Jorge Alberto Martínez Contreras

Expediente 922/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
922/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Martínez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la que se negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se negó la protección de la Justicia Federal solicitada. Por otra parte, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del mencionado acuerdo, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Por otra parte, se ordena la devolución de un tomo de prueba, enviado por la magistrada responsable como complemento a su informe justificado. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda como amparo directo. Por escrito presentado el siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 13-25), ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Jorge Alberto Martínez Contreras, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda como amparo directo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo de referencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano colegiado que la admitió el treinta de mayo de dos mil diecinueve (fojas 30-31), la registró como amparo directo 295/2019 y en acuerdo de Pleno de trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 35-39), determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo, ya que el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que ordenó remitir la demanda de amparo con sus anexos al Juez de Distrito en turno, con residencia en Morelia, Michoacán. Tercero. Trámite de amparo indirecto. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este órgano jurisdiccional y en auto de veintitrés de agosto del año en curso se avocó a su conocimiento y admitió la demanda de amparo (foja 40-42); se determinó que no había lugar a requerir el informe justificado ya que el mismo obraba glosado en autos; se convalidó el emplazamiento realizado a las terceras interesadas Jefe de Departamento de Juicios Fiscales, en suplencia y por ausencia de la Directora de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el uno de octubre de del año en curso al tenor del acta que antecede. Así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 32, tomo XI, abril de 2000, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso a la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es: La resolución dictada el uno de abril de dos mil diecinueve, dentro del expediente JA-R-0481/2018-II del recurso de reconsideración interpuesto por el Jefe del Departamento de Juicios Fiscales, en suplencia por ausencia de la Directora de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado en contra del proveído de once de julio de dos mil dieciocho dentro del juicio administrativo JA-2363/2017-I en el cual por una parte admitió a trámite la ampliación de demanda formulada por Jorge Alberto Martínez Contreras; y, por otra, determinó requerir a dicha secretaría copia certificada de documento de ejecución presupuestaria y pago 16000335. En dicha resolución, la referida Sala revocó el auto impugnado. Tercero. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 9). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, consistentes en el original del juicio administrativo JA-2363/2017-I promovido por Jorge Alberto Martínez Contreras y del recurso de reconsideración JA-R-0481/2018-II (dos tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º y de las que se advierte la resolución de uno de abril de dos mil diecinueve. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados que se atribuyen a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente del amparo |hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a estudiar los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso, es necesario precisar que el Magistrado responsable, para estimar fundados los agravios de la Secretaría recurrente adujo que el artículo 238 del Código de Justicia Administrativa del Estado, regula la figura jurídica procesal de la ampliación de demanda, de cuyo contenido se advertían dos supuestos de procedencia: 1) cuando el juicio se presente en contra de una negativa ficta o silencio de autoridad en sentido negativo; 2) cuando se sostenga la improced|encia del juicio por consentimiento tácito y el actor considere que la notificación del acto impugnado se practicó ilegalmente. De igual modo, la responsable precisó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 136/2018, desarrolló un tercer supuesto en tratándose del juicio contencioso administrativo: Cuando de las pruebas exhibidas por la autoridad demandada se adviertan aspectos novedosos por el actor y que por esa circunstancia no pudo controvertir desde su primer escrito de demanda ni ofrecer pruebas en relación con esos hechos. También adujo la responsable que en ese contexto, la ampliación no se había ajustado a los supuestos del artículo 238 del Código de Justicia Administrativa del Estado ni al desarrollado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el actor no demandó una resolución negativa ficta, ni las autoridades demandadas hicieron valer el consentimiento tácito del acto impugnado; regulado como causal de improcedencia en el artículo 205, fracción IV del Código de Justicia administrativa del Estado; y, no se advierte que las autoridades demandadas hubieren exhibido documental alguna con las cuales se pretenda probar hechos que la parte actora desconociera relacionadas con las pretensiones de su acción. Aunado a lo anterior, también manifestó que en autos no obraba proveído alguno por el que la Sala instructora hubiere advertido el derecho procesal del actor para ampliar la demanda, pues no dictó auto donde se le otorgara el plazo para ampliar la demanda ni justificó que se actualizara ese derecho procesal. Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados en una parte, fundados pero inoperantes en otra e inoperantes en una más. En su primer concepto de violación (páginas 14-17, del juicio de amparo) el quejoso señala que le causa agravio el considerando sexto del acto reclamado, en el que la responsable adujo que eran fundados los agravios de la Secretaría de Finanzas; y, por ende el aquí quejoso no tenía derecho a ampliar la demanda sobre cumplimiento de convenio, ya que estima son erróneas las razones que dio para ello, consistentes -según el quejoso- en las siguientes: I) La no existencia de un acuerdo en el que la Primera Sala Ordinaria conceda al quejoso ese derecho de ampliar la demanda. II) No encontrarse quejoso en algunos de los supuestos del artículo 238 párrafo segundo en concordancia con el numeral 205 fracción IV. III) No encontrarse en el tercer supuesto contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/2015 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1840 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia Administrativa, Décima Época, registro 2010224, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LA AUTORIDAD DEMANDADA AL CONTESTAR LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA PARA DEMOSTRAR ASPECTOS QUE EL ACTOR DESCONOCÍA HASTA ESE ENTONCES, DEBEN IMPUGNARSE A TRAVÉS DE UNA NUEVA AMPLIACIÓN". En relación con la razón señalada por el quejoso como I, éste adujo que la misma no se actualizaba porque en ningún apartado del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán se establecía que previo a ejercitar el derecho de ampliar la demanda debería existir auto en el que el órgano jurisdiccional dictara acuerdo concediendo tal derecho. Respecto de la razón identificada por el quejoso como "II", éste señaló que la ampliación la hizo valer precisamente en los artículos 238 párrafo segundo en concordancia con el 205, fracción IV del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, puesto que la Secretaría de Finanzas y Administración opuso la excepción de prescripción negativa; y, tanto la prescripción negativa como la causal de improcedencia de consentimiento tácito van encaminadas a lo que pretende acreditar la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, que es el "plazo o tiempo" que tenía el quejoso según dicha autoridad para promover su acción antes los tribunales; más aún porque tal Secretaría en su contestación de ampliación manifiesta que la acción intentada por el ahora quejoso no procede ya que transcurrió el tiempo para poder exigir dicho cumplimiento. Por lo que ve a la razón que el quejoso identificó como "III", éste señala que la responsable realizó un estudio inadecuado de la jurisprudencia 2ª/J.136/2015 (10ª) , que si se hubiera estudiado adecuadamente el escrito inicial, contestación, ampliación, contestación de ésta, recurso de reconsideración y contestación de éste, se hubiese actualizado el artículo 17 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y como no se hizo así, ser vulneró en su perjuicio el principio de acceso a la justicia, principio de igualdad procesal, principio de seguridad jurídica y se le dejó en estado de indefensión. Motivo de disenso que es infundado en una parte, fundado pero inoperante en otra e inoperante en una más. En efecto, contrario a lo precisado por el quejoso en relación a la razón que identificó como "II" en el primer concepto de violación, la Secretaría de Finanzas al contestar la demanda no sostuvo la improcedencia del juicio por consentimiento tácito; y si bien hizo valer la prescripción negativa de la acción, como correctamente lo adujo el Magistrado instructor es diferente al consentimiento tácito a que hace referencia el artículo 238 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ya que éste está regulado como causal de improcedencia en el artículo 205 fracción IV del mismo código, en el que se establece que debe entenderse que se da dicho consentimiento únicamente cuando no se promovió el juicio ante el Tribunal en los plazos que señala este Código. Lo que no ocurre en el caso, porque como bien lo señala la Sala responsable, de las constancias que integran el juicio de origen, no existe controversia en cuanto a la oportunidad de la presentación de la demanda de nulidad dentro del término de cuarenta y cinco días ni que en la ampliación se esté controvirtiendo la notificación del acto impugnado, de ahí lo infundado de esa parte del motivo de disenso en estudio y por ende la legalidad de la resolución reclamada en esa parte. De ahí que si bien es cierto, como lo refiere el quejoso en relación a la razón identificada como "I" del primer concepto de violación, consistente a que del Código de Justicia Administrativa no se advierte que deba existir un auto donde se conceda el derecho de ampliar la demanda para que lo puede hacer el actor, también lo es, que esa no fue la razón toral para estimar que no fue ajustado a derecho que la Sala instructora hubiere admitido la ampliación, sino que el quejoso no se encontraba en alguno de los tres supuestos mencionados en párrafos anteriores, determinación que se estimó legal como se asentó en líneas anteriores, de ahí que sea fundada pero inoperante esa parte del motivo de disenso en estudio. Por otra parte, es inoperante la parte del primer concepto de violación, en la que el quejoso pretende combatir la que denominó razón "III", ya que sólo señala que la responsable realizó un estudio inadecuado de la jurisprudencia 2ª/J.136/2015 (10ª) pero sin explicar la razón de ello, ya que sólo señala que si se hubiera estudiado adecuadamente el escrito inicial, contestación, ampliación, contestación de ésta, recurso de reconsideración y contestación de éste, se hubiese