Jorge Alberto Herrera Tellez
Expediente 1055/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1055/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Alberto Herrera Tellez
Actuaciones
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA DIEZ Y DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Vista la constancia secretarial de cuenta, se desprende que el quejoso reclamo la orden de comparecencia a las once horas con veintiún minutos del veinte de octubre del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal- por la probable intervención en el delito de abuso sexual en agravio de la menor de iniciales- Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, se advierte que el veinte de octubre pasado en la sala de oralidad 9, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo verificativo la audiencia inicial con la cita del aquí quejoso, en la cual se le dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales -., imponiéndole diversas medidas cautelares. Ahora bien, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haberse dictado auto de vinculación a proceso, lo que genera un cambio de situación jurídica del acto reclamado, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En efecto, del disco versátil que adjunto a su informe de ley la autoridad responsable, mismas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio y que se tienen por admitidas y desahogadas, para todos los efectos legales a que haya lugar, consistente en la copia audiovisual, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, se dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - Por tanto, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, relativa al cambio de situación jurídica, toda vez que el Juez responsable dictó al quejoso auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - , lo que trae como resultado un cambio de situación jurídica, de tal manera que no es posible analizar el acto reclamado, pues al hacerlo, se afectaría la situación creada por el nuevo acto, es decir, el auto de vinculación a proceso en cita, dado que cuando la situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, ya que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. También, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 85, Enero de 1995, Materia Común, de la Octava Época, publicada en la página 87, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados". Por ello, con el cambio de situación jurídica resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado, lo que motiva que en el caso se actualice la causa de improcedencia prevista en el citado numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, y se sobresea en el presente juicio, acorde a lo previsto en la fracción V, del artículo 63, del propio ordenamiento legal. En apoyo de la anterior determinación, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". De ahí que, proceda SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (once horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno). Finalmente, como Como de la constancia secretarial de cuenta se advierte, que en proveído de once de los actuales, este órgano jurisdiccional tuvo al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, remitiendo el oficio 21501, al cual adjuntó el juicio de amparo número - de su índice, por ello, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto en comento, sin embargo, no se advierte que se haya girado oficio dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, relativo al proveído del avocamiento en cita, para el efecto de que se realice la compensación respectiva En consecuencia, se ordena remitir oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para el efecto de que se realice en el sistema computarizado de registro y distribución de asuntos, las anotaciones correspondientes, a efecto de que proceda a la compensación respectiva. Notifíquese personalmente...." NOTIFICACIÓN QUE SE HACE POR LISTA DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno... Vista la constancia secretarial de cuenta, se desprende que el quejoso reclamo la orden de comparecencia a las once horas con veintiún minutos del veinte de octubre del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal- por la probable intervención en el delito de abuso sexual en agravio de la menor de iniciales- Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, se advierte que el veinte de octubre pasado en la sala de oralidad 9, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo verificativo la audiencia inicial con la cita del aquí quejoso, en la cual se le dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales -., imponiéndole diversas medidas cautelares. Ahora bien, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haberse dictado auto de vinculación a proceso, lo que genera un cambio de situación jurídica del acto reclamado, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En efecto, del disco versátil que adjunto a su informe de ley la autoridad responsable, mismas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio y que se tienen por admitidas y desahogadas, para todos los efectos legales a que haya lugar, consistente en la copia audiovisual, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, se dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - Por tanto, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, relativa al cambio de situación jurídica, toda vez que el Juez responsable dictó al quejoso auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - , lo que trae como resultado un cambio de situación jurídica, de tal manera que no es posible analizar el acto reclamado, pues al hacerlo, se afectaría la situación creada por el nuevo acto, es decir, el auto de vinculación a proceso en cita, dado que cuando la situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, ya que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. También, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 85, Enero de 1995, Materia Común, de la Octava Época, publicada en la página 87, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados". Por ello, con el cambio de situación jurídica resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado, lo que motiva que en el caso se actualice la causa de improcedencia prevista en el citado numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, y se sobresea en el presente juicio, acorde a lo previsto en la fracción V, del artículo 63, del propio ordenamiento legal. En apoyo de la anterior determinación, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". De ahí que, proceda SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (once horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno). Finalmente, como Como de la constancia secretarial de cuenta se advierte, que en proveído de once de los actuales, este órgano jurisdiccional tuvo al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, remitiendo el oficio 21501, al cual adjuntó el juicio de amparo número - de su índice, por ello, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto en comento, sin embargo, no se advierte que se haya girado oficio dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, relativo al proveído del avocamiento en cita, para el efecto de que se realice la compensación respectiva En consecuencia, se ordena remitir oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para el efecto de que se realice en el sistema computarizado de registro y distribución de asuntos, las anotaciones correspondientes, a efecto de que proceda a la compensación respectiva. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Vista la constancia secretarial de cuenta, se desprende que el quejoso reclamo la orden de comparecencia a las once horas con veintiún minutos del veinte de octubre del año en curso, para la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal- por la probable intervención en el delito de abuso sexual en agravio de la menor de iniciales- Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, se advierte que el veinte de octubre pasado en la sala de oralidad 9, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tuvo verificativo la audiencia inicial con la cita del aquí quejoso, en la cual se le dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales -., imponiéndole diversas medidas cautelares. Ahora bien, debe decirse que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al haberse dictado auto de vinculación a proceso, lo que genera un cambio de situación jurídica del acto reclamado, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". En efecto, del disco versátil que adjunto a su informe de ley la autoridad responsable, mismas que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio y que se tienen por admitidas y desahogadas, para todos los efectos legales a que haya lugar, consistente en la copia audiovisual, como ya quedó precisado en párrafos precedentes, se dictó auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - Por tanto, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, relativa al cambio de situación jurídica, toda vez que el Juez responsable dictó al quejoso auto de vinculación a proceso por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el artículo 167 párrafo I, en vinculación con los diversos 19 fracción I, 20 fracción I y 24 fracción