Jorge Alberto Ruvalcaba Martínez

Expediente 936/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 18 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
936/2015
Año
2015
Actuaciones
18
Última actuación
27/11/2015

Partes del expediente

  • Congreso del Estado de Zacatecas
  • Jorge Alberto Ruvalcaba Martínez
  • Directora del Centro Estatal de Evaluación Y Control Y Confianza En el Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil quince, el Secretario de Juzgado licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veinticuatro de noviembre del año en curso, con exclusión de seis días por ser inhábiles, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el veintinueve de octubre del año en curso, dentro del juicio de amparo 936/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintinueve de octubre del año en curso, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como los cuadernos del incidente de suspensión definitiva SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento, y en el segundo, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; además de que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse. Asimismo, respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA RESPONSABLE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza.- DOY FE. Sonia

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 936/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTÍNEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Seguridad Púbica del Estado. Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas. Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Director del Periódico Oficial del Estado. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado. Todos con residencia en esta Capital. Actos reclamados: Conforme al escrito de demanda: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- a).- Del Congreso en el Estado de Zacatecas, reclamo la aprobación y expedición del artículo 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, que se refieren A LA CREACIÓN DEL ÓRGANO CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS INTEGRANTES Y ASPIRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS EMITIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN, ASIMISMO DE LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SU PERMANENCIA Y REMOCIÓN. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo la Promulgación y Publicación de la de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en el Periódico Oficial del Estado. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo de la ley combatida. d).- Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, como refrendador de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Zacatecas. e).- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, se reclama la publicación del Decreto a que se hace referencia en los puntos que anteceden. f).- Del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal se Seguridad Publica de Zacatecas, se reclama las aplicación a mi representada de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en mérito de las facultades que para sus fines establece el artículo 33 de la Ley que se combate, al aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo de base sindicalizado del SUTSEMOP, que no hace labores de operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública y con ello verse inmersos a los requisitos de PERMANENCIA O REMOCION. g).- La Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, Estado de Zacatecas, la aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, al aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo que no desarrollo funciones operativas de carácter policial o bien labores afines a la operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública. h).- La inconstitucionalidad de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas. i).- La aplicación al suscrito de las disposiciones ilegales ante precisadas, al desempeñar labores de intendencia en la Dirección de Prevención y Reinserción Social y no operativas de carácter policial. j).- Todos los actos y procedimientos iniciados con motivo de los exámenes de control y confianza, con base en los preceptos legales que se impugnan, al tener por objeto determinar sobre mi permanencia al desempeñar labores administrativas en la Dirección de Prevención y Reinserción Social como institución de seguridad pública del Estado de Zacatecas, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretenden imponer derivados de los preceptos impugnados como inconstitucionales". De acuerdo con el escrito aclaratorio de demanda: "a) Se señala como AUTORIDAD RESPONSABLE, AL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN y REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, del que se reclama la aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, para sujetarme, al examen de control y confianza, cuando no formo parte del personal operativo de dicha institución. b) En términos del oficio número DGPRS/DA3025, dirigido por el LIC. GABRIEL MORALES TORRES, al SECRETARIO GENERAL DEL SUTSEMOP, ARMANDO MOREIRA MEDINA, en el solicita notifique a JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza, se trata del primer acto de aplicación, al pretender evaluarlo como personal operativo. