Jorge Alberto Ramírez Figueroa

Expediente 968/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
968/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/09/2017

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Ramírez Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal como lo disponen los puntos décimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DICISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Se agrega el escrito signado por ******, mediante el cual promueve demanda de amparo contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su calidad de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 968/2017-XIII, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este juzgado de distrito. Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano esta demanda de amparo, al actualizarse de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En la demanda inicial, el promovente se ostenta como analista "C" de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio en esta ciudad y señala como actos reclamados, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente: ORDENADORAS: 1.- La ilegal orden escrita que el Dr. *****, Director del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas, giró al Comisario General *****, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que se iniciara en contra del suscrito el ilegalmente el Procedimiento Disciplinario Adversarial, por supuestamente no aprobar los procesos de Evaluación de Permanencia, practicada por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, sin que dicho procedimiento disciplinario sea aplicable al suscrito toda vez que, desde que ingresé a dicha Dependencia, mi relación siempre ha sido es de carácter laboral, puesto que así lo advierte mi nombramiento que tengo de Analista "C", y por ende, no desempeño funciones de investigación, reacción o prevención en el ámbito de seguridad pública y por tanto no estoy sujeto al sistema de carrera policial, toda vez que mi relación laboral emana de la fracción XIV, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- La ilegal orden verbal o escrita que el Comisario General Maestro ****, como Titular de dicha Dependencia y en su calidad de Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, giró al Comisario Licenciado ****, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico y en su calidad de Vocal Técnico de dicha Dependencia, a efecto de que se iniciara en contra del suscrito el ilegalmente el Procedimiento Disciplinario Adversarial número ******************, por supuestamente no aprobar los procesos de Evaluación de Permanencia, practicada por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, sin que dicho procedimiento disciplinario sea aplicable al suscrito toda vez que, desde que ingresé a dicha Dependencia, mi relación siempre ha sido es de carácter laboral, puesto que así lo advierte mi nombramiento que tengo de Analista "C", y por ende, no desempeño funciones de investigación, reacción o prevención en el ámbito de seguridad pública y por tanto no estoy sujeto al sistema de carrera policial, toda vez que mi relación laboral emana de la fracción XIV, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EJECUTORAS: 1.- El ilegal Inicio de Procedimiento Disciplinario Adversarial número **********, que mediante auto de admisión de fecha 25 de agosto de 2017, signado por el Licenciado **********, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico, en su calidad de Vocal Técnico, inicia por supuestamente no aprobar los procesos de Evaluación de Permanencia, practicada por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, sin que dicho procedimiento disciplinario sea aplicable al suscrito toda vez que, desde que ingresé a dicha Dependencia, mi relación siempre ha sido es de carácter laboral, puesto que así lo advierte mi nombramiento que tengo de Analista "C", y por ende, no desempeño funciones de investigación, reacción o prevención en el ámbito de seguridad pública y por tanto no estoy sujeto al sistema de carrera policial, toda vez que mi relación laboral emana de la fracción XIV, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- La ilegal notificación que realizó el Licenciado **********, del Inicio del Procedimiento Disciplinario Adversarial ***********, mediante el auto de admisión de fecha 25 de agosto de 2017, en el cual se inició por supuestamente no aprobar los procesos de Evaluación de Permanencia, practicada por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, sin que dicho procedimiento disciplinario sea aplicable al suscrito toda vez que, desde que ingresé a dicha Dependencia, mi relación siempre ha sido es de carácter laboral, puesto que así lo advierte mi nombramiento que tengo de Analista "C", y por ende, no desempeño funciones de investigación, reacción o prevención en el ámbito de seguridad pública y por tanto no estoy sujeto al sistema de carrera policial, toda vez que mi relación laboral emana de la fracción XIV, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En este orden, en cuanto a la transcripción que antecede y los antecedentes narrados en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se obtiene que efectivamente el quejoso, tiene el carácter de trabajador como analista "C", adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad y que en este juicio de amparo señaló como actos reclamados las órdenes giradas para iniciar el procedimiento, así como el inicio del procedimiento disciplinario adversarial de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete; realizada por el Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ello, realizado dentro del procedimiento disciplinario adversarial ***************** instaurado en contra del quejoso. En ese orden, del estudio integral de la demanda y los anexos que adjuntó a esta, este juzgador determina que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III de la ley en cita, interpretado a contrario sensu, como se expondrá a continuación. Los artículos en mención establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. **** Artículo 107. El amparo indirecto procede: *** III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte: **** De la literalidad de los preceptos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de 1) la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y 2) actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se debe entender tanto aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Esto, en la jurisprudencia 22/2003, Novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, Abril de 2003, página 196, registro IUS 184435, que a la letra establece: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La ley de amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo". En ese orden de ideas, es claro establecer que en un procedimiento como el que nos ocupa, el amparo indirecto sólo será procedente si se trata de la resolución definitiva o de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, pues se trata de un procedimiento disciplinario adversarial previsto en el Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En efecto, de lo transcrito y del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte, que en el caso en estudio, queda notoriamente evidenciado en primer lugar, que los actos reclamados por la parte quejosa no constituyen la última resolución dictado dentro del procedimiento, así como que los mismos no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, pues, conforme al artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos, los cuales, de acuerdo a la legislación de la materia publicada el tres de abril de dos mil trece, se acota expresamente a dichos derechos, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado México sea parte, por lo que, se evidencia que los derechos conocidos como adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, no son susceptibles de combatirse en amparo indirecto, dado que no se incorporaron al texto del precepto de que se