Jorge Alberto Estrada García

Expediente 928/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
928/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
10/08/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Estrada García

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días hábiles que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el proveído veintiséis de julio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 22), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. De conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, dése vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento exhibido en su escrito inicial de demanda, que obra agregado en autos, consistente en la copia certificada de la escritura pública número siete mil tres, volumen sesenta y seis, pasada ante la fe del licenciado *************, titular de la Notaría Pública número noventa y tres del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Finalmente, agréguese el ocurso suscrito por el quejoso *************, mediante el cual solicita la devolución de las documentales que exhibió a su escrito inicial de demanda; en atención a ello, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden, en los que se acordó con relación a su petición. Asimismo, agréguese el ocurso registrado con el folio 10171, mediante el cual el quejoso hace referencia a una prevención que le fue realizada en proveído de veintiséis de julio del año en curso; y, en cuanto al mismo, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que se desechó su escrito inicial de demanda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo que promueve Jorge Alberto Estrada García, en contra de los actos reclamados al Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 928/2018-XIIl. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, este juzgador advierte que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedecia y, b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizado que fue el escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa refiere en el capítulo V de su escrito lo siguiente: ".V.-BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y BAJO PALABRA DE HONOR SEÑALO; QUE LA FECHA EN QUE TUVE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO: FUE EL DIA 04 CUATRO DE ABRIL DEL AÑO EN DATA (2018) MEDIANTE NOTIFICACION DE FORMA VERBAL QUE ME HICIERAN SERVIDORES PUBLICOS DE AMBAS DEPENDENCIAS TANTO MUNICIPALES COMO GUBERNAMENTAL.". (SIC) Por lo que, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación al acto reclamado consistente en la negativa de recibir el pago de contribuciones de derechos por concepto de traslado de dominio de la propiedad que adquirió la parte quejosa por contrato de enajenación; así como la negativa de inscripción de la escritura pública siete mil tres, de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede a desechar de plano la presente demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En efecto, los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del último de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que la parte quejosa haya ostentado sabedor de los referidos actos. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Bajo ese contexto, debe señalarse que de la propia demanda de amparo, se advierte, en primer lugar, que en el caso justiciable, que en fecha tres de abril de dos mil dieciocho ante la fe del notaria público número noventa y tres del estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se celebró el contrato de compraventa entre José María Ramire Rojas, en su carácter de apoderado general de los señores Martha Elva Montesino Gomez y Angel López Hernández, con Jorge Alberto Estrada García; y que en fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo el acto del que se duele el quejoso en su escrito de demanda, consistente en la negativa la negativa por parte de las responsables de recibir el pago de contribuciones de derechos por concepto de traslado de dominio de la propiedad que adquirió la parte quejosa por contrato de enajenación; así como la negativa de inscripción de la escritura pública siete mil tres. Hechos, los cuales expresa que son los antecedentes y conceptos de violación de sus actos reclamados, y de los que, basa su causa de pedir. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo, materia de análisis en esta instancia, fue presentada en forma extemporánea, esto es, fuera del plazo de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo; por así manifestarlo bajo protesta de decir verdad, haciendo alusión a que se enteró del acto reclamado el cuatro de abril de dos mil dieciocho. No es necesario que se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso en la propia confesión al ostentarse sabedor del mismo, ello es así, porque basta que con pleno conocimiento de lo que expresa, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término para la presentación de la demanda a partir de la fecha en que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado; argumento que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene en las jurisprudencias que aparecen publicadas en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, página 126, y en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, 193-198 primera parte, página 71, que en enseguida se reproducen: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO), ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSA CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS.- El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo." a quienes ".en cualquier forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquier forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejosa conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo". "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que "tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Criterios que se han sido reiterados en la jurisprudencia 30/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto". (1a./J. 30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el registro número 172550, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, página 28, Materia(s): Común) Por tanto, si el quejoso se enteró de los actos reclamados el cuatro de abril de dos mil dieciocho; y, la demanda de amparo se recibió ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el veinticinco del mes y año en curso, resulta evidente que la demanda fue presentada en forma extemporánea, dado que del propio escrito, se dilucida que desde el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados; por tanto, es innegable que el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente, esto es el seis de abril de este año y el término feneció el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, sin contar los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril del año en curso, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que, al haberse recibido el escrito de demanda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el veinticinco de julio de dos mil dieciocho, debe considerarse extemporánea en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues indudablemente ha transcurrido en exceso más de quince días en el que tuvo conocimiento de dichos actos, sin que lo haya impugnado dentro del término legal correspondiente, lo que indica que se está en presencia de actos consentidos tácitamente como lo señala la fracción XIV, del artículo 61, de la ley en cita. De igual forma, debe establecerse claramente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, específicamente en el supuesto que prevé la fracción IV, al no constituir la resolución de referencia un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, ni cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es válido concluir, que el promovente consintió tácitamente el acto reclamado que ahora pretende combatir en esta instancia constitucional, al no promover el presente juicio de amparo dentro del término de quince días al que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación del artículo 61, fracción XIV y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Jorge Alberto Estrada García, contra actos del Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en sexta sur oriente número seiscientos treinta y ocho, entre séptima y octava oriente de la colonia ampliación de Terán de esta ciudad capital, y como autorizado para tales efectos a Emir Camacho Nucamendi, por así haberlo solicitado expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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