Jorge Alberto Guerrero MartìNez

Expediente 468/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 30 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
468/2020
Año
2020
Actuaciones
30
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Alberto Guerrero MartìNez
  • Juez de Control Y Tribunal de Enjuiciamiento Con Residencia En Loreto, Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    veintitrés de mayo de dos mil veintidós El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintidós de septiembre al cinco de octubre de dos mil veintidós; sin que hubieren interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós. No se tramitó incidente de suspensión, toda vez que la misma se concedió de plano. No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DEPURABLE, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece el artículo 18 del precitado acuerdo, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyanse en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe. 19794 y 19795 17178, 17179 y 17180

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 468/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, Jorge Alberto Guerrero Martínez por conducto de su defensor Jaime Alberto Elías Román, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17, 19, 20, fracción IX, y apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 468/2020; se admitió a trámite mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veinte; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado emana de una autoridad cuyo domicilio se encuentra en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a las autoridades responsables: Jueza de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas dentro de la causa penal 38/2017. Acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, toda vez que al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora, con un disco compacto que contiene la videograbación de la audiencia inicial y su continuación, celebradas el veintiséis y treinta y uno de agosto de dos mil veinte, respectivamente, que remitió la jueza responsable con el informe justificado, mismas que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de amparo en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. Asimismo, respecto al formato DVD, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, con registro 2004362, de rubro y texto. "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Causales de improcedencia que ameriten el sobreseimiento en el juicio. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Además, de actualizarse alguna de tales causales sería innecesario el examen de la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin que en el caso las partes hayan hecho valer alguna causal de sobreseimiento, además de que de autos no se advierte que se actualice alguna. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Son infundados los conceptos de violación impetrados por el quejoso, sin que se advierta deficiencia a suplir de oficio o que alguna de las normas aplicadas en el caso resulte violatoria de sus derechos fundamentales. La parte quejosa, en esencia, expone: a) La autoridad responsable viola en perjuicio del quejoso, la garantía de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal consagrada en el artículo 14 constitucional. Que la autoridad responsable violando la garantía de estricta legalidad en materia penal, aplicando inexactamente la ley y violando los principios reguladores de la valoración de las pruebas, admite como prueba la declaración ministerial que se le realizó de manera ilegal dentro de la carpeta de investigación 023/05-2016 de la Dirección General de Atención del estado de Aguascalientes, aunque esta declaración fue a base de tortura y fuera de procedimiento, es decir, fue recabada sin la presencia del juez que dictó la orden de aprehensión, dejándolo en completo estado de indefensión. Que se le detiene supuestamente por un delito de posesión de narcóticos y en el lapso de investigación por el supuesto delito de flagrancia de posesión de narcóticos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ilícitamente y maliciosamente sin avisar a la autoridad Juez de Control y Juicio Oral con sede en Rincón de Romos, Aguascalientes, respecto de que ya tiene cumplimentada la orden de aprehensión, sin observar y cumplir las formalidades del procedimiento, obtienen pruebas ilícitas violando la Carta Magna. b) Que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional ya que es una resolución que no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la responsable lo está dejando en estado de indefensión, al negársele el derecho consagrado en la Carta Magna, que es el de igualdad ante la ley para todos los humanos del territorio mexicano, pues en este artículo que contiene la llamada garantía de legalidad, se le dicta una vinculación a proceso en base a una declaración ilegal, ya que el fiscal no contaba con una autorización para para recabar pruebas por su cuenta, sin poner sin demora al aprehendido, ante el juez que dictó la orden de aprehensión. c) Se viola en su perjuicio el contenido del artículo 22 constitucional, toda vez que la autoridad responsable debió dar vista a los derechos humanos para el conocimiento de la declaración judicial que rindió el quejoso respecto a que había sido víctima de tortura para firmar la declaración ministerial que obra en el proceso 3/2018 del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial de Rincón de Romos, Aguascalientes, por lo que solicita se revoque el auto de vinculación a proceso y se ordene reponer por otro donde se cumplan las formalidades del procedimiento. Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, en primer término es necesario precisar que el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que para dictar auto de vinculación a proceso, se debe expresar: ( El delito que se reprocha al imputado; ( El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; ( Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, ( Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así pues, se debe resolver la vinculación o no a proceso con base en los datos de investigación a que haga referencia el Fiscal del Ministerio Público en su respectiva solicitud. Aunado a lo expuesto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, a petición del agente del Ministerio Público, siempre que: a) Se haya formulado la imputación; b) Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entiende que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; y, d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De igual forma, se dispone que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, y que el juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, en cuyo caso, deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. Además, deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos. En ese sentido, tiene aplicación la tesis de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En contexto con lo anterior, es importante destacar que en el sistema de justicia penal oral y acusatorio, existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, los cuales son: 1) De forma 1.1. Que sea emitido por una autoridad judicial competente; 1.2. Que se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; 1.3. Que el imputado haya rendido declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4. Que se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa o, bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; 1.5. Que de la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; y, 1.6. El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. 