Jorge Alberto Medina Saucedo

Expediente 298/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
298/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
04/10/2018

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Medina Saucedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, doy cuenta con un oficio con registro 20269 y anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; en atención a su contenido, téngase a la Superioridad remitiendo copias certificadas del expediente 1094/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con sede en esta ciudad; lo anterior con el objeto de integrar debidamente el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. cindy*

  2. Principal

    El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se da cuenta con las promociones con folios 19317 y 19428. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta con registro 19317, firmado por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por el que informa, que no le es posible remitir copia certificada del expediente laboral 1094/VI/2016, en virtud de que el mismo fue enviado el seis de los actuales al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo del amparo directo 77/2018, promovido por Jorge Alberto Medina Saucedo. En consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído, solicítese de la manera más atenta al Tribunal Colegiado de este circuito, para que en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva expedir a este órgano jurisdiccional, copia certificada del expediente laboral que se comenta, ello con la finalidad de integrar debidamente el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda el oficio con registro 19328, que remite el secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta testimonio de la sentencia constitucional emitida en auxilio de este juzgado el once de mayo del año en curso; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 298/2018, promovido por Jorge Alberto Medina Saucedo, contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Jorge Alberto Medina Saucedo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo correspondiente. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de dos de febrero de dos mil dieciocho [fojas 5 a 8], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento 571/2018 [foja 35]. La audiencia constitucional se verificó el tres de abril de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 38. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 33/2018 de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 298/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de diez de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número219/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número 1094/2016; que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, pues así lo reconoció la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado [foja 23]. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 1094/2016, remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se tienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis Jorge Alberto Medina Saucedo demandó a la Junta Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de Zacatecas, la reinstalación en el puesto de auxiliar de auditoría, en los mismos términos que lo venía prestando, así como el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado que dice haber sufrido el once de noviembre de dos mil dieciséis [fojas 1 a 4 del anexo]. 2. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis fue admitida la demanda laboral, ordenándose emplazar a la demandada, asimismo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones [foja 10 del anexo]. 3. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete [foja 16] inició la audiencia señalada con antelación y se señaló fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, etapa que culminó el nueve de noviembre de dos mil diecisiete [foja 52]. 4. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario de la junta responsable realizó una certificación en la que hizo constar que ya no quedaban pruebas por desahogar, por lo que otorgó a las partes un término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se les tendría por desistidos de las pruebas, que en su caso, se encontraran pendientes por desahogar [foja 59]. 5. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, la junta responsable acordó que al haber concluido la etapa de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y de conformidad con el artículo 884 de la ley de la materia concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos y ordenó la notificación de dicho proveído a las partes, siendo ésta la última actuación que obra en las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado [foja 60]. La omisión de dictar el laudo correspondiente constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes las hayan hecho valer, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó como concepto de violación que la autoridad responsable vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas por el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación sintetizado es infundado, en atención a lo siguiente. El artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De esta norma constitucional se desprende a favor del gobernado el derecho sustantivo a la jurisdicción, mediante el cual puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, si satisface los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias, asimismo establece el deber correlativo de la autoridad jurisdiccional de impartir justicia en forma completa y eficaz. En concordancia con lo anterior, y respecto a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los artículos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el procedimiento que deben observar las Juntas laborales en la emisión de los laudos, así como los términos dentro de los cuales deben realizar ese procedimiento, a saber: una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto; transcurrido dicho término, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En el caso, de las copias certificadas del expediente laboral 1094/2016, se advierte que el último acuerdo que obra en autos [doce de diciembre de dos mil diecisiete] se refiere a que al haber concluido el periodo de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y de conformidad con el artículo 884 de la ley de la materia, la autoridad responsable concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos, con el apercibimiento inserto, acorde a los fundamentos y motivaciones que ahí fueron asentados y ordenó la notificación de dicho proveído a las partes [foja 60]. Por consiguiente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo [treinta y uno de enero de dos mil dieciocho] y durante su tramitación, no se acreditó que el juicio laboral se encuentre en un estado procesal que amerite la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, dado que la autoridad responsable, hasta la fecha en que rindió su informe justificado, no había emitido proveído declarando cerrada la instrucción. Por ende, no se actualiza la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando del informe justificado y de las constancias que remitió la junta responsable se concluya que no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, ello se debe a que aún no se había cerrado la instrucción en dicho proceso laboral, de ahí que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable todavía no estaba en posibilidad de dictar la resolución correspondiente en el juicio laboral 1094/2016. En esas condiciones, la omisión reclamada no es violatoria de derechos fundamentales. En todo caso, era necesario que el impetrante demostrara la inconstitucionalidad del acto omisivo reclamado, siendo el caso que, como ya se dijo, no aparece demostrado que hayan transcurrido los plazos que la ley establece, para considerar que el referido expediente laboral, estaba en estado de resolución, pues a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción. Lo anterior significa que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable, de dictar el laudo, estaba justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal que refiere el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 197499 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Página: 304 LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. En tales condiciones, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Alberto Medina Saucedo, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Pedro Arroyo Soto, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, ante el licenciado Raúl Antonio Herrera Herrera, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy once de mayo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA,LA sentencia de 11 de mayo de 2018, dictada por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, y del auto de 24 de septiembre de 2018, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese al sumario para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta con registro 19317, firmado por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas; por el que informa, que no le es posible remitir copia certificada del expediente laboral 1094/VI/2016, en virtud de que el mismo fue enviado el seis de los actuales al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo del amparo directo 77/2018, promovido por Jorge Alberto Medina Saucedo. En consecuencia, mediante oficio que derive de este proveído, solicítese de la manera más atenta al Tribunal Colegiado de este circuito, para que en caso de no existir inconveniente legal alguno, se sirva expedir a este órgano jurisdiccional, copia certificada del expediente laboral que se comenta, ello con la finalidad de integrar debidamente el juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, glósese al sumario para que obre como corresponda el oficio con registro 19328, que remite el secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, al que adjunta testimonio de la sentencia constitucional emitida en auxilio de este juzgado el once de mayo del año en curso; asimismo, este juzgado se hace sabedor respecto de que la misma ha sido digitalizada y vinculada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como está ordenado en la circular CAR06/CCNO/2011 y en la diversa CAR 4/CCNO/2014. