Jorge Alejandro Hernandez Hurtado

Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Hernandez Hurtado
  • Gerardo Reyes Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    con esta fecha se emplaza por lista al tercero interesado... mediante el proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés... Visto el escrito de cuenta signado por ******************** quien se ostenta como apoderado de la parte quejosa ********************, mediante el cual cumple con la prevención realizada en proveído de treinta y uno de los actuales; por tanto, con fundamento en lo previsto por el precepto 276, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por mandato de su cardinal 2°, en consonancia con el primer párrafo del arábigo 11 de dicho ordenamiento reglamentario, en términos del instrumento notarial que adjunta se reconoce el carácter que ostenta. En consecuencia, de acuerdo a lo previsto por los artículos 5°, 33 fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la misma, por los actos que aduce. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Fórmese por cuerda separada los cuadernillos incidentales, por haberlo solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de QUINCE DÍAS contado a partir del que reciban el oficio en el que se les solicita, el que podrán hacer por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, de acuerdo con el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado a ******************** en consecuencia, túrnese el presente juicio de garantías al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en ********************, y entregándole copia simple de la demanda, lo emplace a juicio (por sí o por medio de su representante, quien deberá de identificarse al momento de la diligencia), debiendo hacer de su conocimiento el día y hora fijados para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción II, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario encomendado para que realice dicho emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. En el entendido de que los hechos que narra la parte quejosa en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a la autoridad señalada como responsable, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrán por realizadas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Hágase saber a las autoridades responsables, que para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifique, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remita los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación ******************** a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con apoyo en el artículo 61 fracción XXII, en relación con el 5° fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, no ha lugar a tener como autoridad responsable al ******************** pues este carece de facultades decisorias y ejecutorias, ya que sus funciones únicamente se constriñen a dar fe de los autos del Tribunal. Por su aplicación es de citarse por analogía la tesis número 23, visible en la página 1136, del Informe de Labores rendido por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante el año de 1989, del rubro "SECRETARIOS DE ACUERDOS. NO SON AUTORIDADES EN MATERIA DE AMPARO". Notifíquese y emplácese al tercero interesado en mención... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  2. Incidental

    con esta fecha se notifica por lista al tercero interesado... el proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés... Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda y del escrito de cumplimiento de prevención, tramítese por duplicado incidente de suspensión relativo al juicio de amparo IV-1386/2023-C, promovido por el apoderado de ******************** contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de sus adscripción; con apoyo en los artículos 115, 125 y 138, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los numerales 138 y 140 del referido ordenamiento legal, mediante oficio, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, para lo cual se les envía copia de la demanda de garantías; que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de que tengan conocimiento de este proveído, en el que se concretaran a expresar si son o no ciertos los actos que se les reclama; podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance, que permitan a este Órgano Jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente; apercibidos que de no hacerlo así dentro del lapso concedido, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y además, en su caso, se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo en términos de lo que establece el numeral 260, fracción I de la Ley de la Materia. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Cabe destacar que en el caso, el quejoso medularmente hace consistir el acto reclamado en todo lo actuado dentro del juicio laboral de origen ********************, y en consecuencia el laudo ahí dictado. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En ese contexto, el suscrito Juez de control constitucional, tiene presente que serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se causarían a la solicitante de la suspensión provisional, si se llevaran a cabo actos tendientes a la ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen ********************, pues se le podrían embargar bienes de su propiedad, de los cuales no se le podría restituir el disfrute de los mismos ni otorgándosele eventualmente la protección constitucional, habida cuenta, que si bien es cierto, la medida cautelar no fue solicitada para ese efecto, no se pierde de vista, que la suspensión actúa hacia el futuro, no hacia el pasado, con la finalidad primordial de preservar la materia del juicio constitucional. En el caso, debe decirse que se colma el primero de los requisitos que establece el numeral transcrito, esto es, que la medida suspensional la solicite la parte agraviada, en virtud de que la parte quejosa se ostenta como parte dentro del procedimiento de origen. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 410, del Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que con el texto "SUSPENSIÓN PROCEDE DECRETARLA SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Si de autos se advierte que quien promueve el juicio de amparo es parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, es evidente el interés que le asiste en obtener la suspensión definitiva de dichos actos, y por tanto debe decretarse, pues en el juicio de garantías el interés jurídico de quien la solicita se surte, si es parte en el procedimientos del que derivan los actos que se impugnan; máxime cuando la autoridad de quien se reclaman admite la existencia de los mismos, y se satisfacen los requisitos que al efecto establece el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto se refiere al segundo de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que con la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por razón de que en el juicio de donde emanan los actos reclamados, se encuentran en pugna sólo intereses particulares, siendo así que la sociedad no habrá de recibir afectación alguna por motivo de que no se paralicen los efectos de los actos reclamados. Sobre esto dicho es atinente, en lo conducente, lo expresado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la tesis V.2º.50 A, consultable en la página 1125 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "SUSPENSIÓN. