Jorge Alejandro Guillermo Peniche

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Guillermo Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante proveído de siete de abril actual, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó al quejoso personalmente el doce de abril del año actual; sin que a la fecha hiciera manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia de tres de marzo de dos mi veintiuno, se concedió al quejoso ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: ".se concede al aquí quejoso la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables realicen las gestiones necesarias en el ámbito de su competencia, a fin de que de inmediato le notifiquen la prevención que señalan recayó a su solicitud". Luego, en auto de veintitrés de marzo de dos mi veintiuno, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos y se requirió su cumplimiento a las responsables. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficios ********************y ********************, remitidos, respectivamente por la encargada del Despacho Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y Registrador Integral adscrito a dicha delegación, ambos residentes en esta ciudad, informaron a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, adjuntando, la primera, copia certificada de las constancias con las que acredita que el treinta de marzo último, se apersonó el apoderado del aquí quejoso al Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación, a efecto de ser notificado del acuerdo de prevención de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, recaído a la solicitud número ******************** que instó ante las responsables, haciéndole entrega en dicho acto del acuerdo de mérito. Así, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las autoridades responsables se ajustaron a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitieron, ya que atendieron cabalmente los puntos relativos al efecto amparador que les fue señalado como directriz bajo la que debían ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendieron en forma correcta. Ante ello, resulta evidente que han respetado el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el citado ordinal 77, fracción II, de Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, con los oficios signados por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, y Registrador Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, con anexos adjuntos, que remiten en cumplimiento al requerimiento que se les hiciera en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto.la En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el tres de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y Registrador Integral adscrito a dicha delegación, ambos residentes en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la citada ley de la materia, se les impondrá, a cada una, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,688.00 (ocho mil, seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N), conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 71/2021-VI-A, promovido por JORGE ALEJANDRO GUILLERMO PENICHE, en contra de los actos que reclama de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el día dieciocho de enero siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció JORGE ALEJANDRO GUILLERMO PENICHE, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y Registrador Integral adscrito a dicha delegación, ambos residentes en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 71/2021-VI-A; se admitió a trámite la misma; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dar respuesta a la solicitud 31190006634 de dos de agosto de dos mil diecinueve, que realizó como titular de los derechos parcelarios relativos a la parcela 602 Z-2 P3/5 del Ejido de "Baca", Municipio de Baca, Yucatán; así como, en su caso, realizar los trámites correspondientes para la expedición y entrega del título de propiedad correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado, por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de las causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. En el caso, la parte impetrante del amparo, aduce que la responsable al no concluir con el trámite de su solicitud 31190006634, vulnera su derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52, 55, 56, 57 y 58 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional , se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo, se establece que los registradores con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. Que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. De igual forma dispone que cuando la documentación presentada para su inscripción resulte deficiente, el Registro deberá requerir al interesado para que se subsanen las deficiencias u omisiones o se presenten los documentos necesarios para llevar a cabo la calificación registral. Que la prevención señalará un plazo de veinte días hábiles para que se subsanen las deficiencias u omisiones detectadas; así como que si el interesado no atendiere la prevención dentro del plazo concedido, el registrador resolverá la calificación con los elementos que tenga disponibles para tal efecto. Y que una vez subsanadas las deficiencias, el Registro a partir del día hábil siguiente del escrito relativo, emitirá su calificación en un plazo no mayor de veinte días hábiles, y procederá a realizar el registro correspondiente, respetándose la prelación adquirida. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (dos de agosto de dos mil diecinueve), a la data en que se presentó la demanda (quince de enero de dos mil veintiuno), ya había transcurrido más de un año, esto es, más de sesenta días naturales, aun descontando los días que con motivo de la contingencia sanitaria pudo dar lugar a una suspensión de labores, ello no justifica que en el caso se ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, para la conclusión del trámite relativo a la solicitud de mérito. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables, conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por otra parte, se advierte que en su respectivo informe justificado las responsables comunicaron que a la solicitud objeto del acto reclamado, le recayó un acuerdo de prevención de veinticinco de enero de dos mil veintiuno; empero, tampoco se advierte que dicha determinación hubiese sido notificada al aquí quejoso, a fin de que haga valer en forma oportuna su derechos, y en su caso, pueda continuarse el trámite; de manera que no se justifica que hasta la fecha no se le dé el seguimiento que corresponda. Por consiguiente, se concede al aquí quejoso la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables realicen las gestiones necesarias en el ámbito de su competencia, a fin de que de inmediato le notifiquen la prevención que señalan recayó a su solicitud. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JORGE ALEJANDRO GUILLERMO PENICHE, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y Registrador Integral adscrito a dicha delegación, ambas residentes en esta ciudad, para los efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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