Jorge Alejandro Domínguez Borges

Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
82/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Alejandro Domínguez Borges

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de octubre del presente año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó a las partes quejosa y tercero interesada, el tres de los corrientes, sin que a la fecha hubiesen realizado manifestación alguna; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia firmada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, se concedió al quejoso ***, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, dejara insubsistente el proveído de quince de enero de dos mil veinte, dictado en autos de la carpeta de investigación UNATD32-GA/626/2018, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, emitiera otro, que podría ser en el mismo sentido que el anterior, purgando, desde luego, los vicios formales destacados en la resolución de que se trata. Por oficio presentado el ocho de octubre del año en curso, la Fiscal responsable, pretendió dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio; a lo que esta autoridad acordó no realizar mayor pronunciamiento, toda vez que la sentencia de mérito no había causado ejecutoria, por lo que no se le había requerido cumplimiento alguno. Así, por auto de veinte de octubre del año en curso, causó ejecutoria la referida sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, haciéndose la aclaración que en esa propia fecha había adquirido firmeza la sentencia de amparo, y por ende, en ese momento procesal debía dar cabal cumplimiento a la misma, por lo que si lo proveído por la responsable en el referido oficio presentado el ocho de octubre de dos mil veinte, aconteció cuando la resolución de que se trata no había causado ejecutoria, y por tanto, no era vinculatoria, debía dejar insubsistentes dichas actuaciones, para todos los efectos legales conducentes. Posteriormente, a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Fiscal Investigador del Ministerio de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con sede en esta ciudad, mediante oficio agregado a los presentes autos el treinta de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de los corrientes, dictado en autos de la carpeta de investigación de origen, en el que, entre otras cosas, dejó insubsistente el acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, e informó al quejoso que el vehículo objeto de dicha indagatoria, seguiría a disposición de la representación social responsable, pero bajo su resguardo en calidad de depósito. Asimismo, en el referido acuerdo ordenó realizar diversas diligencias sobre el referido automotor, en el predio en el que actualmente se encuentra, por lo que dicho impetrante del amparo debería permitir el acceso al personal designado por la responsable a fin de que fueran llevadas a cabo. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable, se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, ya que atendió cabalmente el punto relativo al efecto amparador que le fue señalado como directriz bajo la que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. Por lo anterior, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente, y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio signado por la Fiscal Investigador del Ministerio de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimento a la sentencia ejecutoria dictada en los presentes autos, adjunta copia certificada del acuerdo de veintidós de los corrientes, dictado en autos de la carpeta de investigación de origen, en el que, entre otras cosas, dejó insubsistente el acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, e informó al quejoso que el vehículo objeto de dicha indagatoria, sigue a disposición de la representación social responsable, pero bajo su resguardo en calidad de depósito, ordenando realizar diversa diligencias sobre el referido automotor, en el predio en el que actualmente se encuentra, por lo que dicho impetrante del amparo debería permitir el acceso al personal designado por la responsable a fin de que fueran llevadas a cabo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada de lo anterior, por el término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado acordará lo procedente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del uno al dieciséis de octubre de los corrientes, descontando de dicho cómputo, los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de octubre, todos del año en curso, por ser sábados y domingos; así como los días seis, siete y doce de octubre actual, por haber sido inhábiles. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, se declara que la sentencia firmada el veintiocho de septiembre del presente año, en la que en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, previamente a requerir el cumplimiento de la anterior determinación a la responsable, es menester señalar que en los presentes autos, obra el oficio agregado el catorce de octubre pasado, por el que el Fiscal Investigador responsable informó que dejó insubsistente el acuerdo de quince de enero de dos mil veinte, y dejó a salvo los derechos a fin de que sean ejercitados en el momento procesal oportuno. Sin embargo, como se ha visto, es en esta propia fecha en la que está adquiriendo firmeza la sentencia de amparo, por lo que es en este momento procesal en el que se debe dar cabal cumplimiento a la misma; en ese sentido, si lo proveído por la responsable aconteció cuando la resolución de que se trata no había causado ejecutoria, y por tanto, no era vinculatoria, deberá dejar insubsistentes dichas actuaciones, para todos los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis VI.2o.P.12 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 2575 y Registro: 2018471, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. SI NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UNA RESOLUCIÓN PARA DARLE CUMPLIMIENTO, ÉSTA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE. El artículo 192 de la Ley de Amparo establece el procedimiento de cumplimiento de las sentencias en amparo indirecto, y señala que será "cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo" a partir de que el órgano jurisdiccional requerirá a la responsable el cumplimiento del fallo, por lo que no hay duda de que el legislador introdujo la condicionante de que dicho requerimiento estaría precedido de la declaratoria de firmeza, pues si ello no fuera relevante, el texto de la norma sería distinto. Lo anterior tiene sentido en la medida en que considerar válido el hecho de que las responsables pudieran acatar el fallo en cualquier momento posterior a su emisión, equivaldría a privar de un derecho legalmente otorgado a las partes y dejarlas en estado de indefensión, al no permitírseles ser escuchadas a través del recurso correspondiente. Por ende, si la sentencia de la que emana el medio de impugnación que se resuelve, causa ejecutoria únicamente por la correspondiente declaración judicial, y ésta sólo puede darse una vez que se resuelva el recurso respectivo, sólo a partir de ese momento puede exigirse su cumplimiento y, concomitantemente, atenderse al cumplimiento que dé la autoridad responsable. Así, mientras no exista ese pronunciamiento, no deja de ser una resolución que, si bien define una litis, no tiene fuerza legal, esto es, no ha alcanzado el valor de cosa juzgada, por estar sujeta a la resolución del recurso que se interpuso en su contra, debido a que aún se halla en situación de expectativa, y hasta que no cause ejecutoria, no es ni imperativa ni obligatoria para las partes, por lo que el cumplimiento anticipado no puede considerarse legal, porque hacerlo implicaría reconocer valor a una resolución emitida en vía de cumplimiento a una sentencia no vinculatoria y, a la par, dejar a la voluntad de la autoridad responsable la procedencia del medio de impugnación ordinario; por tanto, si la autoridad responsable dictó una resolución para cumplir una sentencia de amparo indirecto que no ha causado ejecutoria, ésta debe dejarse insubsistente". En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el citado ordinal 192 de la Ley de Amparo, prevéngase al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con sede en esta ciudad, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con el precepto 258 de la citada ley de la materia, se le impondrá una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos, el oficio signado por el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, con sede en esta ciudad, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. Al respecto, resérvese acordar sobre su contenido, hasta en tanto, cause ejecutoria el fallo protector dictado en el presente juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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