trata. De ahí, entonces, si en el auto de inicio del procedimiento disciplinario adversarial de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, que exhibe como anexo el quejoso, no se prevé la suspensión obligatoria del trabajador desde el inicio del procedimiento, y el quejoso no manifestó que se le hubiere decretado la misma, además de que no existe prohibición constitucional de reinstalar al quejoso, en el caso de que, al dictarse la resolución definitiva que concluya el procedimiento materia de esta demanda, instaurado en su contra sea cesado o suspendido de sus labores. No pasa desapercibido para este juzgador, que el quejoso señala como acto reclamado la ilegal notificación que le realizaron respecto del inicio del procedimiento disciplinario adversarial *******, sin embargo, no lo reclama por vicios propios, sino como consecuencia del inicio del citado procedimiento, el cual aduce es de forma ilegal al haberse iniciado por no aprobar los procesos de evaluación de permanencia practicados por el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado, los cuales aduce no le son aplicables por el nombramiento de carácter laboral que tiene como analista "C" adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Amén que, de los anexos exhibidos con la demanda de amparo, se advierte que el quejoso compareció a dicho procedimiento mediante escrito suscrito por él y presentado el veintinueve de agosto del año en curso en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Unidad de Apoyo Jurídico, de esta ciudad. Entonces, los actos reclamados por el quejoso, no ocasionan una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos y, por ende, en caso de que se siga el procedimiento disciplinario adversarial por sus trámites legales correspondientes y se dicte la sentencia definitiva, en términos de los artículos comprendidos en el capítulo VII del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la resolución, en su caso puede serle favorable y, de serle adversa, podrá combatirla por medio del recurso de inconformidad, de acuerdo con el numeral 71 del citado reglamento. Lo anterior se afirma, pues se reitera en la actual legislación de amparo, ya no tiene cabida la anterior definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto, procedía en contra de violaciones procesales de carácter predominante o superior, sino que, la definición acotada por el legislador federal en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, no deja cabida a un estilo diferente de interpretación, diverso al literal, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos. Ahora bien, este juzgador advierte, que en el caso en estudio se actualiza la casual de improcedencia citada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. En esas circunstancias, resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir a los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Bajo esas condiciones, se concluye que los actos de imposible reparación en el juicio, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo, no transgrede tales derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.13o.A.3 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, marzo de 2001, Novena época, página 1742, registro electrónico 190188, que dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aun no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". Por ello, aplicadas tales consideraciones al caso concreto, si bien es cierto, el procedimiento disciplinario adversarial se rige bajo el principio de presunción de inocencia, con sus respectivas modulaciones, ello, per se, no torna procedente el juicio de amparo, en contra de actuaciones dictadas dentro de dicho procedimiento, en donde la causa de pedir del quejoso la constituye en esencia que el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se dio inicio al procedimiento disciplinario adversarial ************ en su contra. Es decir, desentrañando las consecuencias de los actos reclamados, se obtiene que los efectos de los mismos no encuadran en el supuesto de la fracción III, del numeral 107 de la Ley de Amparo, esto es, el inicio del procedimiento, dictados en el procedimiento instaurado en contra del quejoso, en su carácter de servidor público, no tienen de momento sobre éste una ejecución que sea de imposible reparación. Por lo cual el juicio que aquí se resuelve se torna improcedente por la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con la fracción III del precepto 107, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por la interpretación realizada a la fracción V, del numeral 107 de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, registro electrónico 2006589, cuyo texto prescribe: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". (Lo subrayado es de este Juzgado). Y la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 909, registro electrónico 2007621, que prescribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Asimismo, se invoca en apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 22/2014, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 4, marzo 2014, tomo I, página 325, registro electrónico 2005917, que expresa: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". De lo anterior, se advierte con claridad que los actos reclamados no constituyen la resolución definitiva, pues se trata del inicio e integración del procedimiento administrativo disciplinario respectivo, más no de la resolución que pone fin al mismo. Del mismo modo, se desprende que dichos actos no son de imposible reparación, ya que no afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que México es parte, pues no existe constancia en la que se advierta que se haya decretado la suspensión del quejoso en sus labores. Ahora bien, respecto de los actos que le reclama a las autoridades ordenadoras, consistentes en las ilegales ordenes escritas u orales a efecto de que se iniciara el procedimiento disciplinario adversarial, respecto de los mismos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ***** XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. *****. Lo anterior, en atención a que de la interpretación literal del articulo transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se consideren consumados irreparablemente por el cambio de situación jurídica. Por tanto, si en el presente caso, el quejoso reclama la orden escrita girada por el Director del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la diversa orden verbal o escrita dada por el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia al Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de dicha dependencia, a efecto de que se diera inicio al procedimiento disciplinario adversarial en contra del quejoso, y de las constancias exhibidas por **************, así como del escrito inicial de demanda, se advierte que con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se inició el procedimiento disciplinario adversarial *************, por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia citada por existir un cambio de situación jurídica respecto de dichos actos reclamados. Por consiguiente, y al ser estas causales de improcedencia notorias, manifiestas e indudables, las cuales quedaron plenamente demostradas en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda promovida por ****************. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencia 6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, con número de registro 180663, de la literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable la tesis aislada 19k sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo V, mayo de 1997, página 618, con número de registro 198810, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 157 de la Ley de Amparo impone a este órgano jurisdiccional el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, en base en los artículos 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.

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