Jorge de Jesus Soto Castro

Expediente 756/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
756/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge de Jesus Soto Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Cuenta. En cuatro de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Auto. Los Mochis, Sinaloa, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jorge de Jesús Soto Castro; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el quejoso del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que obra no obra documento original por no haberlo exhibido la parte quejosa en su demanda de amparo, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, y en virtud que el quejoso ******************, se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros II, con sede en Ahome, Sinaloa, se comisiona a la Actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito la notificación del presente proveído, en el entendido que deberá identificarlo y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir al funcionario competente del Centro Penitenciario en que se encuentra el interno de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Jorge de Jesús Soto Castro, contra actos del Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 756/2022-1B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de ????????????? improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: ? FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON SEDE EN CULIACÁN, SINALOA. ACTOS RECLAMADOS ? "Se reclama autoridad responsable la abstención o falta de acuerdo del escrito o contestación del mismo, que haya sido notificada a la petición que por escrito que formule, en fecha 04 de noviembre del 2022, al Fiscal General del Estado de Sinaloa, donde el suscrito solicita de la manera Más atenta se acuerde el escrito mencionado anteriormente, ya que es OBLIGACIÓN de las partes promover las salidas. alternas o terminación anticipada, realizamos la siguiente propuesta de PROCEDIMIENTO ABREVIADO, peticiones que fueron presentadas de forma pacífica, respetuosa y observando las disposiciones legales conducentes, escrito dirigido a la citada responsable para ser agregados a los autos del expediente mencionado, sin que a la fecha, el suscrito, haya ido notificado del acuerdo dictado con motivo de la citada petición planteada. ????????????? Por lo que hace a los antecedentes del acto reclamado, manifestó: ".ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO.- Fui acusado de forma injusta y sin fundamento alguno del delito de ROBÓ, Calificado según consta en la Causa Penal número 251/2019 radicada en el H. Juez DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO PENAL REGION NORTE, de esta ciudad, ya que desconozco los hechos del delito que indebidamente se me trata de imputar y solicite el PROCEDIMIENTO ABREVIADO sin tener ningún atención o propuesta por el Fiscal General del Estado., sin que exista ninguna razón legal o fundamental que no me hagan la propuesta del procedimiento abreviado y sin que me hayan notificado alguna propuesta hasta el día de hoy ni por el Fiscal General del Estado , ni por el Juez de Primera Instancia de Control, y hasta ahorita sigo en proceso sin que se me dicte una sentencia condenatoria violentándome el debido proceso. 2.- tanto el suscrito como el defensor solicitamos el Procedimiento abreviado y hasta el día de hoy no se ha realizado la propuesta por el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA. 3.- así mismo manifiesto que el defensor particular del suscrito, así como mi familia, en varias ocasiones a acudido a las Oficinas del FISCAL GENERAL DEL ESTADO, si ya se acordó el escrito presentado por el suscrito y he obtenido respuestas negativas, siendo así que mi representantes legales con fecha 24 de noviembre del 2022, acudió al juzgado para preguntar, si dicho escritos presentado ya habían sido acordado, ya que el suscrito le comento que fuera porque no había tenido respuesta alguna, no se me ha notificado nada, lo que en el Fiscalía General del Estado, le dijeron que no y que no sabían hasta cuando que estaban analizando dicha petición, ya que tienen mucha carga de trabajo, por lo cual no le podían dar fecha de cuando salga el acuerdo, como podía tardar una mes, podía tardar más tiempo. 4.- Al considerar como violatorio de derechos humanos el actuar de la responsable, acudo a este Tribunal Federal a fin de que sean respetados. Violación que se hace valer al tenor de los conceptos de violación que se expresan en el capítulo respectivo. 5.- Cabe hacer mención que la fecha intermedia está señalada para el día 28 de noviembre del 2022 a las 10:00, y hasta la fecha no hay respuesta de la petición solicitada por el quejoso" Establecido lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 5°, fracción II, este último a contrario sensu, del mismo ordenamiento legal que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Lo anterior, porque el Fiscal General del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, señalada como autoridad responsable, no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el acto reclamado que se hace consistir en la omisión de emitir acuerdo a la solicitud de procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que resulta notoriamente improcedente. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 239, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, registro digital 2022071, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo.". Tesis jurisprudencial que resulta aplicable de manera temática al discernirse en ella la naturaleza jurídica del carácter que tiene el ministerio público en el procedimiento abreviado, como se constata de las consideraciones de la ejecutoria que la generaron: a) Naturaleza del acto reclamado y de las autoridades que se señalan como responsables, en relación con el procedimiento especial abreviado, como terminación anticipada del proceso penal. 