Jorge Alejandro Mireles Anguiano

Expediente 804/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
804/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Mireles Anguiano

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a cinco de octubre de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el acuerdo de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número VI-804/2018-2. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "La sentencia de fecha 30 treinta de agosto del año 2018 dos mil dieciocho, dictada por el Magistrado de la Quinta Sala Civil Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca número I-127/2017, formado con motivo de los recursos de apelación interpuestos tanto por -, como por los apoderados jurídicos de -, y ésta representante de los menores - contra la sentencia interlocutoria de fecha 21 veintiuno de febrero del 2017 dos mil diecisiete, dictada por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial y decisoria del incidente de reducción de pensión alimenticia derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 3/2017, que sobre pago de alimentos provisionales promovió la antes citada por su propio derecho y en cuanto representante de los menores, frente al suscrito, a fin de cumplimentar la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta capital, al resolver el amparo en revisión civil número 254/2017, relativo al juicio de amparo indirecto número IV-478/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, también con residencia en esta capital, promovido por de -, por sí y en cuanto representante de los menores en cita, contra actos de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.". Ahora, dado que el promovente refiere que ante este tribunal federal se tramitó el juicio de amparo número IV-478/2017, promovido por Bertha Alicia Medina Lemus, y en cuanto representante de los menores Gael Alejandro y Sofía Sarahi, de apellidos Mireles Medina, aquí parte tercera interesada, contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta capital, contra el acto que hizo consistir en: "La sentencia de fecha 28 veintiocho de abril del año 2017 dos mil diecisiete, dictada dentro del Toca de Apelación Número I-127/2017, relativo al Recurso interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 21 veintiuno de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito judicial de Morelia dentro del Incidente de Reducción de Pensión Alimenticia, promovido por -, frente a los menores -, dentro de las diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 3/2017, sobre Fijación de Pago de Alimentos Provisionales solicitados por -- La ejecución y el cumplimiento que pretenda dar o de la sentencia reclamada, así como cualquier acto que lleve a reducir la pensión alimenticia fijada a favor de los quejosos, dentro de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 3/2017, sobre Fijación y pago de alimentos provisionales, solicitados por -, por sí y en representación de sus menores hijos -Asunto que como se aprecia se relaciona con la demanda en estudio por existir igualdad en los datos de identificación y derivar del mismo toca de origen I-127/2017; en consecuencia, se ordena tener a la para ser tomado en consideración, al tratarse de un hecho notorio para el suscrito como lo establece la tesis visible en la página 847 del Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." En ese sentido, deberá decirse que el acto reclamado, respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por los numerales 61, fracción IX, en relación con los diversos numerales 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de la Ley de la Materia, que establecen: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. El primer precepto aludido autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Precisado lo anterior, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción IX, en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario. De la precitada porción normativa se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de ellas, razón por la cual es jurídicamente imposible entrar al fondo de la cuestión planteada en posterior juicio. La hipótesis que se actualiza en la especie, es la segunda, relativa a que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de protección constitucional, en las cuales se constriñe a las autoridades responsables a realizar determinadas y precisas acciones para cumplir con el fallo protector y, por ende, acatar éste conforme a los efectos determinados por el órgano de control constitucional. Es decir, se trata de resoluciones o actos que se encuentran dirigidos directamente a cumplir las ejecutorias dictadas en un juicio de amparo. Así las cosas, es un hecho notorio para este juzgador federal que ante este órgano jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo número IV-478/2017, promovido por la aquí tercera interesada Bertha Alicia Medina Lemus, por sí y en representación de sus menores hijos Gael Alejandro Mireles Medina y Sofía Sarahí Mireles Medina, donde reclamó la sentencia de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca I-127/2017, relativo al recurso contra de la sentencia interlocutoria de veintiuno de febrero de esa misma anualidad, emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito judicial de Morelia, dentro del Incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por el aquí quejoso y la ejecución y el cumplimiento de la sentencia reclamada Ahora, de dicho contradictorio constitucional se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Bertha Alicia Medina Lemus, por sí y en representación de sus menores hijos referidos (aquí parte tercera interesada). Inconforme con dicha resolución se interpuso recurso de revisión, mediante escrito presentado ante este juzgado el diecisiete de octubre del propio año, recurso que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, quien mediante resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, revocó la sentencia recurrida, para ahora conceder la protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: ".Por tal motivo, procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Magistrado responsable: Deje insubsistente la sentencia reclamada; y, Dicte otra resolución en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, revoque la interlocutoria apelada, para ahora declarar infundado el incidente de reducción de pensión alimentaria promovido por Jorge Mireles Anguiano.". En acatamiento a ello, se requirió