2) De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; y, 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese orden, del estudio de las constancias que remitió la jueza responsable, así como el registro audiovisual de la audiencia vinculatoria, ya valorados, al tenor del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estiman colmados los requisitos de forma y fondo; por ende, se advierte que el auto de vinculación a proceso se dictó ajustado a derecho y en sí, no irroga violación alguna a los derechos humanos del peticionario del amparo, en los términos que a continuación se precisa. En cuanto a los requisitos de forma, el primero (1.1) se cumplió, pues se evidencia que la resolución en la que se dictó el auto de vinculación a proceso fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es la Jueza de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; asimismo, por cuanto hace a la competencia (objetiva), respecto de la materia, al ser hechos delictuosos cuyo conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal del fuero común; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron en el municipio de Loreto, Zacatecas, espacio geográfico que corresponde dentro de la jurisdicción de la aquí señalada como autoridad responsable; asimismo, goza de la competencia (subjetiva), al encontrarse legitimado para resolver la situación jurídica. De igual forma, se satisface el segundo de los requisitos (1.2), en cuanto a la formulación de la imputación, ya que en el disco compacto que remitió la autoridad responsable, se localizó el archivo, que corresponde a la audiencia inicial celebrada el veintiséis de agosto de dos mil veinte, en la causa 38/2017, en donde a partir del minuto doce con veintiocho segundos del video, se observa y escucha que el agente del Ministerio Público formula imputación en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez, por lo que se le informa que esa Fiscalía cuenta con un legajo de investigación en su contra por su posible participación en el hecho que la ley señala como constitutivo de delito de homicidio calificado, éste cometido en agravio de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano, ello se le atribuye a título doloso y en su calidad de autor material directo, delito previsto y sancionado por los artículos 293, 299, 301, fracción I, en relación al artículo 5, 6, fracción I, 7, fracción I, y 11, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado. En relación la descripción de hechos señaló: "Que el día primero de octubre del año dos mil dieciséis, usted Jorge Alberto Guerrero Martínez, citó a Víctor Andrés Saucedo Valadez, alias "Vicky" y a Alejandro Martínez Ruvalcaba alias "Tito la Perra" con la finalidad de venderles cristal a bajo precio, citándolos que se fueran rumbo a Cosío, Aguascalientes, por lo que se vieron en la cabecera municipal de tal lugar, llegando los precitados en compañía de Felipe Ramírez Serrano todos a bordo de un vehículo Tahoe, modelo mil novecientos noventa, color dorado, subiéndose usted al vehículo y dirigiéndose todos con dirección a Loreto, Zacatecas, solicitándole que se detuviera para orinar en el lugar conocido como ejido el Coyote, perteneciente a Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, a un costado de una tierra de cultivo y por una arboleda, lugar que al descender todos usted le disparó a Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y a Felipe Ramírez Serrano, con un arma de fuego calibre 9 mm, en la cabeza, lugar donde las personas perdieron la vida, para de manera posterior, retirarse a bordo del vehículo con dirección a Ojuelos, Jalisco, informándole que las personas que deponen en su contra lo son Fabiola Guadalupe Basurto Villegas, José Cardona Castro, Blas Alexandro Rodríguez Navarro, Vladimir Contreras Velis, Esmeralda Valadez Gómez, Juan Antonio Zermeño Romo y Eduardo Antonio Esparza Reyes, es cuanto su señoría [00:16:17 horas del video] El tercero de los requisitos también se encuentra satisfecho (1.3), en razón de que, como también se advierte de la referida audiencia, que a partir del minuto dieciocho con veintitrés segundos del video, la Jueza de control hace saber al imputado que puede emitir su declaración, así como el derecho de abstenerse, por lo que le pide que lo consulte con sus respectivos abogados, por lo que se decretó receso. Acto seguido, una vez reanudada la audiencia, el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez se reservó el derecho de emitir declaración [00:18:40 horas del video]. En torno al cuarto de los requisitos (1.4) debe indicarse que el imputado: solicitó la ampliación del término constitucional. Respecto al quinto de los requisitos (1.5) se encuentra colmado, puesto que en el auto de vinculación a proceso dictado, se especificó el ilícito por el cual se formuló la imputación, a saber: homicidio en número de tres, delito previsto y sancionado por los artículos 293, 299, 301, fracción I, en relación al artículo 5, 6, fracción I, 7, fracción I, y 11, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado. Por lo que hace al sexto requisito (1.6) se encuentra colmado, en razón de que en el acto reclamado, como se advierte de la videograbación que obra en el disco compacto relativo a la continuación de la audiencia inicial, la Jueza de Control atendió a los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, al señalar: "Que el día primero de octubre del año dos mil dieciséis, usted Jorge Alberto Guerrero Martínez, citó a Víctor Andrés Saucedo Valadez, alias "Vicky" y a Alejandro Martínez Ruvalcaba alias "Tito la Perra" con la finalidad de venderles cristal a bajo precio, citándolos que se fueran rumbo a Cosío, Aguascalientes, llegando los precitados en compañía de Felipe Ramírez Serrano todos a bordo de un vehículo Tahoe, modelo mil novecientos noventa, color dorado, subiéndose usted al vehículo y dirigiéndose todos con dirección a Loreto, Zacatecas, solicitándole que se detuviera para orinar en el lugar conocido como ejido el Coyote, perteneciente a Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, a un costado de una tierra de cultivo y por una arboleda, lugar que al descender todos le disparó a Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y a Felipe Ramírez Serrano, con un arma de fuego calibre 9 mm, en la cabeza, lugar donde las personas perdieron la vida, para de manera posterior, retirarse a bordo del vehículo con dirección a Ojuelos, Jalisco." Así, procede a examinarse si de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, que tomó en consideración la jueza responsable, se desprenden datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho que la ley describe como delito (2.1) y la probabilidad de que el quejoso lo hubiera cometido o participado en su comisión (2.2.). 2.1. Acreditación del hecho que la ley señala como ilícito. Se satisface en cuanto que en la continuación de la audiencia inicial, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, la jueza responsable dictó el auto de vinculación, al quejoso Jorge Alberto Guerrero Martínez, por hechos que la ley señala como el delito de homicidio en número de tres, previsto y sancionado por los artículos 293, 299, 301, fracción I, en relación al artículo 5, 6, fracción I, 7, fracción I, y 11, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado. Y para tener por acreditado el mismo, la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba expuestos por la representante social, y resolvió lo siguiente: En Loreto, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte, una vez que han sido escuchados los intervinientes se procede a resolver sobre la solicitud del Agente el Ministerio Público de dictar un auto de vinculación a proceso en contra del imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez dentro de la causa penal 38/2017 que se pretende instruir en su contra por un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y a Felipe Ramírez Serrano, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes considerandos: PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales el juez de control a petición del Agente del Ministerio Público dictará el auto de vinculación a proceso en contra del imputado, siempre que estén reunidos los siguientes requisitos. El primero de ellos es que se haya formulado imputación, este requisito se encuentra cumplido ya que en la audiencia inicial de formulación de imputación celebrada el veintiséis de agosto del presente año de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público previamente formuló imputación en contra del señor Jorge Alberto Guerrero Martínez, al informarle cuál es el hecho que se le imputa, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión de este hecho, así como la forma de intervención que se le atribuye y el nombre de las personas que deponen en su contra, lo cual de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales pues constituye la formulación de imputación. El segundo de los requisitos es que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, este requisito también se encuentra satisfecho en razón a que en la audiencia inicial Jorge Alberto Guerrero Martínez, debidamente enterado de su derecho a declarar o guardar silencio hizo uso de su derecho a guardar silencio, sin embargo, en esta audiencia debidamente asesorado por sus defensores, hizo uso de su derecho de rendir una declaración. El tercero de los requisitos es que de los antecedentes de investigación expuestos por el ministerio público se desprendan datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que además, exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En este caso se considera que existen suficientes datos para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito de homicidio en número de tres de quienes en vida respondieron a los nombres de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y a Felipe Ramírez Serrano, ese ilícito de homicidio se encuentra