II, del Código Penal en el Estado, cometido en agravio de la menor de iniciales - , lo que trae como resultado un cambio de situación jurídica, de tal manera que no es posible analizar el acto reclamado, pues al hacerlo, se afectaría la situación creada por el nuevo acto, es decir, el auto de vinculación a proceso en cita, dado que cuando la situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, ya que cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado, y es improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. También, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 85, Enero de 1995, Materia Común, de la Octava Época, publicada en la página 87, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. EL CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA SOLO ACARREA EL, CUANDO SE TRATA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE. Por decreto publicado el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación se adicionó la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo con un segundo párrafo que a la letra es del siguiente texto: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclaman violaciones a los artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Lo anterior no deja lugar a dudas de que con la adición de mérito el legislador determinó que el cambio de situación jurídica dejara de ser causa de improcedencia del juicio de garantías, salvo el caso de que se trata de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos judiciales o administrativos seguidos en forma de juicio de los que emanen los actos reclamados". Por ello, con el cambio de situación jurídica resultan irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado, lo que motiva que en el caso se actualice la causa de improcedencia prevista en el citado numeral 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, y se sobresea en el presente juicio, acorde a lo previsto en la fracción V, del artículo 63, del propio ordenamiento legal. En apoyo de la anterior determinación, por las razones que la sustentan, se invoca el criterio de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, visible en la página 199, con el sumario siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SUS REQUISITOS. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY DE AMPARO. Una vez examinados los supuestos en los cuales los tribunales de amparo han estimado aplicable esta causal de improcedencia, puede afirmarse que para configurarla se necesita de la reunión de los siguientes requisitos: 1) que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial (civil, familiar, penal) o administrativo (en strictu sensu, fiscal o agrario); 2) que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; 3) que después de admitida la demanda sobrevenga, en el mismo procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte; 4) que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la ilegalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo y 5) que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de este último". De ahí que, proceda SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se deja sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito (once horas con cuarenta minutos del nueve de diciembre de dos mil veintiuno). Finalmente, como Como de la constancia secretarial de cuenta se advierte, que en proveído de once de los actuales, este órgano jurisdiccional tuvo al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, remitiendo el oficio 21501, al cual adjuntó el juicio de amparo número - de su índice, por ello, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto en comento, sin embargo, no se advierte que se haya girado oficio dirigido al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, relativo al proveído del avocamiento en cita, para el efecto de que se realice la compensación respectiva En consecuencia, se ordena remitir oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, para el efecto de que se realice en el sistema computarizado de registro y distribución de asuntos, las anotaciones correspondientes, a efecto de que proceda a la compensación respectiva. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo número II-976/2021, de su índice promovido por -, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Morelia, y otras autoridades, así como los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante; en consecuencia, este juzgado SE AVOCA al conocimiento de la demanda, por compartirse el criterio que sostuvo el similar de amparo; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número III-1055/2021-L. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. Sin que se forme incidente de suspensión, virtud a que ya se resolvió la suspensión provisional y definitiva, únicamente se ordena glosar las caratulas correspondientes del índice de este Juzgado Federal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de amparo en vigor, solicítese al Juez responsable que realice el emplazamiento del Agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia en donde se dictó el auto de vinculación a proceso, debiendo remitir a este juzgado las constancias que demuestren dicha notificación. Se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondiente ante la Oficialía de Partes Común hasta un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior tomando en consideración que ante la pandemia el personal de este Juzgado sólo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia sería extemporáneo porque se acordaría hasta el día siguiente cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia podrán ser presentadas de manera electrónica si desean hacerlo el mismo día de la audiencia siempre y cuando sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, en términos de lo previsto por el artículo 5° fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a la menor de iniciales-., por conducto de su representante legal - y asesor jurídico -, el ubicado en calle . Por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que se constituya en legal y debida forma en el domicilio antes citado, y con copia simple de la demanda le corra traslado, lo emplace al presente juicio y haga de su conocimiento la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; además deberá requerirle para que en el momento de la diligencia designe domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales, en el entendido de que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, se le harán legalmente por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de acuerdo a los numerales 26, fracción III y 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que, si es su deseo, designe domicilio para tal efecto, durante la tramitación del presente asunto. Sin que haya lugar a solicitar el informe justificado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de la Región Judicial de Morelia, toda vez que el mismo ya obra en autos; por tanto, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, téngasele por rindiendo el informe justificado, y por anexando un disco compacto que contiene copia de la causa penal -, de donde emana el acto reclamado; con ello dése vista a las partes por el termino de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora bien, como de autos se advierte que el Director de Carpetas de Investigación Adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y Genero en la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, y el Director de Litigación Adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos de Violencia Familiar y Género en la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Michoacán, no han rendido su informe de ley, con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiéraseles su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del que reciban el oficio en el que se les solicita, el que podrán hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberá acompañar las constancias en que se basó para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cincuenta días en los términos precisados en párrafos que antecede. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 Fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) sentencia de fondo; d) admisión de recursos de revisión y queja; y, e) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. En términos del precepto 28, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia, a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. En?otro orden de ideas, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar y Coordinador General de la Policía de Investigación, Titular de la Unidad de Atención a Violencia Familiar, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por rendido su respectivo informe justificado; con ellos, dése vista? a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés? convenga. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y por autorizado en términos amplios como lo dispone el numeral 12 de la Ley de la materia a -, toda vez que como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, se localizó en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones a -, toda vez que no tiene registrada su cédula en dicho sistema. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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