46. Como se señaló, la materia de estudio en la presente contradicción de tesis atañe al problema jurídico que se presenta al momento de pronunciarse sobre la procedencia de la demanda de amparo indirecto, en la cual se reclama la resolución que niega la reducción de la pena mínima, por parte de las autoridades del Ministerio Público, que deben intervenir en el procedimiento especial abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Específicamente, definir si dicha actuación se trata de un acto de autoridad o no para los efectos del juicio de amparo. 47. De ese modo, esta Primera Sala considera oportuno analizar la naturaleza del acto de que se trata, así como de las autoridades que intervienen en el mismo, a fin de estar en condiciones de declarar si la resolución que se reclama constituye un acto de autoridad que dé lugar a la admisión de la demanda de protección constitucional en su contra. 48. En principio, el artículo 20, apartado A, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la posible terminación anticipada del proceso penal en los términos que siguen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. "A. De los principios generales: "VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. ..." 49. El precepto constitucional transcrito prevé la posibilidad de la terminación anticipada del proceso penal, bajo las modalidades que determine la ley, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y si existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Además, puntualiza que será en la ley, en la que se establecerán los beneficios que podrán otorgarse a la persona que acepte su responsabilidad en la comisión del delito de que se trate. 50. La remisión a la ley secundaria lleva a observar el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en sus artículos 105, fracción V, 201 y 202, respectivamente, señala quiénes son los sujetos que intervienen en el procedimiento penal, los requisitos para la procedencia del procedimiento abreviado y el método procedimental que ha de seguir el Ministerio Público en la tramitación de éste último ante el Juez de Control. 51. En ese sentido, el artículo 105, fracción V, y último párrafo del mencionado Código Nacional, dispone textualmente que el Ministerio Público es sujeto del procedimiento penal, así como que tiene calidad de parte en los procedimientos previstos en dicho cuerpo legislativo. Esto, al establecer expresamente lo que sigue: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal "Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: "... "V. El Ministerio Público; "... "Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." [Énfasis añadido] 52. A su vez, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez "Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: "I. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; "II. Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el Juez la oposición que se encuentre fundada, y "III. Que el imputado: "a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; "b) Expresamente renuncie al juicio oral; "c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado; "d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; "e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. "53. Como se observa, la disposición transcrita contiene los presupuestos jurídicos que deben cumplirse para la tramitación del procedimiento abreviado. Esto, entre otras cuestiones, implica que sólo si todos esos presupuestos enunciados están plenamente satisfechos, entonces el Juez de Control admitirá la apertura de dicho procedimiento y procederá al dictado de la sentencia respectiva. 54. Lo anterior, encuentra su complemento en el artículo 202 del propio cuerpo de leyes en estudio, el cual establece la oportunidad al Ministerio Público para solicitar la reducción de la pena mínima de prisión en el procedimiento abreviado, en los términos que a continuación se trascriben: "Artículo 202. Oportunidad "El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. "A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto. "Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa. "En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente capítulo. "El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador." [Énfasis añadido] 55. La norma procesal transcrita ilustra el método general al que debe ajustarse la actuación del Ministerio Público en la formulación de la solicitud de apertura del procedimiento abreviado y de la reducción de las penas de prisión. 56. Consecuentemente, es la ley adjetiva citada la que otorga categóricamente al fiscal la facultad de solicitar la apertura del procedimiento abreviado. Esto, en su calidad de sujeto parte en el procedimiento respectivo, como dispone el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 57. Ahora, si bien la Constitución Federal incorpora beneficios en la lógica de la terminación anticipada del proceso en el sistema penal acusatorio y oral, también establece que será en la ley secundaria donde se preverán los mismos, acorde al modelo de justicia criminal que diseña la propia Norma Fundamental. 58. De ese modo, los beneficios relativos adquieren una connotación puramente instrumental. Esto es, constituyen medidas adecuadas para generar los resultados y fines que el artículo 20, apartado A de la Carta Fundamental, adscribe al sistema penal acusatorio. Su función es incentivar que los imputados opten por la "aceptación" voluntaria de la participación, no sólo con el objetivo específico de terminar en forma anticipada el proceso penal, sino para que disfrute de los beneficios legales que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas; previa garantía de reparación del daño a la víctima u ofendido por el delito de que se trate. 