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 14, 16 y 123 apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo titular, dictó proveído el tres de junio de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el número de expediente 936/2015; y, atendiendo a que el promovente del amparo no señalaba con precisión el primer acto de aplicación; se determinó requerirlo para que lo hiciera y además, manifestara si era su deseo señalar también como autoridad responsable al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado. En razón de lo anterior, una vez que el quejoso dio cumplimiento a la mencionada prevención, en acuerdo de nueve de junio del año en curso, se ordenó la admisión de la demanda de que se trata; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a) La aprobación, expedición, promulgación refrendo y publicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, concretamente en cuanto a sus artículos 38, 64, 65 y 77, que se refieren a la creación del Órgano Centro Estatal de evaluación y control de confianza de los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública, asimismo a la regulación de las relaciones laborales de los servidores públicos de las instituciones policiales, su permanencia y remoción. b) La aplicación de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, que se traducen en aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo de base sindicalizado del SUTSEMOP, que no hace labores de operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública. c) El oficio número DGPRS/DA/3025/2015, dirigido por el licenciado Gabriel Morales Torres, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, en el que le solicita le notifique al impetrante del amparo JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza; oficio que constituye el primer acto de aplicación. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II. 2. 1. Inexistencia. Las autoridades responsables, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas y Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, al rendir sus informes justificados negaron expresamente la existencia de los actos que se les reclaman, pues además agregan, que no han ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la aplicación de ningún examen de control de confianza al impetrante del amparo; y, que en el oficio DGPRS/DA/3025/2015 que presenta el quejoso con su demanda, no se advierte como fundamento legal la cita de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, porque tales disposiciones no se aplican al quejoso debido a su puesto de Encargado del Departamento de Talleres del Centro Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, asimismo, que del mencionado oficio, que obra en autos por haberlo exhibido tanto el quejoso como el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no se advierte la cita de los mencionados preceptos que se tildan de inconstitucionales; y, además, a que la parte quejosa no aportó ninguna otra prueba para desvirtuar la negativa de las responsables, lo procedente es decretar, por lo que a las propias responsables se refiere, el sobreseimiento del presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, LXI Legislatura del Estado, Gobernador del Estado y Secretario General de Gobierno, todos con sede en esta ciudad; y, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, de éste último, únicamente en lo que respecta a la expedición del oficio DGPRS/DA/3025/2015, pues así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes justificados. Resulta aplicable en este punto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos legislativos que se les atribuyen a las responsables, por ser precisamente de naturaleza legislativa, no están sujetos a prueba. Tiene aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo es aplicable la siguiente tesis que determina: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Y por otra parte, la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la presidenta de puntos constitucionales, remitió fotocopia certificada del decreto relativo a la mencionada Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, no rindió informe justificado, no obstante que obra en autos constancia de recibo del oficio por el que se le solicitó, en consecuencia, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le atribuye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5º, ambos de la mencionada Ley de Amparo vigente, invocada por la autoridad responsable, Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, por conducto de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, por considerar que el quejoso carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. El primero de los citados dispositivos es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma constitucional dispone como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, Jorge Alberto Ruvalcaba Martínez reclama de las autoridades responsables, Legislatura, Gobernador y Secretario General de Gobierno todos del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación refrendo y publicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, concretamente en cuanto a sus artículos 38, 64, 65 y 77, , que se refieren a la creación del Órgano Centro Estatal de evaluación y control de confianza de los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública, asimismo a la regulación de las relaciones laborales de los servidores públicos de las instituciones policiales, su permanencia y remoción. Además como acto concreto de aplicación de la mencionada ley, el quejoso reclama, el oficio número DGPRS/DA/3025/2015, dirigido por el licenciado Gabriel Morales Torres, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, en el que le solicita le notifique al impetrante del amparo JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter'. Ésta doble distinción de ordenamientos legales, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues, si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento'. De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal, para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: 'LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad'. Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas; cuya inconstitucionalidad es reclamada, los cuales en su orden establecen: "Artículo 38 Del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es el órgano de apoyo del Secretariado Ejecutivo, tiene por objeto aplicar los procesos de evaluación y control de confianza a los integrantes y aspirantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en apego a los lineamientos y protocolos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Para efectos del párrafo anterior se entiende como control de confianza, el proceso que tiene por objeto, evaluar la condición biológica, psicológica, de entorno social y de aptitudes y competencias de los aspirantes e integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, con base en principios y fundamentos técnicos. La organización y funciones del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, se establecerán en su Reglamento. Artículo 64 De las relaciones laborales de los servidores públicos de las Instituciones Policiales Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes, se regirán por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables. Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y, en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza. Artículo 65 De la permanencia y remoción de los servidores públicos Los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones Policiales, deberán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La terminación del servicio será inscrita en los Registros Nacional y Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. Artículo 77 De la permanencia en la Carrera Policial La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la normatividad de la materia para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales". Los preceptos legales transcritos, constituyen normas de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causar efectos, requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como antes fue destacado, el interés legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo, se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto consistente en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, reclamada por JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ; se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que no acredita el acto de aplicación de la norma citada, pues de la copia del oficio número DGPRS/DA/3025/2015, que dicho quejoso acompañó a su escrito aclaratorio de demanda, como primer acto de aplicación, el cual también fue remitido en copia certificada por la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no se aprecia la cita de precepto legal alguno, pues solo se le está pidiendo al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, su colaboración para notificar al impetrante del amparo, quien se encuentra adscrito a ese sindicato, que deberá presentar la documentación solicitada para el seguimiento del proceso de evaluación de control de confianza del personal adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social; ante lo cual, resulta claro que no justifica perjuicio alguno en contra del propio amparista, ni afectación o menoscabo de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, del Tomo setenta y seis, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: 'LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica'. Por tanto, tomando en consideración que el peticionario de garantías no aportó ninguna otra prueba, y que el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, además del oficio a que se ha hecho mención, solamente exhibió copia certificada de un formato relativo a la documentación que ha de entregarse para la Evaluación del Área de Investigación Socioeconómica, con membrete del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el que no se encuentra dirigido a persona alguna. De ahí que no exista prueba alguna que permita determinar la aplicación de los referidos preceptos que se tildan de inconstitucionales, lo cual era necesario pues para efectos de la procedencia del amparo contra leyes resulta indispensable que se acredite fehacientemente el acto de aplicación que permite controvertir su constitucionalidad. Por tanto, al no acreditar el quejoso interés jurídico para promover amparo, en relación a los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al no demostrar la existencia del acto de aplicación; el presente juicio de amparo, debe sobreseerse de igual forma, en lo referente a las autoridades que admitieron los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que constituya obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que las autoridades responsables reconozcan en sus informes los actos que de ellas se reclaman, ya que ello no da origen a que se acredite el interés jurídico o legítimo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial I. 1o. A. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página novecientos veintitrés, Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". No pasa inadvertido para el suscrito Juez Federal, la circunstancia de que no se haya llamado al presente juicio de garantías, al Director del Periódico Oficial del Estado, a quien se le reclama la publicación del decreto en que se contienen los preceptos legales tildados de inconstitucionales; sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, es indudable que no se le causa perjuicio alguno. Finalmente, tampoco pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que las autoridades responsables hagan valer diversa causal de improcedencia, sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio por la causal de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario resolver si opera o no alguna otra, ya que ello no cambiaría el sentido de esta resolución. Sirve de sustento a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la Jurisprudencia número 1799, consultable en la página 2900, de la Segunda Parte Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SOBRESEIMIENTO, LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN.- Al quedar demostrado que los juicios de garantías que intentan los quejosos son improcedentes y que deben sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTÍNEZ, por el acto reclamado; autoridades responsables, y por los motivos asentados en la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintinueve de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE."