previsto en el artículo 393 del Código Penal del Estado de Zacatecas que literalmente señala que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, por tanto, de esa descripción que del delito de homicidio hace el artículo 393 del Código Penal del estado de Zacatecas, se desprende que los elementos que integran esa figura delictiva son los siguientes: El primero de ellos es la existencia previa de una vida humana. El segundo, la privación de esa vida humana. El tercero, que la privación de esa vida humana se deba a una causa exterior imputable a otra persona. El primero de esos elementos consiste en la existencia previa de una vida humana como condición lógica del delito quedó debidamente justificada en virtud de que el Agente del Ministerio Público en la audiencia inicial dijo contar con las actas de nacimiento de cada una de las víctimas, en las cuales se asienta la fecha de nacimiento de cada uno de ellos y el nombre de sus padres. También se cuenta con las declaraciones de reconocimiento de cadáver que respecto de cada una de las víctimas rindieron sus familiares ya que el cadáver de Víctor Andrés Saucedo Valadez fue reconocido por sus padres Esmeralda Valadez Gómez y Andrés Saucedo Soto; el de Alejandro Martínez Ruvalcaba por su hermana y concubina, respectivamente, de nombres Fátima Iveth Martínez Ruvalcaba y Brenda Reyna Zapata y el de Felipe Ramírez Serrano, por su esposa y por su hermano, respectivamente de nombres María del Rosario Hernández González y Francisco Ramírez Serrano. Declaraciones las anteriores que debido a que fueron rendidas por personas que conocieron con vida a los hoy occisos con quienes las unió un lazo de parentesco estuvieron en aptitud de reconocer sus cadáveres al tenerlos a la vista y de dar testimonio que estos existieron con vida, por tanto dichas declaraciones junto con las actas de nacimiento de cada una de las víctimas se consideran suficientes para justificar el primero de los elementos del delito de homicidio consistente en la existencia previa de la vida humana de quienes llevaron por nombre Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. El segundo de los elementos del delito consistente en la privación de esta vida humana, también se pone de manifiesto este requisito con el acta de aviso de hechos que fue levantada por Fabiola Guadalupe Basurto Villegas elemento de la Policía de Investigación de fecha primero de octubre de dos mil dieciséis, en la que asienta que recibieron un reporte del señor Manuel Leyva Lara, comisariado ejidal de Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, de que en el ejido conocido como el Coyote se encontraban tres cuerpos sin vida del sexo masculino y que al trasladarse a ese lugar tuvieron a la vista tres cuerpos sin vida, los cuales presentaban disparos de arma de fuego en la cabeza, precisando que el primero de ellos correspondía a Víctor Andrés Saucedo Valadez quien como seña particular presenta un tatuaje con la leyenda Yamiled Diamiled, el segundo cuerpo se encontraba en ese momento como en calidad de no identificado y tenía tatuajes con las iniciales AMR; el tercer cuerpo fue reconocido como el de Felipe Ramírez Serrano. La información anterior se corroboró con las inspecciones de cada uno de esos cadáveres que en ese lugar realizó José Carmona Jasso Policía de Investigación de fecha primero de octubre de dos mil dieciséis, en las que asentó que los tres cuerpos sin vida presentaban heridas por proyectil disparado con arma de fuego con orificio de entrada en región occipital y dos de ellos con orificio de salida en región frontal y otro en región nazal. De igual forma se emitieron los certificados médicos de necropsia de cada uno de los cuerpos sin vida, de las víctimas en las cuales se determinó por parte de peritos médicos legistas de la Fiscalía General de justicia del Estado, que la causa de la muerte de cada uno de ellos fue la siguiente: De Víctor Andrés Saucedo Valadez, una herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante en cráneo. De Alejandro Martínez Ruvalcaba, una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en cráneo y tórax, las cuales juntas o separadas se clasifican como mortales. De Felipe Ramírez Serrano fue una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante en cráneo y de cara. También se recabaron las actas de defunción de Víctor Andrés Saucedo Valadez y Alejandro Martínez Ruvalcaba en las cuales se asentaron las mismas causas de muerte que señalaron los médicos legistas. Por tanto, considero que todos estos antecedentes de investigación indudablemente se desprenden datos de prueba que al ser apreciados en su conjunto y valorados de forma libre y lógica como lo señalan los artículos 261 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales resultados suficientes para establecer razonablemente la privación de la vida de cada una de las víctimas de quienes llevaron por nombre Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano con la cual se satisfacen el segundo de los elementos que integran el delito de homicidio. El tercero de esos elementos se requiere que la privación de la vida se deba a una causa externa imputable a otra persona, esta circunstancia pudo establecerse con el contenido de un dictamen pericial de campo que fue emitido por el perito Blas Alejandro Rodríguez Navarro quien se constituyó en el ejido el Coyote en Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, en fecha uno de octubre de dos mil dieciséis, en donde se localizaron los cadáveres del sexo masculino de quienes en vida respondieron a los nombres de Víctor Andrés Saucedo Valadez y Alejandro Martínez Ruvalcaba y otro en calidad de no identificado y luego de que el perito expidió cada uno de los indicios encontrados en el lugar de los hechos llegó a las siguientes conclusiones: La primera de ellas es que el lugar ubicado en el ejido el Coyote, Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, en el lugar de hechos en donde perdieron la vida tres personas del sexo masculino. La segunda de las conclusiones es que la posición de los cadáveres es su posición final y posterior a su deceso. La tercera es que sobre sus cadáveres se observaron signos de violencia como la presencia de las lesiones con características similares a los producidos por proyectiles disparados por arma de fuego en la región cefálica de cada uno de ellos. La cuarta es, que en el lugar se localizaron un total de seis casquillos y un cartucho, todos calibre nueve milímetros, marca Lugger. De igual forma se emitió un diverso dictamen de balística identificada esta por parte del maestro Carlos Alejandro Longoria Smith en el cual, luego de analizar los sobres que contenían los seis casquillos levantados en el lugar de los hechos por el perito en criminalista de campo concluye que los seis casquillos rotulados como correspondientes al calibre por designación nueve milímetros, fueron percutidos por una misma arma de fuego. Esos antecedentes de investigación al ser apreciados en su conjunto a consideración de esta juzgadora, pues resultan suficientes para establecer razonablemente que las heridas producidas por proyectil de arma de fuego que privaron de la vida a las víctimas, necesariamente les fueron ocasionadas de manera intencional por otra persona ya que se determinó de manera científica por parte del perito en balística que los seis casquillos encontrados en el lugar de los hechos fueron disparados por un arma de fuego y en el lugar de los hechos, de acuerdo a lo que señala el perito de campo, no fue localizada ningún arma de fuego, lo que confirma la participación de una persona diversa a las víctimas que realizaron esa conducta, por tanto se concluye que esas heridas le fueron ocasionadas por una causa externa imputable a otra persona con lo cual se satisface el tercero de los elementos que integran el delito de homicidio, en ese sentido se concluye que se encuentra acredito el delito de homicidio en número de 3 cometidos en perjuicio de quienes en vida respondieran a los nombres de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. El Agente del Ministerio Público considera que estos delitos de homicidio son calificados porque se cometieron en su consideración con premeditación, ventaja, alevosía y traición, sin embargo, atendiendo a que dichos calificativos se encuentran relacionados íntimamente con el actuar del sujeto activo serán analizados después de abordar el tema relativo a la probable responsabilidad que se atribuye al imputado. SEGUNDO. Por lo que se refiere a la probabilidad de que el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez, cometió el hecho que la ley señala como el delito homicidio en número de tres, la Fiscalía le atribuye la calidad de autor material en términos del artículo 11, fracción I, del Código Penal del estado de