Jorge Alfredo Luna Can
Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 493/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alfredo Luna Can
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado estado el proveído señalado en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la resolución de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por la autoridad señalada como responsable. Y en relación a las autoridades responsables, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno único del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se declaró sin materia la suspensión definitiva solicitada, lo que genera la misma consecuencia jurídica a que hubiera sido negada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, su oficio de cuenta 7873, al que anexa el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la queja 255/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de Claudia Angélica González Gaona, Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en contra del auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; determinación cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representación jurídica, contra el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en autos del juicio de amparo indirecto 493/2023. - - - SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido, en la parte relativa donde se admitió a trámite parcialmente la demanda de amparo." Acúsese el recibo de rigor vía interconexión y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En mérito de lo anterior y visto el estado procesal de los autos, se advierte que en el presente expediente la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Las promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia electoral, entre los cuales se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2. Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados: La aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia electoral, entre los cuales se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así como la discusión, aprobación, expedición y decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular, los artículos: 30, 31, 44, 62, del 70, al 75, 125 QUARTER, 125 SEPTIES y transitorios. 3. Del Secretario de Gobernación del Gobierno de México y Director General adjunto del Diario Oficial de la Federación: En vía de ejecución, el cumplimiento a la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia electoral, entre los cuales se encuentra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 4. Del Consejo General del Instituto Nacional Electoral: El acuerdo por el que se da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto Nacional Electoral se crea el Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral dos mil veintitrés, publicado el día tres de marzo del año en cita. El acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el plan de trabajo y cronograma para la realización de actividades necesarias para el cumplimiento de la reforma electoral, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. El ajuste de plazos del Comité Técnico para la implementación de la reforma electoral dos mil veintitrés, de fecha dieciséis de marzo del año en cita. Al respecto, este Juzgador de amparo considera de manera oficiosa, que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que, respecto las normas generales aquí atacadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, resolvió las acciones de inconstitucionalidad promovidas ante dicha instancia, en la que se demandó la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés", registradas con los expedientes 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023; y al respecto, resolvió declarar la invalidez del decreto impugnado en su totalidad. Ello, se advierte del resumen de votación de la sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del veintidós de junio de dos mil veintitrés, lo que constituye un hecho notorio, en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que dicha versión se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De cuyo contenido se advierte específicamente a foja 6 la siguiente información: Cobra aplicación a lo anterior la tesis I.3o.C.35 K (10a.), con número de registro 2004949, que a la letra dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." Asimismo, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 43. Las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. La Suprema Corte no estará obligada a seguir sus propios precedentes. Sin embargo, para que pueda apartarse de ellos deberá proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio. La Suprema Corte estará vinculada por sus precedentes en los términos antes descritos, incluso cuando éstos se hayan emitido con una integración de Ministras y Ministros distinta." Énfasis añadido. De lo anterior, se advierte que el legislador estableció que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Con lo anterior es claro entonces que, pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o, como en el caso, la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. Así, en términos de lo expuesto es que se reitera, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo que a la letra indica: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De conformidad con lo anterior, se colige que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución; y en el caso se tiene que en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, el Máximo Tribunal declaró la invalidez del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés; aquí reclamado. Cuestión que se corrobora con el proyecto de sentencia derivada de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, cuyos puntos resolutivos establecieron: "PRIMERO. SON PROCEDENTES Y FUNDADAS LAS PRESENTES ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". El cual se encuentra publicado en la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en el siguiente sitio: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2023-06/A.I.%2071.pdf Así, con lo expuesto, se concluye que al decidir sobre la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del aludido "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS". En ese sentido, como puede observarse, el Máximo Tribunal del país a través de la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, determinó remover del marco jurídico nacional las normas aquí impugnadas. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior, ya que para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales. 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución. Elementos que se encuentran plenamente satisfechos en tanto a que en este juicio de amparo se reclaman la citada norma declarada inválida en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que obste a lo anterior que aún no se tenga noticia respecto de la publicación del engrose de la resolución emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, toda vez que ello no es un requisito que establezca la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que lo relevante es que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica de que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sostienen, la tesis de rubro siguiente: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación y promulgación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral", publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin que obste a lo anterior el hecho que, en la tesis en cita refiere que el juzgador se encuentra obligado a aplicar el criterio sostenido con motivo de la declaratoria de invalidez; sin embargo, en el caso, dada la naturaleza de los actos reclamados, resulta evidente que la única consecuencia de dicha aplicación será la de tener como removidas del sistema jurídico las normas reclamadas; sin que para ello, resulte necesario proveer sobre la aplicación del criterio sostenido, con motivo de la declaratoria de inconstitucionalidad. Ahora, cabe precisar que las normas impugnadas se reclamaron con el carácter de autoaplicativas, por lo que, con independencia de la conclusión anterior, no pasa desapercibido que la parte quejosa no demostró una afectación a su esfera jurídica, ya que reclama la norma en su carácter de autoaplicativa, además, de un pretendido acto de aplicación, sin que se haya acreditado la existencia del mismo. Por lo cual, no se advierte una afectación a la esfera jurídica de la promovente, ya que, por una parte, fueron removidas las normas impugnadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, al declarar su invalidez, y por otra, no se demostró la existencia de algún acto de aplicación que haya afectado la esfera jurídica de la parte quejosa. Cuestión que también se corrobora con el comunicado de prensa 222/2023, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encentra visible en la página web oficial y es del tenor literal siguiente: "Comunicados de Prensa No. 222/2023 Ciudad de México, a 22 de junio de 2023 INVALIDA LA CORTE LA SEGUNDA PARTE DEL PAQUETE DE REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES 2022-2023 POR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO El pleno determinó que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, relacionados con el principio de deliberación democrática. La jurisprudencia de la Corte ha establecido que, necesariamente, en el proceso legislativo se debe de garantizar la participación plural e igualitaria de todos los grupos representados en el Congreso El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 9 votos, invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023. La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al 2 de marzo de 2023. La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa. Acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el partido político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de marzo de 2023. Ponente: Ministro Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Narváez Medécigo." De ahí que se concluye que se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia en estudio, lo que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la misma Ley. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª. J/10/2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la página 386, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE TESTIMONIO Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, su oficio de cuenta 7066, al que anexa el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en la queja 205/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, en contra del auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; determinación cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por la Cámara de Diputados, por conducto de su representación jurídica, contra el acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en autos del juicio de amparo indirecto 493/2023. - - - SEGUNDO. Se confirma el acuerdo recurrido, en la parte relativa donde se admitió a trámite parcialmente la demanda de amparo." Acúsese el recibo de rigor vía interconexión y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. SE MANTIENE SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Toda vez que por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el que primordialmente informa que se dio entrada al recurso de queja interpuesto por ********************, Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de autoridad responsable, en contra del auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, radicándolo con el número ********************; por tanto, se mantiene la suspensión del procedimiento en el presente juicio, hasta que dicha Superioridad resuelva lo que estime procedente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto: téngase por recibido el oficio 6399 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo del oficio con el que se le remitió vía electrónica, el escrito de agravios relativo al recurso de queja interpuesto por Claudia Angélica González Gaona, Consejera adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, en su carácter de autoridad responsable, en contra del auto admisorio de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; e informa, que se dio entrada al aludido medio de impugnación, el que quedó registrado con el número ********************Notifíquese.
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