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 936/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTÍNEZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan. Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Secretario de Seguridad Púbica del Estado. Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas. Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado. Director del Periódico Oficial del Estado. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado. Todos con residencia en esta Capital. Actos reclamados: Conforme al escrito de demanda: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- a).- Del Congreso en el Estado de Zacatecas, reclamo la aprobación y expedición del artículo 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, que se refieren A LA CREACIÓN DEL ÓRGANO CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE LOS INTEGRANTES Y ASPIRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS EMITIDOS POR EL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN, ASIMISMO DE LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SU PERMANENCIA Y REMOCIÓN. b).- Del Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, reclamo la Promulgación y Publicación de la de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en el Periódico Oficial del Estado. c).- Del Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, se reclama el refrendo de la ley combatida. d).- Del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, como refrendador de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Zacatecas. e).- Del Director del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, se reclama la publicación del Decreto a que se hace referencia en los puntos que anteceden. f).- Del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal se Seguridad Publica de Zacatecas, se reclama las aplicación a mi representada de todas y cada una de las disposiciones legales contenidas en los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, en mérito de las facultades que para sus fines establece el artículo 33 de la Ley que se combate, al aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo de base sindicalizado del SUTSEMOP, que no hace labores de operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública y con ello verse inmersos a los requisitos de PERMANENCIA O REMOCION. g).- La Directora del Centro Estatal de Evaluación y Control y Confianza, Estado de Zacatecas, la aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, al aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo que no desarrollo funciones operativas de carácter policial o bien labores afines a la operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública. h).- La inconstitucionalidad de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas. i).- La aplicación al suscrito de las disposiciones ilegales ante precisadas, al desempeñar labores de intendencia en la Dirección de Prevención y Reinserción Social y no operativas de carácter policial. j).- Todos los actos y procedimientos iniciados con motivo de los exámenes de control y confianza, con base en los preceptos legales que se impugnan, al tener por objeto determinar sobre mi permanencia al desempeñar labores administrativas en la Dirección de Prevención y Reinserción Social como institución de seguridad pública del Estado de Zacatecas, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretenden imponer derivados de los preceptos impugnados como inconstitucionales". De acuerdo con el escrito aclaratorio de demanda: "a) Se señala como AUTORIDAD RESPONSABLE, AL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN y REINSERCION SOCIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, del que se reclama la aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, para sujetarme, al examen de control y confianza, cuando no formo parte del personal operativo de dicha institución. b) En términos del oficio número DGPRS/DA3025, dirigido por el LIC. GABRIEL MORALES TORRES, al SECRETARIO GENERAL DEL SUTSEMOP, ARMANDO MOREIRA MEDINA, en el solicita notifique a JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza, se trata del primer acto de aplicación, al pretender evaluarlo como personal operativo. Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados, los contemplados en los artículos 1°, 14, 16 y 123 apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo titular, dictó proveído el tres de junio de dos mil quince, en que ordenó su registro bajo el número de expediente 936/2015; y, atendiendo a que el promovente del amparo no señalaba con precisión el primer acto de aplicación; se determinó requerirlo para que lo hiciera y además, manifestara si era su deseo señalar también como autoridad responsable al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado. En razón de lo anterior, una vez que el quejoso dio cumplimiento a la mencionada prevención, en acuerdo de nueve de junio del año en curso, se ordenó la admisión de la demanda de que se trata; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de los calificativos de inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a) La aprobación, expedición, promulgación refrendo y publicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, concretamente en cuanto a sus artículos 38, 64, 65 y 77, que se refieren a la creación del Órgano Centro Estatal de evaluación y control de confianza de los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública, asimismo a la regulación de las relaciones laborales de los servidores públicos de las instituciones policiales, su permanencia y remoción. b) La aplicación de las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, que se traducen en aplicar los exámenes de control y confianza al personal administrativo de base sindicalizado del SUTSEMOP, que no hace labores de operación policial, dentro de las instituciones de seguridad pública. c) El oficio número DGPRS/DA/3025/2015, dirigido por el licenciado Gabriel Morales Torres, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, en el que le solicita le notifique al impetrante del amparo JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza; oficio que constituye el primer acto de aplicación. II.2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción de los mismos, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". II. 2. 