59. No obstante, lo anterior se actualizará siempre y cuando el fiscal estime la viabilidad jurídica de su solicitud. En efecto, dicha condición constitucional debe verse como una medida adecuada y funcional en la justicia penal. El Ministerio Público ha de valorar discrecionalmente las estrategias que faciliten la terminación anticipada de los procedimientos penales, garantizando la reparación del daño a la víctima del delito, con respeto a los derechos humanos del imputado, como textualmente lo refiere la aludida disposición fundamental. 60. En ese sentido, la petición de apertura del procedimiento abreviado corresponde en estricto sentido al Ministerio Público, en ejercicio de la política criminal diseñada por el legislador para la delimitación de los beneficios que se prevén con el mismo, obedeciendo a una intención de otorgar plena vigencia al principio democrático de Derecho, dado que las circunstancias en que se desarrollan los procesos penales reflejan cierta dificultad para lograr una justicia pronta, completa y expedita, de conformidad con el texto del numeral 17, párrafo segundo, de la propia Constitución Federal.(16) 61. En consecuencia, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la actuación de los agentes del Ministerio Público, entendida como parte de una misma unidad, como sujetos del proceso penal acusatorio y oral, se verifica en calidad de parte en los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. (énfasis añadido). Como se puede ver, en esencia, de lo determinado por nuestro máximo tribunal, en lo que trasciende al presente asunto, la petición de apertura del procedimiento abreviado corresponde en estricto sentido al Ministerio Público, en ejercicio de la política criminal diseñada por el legislador para la delimitación de los beneficios que se prevén con el mismo, obedeciendo a una intención de otorgar plena vigencia al principio democrático de derecho, dado que las circunstancias en que se desarrollan los procesos penales reflejan cierta dificultad para lograr una justicia pronta, completa y expedita, de conformidad con el texto del numeral 17, párrafo segundo, de la propia Constitución Federal. Sin embargo, se actualizará siempre y cuando el fiscal estime la viabilidad jurídica de su solicitud, la que ha de valorar discrecionalmente, por lo que se concluye que la actuación de los agentes del Ministerio Público, entendida como parte de una misma unidad, como sujetos del proceso penal acusatorio y oral, se verifica en calidad de parte en la generalidad de los procedimientos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, particularmente en el procedimiento abreviado previsto en los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con base en lo anterior, debe decirse que, conforme a las directrices que se establecen en la jurisprudencia, todo el procedimiento que tiene que ver con el procedimiento abreviado, en el caso, desde la petición hasta las respuestas u omisiones atribuibles a la representación social, se trata de un proceso de interrelación entre partes. Ahora bien, en la demanda de amparo el quejoso, aquí recurrente, señaló con el carácter de autoridad responsable al Fiscal del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, a quien le atribuyó la omisión de dar respuesta a su solicitud de apertura de procedimiento abreviado de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal 251/2019. En el caso, el acto reclamado no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida que, a quien se atribuye, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerado como autoridad responsable. Es así, pues opuesto a lo que refiere el quejoso, conforme a la naturaleza del acto que se atribuye al Fiscal del Estado de Sinaloa, responsable, consistente en la omisión de dar respuesta a la solicitud de procedimiento abreviado en la causa penal 251/2019, del índice del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, Región Norte, en esta ciudad, se aprecia que ello atañe a la inactividad de la institución del Ministerio Público, quien tiene la calidad de parte procesal en la causa instruida al imputado quejoso, en un plano de igualdad. Esto es, el acto reclamado en el que el referido Fiscal del Estado, es omiso en dar respuesta a la solicitud de procedimiento abreviado, de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que actuó como parte en el procedimiento penal en términos del artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, pues no obstante que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos. Lo cierto es que, como lo determinó el máximo tribunal, en la substanciación del procedimiento abreviado, el ministerio público no actúa como autoridad, sino como parte procesal, en términos de las diversas disposiciones (artículos 201 al 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales) que lo regulan. Con ese aludido carácter de parte, al agente del Ministerio Público le corresponde solicitar al Juez de la causa dicho procedimiento; también lo faculta a solicitar la reducción de la pena en los supuestos señalados en el numeral 202 del precitado código adjetivo; precisándose en el último párrafo de este artículo, que el Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en dicho artículo, deberá observar el acuerdo que al efecto emita el procurador (Fiscal del Estado). Aunado a que las determinaciones emitidas en torno al procedimiento