Zacatecas, ello en virtud que para ese efecto debió contar la Fiscalía con los siguientes antecedentes de investigación. En primer término una constancia de llamada telefónica signada por el licenciado Hugo Eduardo Medina García Agente del Ministerio Público, de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual asienta que recibió una llamada telefónica por parte de Esmeralda Valadez Gómez, donde le menciona le hacía del conocimiento que de acuerdo a los hechos donde fue privado de la vida su hijo Víctor Andrés Saucedo Valadez, que se había enterado que el día once de septiembre de ese mes y año, había sido detenida una persona del sexo masculino de nombre Jorge Alberto Guerrero Martínez, de veintisiete años de edad en el municipio de Cosío, Aguascalientes, por policías estatales de aquel estado y que éste portaba armas, que al parecer al rendir su declaración confesó haber asesinado a su hijo Víctor Andrés Saucedo Valadez, así como a Felipe Ramírez Serrano y a Alejandro Martínez Ruvalcaba y preguntaba dicha persona que podía hacer para evitar que esta persona saliera de la cárcel y para que se le juzgara por la muerte de su hijo y el agente del Ministerio Público le informó que se encargaría de recabar la información correspondiente. Derivado de lo anterior se cuenta con una segunda constancia de llamada telefónica por parte del licenciado Hugo Eduardo Medina García de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual asienta que realizó una llamada telefónica de su oficina al número de la Procuraduría General de Aguascalientes en la cual pidió hablar con quién le pudiera dar información si en esta Delegación fue puesto a disposición por parte de la Policía Estatal de Aguascalientes, el lunes once de ese mes y año una persona de nombre Jorge Alberto Guerrero Martínez de veintidós años de edad por portación de arma de fuego y asentó que la secretaria de nombre Araceli Mendoza le mencionó que efectivamente iba a ser puesto a disposición pero que la Policía Ministerial del estado acudió por esa persona debido a que tenía una orden de aprehensión. Asienta además el licenciado Medina García que ese mismo día a las diez horas con treinta y cuatro minutos realizó una llamada telefónica a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes a la Dirección de Investigación Especializada y que una vez que le contestaron se identificó como Agente del Ministerio Público y solicitó información de que en esa dirección se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez y refiere que el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada le dijo que él era el encargado de la averiguación previa marcada con el número DGIE/AGS/16677/11-15 y que se cuenta con la declaración del indiciado donde efectivamente declaró haber privado de la vida a Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano y que esto había sido en el municipio de Loreto, Zacatecas, que dicha persona le informó estar a disposición para la información que requiera. De igual forma la Fiscalía dice contar con un informe marcado con el número de oficio 03881/9-7 signado por el maestro Juan Antonio Zermeño Romo Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, a través de la cual informa que el licenciado Hugo Medina García, Agente del Ministerio Público le solicitó la información y él rinde el respectivo informe señalando que Jorge Alberto Guerrero Martínez no estuvo detenido o puesto a disposición dentro de la Averiguación Previa 16677/11-15, sino que fue informado a la representación social mediante informe de investigación por parte de Agentes Investigadores de la Policía Ministerial que dicha persona se encontraba a disposición de la Unidad Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de Estado de Aguascalientes por lo cual se solicitaron los correspondientes documentos y la autorización a efecto de recabar la declaración ministerial del inculpado y remite al licenciado Hugo Eduardo Medina García, copia certificada de la averiguación previa señalada de donde advierte un informe de investigación del que se desprende la noticia criminal de la retención del señor Jorge Alberto Guerrero Martínez, por delitos contra la salud, así como un oficio del permiso para tomar su declaración ministerial y las correspondientes constancias para sostener la legal retención del mismo, así como la contestación del fiscal de que se encontraba el activo a disposición y las constancias de declaración ministerial con las respectivas diligencias previas y de esas copias destaca de acuerdo a lo señalado por el fiscal la entrevista al elemento captor de nombre Eduardo Antonio Esparza Reyes rendida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, en la que menciona que ese día se encontraba de recorrido de vigilancia sobre la carretera estatal 39 en la calle Locotam, en la comunidad de Zacatequillas, Cosío, Aguascalientes que observaron un vehículo de motor de la marca Mitsubishi color rojo y que le solicitaron a su conductor se detuviera para realizarle una revisión de vehículo, que al hacerlo pudieron observar el daño que presentaba el vehículo al parecer por impacto de arma de fuego en la puerta del copiloto y que el conductor del vehículo al ser cuestionado dijo llamarse Jorge Alberto Guerrero Martínez, que a éste debajo del asiento se le encontró un arma de fuego Smith and wesson, pavón color negro con un número grabado a su costado que es A245669 modelo 59, con un cargador por lo cual procedieron a asegurar a tal persona. Todos esos antecedentes de investigación que fueron referidos por la Fiscalía lo era con la finalidad de establecer que Jorge Alberto Guerrero Martínez, fue legalmente detenido, primero en flagrancia porque se le encontró en posesión de un arma de fuego de la marca Smith and wesson como se desprende de las constancias respectivas y que posteriormente a ello fue puesto a disposición de la Unidad Especializada al Combate al Narcomenudeo porque se cumplimentó una orden de aprehensión que había sido girada en su contra. Por tanto, ya una vez que se encontraba detenido el señor Jorge Alberto Guerrero Martínez, se cuenta también con un acta en la cual se designa un defensor particular y con un acta de constancia ministerial en la cual se le hace saber al señor Jorge Alberto Guerrero Martínez, en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete por parte del licenciado Juan Antonio Zermeño, Agente del Ministerio Público, los derechos que en su favor consagra el artículo 20 de la Constitución. Acta que, como lo señaló el fiscal se encuentra firmada precisamente por el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez y por el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo y ya estando detenido en esas circunstancias Jorge Alberto Guerrero Martínez, está la constancia de que rindió una declaración ministerial en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete ante el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, en donde de manera textual se le vuelve a hacer saber los derechos que en su favor consagra el artículo 20 Constitucional y se le vuelve a designar como su defensor público, se asienta que una vez que se le leyeron las constancias que acreditaron su responsabilidad en los hechos que se investigan en aquella fiscalía, de manera posterior éste indicó que una vez que conoce las imputaciones en su contra en su calidad de indiciado pudo advertirse con estas constancias platicando con su defensor en una plática privada que tuvo y que éste a quien consultó la averiguación le manifestó el imputado que sí era su deseo rendir declaración sobre los hechos que se investigan y en la parte conducente Jorge Alberto Guerrero Martínez señaló: Que la última vez que vio a Mario Said fue el viernes pasado se echaron unos vinos y le contó como salió absuelto por el homicidio de Aldo que los jueces le creyeron su cuento diciendo que él no saldría tan a la luz y que ahora trabajaba a través de su socio y amigo Omar Francisco Ramírez Ruiz alias "el Poy", ya que Mario le invirtió una lana de capital para comprar mercancía y que "el Poy" se estaba tratando de reclutar a los tienderos, que "el Poy" vive en el municipio de Cosío y que trae como cuatro o cinco tienderos vendiendo mucha droga aunque la droga la guarda en otro lado. Menciona además el imputado que respecto a la sociedad de "el Poy" y Mario no es nueva que lleva mucho tiempo y recuerda que en octubre del año pasado él estaba trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación que estaba en Encarnación de Díaz y que le habló "el Poy" y le dijo que fuera a Rincón para darle en su madre a Víctor Martínez Ruvalcaba alias el "Vicky", así como a Alejandro Martínez Ruvalcaba alias "Tito la perra" ya que éstos andaban chapulineandole al "Poy" y que en ese tiempo Mario estaba detenido por el homicidio