1. Inexistencia. Las autoridades responsables, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas y Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado, al rendir sus informes justificados negaron expresamente la existencia de los actos que se les reclaman, pues además agregan, que no han ordenado, ejecutado o tratado de ejecutar la aplicación de ningún examen de control de confianza al impetrante del amparo; y, que en el oficio DGPRS/DA/3025/2015 que presenta el quejoso con su demanda, no se advierte como fundamento legal la cita de los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, porque tales disposiciones no se aplican al quejoso debido a su puesto de Encargado del Departamento de Talleres del Centro Varonil en Cieneguillas, Zacatecas. En consecuencia, atendiendo a lo expuesto, asimismo, que del mencionado oficio, que obra en autos por haberlo exhibido tanto el quejoso como el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no se advierte la cita de los mencionados preceptos que se tildan de inconstitucionales; y, además, a que la parte quejosa no aportó ninguna otra prueba para desvirtuar la negativa de las responsables, lo procedente es decretar, por lo que a las propias responsables se refiere, el sobreseimiento del presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, LXI Legislatura del Estado, Gobernador del Estado y Secretario General de Gobierno, todos con sede en esta ciudad; y, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, de éste último, únicamente en lo que respecta a la expedición del oficio DGPRS/DA/3025/2015, pues así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes justificados. Resulta aplicable en este punto, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, cabe destacar que, de acuerdo con los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos legislativos que se les atribuyen a las responsables, por ser precisamente de naturaleza legislativa, no están sujetos a prueba. Tiene aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia que dice: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo es aplicable la siguiente tesis que determina: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Y por otra parte, la LXI Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la presidenta de puntos constitucionales, remitió fotocopia certificada del decreto relativo a la mencionada Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226 epígrafe: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública en el Estado, no rindió informe justificado, no obstante que obra en autos constancia de recibo del oficio por el que se le solicitó, en consecuencia, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se le atribuye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En principio, debe señalarse, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juzgador de garantías debe analizar, en primer término, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Tiene apoyo a tal precisión, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos treinta y cinco, del tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5º, ambos de la mencionada Ley de Amparo vigente, invocada por la autoridad responsable, Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, por conducto de la Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, por considerar que el quejoso carece de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. El primero de los citados dispositivos es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia ". Por su parte el artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en su parte conducente, establece: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..." Lo anterior es así, toda vez que de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, estableciéndose que tiene tal carácter, aquel que aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico, sin que pueda, en ningún caso, invocarse el interés simple como legítimo; así, el precepto constitucional invocado establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o con motivo de su especial situación frente al ordenamiento jurídico. En efecto, esa norma constitucional dispone como presupuesto procesal de la acción constitucional, que la parte actora sea titular de un derecho o interés jurídico, o bien, un interés legítimo; ese interés legítimo se vincula con la exigencia de alegar una violación a un derecho constitucional y resentir una afectación en su esfera jurídica, por la especial situación que el quejoso ocupa frente al ordenamiento jurídico. Ahora bien, Jorge Alberto Ruvalcaba Martínez reclama de las autoridades responsables, Legislatura, Gobernador y Secretario General de Gobierno todos del Estado de Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación refrendo y publicación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, concretamente en cuanto a sus artículos 38, 64, 65 y 77, , que se refieren a la creación del Órgano Centro Estatal de evaluación y control de confianza de los integrantes y aspirantes de las instituciones de seguridad pública, asimismo a la regulación de las relaciones laborales de los servidores públicos de las instituciones policiales, su permanencia y remoción. Además como acto concreto de aplicación de la mencionada ley, el quejoso reclama, el oficio número DGPRS/DA/3025/2015, dirigido por el licenciado Gabriel Morales Torres, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, en el que le solicita le notifique al impetrante del amparo JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ, presente documentación para exámenes de control y confianza. Bajo ese contexto, con el propósito de establecer la naturaleza de la norma combatida, conviene destacar el contenido de los artículos 1 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; Conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo indirecto, procede contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el Presidente de la República con fundamento en la fracción I, del artículo 89, Constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los Gobernadores de los Estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, que por su sola entrada en vigor, o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio personal y directo contra el gobernado. Para determinar sobre la procedencia del juicio de garantías, contra leyes que se estimen inconstitucionales, debe distinguirse entre normas legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquéllas que requieren de un acto concreto de aplicación para que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio visible en las páginas novecientos sesenta y cinco y novecientos sesenta y seis, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y