Jorge Alberto Navarro Cossío
Expediente 263/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/04/2017
Partes del expediente
- Jorge Alberto Navarro Cossío
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES DE DIECISÉIS Y TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que a la fecha no obra la diligencia encomendada mediante proveído de dieciséis de marzo del presente año, a fin de notificarle al quejoso ****, que la demanda de amparo que promovió fue desechada por improcedente, por las consideraciones expuestas en dicho auto; en consecuencia, requiérase al actuario de la adscripción, que por organización interna le hubiere correspondido, para que de inmediato proceda a realizar la diligencia que le fue encomendada. Asimismo, en caso de que dicha notificación ya esté realizada, requiérase a dicho actuario, para que entregue la constancia respectiva inmediatamente a esta secretaría. Notifíquese personalmente ***************Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 263/2017-XIII, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por el quejoso se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia; pues tal acto reclamado lo constituye: "IV. ACTO RECLAMADO: El Auto de fecha 06 de Marzo del Año 2017, por medio del cual se señala las 11:30 HRS, DEL DÍA 29 DE MAYO DEL AÑO 2017, para la celebración de la Audiencia de CONCILIACION, DEMANDA Y EXCEPCIONES, para la substanciación del Juicio Laboral Número *****, que promoví en contra de ***** ya que dicha fecha se encuentra FUERA DEL TÉRMINO que establecen los artículos 616 fracción I, 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo y así como la falta de notificación personal de dicho acuerdo a las partes, con 10 días de anticipación en términos del Artículo 873 de la Ley de la Materia, así como todas y cada una de las violaciones al debido proceso realizadas por la Autoridad Responsable hasta el momento en el que dicte la Resolución Definitiva la Autoridad Responsable, en términos de las Jurisprudencia que más adelante se describen". Desprendiéndose de la anterior transcripción, así como del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado por el quejoso lo constituye en esencia, la omisión de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, de respetar los plazos y términos para la substanciación del juicio laboral *****. En ese contexto, dichos actos reclamados no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, este juzgador determina que con motivo de la omisión en que la junta responsable ha incurrido, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así porque la impartición de justicia derivada de la omisión de la responsable de respetar los plazos y términos para dictar el laudo dentro del juicio laboral, únicamente dilata la continuación del procedimiento laboral, lo cual constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Luego, tomando en consideración que la parte quejosa en la demanda de amparo que nos ocupa, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento laboral, así como violaciones al artículo 17 de la ley suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma del procedimiento en el que se encuentra el referido quejoso, sino que se da justamente dentro del mismo, al haber señalado las once horas con treinta minutos del veintinueve de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para la substanciación del juicio laboral *****, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, así como la omisión de notificación personal de dicho acuerdo a las partes con la debida anticipación que establece la ley. Por tanto, como el quejoso refiere una afectación cometida dentro del procedimiento ordinario laboral, por parte de la Junta Especial Numero Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaecía dentro del mencionado procedimiento laboral, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa al quejoso, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tenía el carácter de adjetivo y debía atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto. En consecuencia, como el quejoso reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad y autorizando en términos del artículo 12 de la ley en la materia a *****, asimismo con las mismas facultades que establece dicho precepto a *****, ya que pese a no contar con su respectiva cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación; no así con el carácter de apoderados legales del quejoso, toda vez que no acreditan con documento idóneo tal personalidad. Conforme a lo establecido en el numeral 21, párrafo último de Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción practique las diligencias correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente ******.
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