de Aldo por lo que él se fue para Rincón de Romos y que aprovechando que él conocía a Tito, le habló por teléfono para ofrecerle cristal barato, éste le dijo que sí, que fuera con rumbo a Cosío. Que se vieron en la cabecera municipal y ésta persona iba junto con la "Vicky" y con otra persona que no tenía nada que ver, que solo recuerda que se llama Felipe que se subió a su camioneta que era una Tahoe, modelo mil novecientos noventa, color dorado que se fueron con rumbo a Loreto, que les dijo que se orillaran por una arboleda para orinar, que se bajaron todos y él les disparó con un arma calibre nueve milímetros a los tres, los dejó muertos y se llevó la camioneta hasta Ojuelos, Jalisco, donde la vendió en diez mil pesos, que le aviso "al Poy" y este le dijo que estaba bien pero que no le pagó nada y que tanto Mario como "El Poy" son personas peligrosas. Posterior a esto se le concedió el uso de la voz al abogado defensor quien manifestó que el imputado estaba informado de los alcances legales de su declaración y que como era su derecho rendir una declaración, lo hizo y que busca cooperar con la autoridad. Esta declaración ministerial a consideración de esta juzgadora constituye un antecedente de investigación con valor de indicio que debe ser tomado en cuenta en virtud que esa declaración la rindió Jorge Alberto Guerrero Martínez, estando legalmente detenido por otros hechos, siendo sabedor de los derechos que como inculpado le asistían y que consagra en su favor el artículo 20 constitucional y además en presencia de su defensor. Por otra parte no existen datos que la hagan inverosímil ya que por el contrario es coincidente en cuanto al número de víctimas, en cuanto al lugar donde fueron privados de la vida en el Ejido el Coyote, cerca de una arboleda y Jorge Alberto refiere que él les pidió que se detuvieran para orinar en una arboleda. Por tanto hasta ese momento esta declaración no ha sido desvirtuada con otros datos de pruebas, ya que si bien es cierto el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez ha hecho uso de su derecho a rendir una declaración en esta audiencia en la que de manera esencial dijo que a él lo hicieron firmar esa declaración en base a tortura, que le dieron a firmar unos papeles que él no leyó, que le dijeron que se iba a chingar a todos los muertitos por no quererles poner al licenciado Mario Said, que firmó en base a torturas, sin embargo, esa declaración por sí sola sin el apoyo de algún otro dato de prueba no puede tener el valor probatorio suficiente ni el alcance necesario para desvirtuar su confesión inicial que sobre los hechos hizo en su primera declaración, es decir, todo lo declarado por Jorge Alberto Guerrero Martínez no está corroborado con algún otro dato de prueba de que hubiere sido perseguido por los elementos de la policía ministerial de la ciudad de Aguascalientes que ellos buscaban que les pusiera al licenciado Mario Said para secuestrarlo y bajarle un millón de pesos y que como se negó a hacerlo, pues se fueron sobre él y lo hicieron firmar esa declaración en base a torturas, hasta este momento no existe ningún dato que lo corrobore. Que si bien es cierto que la defensa también argumenta que esa declaración del imputado en la que rinde una declaración de los hechos ya fue declarada nula por un juez de Distrito del estado de Aguascalientes por haberse demostrado que fue obtenida en base a tortura, lo cierto es, que ese es un mero argumento del defensor que no puede tomarse en cuenta porque esas resoluciones de amparo, como bien lo señaló el fiscal, no han sido allegadas a la carpeta de investigación, tampoco fueron ofertadas como pruebas documentales en esta audiencia a pesar de que se tuvo la oportunidad de haberlo hecho, recordemos que después de la audiencia inicial que tuvo lugar el día veintiséis de agosto, el imputado decidió acogerse a la duplicidad del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas existió un término de aproximadamente seis días, se le hizo saber al imputado que ese término era con el objeto de que él pudiera establecer o preparar su defensa, en ese tiempo se pudieron haber allegado esas resoluciones de amparo a la carpeta de investigación para que el fiscal las conociera, se pudieron haber ofertado como prueba documental en esta audiencia para haber debatido sobre la veracidad o el pronunciamiento que existe ya en ese sentido por parte de un juez de Distrito, sin embargo, no se ha hecho y todo ha quedado en meros argumentos de la defensa y no pueden tener el alcance necesario ni el valor probatorio suficiente para desvirtuar todos los antecedentes de investigación que presentó la fiscalía y esos que presentó la fiscalía como ya vimos nos indican que Jorge Alberto Guerrero Martínez fue legalmente detenido, primero en flagrancia por portación de arma de fuego y que posteriormente le fue cumplimentada una orden de aprehensión por narcomenudeo y que ya estando detenido debidamente sabedor de los derechos que en su favor consagra la constitución y en presencia de un defensor rindió esa declaración y pues lo señalado por la defensa queda en meros argumentos porque no se exhibieron, no se allegaron a la carpeta las pruebas documentales correspondientes y tampoco fueron ofertadas como pruebas en esta audiencia, pudieron haberse ofertado como una prueba documental y haberse dado vista a la fiscalía y haberse desahogado por lectura, lo que no se hizo y sus argumentos resultan insuficientes para desvirtuar los antecedentes que presentó la fiscalía. Por tanto se considera que la declaración del imputado rendida de manera voluntaria en presencia de su defensor y siendo conocedor de los derechos que en su favor consagra la Constitución General de la República tiene valor de indicio suficiente para en esta etapa procesal para considerar que existe, al menos la probabilidad, de que el ahora imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez, en las circunstancias de tiempo modo y lugar ya precisados, en calidad de autor material en términos del artículo 11, fracción I, del Código Penal del estado de Zacatecas, cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio en número de tres en perjuicio de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. Ello en atención a que, como recordarán el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional en esta etapa procesal no existe que la responsabilidad penal esté plenamente acreditada que haya pruebas claras, contundentes para la responsabilidad del imputado, sino que requiere únicamente que exista la probabilidad de que él lo cometió y considero que esa probabilidad existe con lo ya señalado, con la confesión que rindió estando legalmente detenido y debidamente asesorado por un defensor. Ahora bien, por lo que se refiere a las calificativas de delito que el ministerio público consideró acreditadas, esta juzgadora considera que de acuerdo con la mecánica de los hechos se puede desprender de la declaración ministerial del imputado se advierte que éste sí reflexionó previamente sobre los delitos de homicidio que pretendía cometer y sobre la forma de llevarlos a cabo, tan es así que se tomó el tiempo para hablar por teléfono con uno de ellos para ofrecerle cristal barato, lo citó en Cosío a donde llegó acompañado de otras dos personas que son las otras dos víctimas, se subió en su camioneta, se fueron rumbo a Loreto, indicándoles que se pararan para orinar junto a una arboleda, al descender todos del vehículo los privó de la existencia mediante disparos de arma de fuego, lo que actualiza la calificativa de premeditación en virtud de que hubo reflexión previa sobre la comisión de los delitos y sobre la forma de llevarlos a cabo. La utilización de un arma de fuego indudablemente con lo cual deja al imputado en una situación de invulnerabilidad respecto de las víctimas porque ninguna de las víctimas se encontraba armado y por ese motivo actuó en una situación de superioridad respecto de éstos sin correr riesgo alguno de ser muerto o lesionado por ellos, lo cual acredita la calificativa de ventaja y de igual forma se considera que el imputado sorprendió intencionalmente de improviso a las víctimas para no darles oportunidad de defenderse o de repeler la agresión de la que fueron objeto lo cual se acredita también la calificativa de alevosía. Sin embargo, no se actualiza la calificativa de traición porque no se violó la fe y seguridad que expresamente se había prometido a las víctimas o la tácita que estas debían esperar del imputado en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquier otro tipo que inspire confianza ya que a ese respecto Jorge Alberto Guerrero Martínez en su declaración señaló que él conocía a la persona apodado "Tito la Perra" a quien citó en Cosío, Aguascalientes, para venderle cristal barato, pero en ningún