actualizado el artículo 17 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y como no se hizo así, ser vulneró en su perjuicio el principio de acceso a la justicia, principio de igualdad procesal, principio de seguridad jurídica y se le dejó en estado de indefensión. Esto es, no argumenta porqué estima que no se estudiaron adecuadamente las constancias a que hizo referencia o porqué considera se hubiera actualizado el artículo 17 fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de haberse analizado debidamente dichas documentales. En su segundo concepto de violación manifiesta el quejoso que fue ilegal que la Sala responsable hubiere determinado que la Sala instructora en el auto de once de julio de dos mil dieciocho impugnado, no citó precepto legal alguno ni expresó los motivos por los que consideró procedente tener por ampliada la demanda, por lo que el mismo carecía de fundamentación y motivación. Ello -señala quejoso- porque en el auto de once de julio del dos mil dieciocho, la Sala instructora determinó "téngasele ampliando la demanda, realizando las manifestaciones a que se contrae su escrito de cuenta", lo que debe entenderse que el escrito de ampliación de demanda es un todo, del cual se desprende tanto el fundamento como la motivación por la cual se hace valer; asimismo, porque la omisión de señalar textualmente los artículos y motivos no era suficiente para que dejar sin efecto dicho acuerdo sino que en todo caso la Sala debió requerir a la diversa instructora para que subsanara dicha fundamentación y motivación. De igual modo, señala el quejoso que contrario a lo señalado por la responsable, no se vulneró el principio de igualdad procesal en perjuicio de la Secretaría de Finanzas, ya que la Sala instructora ordenó correrle traslado aunado a que en auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a las autoridades demandadas por contestada la ampliación de demanda, por lo que era claro que las igualdad procesal entre las partes de este controvertido hasta antes del incidente del recurso de reconsideración nunca se vulneró. Motivo de inconformidad que es inatendible, porque al haber sido infundado el diverso en el que el quejoso adujo que fue ilegal que la Sala responsable hubiere revocado el auto reclamado al estimar que no era procedente la ampliación de demanda, ningún fin práctico tendría estudiar lo relativo a la fundamentación y motivación del auto de once de julio de dos mil dieciocho (materia del recurso de reconsideración). Lo anterior es así, porque aun en el supuesto de que este juzgador estimara que, como lo señala el quejoso, el auto de once de julio de dos mil dieciocho, no carecía de fundamentación y motivación, ello no implicaría que ésta fue correcta, máxime que este juzgador consideró legal lo razonado por la Sala responsable en relación a que no era procedente la ampliación de la demanda y por ende no cambiaría el sentido de la resolución reclamada, esto es, de revocar dicho proveído. Continuando con el análisis de los conceptos de violación, en una parte de su tercer motivo de inconformidad (fojas 21 y 22, del juicio de amparo) precisó el quejoso que le causa agravio la parte del considerando sexto en el que la Sala determinó que no allegó escrito en el que solicitara la exhibición del documento de ejecución así como que no lo ofertó como medio de convicción en su escrito inicial de demanda, ya que contrario a ello, en el hecho sexto de dicho escrito hizo manifestación de tales documentos aunado a que fue aceptado como cierto en su totalidad por la Secretaría de Finanzas y Administración en su contestación de demanda y de ampliación de la misma. De igual manera, precisó el quejoso que el hecho sexto del escrito inicial de demanda está relacionado con el oficio SSP/DA/2488/2017 y el escrito con sello de recibido de la Secretaría de Finanzas y Administración de veintisiete de octubre de dos mil dieciocho, documentales que fueron ofrecidas en tiempo y admitidas por la Sala instructora, como se advierte del auto de nueve de enero de dos mil dieciocho y de una lectura íntegra de los mismos se puede obtener lo siguiente: El documento de ejecución presupuestario y pago se solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán de Ocampo. Debido a dicha solicitud la misma secretaría contesta mediante oficio SSP/DA/2488/2017, del cual se desprende, la existencia del documento de ejecución así como la fecha en la cual se le solicitó a la secretaría de finanzas y administración realizara el pago neto del documento en comento. Con fecha veinticinco de octubre del dos mil diecisiete y recibido por secretaría de finanzas y administración el veintisiete siguiente, se solicitó el pago del documento de ejecución presupuestaria 16000335. A dicho escrito se anexa copia simple del oficio SSP/DA/2488/2017. Se solicitó respuesta por escrito del pago de dicho documento de ejecución existente. Por lo que -a su juicio- fue ilegal que la Sala hubiere determinado que el documento de ejecución presupuestaria y pago 16000335 no fue ofrecido como prueba en términos del numeral 230 fracción IX y solicitado en términos del 233 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, pues no puede separarse uno de otro ya que están relacionados. Ello, porque estima se encuentra en el supuesto del artículo 230, fracción IX del Código de Justicia Administrativa, por lo que no puede traducirse en un perfeccionamiento de su acción por deficiencia de pruebas aportadas por él, aunado a que el artículo 259 del Código de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo establece que el magistrado instructor, podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, lo que en el caso ocurrió. También señala el quejoso que es ilegal que la Sala hubiere