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE PREJUZGAR SOBRE LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL SIN BASE OBJETIVA. Si la quejosa reclama ataques a sus derechos de propiedad y posesión, alegando que la autoridad administrativa la trata de desposeer de un predio por obstruir supuestamente la vía pública, empero en su demanda de garantías aduce que el inmueble que ocupa como de su propiedad no invade espacio público, el Juez de Distrito no puede, sin prueba en contrario, negar la suspensión provisional invocando que no se satisface el requisito exigido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo porque, en su concepto, de concederla se contravendrían disposiciones de orden público como son las contenidas en el capítulo II denominado del "Uso de la vía pública" del Reglamento de Construcción para el Centro de Población de Nogales, Sonora, además de que se obstaculizaría la libre circulación peatonal y vehicular, ya que ello es objeto de prueba durante el trámite del incidente de suspensión; pero además a lo que debe atenderse es precisamente lo que la quejosa argumenta respecto a que no obstruye la vía pública por ser el predio que ocupa propiedad privada, y debe atenderse a sus manifestaciones cuando no hay prueba en contra." Por tanto, es de tenerse presente que serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causarían a la parte solicitante de la suspensión definitiva con el embargo de bienes de su propiedad, pues no se le podría resarcir el disfrute de los mismos ni otorgándosele eventualmente la protección constitucional, pues no debe perderse de vista, que la suspensión actúa hacia el futuro, no hacia el pasado, con la finalidad primordial de preservar la materia del juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a ******************** para el efecto de que en caso de que ya se hayan embargado bienes de su propiedad, no sea desposeído de los mismos ni se adjudiquen a terceros, o bien si no ha acontecido lo anterior, no se embarguen estos, únicamente se podrá hacer respecto de la cantidad que exceda del importe del equivalente a seis meses de salario diario integrado que percibía el ahora tercero interesado, cálculo que desde luego, deberá efectuar la autoridad responsable, de acuerdo con las constancias del juicio laboral de origen, suma que se estima suficiente, para garantizar la subsistencia del trabajador, mientras dure el juicio de amparo de donde emana el incidente de suspensión en que se actúa. En el entendido de que la presente medida suspensional no surtirá efectos, si a la fecha ya fueron ejecutados los actos que en esta vía se reclaman y hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables, sobre la suspensión definitiva que se llegue a dictar dentro del presente cuaderno incidental. Cobra aplicación a lo anterior la Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Tomo XXIII, Junio de 2006, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1217, que a la letra dice "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES. Tratándose de la suspensión en amparo indirecto o biinstancial solicitada con motivo de la ejecución de un laudo por falta de emplazamiento al juicio laboral, no es posible calcular como tiempo probable para la duración del juicio constitucional uno menor al de seis meses; lo anterior es así, puesto que el procedimiento de amparo biinstancial requiere de mayor tiempo que el amparo directo, en tanto que en aquél existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y debe celebrarse una audiencia en términos del artículo 155 de la Ley de Amparo, la cual puede suspenderse o diferirse por diversas circunstancias; aspectos que sin duda pueden prolongar la resolución del aludido juicio constitucional. Además, una vez dictada la sentencia puede interponerse recurso de revisión e incluso se tiene la posibilidad de que en éste se ordene la reposición del procedimiento, con lo cual se prolongaría el dictado de la resolución definitiva; por consiguiente, si la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, por regla general, tiene vida jurídica hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria; entonces, para calcular su duración a efecto de fijar el importe de los salarios del trabajador para asegurar su subsistencia, que se traduce en negar la suspensión para que pueda ejecutarse el laudo mientras se tramita el juicio constitucional, es dable tomar en consideración tanto la complejidad de su procedimiento como su naturaleza biinstancial y, por ende, no es posible fijar un importe menor al de seis meses de salario; sin que sea óbice a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 12/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 291, de rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Dado que, por una parte, tal criterio es atinente a la suspensión de la ejecución de un laudo en amparo directo; y, por otra, dicha jurisprudencia no señala tajantemente que el término probable para la resolución de un juicio de garantías deba ser menor de seis meses." También aplica a lo anterior la Jurisprudencia 40/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 262, del tenor literal siguiente "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable." Asimismo, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, por otra parte, se niega a ******************** la suspensión provisional de la ejecución de los actos que reclama, por la cantidad de seis meses de salario que percibía el tercero interesado (actor en el juicio de origen) como salario base de cotización, cálculo que desde luego deberá efectuar la autoridad responsable, de acuerdo con las documentales del juicio laboral de origen, virtud a que no se cuenta con las constancias necesarias para fijar dicha garantía, monto con el cual se garantiza la subsistencia del trabajador, por seis meses; hasta en tanto se resuelva el juicio de garantías que dio origen al presente incidente. Tiene aplicación por identidad la jurisprudencia IV.5º. J/2, número de registro 196689, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 746, Tomo VII, Marzo 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente "SUSPENSIÓN EN MATERIA LABORAL. NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 174 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Amparo, en materia de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente de la Junta, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo; lo que quiere decir, a contrario sensu, que si dicho funcionario considera que la parte obrera está en peligro de no poder subsistir, la suspensión es improcedente hasta por el importe de los salarios que correspondan al término de duración del juicio de garantías. Partiendo de esta premisa, cabe estimar que la determinación que, en observancia a ese precepto legal, establece una cierta cantidad de dinero a cargo de una persona moral oficial quejosa con el fin de asegurar la subsistencia del trabajador, no infringe el artículo 9o. de la misma ley, que exime a las personas morales oficiales de otorgar garantías, por cuanto que la cantidad que se hubiere fijado no es para garantizar el pago de daños y perjuicios que se ocasionaren con motivo de la suspensión, sino que se trata de un mecanismo legal que asegura la subsistencia del trabajador mientras dura el juicio de amparo." Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 209/2006, número de registro 173433, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la página 819, Tomo XXV, enero 2017, materia Laboral, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena." Asimismo, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, número XX.1°.26K, publicada en la página 740, Tomo VI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente "SUSPENSION EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, el citado precepto es aplicable también a los casos en que se resuelve un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo indirecto porque en tratándose de la ejecución de un laudo, además de la regla que para su otorgamiento establecen los artículos 124 y 125 de la ley de la materia, tiene igualmente aplicación lo dispuesto por el artículo 174 de dicho cuerpo legal, en razón de que por tratarse de una cuestión laboral, debe evitarse a la parte obrera el peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo". Advirtiéndose de la demanda de garantías de donde deriva el presente incidente de suspensión, que existe tercero interesado que pudiera sufrir daños y perjuicios con esta medida, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la misma surte efectos de inmediato, pero con fundamento en el artículo 136 de la Ley de la Materia, en relación con el 132, de la propia ley, dejará de hacerlo si no exhibe, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $******************** (******************** mil pesos 00/100 moneda nacional) misma que se fija de forma discrecional por carecer de datos para fijar dicha cantidad, respecto a los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse a la parte tercero interesada con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Jurisprudencial Número 43/01, al resolver la contradicción de tesis 17/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en contra del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que es del tenor literal siguiente "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.- De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, que regulan lo relativo a la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, y a la garantía que el quejoso debe otorgar en los casos en que aquéllas sean procedentes, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, y atendiendo a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia efectividad de la medida cautelar de que se trata, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde exista la misma razón, debe existir la misma disposición, se arriba a la conclusión de que respecto a la suspensión provisional que se puede decretar con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, y a virtud de la cual se ordena mantener las cosas en el estado que guardan en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, surte sus efectos, al igual que ésta, inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad, que es la de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación. Además, debe tomarse en cuenta que ante el reciente conocimiento de los actos reclamados, el quejoso está menos prevenido que cuando se trata de la suspensión definitiva, y si ésta surte sus efectos desde luego, aún cuando no se exhiba la garantía exigida, lo mismo debe considerarse, por mayoría de razón, tratándose de la suspensión provisional, sin que ello implique que de no exhibirse garantía deje de surtir efectos dicha suspensión." La anterior determinación, hágase del conocimiento al tercero interesado ********************; consecuentemente, túrnese el presente expediente al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que se constituya en el domicilio que se especifica en la demanda de amparo, y proceda a realizar la notificación respectiva. Por otra parte, en términos del precepto 28, fracción I de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niegan a recibir tales oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, la Actuaria de este Juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles. Asimismo, que para rendir su informe las autoridades responsables deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinden vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver, el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo IV-1386/2023-C, promovido por el representante de -., contra actos de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario de su adscripción; y. Advirtiéndose de la demanda de garantías de donde deriva el presente incidente de suspensión, que existe tercero interesado que pudiera sufrir daños y perjuicios con esta medida, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que la misma surte efectos de inmediato, pero con fundamento en el artículo 136 de la Ley de la Materia, en relación con el 132, de la propia ley, dejará de hacerlo si no exhibe, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, garantía por la cantidad de $71,998.20 (setenta y un mil novecientos noventa y ocho pesos 20/100 moneda nacional) misma que se fija de acuerdo a lo informado por la autoridad responsable en el sentido de que tal monto corresponde a seis meses del salario base del trabajador -ahora tercero interesado- en el laudo condenatorio, (tiempo que se estima tardará en resolverse el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente); lo anterior, respecto a los posibles daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse a la parte tercero interesada con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada.. Por lo expuesto y fundado; R E S U E L V E: PRIMERO. Se CONCEDE la suspensión definitiva que solicita el representante de-, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución y por las razones que ahí se indican. SEGUNDO. Se NIEGA la suspensión definitiva que solicita el representante de -., respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta resolución y por las razones que ahí se indican. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Esteban Corona Rojas, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por medio del cual las autoridades en comento rinden su respectivo informe justificado, y anexan las constancias para tal efecto; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos de los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se ordena formar un tomo de prueba por separado, para mejor manejo y consulta de las constancias que adjuntó la autoridad de mérito. Notifíquese.

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