momento señaló que tuviera algún lazo de parentesco, amistad o cualquier otro que inspire confianza con dichas personas, si no únicamente que lo conocía, por tanto, no se actualiza en razón de ello, la calificativa de traición. Finalmente se considera que por lo que se refiere al último de los requisitos a que exige el artículo 316 no se advierte o no se actualiza hasta este momento alguna causa de extinción de la acción penal o alguna excluyente de delito y en ese sentido considero que se han actualizado todos y cada uno de los requisitos que exigen los artículos 19 constitucional, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto se resuelve lo siguiente: Primero, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez porque existe la probabilidad de que en calidad de autor material cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en número de tres en perjuicio de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. Segundo, se hace saber a las partes que conforme a lo dispuesto por los artículos 467, fracción VII, del Código Nacional el presente auto es apelable y para ello disponen del término de tres días. Tercero, quedan en este acto debidamente notificados los intervinientes en términos del artículo 73 del Código Penal del contenido de esta resolución. Y en atención que el imputado se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Varonil de la ciudad de Aguascalientes, se ordena informar al director de dicho centro mediante oficio, que el imputado ha sido vinculado a proceso por los delitos ya referidos. De lo que se pone en evidencia que la autoridad jurisdiccional responsable tomó en cuenta los antecedentes de la investigación que fueron expuestos por la representación social, que en esencia reprodujo la Jueza de Control, de los que desprendió el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho considerado ilícito, esto es, de manera suficiente, la responsable analizó y ponderó de forma conjunta los datos de prueba, los que resultan aptos, pertinentes e idóneos para llegar al convencimiento de que en esa estadía procesal, se tuviera por acreditados el hecho que la ley señala como el delito de homicidio previsto y sancionado por los artículos 293, 299, 301, fracción I, en relación al artículo 5, 6, fracción I, 7 fracción I y 11, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de las víctimas Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. Una vez precisado lo anterior, de un examen de los datos de prueba que la jueza natural tomó en consideración, conforme a un grado de razonabilidad, así como normas rectoras, entre otras, la legalidad, la ponderación, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario, permiten considerar que esas fuentes de prueba sí son idóneas, pertinentes y, en su conjunto, útiles para justificar que en el mundo fáctico alguien realizó los hechos que la ley señala como el delito de homicidio, anteriormente precisado. Máxime que el quejoso al emitir su primigenia declaración admitió haber realizado el hecho considerado como delito de homicidio. Por ello, se considera acertada la determinación de la Jueza de Control, en atención a que en el nuevo sistema no es necesario para la etapa actual, que en la precisión del hecho delictuoso se mencione con qué pruebas se acredita, sino que en su conjunto se advierta el hecho delictuoso; ya que basta con que el juez encuadre el hecho imputado a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Sirve de apoyo, la tesis de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones 'comprobar' por 'establecer' y 'cuerpo del delito' por 'hecho que la ley señala como delito', las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de 'pruebas' ni se exige 'comprobar' que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado 'cuerpo del delito', entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." De lo que se desprende que, en los aspectos precisados, no existe violación al derecho fundamental contenido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el auto de vinculación a proceso, la Jueza de Control responsable expresó el delito que se imputa al acusado; así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, además de los datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito. Con lo que, de igual forma, se cumplió con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque de los antecedentes expuestos por el agente del Ministerio Público, la autoridad responsable desprendió datos de prueba con los que estableció que se ha cometido un delito. Acreditación de que probablemente el imputado cometió el hecho que la ley señala como ilícito. Al respecto, también se coincide esencialmente con las consideraciones que expuso la autoridad responsable, ya que al establecer los hechos que la ley señala como delito, también derivó que fue Jorge Alberto Guerrero Martínez, quien probablemente los cometió a título de autor material, pues al respecto, la jueza de control señaló: Por lo que se refiere a la probabilidad de que el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez, cometió el hecho que la ley señala como el delito homicidio en número de tres, la Fiscalía le atribuye la calidad de autor material en términos del artículo 11, fracción I, del Código Penal y para ello tomó en consideración los siguientes antecedentes de investigación. En primer término una constancia de llamada telefónica signada por el licenciado Hugo Eduardo Medina García Agente del Ministerio Público, de quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual asienta que recibió una llamada telefónica por parte de Esmeralda Valadez Gómez, donde le menciona le hacía del conocimiento que de acuerdo a los hechos donde fue privado de la vida su hijo Víctor Andrés Saucedo Valadez, que se había enterado que el once de septiembre de ese mes y año, había sido detenida una persona del sexo masculino de nombre Jorge Alberto Guerrero Martínez, en el municipio de Cosío, Aguascalientes, por policías estatales de aquél estado y que este portaba armas, que al parecer al rendir su declaración confesó haber asesinado a su hijo Víctor Andrés Saucedo Valadez, así como a Felipe Ramírez Serrano y a Alejandro Martínez Ruvalcaba y preguntaba dicha persona qué podía hacer para evitar que esta persona saliera de la cárcel y para que se le juzgara por la muerte de su hijo y el agente del Ministerio Público le informó que se encargaría de recabar la información correspondiente. También tomó en consideración una segunda constancia de llamada telefónica por parte del licenciado Hugo Eduardo Medina García de quince de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual asienta que realizó una llamada telefónica de su oficina al número de la Procuraduría General de Aguascalientes en la cual pidió hablar con quién le pudiera dar información si en esa Delegación fue puesto a disposición por parte de la Policía Estatal de Aguascalientes, el lunes once de ese mes y año una persona de nombre Jorge Alberto Guerrero Martínez por portación de arma de fuego y asentó que la secretaria de nombre Araceli Mendoza le mencionó que efectivamente iba a ser puesto a disposición pero que la Policía Ministerial del estado acudió por esa persona debido a que tenía una orden de aprehensión. Además el licenciado Medina García asentó que ese mismo día a las diez horas con treinta y cuatro minutos realizó una llamada telefónica a la Fiscalía General de Justicia de Estado de Aguascalientes a la Dirección de Investigación Especializada y que una vez que le contestaron se identificó como Agente del Ministerio Público y solicitó información de que en esa dirección se había solicitado una orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez y refiere que el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada, le dijo que él era el encargado de la averiguación previa marcada con el número DGIE/AGS/16677/11-15 y que se cuenta con la declaración del indiciado donde efectivamente declaró haber privado de la vida a Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano y que esto había sido en el municipio de Loreto, Zacatecas, que dicha persona le informó estar a disposición para la información que requiera. De igual forma, señaló la jueza, que la Fiscalía dice contar con un informe marcado con el número de oficio 03881/9-7 signado por el maestro Juan Antonio Zermeño Romo, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, de fecha quince de septiembre de dos mil diecisiete, a través de la cual informa que el licenciado Hugo Medina García, Agente del Ministerio Público le solicitó la información y él rinde el respectivo informe señalando que Jorge Alberto Guerrero Martínez no estuvo detenido o puesto a disposición dentro de la Averiguación Previa 16677/11-15, sino que fue informado a la representación social