Jorge Alejandro García Cherriz
Expediente 881/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 24/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Alejandro García Cherriz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: de la lectura de la constancia levantada por la actuaria adscrita a este Juzgado, se advierte que por las razones que expone, no le fue posible notificar personalmente al tercero interesado Miguel Ángel Sabido Cherrys, el auto de diecinueve de diciembre pasado. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase al referido tercero interesado la notificación del citado acuerdo, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Notifíquese por lista el presente acuerdo y el diverso de diecinueve de los corrientes, y cúmplase. Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó por lista de estrados el día doce de diciembre pasado, sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado acordara de manera inmediata lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento del quejoso; y por consiguiente, lo comunicara al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que con la misma prontitud proporcionara los elementos policíacos a su mando necesarios para que se llevara a cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintinueve de octubre del presente año, comunicó que por oficio DGOB/0552/2018 de veintiocho de septiembre del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 57 y 58). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio CJ/DCLP/OD/481/2018 de veinticinco de octubre pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 59). Asimismo, en este mismo auto, se vinculó a la autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a fin que realizara los actos necesarios para lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Seguidamente, mediante oficio SSP/DJ/35214/2018 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que programó las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida Juez en el expediente 442/2008, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a fin de desalojar los predios número mil ciento dieciséis, mil ciento veintiséis y mil ciento veintiocho, todos de la calle setenta y uno, de la colonia Susulá Xoclán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 70 y 71). Consecuentemente, por oficio SSP/DJ/35214/2018 de cinco de diciembre último, el referido Director remitió el acta circunstanciada de tres de diciembre pasado levantada por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, acreditando el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito (fojas 75 a 79). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proporcionó los elementos policiacos para que se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales, Vicente Armín Peraza Ramírez, apoderado general para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas del quejoso Jorge Alejandro García Cherriz, adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la nombrada parte quejosa para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó por lista de estrados el día doce de diciembre pasado, sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado acordara de manera inmediata lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento del quejoso; y por consiguiente, lo comunicara al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que con la misma prontitud proporcionara los elementos policíacos a su mando necesarios para que se llevara a cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintinueve de octubre del presente año, comunicó que por oficio DGOB/0552/2018 de veintiocho de septiembre del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 57 y 58). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio CJ/DCLP/OD/481/2018 de veinticinco de octubre pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 59). Asimismo, en este mismo auto, se vinculó a la autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a fin que realizara los actos necesarios para lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Seguidamente, mediante oficio SSP/DJ/35214/2018 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que programó las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida Juez en el expediente 442/2008, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a fin de desalojar los predios número mil ciento dieciséis, mil ciento veintiséis y mil ciento veintiocho, todos de la calle setenta y uno, de la colonia Susulá Xoclán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 70 y 71). Consecuentemente, por oficio SSP/DJ/35214/2018 de cinco de diciembre último, el referido Director remitió el acta circunstanciada de tres de diciembre pasado levantada por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, acreditando el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito (fojas 75 a 79). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proporcionó los elementos policiacos para que se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales, Vicente Armín Peraza Ramírez, apoderado general para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas del quejoso Jorge Alejandro García Cherriz, adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la nombrada parte quejosa para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó por lista de estrados el día doce de diciembre pasado, sin que alguna de las partes hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se le concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado acordara de manera inmediata lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública solicitado por la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, y lo hiciera del conocimiento del quejoso; y por consiguiente, lo comunicara al Secretario de Seguridad Pública del Estado, a fin de que con la misma prontitud proporcionara los elementos policíacos a su mando necesarios para que se llevara a cabo la diligencia de mérito. Posteriormente, en auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintinueve de octubre del presente año, comunicó que por oficio DGOB/0552/2018 de veintiocho de septiembre del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 57 y 58). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio CJ/DCLP/OD/481/2018 de veinticinco de octubre pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 59). Asimismo, en este mismo auto, se vinculó a la autoridad Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, a fin que realizara los actos necesarios para lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Seguidamente, mediante oficio SSP/DJ/35214/2018 signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que programó las diez horas con treinta minutos del tres de diciembre del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida Juez en el expediente 442/2008, relativo al juicio ejecutivo mercantil, a fin de desalojar los predios número mil ciento dieciséis, mil ciento veintiséis y mil ciento veintiocho, todos de la calle setenta y uno, de la colonia Susulá Xoclán, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 70 y 71). Consecuentemente, por oficio SSP/DJ/35214/2018 de cinco de diciembre último, el referido Director remitió el acta circunstanciada de tres de diciembre pasado levantada por el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, acreditando el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito (fojas 75 a 79). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la Juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proporcionó los elementos policiacos para que se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que en este expediente obran agregadas diversas documentales, las cuales, Vicente Armín Peraza Ramírez, apoderado general para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas del quejoso Jorge Alejandro García Cherriz, adjuntó a su escrito de demanda. Por tanto, con apoyo en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la nombrada parte quejosa para que acuda a este Juzgado Federal dentro de un plazo de noventa días, a recoger las referidas documentales, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio número número ********************signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, en suplencia del Secretario de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la ejecutoria del presente asunto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Jorge Alberto Uc Dzib1188/2020
- Jorge Alberto Valle Cervera1348/2022
- Jorge Alejandro Concha Reyes2647/2022
- Jorge Alejandro Domínguez Borges82/2020
- Jorge Alejandro Dominguez Borges951/2023
- Jorge Alejandro Fernandez Gonzalez427/2023
- Jorge Alejandro Guillermo Peniche71/2021
- Jorge Alejandro Poot Puc2214/2022
- Jorge Alejandro Vargas Dzul1516/2022
- Jorge Alejandro Vargas Dzul500/2020
- Jorge Alfredo Alcocer Escalante1606/2023
- Jorge Alfredo Chuc Romero656/2022