duplicado en el término de cuarenta y ocho horas, en términos del artículo 138 de la citada ley, expresando, en su caso, si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes acerca de la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado de distrito establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. En el entendido de que, la responsable podrá rendir el informe de referencia por escrito, vía telegráfica, o bien, al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx; con el apercibimiento que de no acatar esta determinación, dentro del lapso señalado, se presumirán ciertos los actos reclamados para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva y, además, en su caso, se impondrá a la omisa una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, acorde a los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las doce horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. En diverso orden, para decidir sobre la procedencia de la suspensión el juzgado debe examinar si la naturaleza de los actos permite su paralización; y, si se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la medida la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar, se requiere que los actos sean suspendibles y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la ley de la materia; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. Además, cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditar un interés legítimo, en acatamiento a lo indicado en el artículo 131, de la Ley de Amparo, que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado, en virtud que no podrían paralizarse las consecuencias y efectos de los actos que presumiblemente causarán un daño inminente e irreparable al agraviado, si tal interés no está demostrado. En la especie, los quejosos señalan como autoridades responsables ordenadoras a las siguientes: Fiscalía General de la República Subsede, Los Mochis, Sinaloa y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-III-2, Los Mochis, Sinaloa ambas con sede en esta ciudad. Y como responsables ejecutoras a las mismas señaladas como ordenadoras, así como a las diversas autoridades Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial Los Mochis, Estado de Sinaloa, Dirección General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales Los Mochis, Estado de Sinaloa y Unidad que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en Sinaloa, subsede Los Mochis, Estado de Sinaloa, todas también residentes en esta ciudad. De igual manera, el acto reclamado, lo señalan como sigue "La orden de aprehensión, comparecencia, localización, presentación o citación con apercibimiento, dictados en nuestra contra, desconociendo la Causa Penal derivada de alguna Carpeta de Investigación con la finalidad de privarnos o restringirnos de nuestra libertad personal, ya que no fuimos citados a comparecer a efecto de ofrecer pruebas y alegar en nuestra defensa, :privándonos de nuestro derecho a conocer los hechos que se nos atribuyen y poder ejercer en su caso el legítimo derecho de defensa, pues se desconoce la calidad jurídica en la que estamos siendo requeridos. 6 No es óbice señalar que, tenemos la calidad de imputados en la Carpeta de Investigación F****** radicada ante el Licenciado JUAN CARLOS MARTÍNEZ COLMENARES Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula B-11I2 Los Mochis, Estado de Sinaloa y que hemos insistido en la consulta de la Carpeta y su determinación sin embargo contrario a ello, recibimos visitas en nuestros domicilios particulares de Policía de Investigación a pesar de que tenemos defensores y domicilio procesal señalado en la Carpeta, existiendo temor fundado de que exista alguna orden de citación, comparecencia o aprehensión solicitada en nuestra contra. Resulta procedente la contienda Constitucional atento al siguiente criterio: ...DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE DESECHARLA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO SE SEÑALA INDISTINTAMENTE COMO ACTO RECLAMADO UNA ORDEN DE CITACIÓN Y/0 COMPARECENCIA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL..." "..." "De las restantes autoridades señaladas, en su carácter de EJECUTORAS: La ejecución de la consabida orden de aprehensión, comparecencia, localización, presentación o citación con apercibimiento, dictados en nuestra contra, y sus consecuencias legales. Así, respecto a la orden de aprehensión, comparecencia, localización, citación con apercibimiento o presentación y su probable ejecución que se combaten, se concede la suspensión provisional a favor de ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************,******************** y ********************, acorde a los artículos 162, 165 y 166, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de orden de comparecencia, localización o presentación o citación con apercibimiento, para que no se ejecuten, y en caso de aprehensión, detención, reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo únicamente en lo que se refiera a su libertad en el lugar que señale para su reclusión la autoridad responsable y quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa (delitos no graves así calificados en el sistema penal tradicional), se concede la suspensión para el efecto de que los quejosos no sean detenidos, pero se apercibe a los justiciables a fin de que en el término de cinco días se presenten al procedimiento penal para los efectos de su continuación, de lo contrario, se dejará sin efecto la presente suspensión para que puedan ser devueltos a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal; Si los quejosos -o alguno de ellos- ya se encuentran materialmente detenidos por orden de autoridad competente y el agente del Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicita al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I, del numeral 166 en cita; y En el supuesto de que el acto reclamado afecte la libertad personal de la parte amparista y ésta se encuentre a disposición del agente del Ministerio Público por cumplimiento de la orden de detención, en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o, en un plazo de noventa y seis tratándose de delincuencia organizada, contado a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente. En la inteligencia de que, si el inconforme incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. La suspensión provisional de los actos reclamados concedida, surte efectos hasta en tanto se resuelva acerca de la definitiva en la interlocutoria respectiva. De conformidad con lo establecido por los artículos 138, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo y, toda vez que por el momento no se puede determinar a cuánto asciende el daño patrimonial causado por el delito que se imputa a los quejosos, así como su situación económica y la mayor o menor posibilidad de que se sustraiga a la acción de la Justicia, los quejosos -cada uno de ellos- deberán cumplir con las siguientes condiciones: Otorgar garantía por la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en cualesquiera de las formas permitidas por la ley. En el entendido de que, si deciden que la garantía se exhibirá mediante certificado de depósito, preferentemente deberá ser constituida ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la cual además deberá contener la razón siguiente: "el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, además de que se autoriza al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, para solicitar y recibir información de la institución financiera que permita el control del depósito"; lo anterior con fundamento en los artículos 879 y 883, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estable las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, de 2 de enero de 2015, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Si optan por la póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado, debiendo señalar el agente autorizado en esta ciudad, domicilio para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión; si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. Informar por escrito a este Juzgado de Distrito y bajo protesta de decir verdad, su situación económica, el domicilio en el cual puede ser localizado, si acaso se le negare el amparo y la protección de la Justicia Federal, a fin que sea devuelto al Juzgado de la causa, respecto de su libertad personal; o bien, para que se le puedan hacer las citaciones respectivas. Las indicadas condiciones además de tener su fundamento en los preceptos legales antes citados, tienen apoyo en la interpretación que de dichos preceptos hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1ra/J. 16/1997, producto de la contradicción de tesis número 33/96, publicada en la hoja 226 del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1997, Materia Penal, Novena Época, cuyo rubro es: "SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.". Se precisa que, de no cumplir el justiciable con lo señalado en los incisos a) y b) del presente acuerdo dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, dejará de surtir efectos la suspensión provisional concedida, de conformidad con lo establecido en la Ley de la Amparo; se mandará hacer efectiva la garantía que exhiba a favor del fisco federal y se dejarán expeditos los derechos de las responsables para proceder en su contra, de acuerdo con sus facultades legales, en términos de los artículos 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida dejará de surtir efectos si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa, en cumplimiento de una orden privativa de la libertad librada en su contra por autoridades distintas a las aquí señaladas o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito. Lo anterior en el entendido que el artículo 166 de la Ley de Amparo prevé que si los quejosos incumplen las medidas de aseguramiento a las obligaciones del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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