mediante informe de investigación por parte de Agentes Investigadores de la Policía Ministerial que dicha persona se encontraba a disposición de la Unidad Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Procuraduría General de Justicia de Estado de Aguascalientes, por lo cual se solicitaron los correspondientes documentos y la autorización a efecto de recabar la declaración ministerial del inculpado y remite al licenciado Hugo Eduardo Medina García, copia certificada de la averiguación previa señalada de donde advierte un informe de investigación del que se desprende la noticia criminal de la retención del señor Jorge Alberto Guerrero Martínez, por delitos contra la salud, así como un oficio del permiso para tomar su declaración ministerial y las correspondientes constancias para sostener la legal retención del mismo, así como la contestación del fiscal de que se encontraba el activo a disposición y las constancias de declaración ministerial con las respectivas diligencias previas. De esas copias destacó la jueza, de acuerdo a lo señalado por el fiscal, la entrevista al elemento captor de nombre Eduardo Antonio Esparza Reyes, rendida ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, el once de septiembre de dos mil diecisiete, en la que menciona que ese día se encontraba de recorrido de vigilancia sobre la carretera estatal 39 en la calle Locotam, en la comunidad de Zacatequillas, Cosío, Aguascalientes, que observaron un vehículo de motor de la marca Mitsubishi color rojo y que le solicitaron a su conductor se detuviera para realizarle una revisión de vehículo, que al hacerlo pudieron observar el daño que presentaba el vehículo al parecer por impacto de arma de fuego en la puerta del copiloto y que el conductor del vehículo al ser cuestionado dijo llamarse Jorge Alberto Guerrero Martínez, que éste debajo del asiento se le encontró un arma de fuego Smith and wesson, pavón color negro con un número grabado a su costado que es A245669 modelo 59, con un cargador por lo cual procedieron a asegurar a tal persona. Señaló también la jueza responsable que, todos esos antecedentes de investigación que fueron referidos por la Fiscalía lo era con la finalidad de establecer que Jorge Alberto Gurrero Martínez, fue legalmente detenido, primero en flagrancia porque se le encontró en posesión de un arma de fuego de la marca Smith and wesson como se desprende de las constancias respectivas y que posteriormente a ello fue puesto a disposición de la Unidad Especializada al Combate al Narcomenudeo porque se cumplimentó una orden de aprehensión que había sido girada en su contra. Por tanto, ya una vez que se encontraba detenido el señor Jorge Alberto Gurrero Martínez, se cuenta también con un acta en la cual se designa un defensor particular y con un acta de constancia ministerial en la cual se le hace saber al señor Jorge Alberto Gurrero Martínez, en fecha once de septiembre de dos mil diecisiete por parte del licenciado Juan Antonio Zermeño, Agente del Ministerio Público, los derechos que en su favor consagra el artículo 20 de la Constitución. Acta que, dijo, la jueza, como lo señaló el fiscal se encuentra firmada precisamente por el imputado Jorge Alberto Gurrero Martínez y por el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo y ya estando detenido en esas circunstancias Jorge Alberto Guerrero Martínez, hay la constancia de que rindió una declaración ministerial en fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete ante el licenciado Juan Antonio Zermeño Romo Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Aguascalientes, en donde de manera textual se le vuelve a hacer saber los derechos que en su favor consagra el artículo 20 Constitucional y se le vuelve a designar como su defensor público, se asienta que una vez que se le leyeron las constancias que acreditaron su responsabilidad en los hechos que se investigan en aquella fiscalía, de manera posterior éste indicó que una vez que conoce las imputaciones en su contra en su calidad de indiciado pudo advertirse con estas constancias platicando con su defensor en una plática privada que tuvo y que éste a quien consultó la averiguación le manifestó el imputado que sí era su deseo rendir declaración sobre los hechos que se investigan y en la parte conducente Jorge Alberto Gurrero Martínez señaló: Que la última vez que vio a Mario Said se echaron unos vinos y le contó como salió absuelto por el homicidio de Aldo, que los jueces le creyeron su cuento diciendo que él no saldría tan a la luz y que ahora trabajaba a través de su socio y amigo Omar Francisco Ramírez Ruiz alias el "Poy", ya que Mario le invirtió una lana de capital para comprar mercancía y que el "Poy", se estaba tratando de reclutar a los tienderos, que el "Poy", vive en el municipio de Cosío y que trae como cuatro o cinco tienderos vendiendo mucha droga porque la droga la guarda en otro lado. Menciona además el imputado que respecto a la sociedad de "Poy", y Mario no es nueva que lleva mucho tiempo y recuerda que en octubre de dos mil dieciséis él estaba trabajando para el Cártel Jalisco Nueva Generación que estaba en Encarnación de Díaz y que le habló el "Poy", y le dijo que fuera a Rincón para darle en su madre a Víctor Martínez Ruvalcaba alias el "Vicky", así como a Alejandro Martínez Ruvalcaba alias "Tito la Perra" ya que éstos andaban chapulineandole al "poy" y que en ese tiempo Mario estaba detenido por el homicidio de Aldo por lo que él se fue para Rincón de Romos y que aprovechando que él conocía a Tito, le habló por teléfono para ofrecerle cristal barato, éste le dijo que sí, que fuera rumbo a Cosío. Que se vieron en la cabecera municipal y ésta persona iba junto con la "Vicky" y con otra persona que no tenía nada que ver, que solo recuerda que se llama Felipe que se subió a su camioneta, era una Tahoe, modelo mil novecientos noventa, color dorado, que se fueron con rumbo a Loreto y les dijo que se orillaran por una arboleda para orinar que se bajaron todos y él les disparó con un arma calibre nueve milímetros a los tres, los dejó muertos y se llevó la camioneta hasta Ojuelos, Jalisco, donde la vendió en diez mil pesos, que le avisó al "Poy" y éste le dijo que estaba bien pero que no le pagó nada y que tanto Mario como "El Poy" son personas peligrosas. Posterior a esto se le concedió el uso de la voz al abogado defensor quien manifestó que el imputado estaba informado de los alcances legales de su declaración y que como era su derecho rendir una declaración, lo hizo y que busca cooperar con la autoridad. Esa declaración ministerial a consideración de la jueza responsable, constituye un antecedente de investigación con valor de indicio que debe ser tomado en cuenta en virtud que esa declaración la rindió Jorge Alberto Guerrero Martínez, estando legalmente detenido por otros hechos, siendo sabedor de los derechos que como inculpado le asistían y que consagra en su favor el artículo 20 constitucional y además en presencia de su defensor. Agregó la jueza responsable, que no existen datos que la hagan inverosímil ya que por el contrario es coincidente en cuanto al número de víctimas, en cuanto al lugar donde fueron privados de la vida en el Ejido el Coyote, cerca de una arboleda y Jorge Alberto refiere que él les pidió que se detuvieran para orinar en una arboleda. Por tanto hasta ese momento esta declaración no ha sido desvirtuada con otros datos de pruebas, ya que si bien es cierto el imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez ha hecho uso de su derecho a rendir una declaración en esta audiencia en la que de manera esencial dijo que a él lo hicieron firmar esa declaración en base a tortura, que le dieron a firmar unos papeles que él no leyó, que le dijeron que se iba a chingar a todos los muertitos por no quererles poner al licenciado Mario Said, que firmó en base a torturas, sin embargo, esa declaración por sí sola sin el apoyo de algún otro dato de prueba no puede tener el valor probatorio suficiente ni el alcance necesario para desvirtuar su confesión inicial que sobre los hechos hizo en su primera declaración, es decir, todo lo declarado por Jorge Alberto Guerrero Martínez no está corroborado con algún otro dato de prueba de que hubiere sido perseguido por los elementos de la policía ministerial de la ciudad de Aguascalientes, que ellos buscaban que les pusiera al licenciado Mario Said para secuestrarlo y bajarle un millón de pesos y que como se negó a hacerlo, pues se fueron sobre él y lo hicieron firmar esa declaración en base a torturas, hasta este momento no existe ningún dato que lo corrobore. Que si bien es cierto que la defensa también argumenta que esa declaración del imputado en la que rinde una declaración de los hechos ya fue declarada nula por un juez de Distrito del estado de Aguascalientes por haberse