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes y remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se imponga del sentido en el que la misma se pronunció. En el entendido de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles San Andrés Cholula, Puebla, once de mayo de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 298/2018, promovido por Jorge Alberto Medina Saucedo, contra el acto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO [Presentación de la demanda]. Mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho [foja 2], en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Jorge Alberto Medina Saucedo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad responsable y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo correspondiente. La parte quejosa señaló como preceptos constitucionales vulnerados, los artículos 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO [Admisión de la demanda]. Por auto de dos de febrero de dos mil dieciocho [fojas 5 a 8], el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, admitió a trámite la demanda de garantías; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento 571/2018 [foja 35]. La audiencia constitucional se verificó el tres de abril de dos mil dieciocho, conforme al acta que obra a foja 38. TERCERO [Recepción del juicio de amparo en el juzgado auxiliar]. Mediante oficio 33/2018 de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; en cumplimiento al oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; remitió el juicio de amparo 298/2018, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Primero de Distrito del citado Centro Auxiliar, a fin de que se emita la sentencia correspondiente. CUARTO [Radicación en el juzgado auxiliar]. En auto de diez de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado Primero de Distrito Auxiliar tuvo por recibido el juicio de amparo indicado, que para efectos de registro de este órgano auxiliar se radicó con el número219/2018-III, y se acusó el recibo respectivo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO [Competencia]. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 33 fracción IV, 35, 107, 108, 112 de la Ley de Amparo; en el Acuerdo General 24/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como de conformidad con el oficio STCCNO/154/2018, de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que se determinó otorgar auxilio al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. SEGUNDO [Precisión de los actos reclamados]. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligación del Juez de Distrito de analizar la demanda de garantías en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que el acto reclamado en el presente asunto es: la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral número 1094/2016; que atribuye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. En lo que a la precisión de los actos reclamados se refiere, sirve de apoyo el siguiente criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO [Registro No.181810. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XIX, Abril de 2004. Página: 255. Tesis: P. VI/2004. Tesis Aislada. Materia(s): Común], en el cual estableció que para lograr la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, e incluso a la totalidad del expediente del juicio, a fin de atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. TERCERO [Certeza de actos]. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando que antecede, pues así lo reconoció la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado [foja 23]. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio laboral 1094/2016, remitidas por la Presidenta de la Junta responsable, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, se tienen los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. El veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis Jorge Alberto Medina Saucedo demandó a la Junta Intermunicipal de Agua potable y Alcantarillado de Zacatecas, la reinstalación en el puesto de auxiliar de auditoría, en los mismos términos que lo venía prestando, así como el pago de diversas prestaciones con motivo del despido injustificado que dice haber sufrido el once de noviembre de dos mil dieciséis [fojas 1 a 4 del anexo]. 2. El ocho de diciembre de dos mil dieciséis fue admitida la demanda laboral, ordenándose emplazar a la demandada, asimismo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones [foja 10 del anexo]. 3. El veintinueve de junio de dos mil diecisiete [foja 16] inició la audiencia señalada con antelación y se señaló fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, etapa que culminó el nueve de noviembre de dos mil diecisiete [foja 52]. 4. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, el secretario de la junta responsable realizó una certificación en la que hizo constar que ya no quedaban pruebas por desahogar, por lo que otorgó a las partes un término de tres días para que expresaran su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento que de ser omisos, se les tendría por desistidos de las pruebas, que en su caso, se encontraran pendientes por desahogar [foja 59]. 5. El doce de diciembre de dos mil diecisiete, la junta responsable acordó que al haber concluido la etapa de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y de conformidad con el artículo 884 de la ley de la materia concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos y ordenó la notificación de dicho proveído a las partes, siendo ésta la última actuación que obra en las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado [foja 60]. La omisión de dictar el laudo correspondiente constituye la materia de la presente litis constitucional. QUINTO [Estudio de fondo]. Al no advertir que se actualice alguna causa de improcedencia o que las partes las hayan hecho valer, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, los que se contienen en el escrito de demanda de amparo, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" [Registro No. 164618. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI, Mayo de 2010. Página: 830. Tesis: 2a./J. 58/2010. Jurisprudencia. Materia(s): Común]. El solicitante del amparo expresó como concepto de violación que la autoridad responsable vulnera sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas por el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que la autoridad responsable no ha emitido el laudo respectivo dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. El concepto de violación sintetizado es infundado, en atención a lo siguiente. El artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De esta norma constitucional se desprende a favor del gobernado el derecho sustantivo a la jurisdicción, mediante el cual puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado, la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en que sea parte, si satisface los requisitos fijados por la propia Constitución y las leyes secundarias, asimismo establece el deber correlativo de la autoridad jurisdiccional de impartir justicia en forma completa y eficaz. En concordancia con lo anterior, y respecto a los términos y plazos establecidos en la Ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que son del tenor siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos". "Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas". "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas". De los artículos transcritos se desprende, en lo que interesa, que el procedimiento que deben observar las Juntas laborales en la emisión de los laudos, así como los términos dentro de los cuales deben realizar ese procedimiento, a saber: una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo, del cual se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta, quienes podrán solicitar que se practiquen las diligencias que juzguen convenientes para el esclarecimiento de la verdad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto; transcurrido dicho término, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. En el caso, de las copias certificadas del expediente laboral 1094/2016, se advierte que el último acuerdo que obra en autos [doce de diciembre de dos mil diecisiete] se refiere a que al haber concluido el periodo de desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y de conformidad con el artículo 884 de la ley de la materia, la autoridad responsable concedió a las partes el término de dos días para la formulación de alegatos, con el apercibimiento inserto, acorde a los fundamentos y motivaciones que ahí fueron asentados y ordenó la notificación de dicho proveído a las partes [foja 60]. Por consiguiente, a la fecha de presentación de la demanda de amparo [treinta y uno de enero de dos mil dieciocho] y durante su tramitación, no se acreditó que el juicio laboral se encuentre en un estado procesal que amerite la formulación del proyecto de resolución y el dictado del laudo respectivo, dado que la autoridad responsable, hasta la fecha en que rindió su informe justificado, no había emitido proveído declarando cerrada la instrucción. Por ende, no se actualiza la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, aun cuando del informe justificado y de las constancias que remitió la junta responsable se concluya que no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, ello se debe a que aún no se había cerrado la instrucción en dicho proceso laboral, de ahí que contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable todavía no estaba en posibilidad de dictar la resolución correspondiente en el juicio laboral 1094/2016. En esas condiciones, la omisión reclamada no es violatoria de derechos fundamentales. En todo caso, era necesario que el impetrante demostrara la inconstitucionalidad del acto omisivo reclamado, siendo el caso que, como ya se dijo, no aparece demostrado que hayan transcurrido los plazos que la ley establece, para considerar que el referido expediente laboral, estaba en estado de resolución, pues a la presentación de la demanda no se había cerrado la instrucción. Lo anterior significa que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión de la autoridad responsable, de dictar el laudo, estaba justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal que refiere el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 197499 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Octubre de 1997 Materia(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Página: 304 LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. En tales condiciones, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 103, fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78, 107 fracción I, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Alberto Medina Saucedo, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expresadas en esta sentencia. Notifíquese a las partes en términos de ley, por conducto del juzgado de origen. Cúmplase. ..."