ocho, que precisa: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. El elemento primordial que caracteriza a una ley autoaplicativa lo es el de que sus disposiciones resultan obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, o sea, que desde ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad y, por lo tanto, es evidente que cuando no se da dicho elemento esencial no se está en presencia de una ley de esa naturaleza, sino que en ese caso debe concluirse que se trata de una ley heteroaplicativa, que, por lo mismo, únicamente puede reclamarse a través del juicio de amparo hasta que se realice el acto de autoridad que vincula al particular al cumplimiento de la norma. La Ley de Amparo distingue, en su artículo 73, fracción V (sic), entre las leyes que por su sola expedición entrañan violación de garantías y aquéllas que para realizar las violaciones requieren, además de la expedición, un acto posterior de autoridad; por tanto, esta distinción no se basa en que al momento de expedirse la norma existan individuos colocados en su hipótesis, sino en la manera como se ejecuta el mandamiento; si para realizar éste debe intervenir la autoridad, la ley no es autoaplicativa ni se le puede combatir en amparo por su sola expedición; si, en cambio, basta el imperativo de la norma para que el particular no pueda dejar de cumplirla, y, por lo mismo, la actividad de los órganos del Estado es meramente pasiva ante la realización del mandato de observancia general, se está frente a disposiciones que por su sola expedición pueden atacarse en el juicio constitucional de garantías, si se les estima anticonstitucionales y se pretende no sufrir su aplicación. Para que proceda la acción de garantías, es necesario que, desde la iniciación de la vigencia de la ley combatida, el particular se encuentre en la situación prevista por la norma y que no se exija, para que esté obligado a hacer o dejar de hacer, ningún acto ulterior de autoridad. Para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino a los términos concretos del mandato legal, pues basta con que se ordene a los particulares de que se trate un hacer o un no hacer, y que no se supedite su ejecución a la conducta que deba llevar a cabo una autoridad para que tenga aquel carácter'. Ésta doble distinción de ordenamientos legales, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado, leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, parte del supuesto formal de la obligatoriedad de la norma legal en relación con los gobernados, pues, si una norma no produce por sí sola perjuicio, en su contra es improcedente el ejercicio de la acción de amparo, por la ausencia del perjuicio o daño individual, concreto y directo. En relación con la existencia del agravio personal y directo de las leyes, para determinar sobre la procedencia del juicio constitucional en su contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 55/97, visible en la página ciento veintitrés, del Tomo III, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: 'LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento'. De manera que la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad o personal, para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma que por su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad además con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia ciento ochenta y siete, visible en la página ciento ochenta y cinco, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, mil novecientos noventa y cinco, del contenido siguiente: 'LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, y b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad'. Por exclusión, la ley tiene el carácter de heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia, no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación ya sea de la autoridad o particular, para que se genere la afectación a la esfera jurídica del destinatario. Sentado lo anterior, se estima necesario transcribir los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas; cuya inconstitucionalidad es reclamada, los cuales en su orden establecen: "Artículo 38 Del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, es el órgano de apoyo del Secretariado Ejecutivo, tiene por objeto aplicar los procesos de evaluación y control de confianza a los integrantes y aspirantes de las Instituciones de Seguridad Pública, en apego a los lineamientos y protocolos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Para efectos del párrafo anterior se entiende como control de confianza, el proceso que tiene por objeto, evaluar la condición biológica, psicológica, de entorno social y de aptitudes y competencias de los aspirantes e integrantes de Instituciones de Seguridad Pública, con base en principios y fundamentos técnicos. La organización y funciones del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, se establecerán en su Reglamento. Artículo 64 De las relaciones laborales de los servidores públicos de las Instituciones Policiales Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes, se regirán por la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General y demás disposiciones jurídicas aplicables. Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables y, en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza. Artículo 65 De la permanencia y remoción de los servidores públicos Los Agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las Instituciones Policiales, deberán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado y los municipios sólo estarán obligados a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La terminación del servicio será inscrita en los Registros Nacional y Estatal de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública. Artículo 77 De la permanencia en la Carrera Policial La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la normatividad de la materia para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales". Los preceptos legales transcritos, constituyen normas de índole heteroaplicativa, que no causa ningún perjuicio desde su entrada en vigor, esto es, que su solo imperativo, a diferencia de las leyes autoaplicativas, no crea, no transforma, o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para causar efectos, requiere de un acto que condicione su aplicación a situaciones jurídicas concretas. Ahora bien, como antes fue destacado, el interés legítimo a que alude el artículo 61, fracción XII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo, se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico o legítimo se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos, pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. En ese contexto, se afirma que en lo que respecta al acto consistente en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas, reclamada por JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTINEZ; se actualiza la citada causa de improcedencia, ya que no acredita el acto de aplicación de la norma citada, pues de la copia del oficio número DGPRS/DA/3025/2015, que dicho quejoso acompañó a su escrito aclaratorio de demanda, como primer acto de aplicación, el cual también fue remitido en copia certificada por la autoridad responsable Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no se aprecia la cita de precepto legal alguno, pues solo se le está pidiendo al Secretario General del SUTSEMOP, Armando Moreira Medina, su colaboración para notificar al impetrante del amparo, quien se encuentra adscrito a ese sindicato, que deberá presentar la documentación solicitada para el seguimiento del proceso de evaluación de control de confianza del personal adscrito a la Dirección de Prevención y Reinserción Social; ante lo cual, resulta claro que no justifica perjuicio alguno en contra del propio amparista, ni afectación o menoscabo de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 9/94, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecisiete, del Tomo setenta y seis, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: 'LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica'. Por tanto, tomando en consideración que el peticionario de garantías no aportó ninguna otra prueba, y que el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, además del oficio a que se ha hecho mención, solamente exhibió copia certificada de un formato relativo a la documentación que ha de entregarse para la Evaluación del Área de Investigación Socioeconómica, con membrete del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el que no se encuentra dirigido a persona alguna. De ahí que no exista prueba alguna que permita determinar la aplicación de los referidos preceptos que se tildan de inconstitucionales, lo cual era necesario pues para efectos de la procedencia del amparo contra leyes resulta indispensable que se acredite fehacientemente el acto de aplicación que permite controvertir su constitucionalidad. Por tanto, al no acreditar el quejoso interés jurídico para promover amparo, en relación a los artículos 38, 64, 65 y 77 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al no demostrar la existencia del acto de aplicación; el presente juicio de amparo, debe sobreseerse de igual forma, en lo referente a las autoridades que admitieron los actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que constituya obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que las autoridades responsables reconozcan en sus informes los actos que de ellas se reclaman, ya que ello no da origen a que se acredite el interés jurídico o legítimo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial I. 1o. A. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página novecientos veintitrés, Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del contenido siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso". No pasa inadvertido para el suscrito Juez Federal, la circunstancia de que no se haya llamado al presente juicio de garantías, al Director del Periódico Oficial del Estado, a quien se le reclama la publicación del decreto en que se contienen los preceptos legales tildados de inconstitucionales; sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, es indudable que no se le causa perjuicio alguno. Finalmente, tampoco pasa inadvertido para este Juzgador, el hecho de que las autoridades responsables hagan valer diversa causal de improcedencia, sin embargo, al haberse decretado el sobreseimiento del presente juicio por la causal de improcedencia anteriormente analizada, resulta innecesario resolver si opera o no alguna otra, ya que ello no cambiaría el sentido de esta resolución. Sirve de sustento a lo anterior, la segunda tesis relacionada con la Jurisprudencia número 1799, consultable en la página 2900, de la Segunda Parte Salas y Tesis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice: "SOBRESEIMIENTO, LEGALIDAD DEL. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, SIN ENTRAR AL DE TODAS LAS QUE CONCURRAN.- Al quedar demostrado que los juicios de garantías que intentan los quejosos son improcedentes y que deben sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de esta resolución". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 124 y 217 de la Nueva Ley de Amparo se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ALBERTO RUVALCABA MARTÍNEZ, por el acto reclamado; autoridades responsables, y por los motivos asentados en la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada María Concepción García Jacobo, hoy veintinueve de octubre de dos mil quince, que lo permitieron las labores del Juzgado.- DOY FE.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a catorce de julio de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la LEGISLATURA DEL ESTADO POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON SEDE EN ESTA CIUDAD; con su contenido y con los diversos informes rendidos por las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, todos con sede en esta ciudad; así como con las copias certificadas del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado correspondiente al suplemento números del dos al treinta y seis de cinco de mayo de dos mil doce, que contiene el Decreto número 343 relativo a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, que adjunta la autoridad que rinde su informe en esta fecha; dése vista a las partes para los efectos legales procedentes a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por exhibidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales citadas con anterioridad, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. En atención a lo anterior, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe y no se les deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, para que tenga verificativo a las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Finalmente, conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo del año en curso, en el amparo en revisión 421/2015. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

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