Jorge Alberto Ramírez Figueroa
Expediente 945/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 945/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2017
Partes del expediente
- Jorge Alberto Ramírez Figueroa
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia ley, en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (foja 17), en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de las autoridades siguientes: 1. Comisario General Maestro ***, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; y, 2. Comisario ***, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ciudad Los que hizo consistir en: "IV.-ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades responsables lo siguiente: ORDENADORAS: La orden verbal o escrita que giró al Comisario Licenciado Carlos ***, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, a efecto de que me negaran las copias certificadas de los resultados de las evaluaciones que afirman, no aprobé, y copias de los exámenes toxicológicos y psicológicos que me fueron practicados durante los días 27, 28 y 29 de marzo de 2017, por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, solicitados por el suscrito con fecha 219 de agosto de 2017. EJECUTORAS: El cumplimiento de la orden verbal o escrita que le giró la autoridad ordenadora en el cual le instruye que no se me proporcione copias certificadas de los resultados de las evaluaciones que afirman, no aprobé, y de los exámenes toxicológicos y psicológicos que me fueron practicados durante los días 27, 28, y 29 de marzo de 2017, por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, solicitados por el suscrito con fecha 219 de agosto de 2017." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 945/2017-V. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, toda vez que el acto no fue emitido en un juicio sino en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Efectivamente, los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se advierte que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a que se refiere el último numeral en comento, han sido precisados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República , a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios de jurisprudencia ha precisado que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, **, expresó que el treinta de agosto de dos mil diecisiete, fue notificado de un acuerdo de veintinueve de agosto del citado año, emitido en los autos del procedimiento administrativo adversarial ***, en el que se fijaron las once horas día de hoy (treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete), para el desahogo de la audiencia de ley, por la probable comisión de una falta administrativa. Asimismo, que con motivo de que en el auto que dio inicio a ese procedimiento administrativo (veinticinco de agosto de dos mil diecisiete), no se le dio a conocer con precisión los hechos y conductas que dieron origen a ese procedimiento y menos, se le corrió traslado con copia de los exámenes y resultados de los exámenes que afirman no aprobó, así como tampoco se le pusieron a la vista los exámenes toxicológicos y psicológicos que le practicaron en el Centro Estatal de Confianza, durante los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del actual, solicitó por escrito al Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, le proporcionara a su costa, copias certificadas de esas documentales, a saber, de los resultados de evaluación y los exámenes toxicológicos y psicológicos citados. Respecto de lo cual, fue notificado de manera verbal que no le proporcionarían tales copias. De lo hasta aquí expuesto se colige que al aquí quejoso Jorge ***, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se le inició el procedimiento administrativo adversarial ****, con motivo de una falta administrativa. Que fue notificado de ese procedimiento el treinta del mes en curso, comunicándole que la audiencia de ley se programó para el día de hoy (treinta y uno de julio de dos mil diecisiete); pero que, no se le corrió traslado con copia de los exámenes y resultados de los exámenes que afirman no aprobó, así como tampoco se le pusieron a la vista los exámenes toxicológicos y psicológicos que le practicaron en el Centro Estatal de Confianza, durante los días veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo del actual. En virtud de lo cual, pidió al Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, le expidiera a su costa, copias certificadas de esas documentales, a saber, de los resultados de evaluación y los exámenes toxicológicos y psicológicos que le fueron practicados, pero que éste se las negó sin fundamento ni motivo que sustente su determinación. Acto que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo anterior expuesto se colige, que el acto que reclama el aquí quejoso (la negativa verbal de expedir copias de los resultados de evaluación y los exámenes toxicológicos y psicológicos que le fueron practicados), fue emitido dentro del procedimiento administrativo adversarial ***, que se le instruye y rige por lo previsto en el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado. Al respecto, cabe señalar que acorde con lo expuesto por el quejoso en su demanda, se advierte que el acto reclamado fue emitido antes de la celebración de la audiencia de ley programada en los autos del mencionado procedimiento administrativo adversarial y por ende, previo a que se emita la resolución definitiva que ponga fin a ese procedimiento, esto es, previo a la determinación del acreditamiento o no de la falta disciplinaria que se le atribuye. En ese sentido, si el acto reclamado que tiene que ver con la negativa verbal de expedir copias de los resultados de evaluación y los exámenes toxicológicos y psicológicos que le fueron practicados al aquí quejoso, fue emitido durante la etapa del procedimiento disciplinario adversarial, regido por el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado; es inconcuso que no afecta algún derecho sustantivo del Agente Comisor, aquí quejoso, porque constituye un acto que fue emitido dentro del referido procedimiento diseñado para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y en general a toda intervención de quienes participen en él, y que al fin de cuentas, está sujeto a la apreciación, que en su caso, emita la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al decidir la controversia en definitiva. Por tanto, la sola negativa verbal o escrita del jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de expedir las copias de los resultados de evaluación y exámenes toxicológicos y psicológicos que indica al hoy demandante del amparo, no genera una ejecución que sea de imposible reparación en su esfera jurídica de derechos, pues no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso. En ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto la ley de la materia establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea instaurada, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía constitucional afecten materialmente derechos sustantivos y en el caso, el acto que se atribuye a las autoridades responsables, consistente en la negativa verbal de expedir copias de los resultados de evaluación y exámenes toxicológicos y psicológicos que indica al hoy demandante del amparo, no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no constituye una afectación directa a un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues no es de aquellos que contempla la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que éste de modo alguno tiene la característica propia de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 47/90 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el a quo y por los propis recurrentes, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por ende, atendiendo a la estructura del juicio de amparo indirecto, se concluye que las lesiones de que se duele el solicitante de derechos fundamentales, en relación con el acto reclamado a las autoridades responsables, se reitera, no colma los presupuestos de procedibilidad para someterse a estudio en este juicio, por tratarse de cuestiones procesales. Aunado a que los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando se formule la decisión que se pronuncie con relación a la resolución que ponga fin a ese procedimiento. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad instructora competente, anteponiendo el interés particular al de la sociedad; aunado a que en el caso no se restringe la libertad, derechos o posesiones del aquí inconforme, por lo que no puede interpretarse como una violación de derechos fundamentales en su perjuicio. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del numeral 107, a contrario sensu, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que sea inadvertido que en el escrito de demanda el promovente indicó que dicha negativa le afecta el derecho de defensa adecuada y derecho humano al debido proceso, empero, tal cuestión per se, tampoco torna procedente el juicio de amparo, en atención a que el promovente todavía no ha sido sancionado como agente comisor de falta disciplinaria, ya que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no ha emitido la determinación correspondiente en el procedimiento adversarial, motivo por el cual, el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio establecidas de forma expresa y limitativa en el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Además, tal acto, como ya se dijo, no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la citada Comisión pronuncie su determinación en el procedimiento administrativo adversarial **. Asimismo, tampoco deriva del contexto de la demanda, que se le haya informado que no tendrá oportunidad de imponerse de los documentos que solicitó a las responsables, por el contrario, del contenido integral de diversos artículos del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en específico, los artículos 59 y 60 de dicho reglamento, deriva que en la audiencia de ley tendrá conocimiento de los cargos que en su contra le impone el Órgano prosecutor, y desde luego, de las pruebas en que se apoya; previéndose además el derecho que tiene de expresar su inconformidad respecto de esas imputaciones y pruebas; lo que significa, que en esa actuación tendrá la posibilidad de imponerse de tales documentales, cuya falta de conocimiento, ahora, expresa vulnera el derecho fundamental de adecuada defensa. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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