revocado el auto de once de julio de dos mil dieciocho, al estimar que del análisis de los artículos 259 del Código de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo y el 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, no fue ajustado a derecho que la Sala instructora hubiere solicitado a la Secretaría de Finanzas en el auto recurrido copia cotejada del documento de ejecución presupuestaria 16000335. Argumentos que son infundados, porque el quejoso parte de un supuesto incorrecto ya que tales argumentos no fueron vertidos por la responsable para estimar fundados los agravios de la Secretaría recurrente, sino que efectuó un resumen de éstos (páginas 256-258 del tomo II de pruebas), pues la razón de dio para considerar fundados los mismos fue una diversa, como lo es que la Sala instructora para motivar el requerimiento contenido en el auto impugnado fue genérico y no precisó en qué auto se determinó la reserva a que hizo referencia; en otras palabras, que no se encontraba justificado, tal como se asentará en párrafos posteriores. Aunado a lo anterior, si bien el artículo 259 del Código de Justicia Administrativa de Michoacán, establece que el Magistrado o Juez Administrativo podrá ordenar la práctica de cualquier diligencia que tenga relación con los hechos controvertidos o acordar la exhibición de cualquier documento, la juez no requirió la exhibición del "depp" con base en dicho numeral. En otra parte del tercer concepto de violación (fojas 23 y 24, del juicio de amparo) señala que la responsable manifestó que el documento de ejecución fue requerido con apoyo en la petición realizada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda; sin embargo, fue en atención a lo siguiente: al auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho (se reservó acordar solicitud de Secretaría de Seguridad Pública de requerir a la Secretaría de Finanzas copia certificada del documento de ejecución presupuestaria y pago); al hecho segundo de la ampliación de demanda (por la omisión de la Secretaría de Seguridad de volver a solicitar a la Secretaría de Finanzas el DEPP, lo solicitó el quejoso), por lo que la solicitud del documento por parte de la Sala instructora fue para llegar al conocimiento de la verdad sobre un punto litigioso planteado desde la demanda inicial y no por petición del quejoso en su ampliación de demanda. Argumentos que son infundados en un parte e inoperantes en otra. Para evidenciar la razón de ello, se estima necesario traer a glosa la parte del acuerdo del once de julio de dos mil dieciocho relativa al requerimiento de las documentales materia de la controversia: "[.] En relación con la manifestación que hace la actora, respecto de que se requiera a la autoridad demandada copia certificada de las documentales que refiere y como de autos se desprende que su solicitud fue reservada hasta en tanto las autoridades dieran contestación a la demanda, considerando que la demandada Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán allegó únicamente el original del convenio de fecha trece de noviembre de dos mil quince, no así el documentos de ejecución presupuestaria y pago número 16000335, del cual únicamente allega copia simple, se requiere a la Secretaría de Finanzas y Administración allegue copia certificada de la referida documental, en el término de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído". Como se advierte de lo transcrito y como correctamente lo refirió la responsable el requerimiento se sustentó en lo solicitado por el aquí quejoso en su escrito de ampliación de demanda y no en atención a las constancias mencionadas por el quejoso, porque de haber sido así, lo hubiere plasmado en ese sentido la Sala instructora. Además, son inoperantes porque el quejoso no combate lo determinado por la responsable en el sentido de que fue ilegal que la Sala instructora hubiere señalado "de autos se desprende que su solicitud fue reservada hasta en tanto las autoridades dieran contestación a la demanda", por genérica y porque no precisó en qué auto se determinó tal reserva; y, además, porque de las constancias sólo se localizó una reserva en el auto admisorio de nueve de enero de dos mil dieciocho y que la misma se debió a lo solicitado por la actora en su escrito inicial de demanda (para que la Secretaría de Finanzas y Administración y el Director de Operación de Fondos y Valores, rindieran información respecto del pago pendiente por la cantidad mencionada en el mismo escrito), sino que únicamente señala que el multicitado requerimiento no se hizo con apoyo en su escrito de ampliación de demanda. En esas condiciones, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Alberto Martínez Contreras, respecto del acto reclamado a la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio por el cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, informó que dicho tribunal carece de competencia para conocer en vía de amparo directo la demanda promovida por ********************por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y ordenó remitirla al suscrito, ante lo cual en el auto aludido se admitió a trámite y se ordenó hacer del conocimiento de las partes la tramitación del presente amparo. Sin embargo, se omitió dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la responsable Magistrado de la Segunda Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán; por tanto, y toda vez que el informe justificado de la citada autoridad ya obra glosado dentro de las constancias que remitió el tribunal de alzada; respecto de las cuales se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que manifiesten lo que a sus interés convenga. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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