Jorge Alejandro Garcia Ochoa
Expediente 589/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alejandro Garcia Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, a cuatro de julio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
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Con esta fecha se notifica mediante lista al quejoso el proveido emitido el veintinueve de mayo de dos mil veintitres el cual señala".Agreguese a los autos el escrito de cuenta signado por - - por propio derecho mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en auto de dieciseis de mayo del año en curso Ahora bien del analisis del escrito inicial de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de catorce de abril de dos mil veintitres emitida dentro del toca numero - mediante la cual el Magistrada responsable confirmo la actuacion de diez de enero de dos mil veintitres dictada dentro del Juicio Ordinario Familiar número - por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial ello con motivo de la certificación levanta en el sentido de que no fue posible el desahogo de la ratificacion del escrito de nulidad en virtud de que - - no fue debidamente notificada por los conductos legales pronunciada en la etapa de ejecucion de sentencia Ahora este Juzgado advierte de oficio que en torno al auto en cita se actualiza la causa de improcedencia prevista en el articulo 61 fraccion XXIII en relacion con el 107 fraccion IV este ultimo aplicado a contrario sensu de la Ley de Amparo que se citan como nota al pie De los preceptos en cita se aprecia que el juicio de garantias procede solo en contra de la ultima resolucion emitida dentro del procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o juridica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente en cuyo caso se haran valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento lo anterior es importante destacarlo en atencion a que si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias estas determinaciones no pueden ser combatidas a traves del juicio constitucional habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinacion con efectos equivalentes debe evitarse la obstaculizacion de su cumplimiento En consecuencia las violaciones cometidas en los actos reclamados podran reclamarse hasta que se emita la resolucion definitiva en dicho procedimiento lo que le daria a la impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violacion de su demanda Tiene aplicacion la jurisprudencia 32 / 2001 que por contradiccion aprobo el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion consultable en la pagina 31 del Tomo XIII Abril de 2001 Materia Comun Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federacion que dice AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA La referida disposicion exige para la impugnacion de los actos dictados en un procedimiento de ejecucion de sentencia como presupuesto de procedencia de la via indirecta que se reclame la ultima resolucion dictada en dicho procedimiento. Ahora bien este requisito tiene como finalidad de conformidad con lo previsto en la exposicion de motivos de la ley citada evitar que se abuse del juicio de garantias lo que se obtiene si la procedencia de este contra violaciones sufridas en la ejecucion de una sentencia se limita a la impugnacion de la ultima resolucion que se dicte en esa fase ejecutiva resolucion que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tacita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o juridica para darle cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 113 de la legislacion invocada al que se acude en forma analogica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretacion diferente Entonces resulta evidente que al surtirse la causa de improcedencia analizada lo que procede es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO Notifiquese personalmente ." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fracción I inciso B de la Ley de Amparo
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Morelia, Michoacán, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por -, por propio derecho, mediante el cual, cumple con el requerimiento realizado en auto de dieciséis de mayo del año en curso. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de la demanda de amparo como del escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la sentencia interlocutoria de catorce de abril de dos mil veintitrés, emitida dentro del toca número -, mediante la cual el Magistrada responsable, confirmó la actuación de diez de enero de dos mil veintitrés, dictada dentro del Juicio Ordinario Familiar número - por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; ello con motivo de la certificación levanta en el sentido de que no fue posible el desahogo de la ratificación del escrito de nulidad en virtud de que -, no fue debidamente notificada por los conductos legales, pronunciada en la etapa de ejecución de sentencia. Ahora, este Juzgado advierte de oficio que en torno al auto en cita, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que se citan como nota al pie. De los preceptos en cita, se aprecia que el juicio de garantías, procede sólo en contra de la última resolución emitida dentro del procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en dicha etapa se emiten autos y resoluciones intermedias, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. En consecuencia, las violaciones cometidas en los actos reclamados, podrán reclamarse hasta que se emita la resolución definitiva en dicho procedimiento, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de amparo, atacando las violaciones que considere fueron cometidas en ese procedimiento, incluidas las violaciones que aduce en los conceptos de violación de su demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia 32/2001, que por contradicción aprobó el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Entonces, resulta evidente que al surtirse la causa de improcedencia analizada, lo que procede es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86, de la Ley de la Materia, para que las partes legitimadas recurrieran la sentencia de doce de abril de dos mil veintitrés, en la que en una parte se sobreseyó y en otra se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es DEPURABLE toda vez que por una parte se sobreseyó y en otra negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa; de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18.- Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Además, se precisa que no se ordenó la apertura del incidente de suspensión; asimismo, que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.
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