  4. Principal

    En diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifico que: a) Mediante oficio 33/2018 de auto de seis de abril de dos mil dieciocho se remitieron a la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el expediente 298/2018, entre otros, mismo que fue recibido a las doce horas del diez de abril de dos mil dieciocho. b) Por oficio 31/2018 suscrito por Pedro Arroyo Soto, el juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, informó que el once de mayo del presente año, efectuó el envío a este juzgado del expediente 298/2018, entre otros, con su sentencia respectiva, mismos que fueron objeto de robo al encontrarse en tránsito, según la información que le proporcionó el representante legal de la empresa de mensajería denominada "Estafeta Mexicana", sociedad anónima de capital variable. c) De una consulta del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) se advierte la existencia integra e inalterada del expediente electrónico 298/2018. Conste. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte la preexistencia y falta posterior, de las constancias que integran el juicio de amparo 298/2018; asimismo, la existencia íntegra e inalterada del expediente electrónico relativo. En consecuencia, en términos del artículo 70 de la Ley de Amparo, prosígase con el trámite respectivo del juicio de amparo 298/2018. Al efecto, requiérase a la autoridad responsable copia certificada del expediente 1094/VI/2016, la cual es la única documental que no obra en el expediente electrónico; en tal virtud, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, con residencia en la ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de su legal notificación, remita copia certificada de las citadas constancias, toda vez que resulta necesaria para la debida integración del presente expediente en que se actúa. Finalmente, solicítese vía electrónica al juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de la sentencia dictada dentro del expediente 298/2018, a fin de conocer su contenido, notificar la resolución a las partes y darle seguimiento al presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. SDelgado

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