abreviado no son obligatorias para el imputado, pues de acuerdo con el artículo 201, fracción III, inciso c), del Código de Procedimental de referencia, tiene la facultad de consentir o no su aplicación. De ahí que lo planteado a través del juicio de amparo, en torno a la omisión de la representación social de pronunciarse sobre su pretensión de que se inicie el procedimiento abreviado, no es un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional. Ello es así, pues el citado funcionario al desplegar esa actividad lo hace en representación de la institución ministerial, quien tiene el carácter de parte procesal dentro del procedimiento penal instruido al quejoso, pero que carece de imperio, obligatoriedad y coercitividad, pues la determinación reclamada no es obligatoria ni vinculante para el imputado, por ello, no es posible que afecte su esfera jurídica como lo refiere, ya que tiene el derecho de negarse a la aplicación del mencionado procedimiento abreviado, por no convenir a sus intereses, y continuar con el procedimiento respectivo (juicio oral). Máxime porque, corresponde al juez de control autorizar el procedimiento abreviado. Por ello, en el caso concreto, en la actuación reclamada al Fiscal del Estado de Sinaloa, señalado como responsable, es posible determinar que no omitió realizar actos obligatorios en su carácter de autoridad, a pesar de que en cierta fase del procedimiento penal actúe como tal; empero, en el caso concreto, actuó como parte procesal, incluso, a solicitud del propio imputado (quejoso), pues refirió en los antecedentes del acto reclamado que solicitó la apertura de dicho procedimiento sin que a la fecha haya recibido respuesta a su solicitud de fecha cuatro de noviembre de dos mil veintidós, con la pretensión de convenir con la autoridad responsable en relación con el delito que se le imputó, de manera que, con ello no se genera relación alguna de supra a subordinación entre la institución ministerial y el peticionario del amparo, sino que, como ya se precisó, esa determinación fue en un plano de igualdad como partes procesales del procedimiento penal instruido al imputado. En esa tesitura, al ministerio público como referente del procedimiento abreviado no puede considerársele como autoridad responsable, al no haber estado inmerso en actividad de autoridad alguna; pues con su actuar no crea, modifica o extingue en forma unilateral, coercitiva y obligatoria, alguna situación jurídica o fáctica del impetrante del amparo sobre el particular. Pues ciertamente, el transcrito criterio, se insiste, es génesis de lo concluido en previos párrafos, de lo que se coligió que todo el trámite que tiene que ver con el procedimiento abreviado, desde la petición hasta las respuestas u omisiones atribuibles a la representación social, se trata de un proceso de interrelación entre partes, y no actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Conforme a lo anterior, lo aducido en los motivos de disenso en el sentido de que se exija a una de las partes del procedimiento abreviado, -ministerio público- a que le otorgue una respuesta a su petición constitutiva del acto reclamado; esto es, que opere el derecho de "petición" en el caso, atinente, preponderantemente, al silencio que producen las autoridades administrativas, no resulta jurídicamente factible, con motivo de que ese derecho constitucional es para hacerlo efectivo ante una autoridad. De ahí que, debe decirse, no existe aptitud legal para obligar a la representación social a través del juicio de amparo a que haga un pronunciamiento conforme a lo que esgrime el impetrante en sus motivos de disenso. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable, la Jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda) a la cual debe darse el tramite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia puesto que el Acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 525, publicada en el Semanario de la Federación y su gaceta Libro, XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de la Décima Época, de registro 2002286, que a la letra: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Con esta determinación no se contravienen los artículos 1o. y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia - acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de amparo, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Serapio Rendón, número 231 Oriente, colonia Centro, en esta ciudad, y como sus autorizados para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados Juan Carlos Arráyales Castillo y Armando Baldenebro Meza. Por otra parte, la parte quejosa refiere que atendiendo al artículo 3 de la Ley de Amparo solicita que se le tengan por autorizados los medios electrónicos para oír y recibir notificaciones y se le permita la consulta del expediente electrónico manifestando ser el usuario "jcarrayales". Por tanto, se concede a la parte quejosa con el usuario "jcarrayales", en términos del Acuerdo General 12/2020, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, permiso para consultar el expediente electrónico, presentar promociones y oír y recibir notificaciones vía electrónica. Finalmente y en virtud de que el quejoso Jorge de Jesús Soto Castro se encuentra interno en el Centro Penitenciario Goros II, con sede en Ahome, SInaloa, se comisiona a la Actuaria Adscrita a este Juzgado de Distrito presente proveído, en el entendido que deberá de identificarlo y en caso de que carezca de la documentación idónea deberá requerir a funcionario competente del Centro Penitenciario en que se encuentra el interno de mérito, para que proceda a la plena identificación del mismo.

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