al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal Colegiado en mención, lo que así hizo, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de septiembre del año en curso, al que anexó copia certificada de la resolución que dictó el treinta de agosto último de la presente anualidad, dentro del toca I-127/2018, en los siguientes términos: ".I. En cumplimiento a la ejecutoria de fecha 9 nueve de agosto del año en curso dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Primer Circuito con residencia en esta capital dentro del juicio de amparo en revisión civil número 254/2017 (relativo al juicio de amparo indirecto número IV-478/2017-1 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, también con residencia en esta capital), promovido por Bertha Alicia Medina Lemus, por sí y en representación de sus menores hijos Gael Alejandro y Sofía Sarahí, de apellidos Mireles Medina, contra actos de esta Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad; se declara insubsistente la sentencia que originalmente pronuncio este mismo tribunal ad quem, el 28 veintiocho de abril del 2017 dos mil diecisiete, dentro del presente toca apelatorio número I-127/2017; procediendo a dictar una NUEVA RESOLUCIÓN, que sujetándose a los lineamientos trazados por el Órgano de Control Constitucional, ahora se rija bajo los siguientes Puntos Resolutivos: II. Esta Sala fue competente para conocer y fallar los presentes recursos apelatorios. III. Resulto sustancialmente fundado el agravio expresado por los abogados Hilda Pacheco Aguilar, José Jesús Colorado Silva y Reynol Mojica Benítez, apoderados jurídicos de Bertha Alicia Medina Lemus, por sí y en cuanto representante legal de sus menores hijos Gael Alejandro y Sofía Sarahí, de apellidos Mireles Medina. IV. En tanto que el motivo de disentimiento que a su vez hizo valer Jorge Alejandro Mireles Anguiano, por su propio derecho, resultó inconducente. V. Consecuentemente, se revoca la sentencia interlocutoria impugnada, cuyos Puntos Resolutivos en lo subsecuente deberán quedar redactados, como se indica en el considerando SEPTIMO de este nuevo fallo.". Tal circunstancia fue materia de análisis en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dentro del juicio de amparo IV-478/2017, por lo que en auto de once de septiembre del año en curso, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior se evidencia que la resolución de treinta de agosto de dos mil dieciocho, impugnada en esta contienda constitucional en estudio, se emitió en acatamiento de la protección constitucional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil dentro del recurso de revisión 254/2017, que se formó con motivo del juicio de amparo IV-478/2017 del índice de este juzgado, que promovió la aquí tercera interesada Bertha Alicia Medina Lemus, por sí y en representación de sus menores hijos Gael Alejandro y Sofía Sarahí ambos de apellidos Mireles Medina. Por esta razón, si el ahora quejoso pretende combatir en esta instancia constitucional la nueva resolución de la sala responsable, que revoco la diversa emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, con fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, ello en acatamiento de la protección constitucional concedida, es incuestionable que tal resolución fue emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Constitucional Común, Décima Época, página 307, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." También es aplicable al caso, por los motivos que la informan, la Jurisprudencia J/49 sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, Materia Común, consultable en la página 113 del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDENCIA DEL JUICIO CONSTITUCIONAL CONTRA ACTOS EMITIDOS EN PARTE PARA CUMPLIMENTARLAS. El artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo determina expresamente la improcedencia del juicio de garantías contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La citada causa de improcedencia opera en sus términos cuando un acto de autoridad obedece totalmente al cumplimiento de una resolución proveniente de un juicio de amparo, y conduce al desechamiento de la demanda, si se advierte de modo manifiesto e indudable inicialmente, o a decretar el sobreseimiento cuando se emita la sentencia. No obstante, existen actos de autoridad en los cuales sólo una parte se emite como cumplimiento de una resolución dictada en un juicio de amparo, y la otra se produce por la responsable de propia autoridad, obedeciendo a lo que el órgano considera correspondiente a sus facultades o incluso fuera de ellas, pero motu proprio. En esta hipótesis no opera la causa de improcedencia en comento, en tanto que se trata de un acto de autoridad unitario, es decir, realizado en una unidad que no se puede dividir para desechar la demanda, por lo que toca a una de sus partes y admitirla respecto a la otra; de manera que basta la existencia de la parte del acto no vinculada al cumplimiento de lo decidido en un juicio constitucional, para proceder a la admisión de la demanda, desde luego, si se cumplen los demás requisitos fijados en la ley. Ahora bien, la situación apuntada no se traduce en hacer nugatoria la prohibición implícita contenida en la disposición en comento, de examinar en un mismo juicio de garantías lo resuelto en otro juicio de la misma clase, sino únicamente en ajustar su aplicación a la peculiaridad del caso concreto, esto es, a que al dictar la sentencia sólo se decida en ella sobre las cuestiones atinentes a la parte del acto reclamado que no se encuentra emitido en acatamiento de la resolución de amparo, y se rechacen las demás cuestiones planteadas en los conceptos de violación, sin hacer ningún pronunciamiento sobre su validez legal. En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, procede DESECHAR DE PLANO la presente demanda con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de emitirse auto que declare firme esta determinación en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo, y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94 del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene al ocursante por señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad y autorizados únicamente para ese efecto a las personas que refiere, toda vez que cumplen con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, no así al pasante jurista que indica, dado que no cumple con los lineamientos que establece dicho precepto. Notifíquese personalmente.

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