Jorge Alfredo Chuc Romero
Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alfredo Chuc Romero
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos incidentales, se advierte que las autoridades responsables foráneas: Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México. Jefe Guardia Nacional Titular de la Estación Valladolid de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán. Oficiales Daniel de la Cruz León y Guillermo Pech, adscritos a la Estación Valladolid de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Yucatán, con sede en Valladolid, Yucatán. No han rendido su respectivo informe justificado, ni obran en autos las tarjetas de acuse de recibo correspondientes a los oficios por los que se le solicitaron. Por tal motivo, se difiere la celebración de la audiencia constitucional que debería tener verificativo en esta propia fecha y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a este expediente el oficio remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental de dicho desconcentrado, con sede en la Ciudad de México. Mediante el cual, esencialmente, solicita una ampliación al término concedido por este órgano jurisdiccional a fin de que rinda su respectivo informe justificado; ello, pues señala, que dicha área jurídica se encuentra realizando las actuaciones correspondientes ante la Dirección General de Registro y Control Documental, a efecto de estar en condiciones de rendir su informe de ley. Sin que sea el caso acordar en relación a su contenido, en virtud de que el referido oficio fue recibido, vía telegráfica, el quince de marzo del año en curso, mismo que fue acordado al día hábil siguiente. Ello, aunado a que, mediante proveído de veinticinco de marzo actual, se tuvo por rendido su informe de ley, vía telegráfica. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 50/2022-VII-B, promovido por Ana Gabriela Martínez Martínez, como representante de su hija menor de edad Ana Sofía Martínez Martínez. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, Ana Gabriela Martínez Martínez, como representante de su hija menor de edad Ana Sofía Martínez Martínez, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamaron de las autoridades responsables, por las que se admitió el acto reclamado, siguientes: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Titular de la Secretaría de Salud. CIUDAD DE MÉXICO. 3. Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. 4. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Yucatán (denominación correcta). CIUDAD. 5. Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán. 6. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos". YUCALPETÉN, YUCATÁN. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el diecisiete de enero de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Con fecha veinticuatro de enero del año en curso, se celebró la audiencia incidental por lo que concierne a las autoridades locales, y el día de hoy se celebra por las autoridades responsables omisas, foráneas, Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos", ambos con sede en Yucalpetén, Yucatán, en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a la menor de edad Ana Sofía Martínez Martínez. SEGUNDA. Certeza de actos. Respecto a las autoridades responsables Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos", ambos con sede en Yucalpetén, Yucatán, al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hubiesen rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificadas, de conformidad con las constancias respectivas, relativas a la entrega de los oficios correspondientes; mismas que obran en autos. Por ello, debe tenerse como cierto el acto que se les atribuye a dichas autoridades, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERA. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter omisivo con efectos positivos, respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar defintiva instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada Ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario, como primer requisito que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Por otro lado, en relación con el derecho fundamental a la salud, tenemos que el artículo 4° de la Carta Magna, en su cuarto párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI, del Artículo 73 Constitucional. Además, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2° del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, etcétera. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4° constitucional, refiere que, por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. De lo anterior, se obtiene que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Y tomando en cuenta que a través del Estado debe garantizarse el acceso efectivo y oportuno a los servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, para aquellas personas que no cuenten con seguro médico, este juzgado estima que se satisfacen los requisitos enumerados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la medida cautelar fue solicitada por la parte quejosa y con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Así mismo, haciendo un análisis de la apariencia del buen derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, atendiendo al acto reclamado y las circunstancias que al momento prevalecen, existe una mayor probabilidad que se conceda el amparo a que se niegue; pues el regreso presencial de todos los alumnos, que cursan los diversos grados escolares a las aulas, sin duda alguna los pone en un mayor riesgo a que continuara la impartición de clases a distancia; lo que hace necesario la mayor protección a la salud de los mismos. Por ende, en términos de lo previsto en el numeral 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el numeral 4° cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados para el efecto de que las responsables lleven a cabo de inmediato la aplicación de la vacuna a la menor quejosa, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Considerando que, en fechas recientes, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, aprobó la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. Tal y como se advierte del siguiente enlace de la página oficial del Gobierno Federal: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira-aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es Aplica al caso, la tesis jurisprudencial 1a./J. 8/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019358, que establece: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." En la inteligencia de que las autoridades responsables señaladas, deben acatar la suspensión otorgada, atendiendo a los términos y condiciones que aquí se señalan. CUARTA. Diferimiento de la audiencia por la autoridad foránea. Con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL respecto de las autoridades responsables foráneas, y se fijan para tal efecto, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Ello, con apoyo en el artículo 138 de la Ley de Amparo, que dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que el domicilio de dichas autoridades responsables se ubica fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rindan sus informes previos en el término aludido es que se fija la fecha referida, a fin de evitar posteriores diferimientos. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a Ana Sofía Martínez Martínez, solicitada por conducto de su representante Ana Gabriela Martínez Martínez, en contra de los actos reclamados a las autoridades Coordinador de Brigadas Especiales del Estado de Yucatán y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos", ambos con sede en Yucalpetén, Yucatán; por los motivos expuestos en la consideración tercera de la misma. SEGUNDO. Se DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL respecto de las autoridades responsables foráneas, y se fijan para tal efecto, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y regístrese.
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