demostrado que fue obtenida en base a tortura, lo cierto es, que ese es un mero argumento del defensor que no puede tomarse en cuenta porque esas resoluciones de amparo como bien lo señaló el fiscal no han sido allegadas a la carpeta de investigación, tampoco fueron ofertadas como pruebas documentales en esta audiencia a pesar de que se tuvo la oportunidad de haberlo hecho, recordemos que después de la audiencia inicial que tuvo lugar el día veintiséis de agosto, el imputado decidió acogerse a la duplicidad del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, existió un término de aproximadamente seis días. Que se le hizo saber al imputado que ese término era con el objeto de que él pudiera establecer o preparar su defensa, en ese tiempo se pudieron haber allegado esas resoluciones de amparo a la carpeta de investigación para que el fiscal las conociera, se pudieron haber ofertado como prueba documental en esa audiencia para haber debatido sobre la veracidad o el pronunciamiento que existe ya en ese sentido por parte de un juez de Distrito. Que sin embargo, no se ha hecho y todo ha quedado en meros argumentos de la defensa y no pueden tener el alcance necesario ni el valor probatorio suficiente para desvirtuar todos los antecedentes de investigación que presentó la fiscalía y esos que presentó la fiscalía como ya vimos nos indican que Jorge Alberto Guerrero Martínez fue legalmente detenido, primero en flagrancia por portación de arma de fuego y que posteriormente le fue cumplimentada una orden de aprehensión por narcomenudeo, y que ya estando detenido debidamente sabedor de los derechos que en su favor consagra la constitución y en presencia de un defensor, rindió esa declaración y pues lo señalado por la defensa queda en meros argumentos porque no se exhibieron, no se allegaron a la carpeta las pruebas documentales correspondientes y tampoco fueron ofertadas como pruebas en esta audiencia, pudieron haberse ofertado como una prueba documental y haberse dado vista a la fiscalía y haberse desahogado por lectura, lo que no se hizo y sus argumentos resultan insuficientes para desvirtuar los antecedentes que presentó la fiscalía. Por tanto se considera que la declaración del imputado rendida de manera voluntaria en presencia de su defensor y siendo conocedor de los derechos que en su favor consagra la Constitución General de la República, tiene valor de indicio, suficiente en esa etapa procesal para considerar que existe al menos la probabilidad de que el ahora imputado Jorge Alberto Guerrero Martínez, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar ya precisados, en calidad de autor material en términos del artículo 11, fracción I, del Código Penal del estado de Zacatecas, cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio en número de tres en perjuicio de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. Ello en atención a que, el artículo 19 constitucional y el artículo 316 del Código Nacional en esta etapa procesal no existe que la responsabilidad penal esté plenamente acreditada que haya pruebas claras, contundentes para la responsabilidad del imputado, sino que requiere únicamente que exista la probabilidad de que él lo cometió y considero que esa probabilidad existe con lo ya señalado, con la confesión que rindió estando legalmente detenido y debidamente asesorado por un defensor. En cuanto a las calificativas precisadas por el fiscal, la juez responsable consideró: Que de acuerdo con la mecánica de los hechos se puede desprender de la declaración ministerial del imputado se advierte que éste sí reflexionó previamente sobre los delitos de homicidio que pretendía cometer y sobre la forma de llevarlos a cabo, tan es así que se tomó el tiempo para hablar por teléfono con uno de ellos para ofrecerle cristal barato, lo citó en Cosío a donde llegó acompañado de otras dos personas que son las otras dos víctimas, se subió en su camioneta, se fueron rumbo a Loreto, indicándoles que se pararan para orinar junto a una arboleda, al descender todos del vehículo los privó de la existencia mediante disparos de arma de fuego, lo que actualiza la calificativa de premeditación en virtud de que hubo reflexión previa sobre la comisión de los delitos y sobre la forma de llevarlos a cabo. La utilización de un arma de fuego indudablemente con lo cual deja al imputado en una situación de invulnerabilidad respecto de las víctimas porque ninguna de las víctimas se encontraba armado y por ese motivo actuó en una situación de superioridad respecto de éstos sin correr riesgo alguno de ser muerto o lesionado por ellos, lo cual acredita la calificativa de ventaja y de igual forma se considera que el imputado sorprendió intencionalmente de improviso a las víctimas para no darles oportunidad de defenderse o de repeler la agresión de la que fueron objeto, lo cual se acredita también la calificativa de alevosía. Sin embargo, dijo, no se actualiza la calificativa de traición porque no se violó la fe y seguridad que expresamente se había prometido a las víctimas o la tácita que éstas debían esperar del imputado en razón de parentesco, gratitud, amistad o cualquier otro tipo que inspire confianza, ya que a ese respecto Jorge Alberto Guerrero Martínez en su declaración señaló que él conocía a la persona apodado "Tito la Perra" a quien citó en Cosío, Aguascalientes, para venderle cristal barato, pero en ningún momento señaló que tuviera algún lazo de parentesco, amistad o cualquier otro que inspire confianza con dichas personas, si no únicamente que lo conocía, por tanto, no se actualiza en razón de ello, la calificativa de traición. Finalmente, sostuvo la jueza responsable, se considera que por lo que se refiere al último de los requisitos a que exige el artículo 316 no se advierte o no se actualiza hasta este momento alguna causa de extinción de la acción penal o alguna excluyente de delito y en ese sentido considero que se han actualizado todos y cada uno de los requisitos que exigen los artículos 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, se resolvió lo siguiente: "Primero, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez porque existe la probabilidad de que en calidad de autor material cometió el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en número de tres en perjuicio de de Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano. Segundo, se hace saber a las partes que conforme a lo dispuesto por los artículos 467, fracción VII, del Código Nacional el presente auto es apelable y para ello disponen del término de tres días. Tercero, quedan en este acto debidamente notificados los intervinientes en términos del artículo 73 del Código Penal del contenido de esta resolución. Y en atención que el imputado se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Varonil de la ciudad de Aguascalientes, se ordena informar al director de dicho centro mediante oficio, que el imputado ha sido vinculado a proceso por los delitos ya referidos." De lo antes señalado tenemos que, lo que para la fase procesal que se analiza, ciertamente pone de relieve la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, fue quien cometió la conducta ilícita que se le reprocha, toda vez que los hechos imputados fueron suficientemente sustentados con los datos de prueba aportados por la fiscalía y de igual forma, ponderados por la jueza de control para emitir su determinación en los términos que lo hizo. Esto es, que materialmente privó de la vida a tres personas del sexo masculino, que se le atribuye, de manera probable. En esa tesitura, se itera que las consideraciones razonadas de la jueza de control, en cuanto a que para la fase procesal que se analiza, sólo se recaban datos de prueba que se adviertan idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictuoso y la probable participación del imputado; lo que es acorde con lo dispuesto en los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la jueza de control, al emitir el auto de vinculación a proceso realiza un ejercicio respecto de los datos de prueba que no es valorativo, sino únicamente los pondera para determinar si existe una conducta que se adecue al hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. Ahora, por lo que hace al motivo de disenso que hace valer la quejosa en el sentido de que, la autoridad responsable viola en perjuicio del quejoso la garantía de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal consagrada en el artículo 14 constitucional. Que la autoridad responsable violando la garantía de estricta legalidad en materia penal, aplicando inexactamente la ley y violando los principios reguladores de la valoración de las pruebas, admite como prueba la declaración ministerial que se le realizó de manera ilegal dentro de la carpeta de investigación 023/05-2016 de la Dirección General de Atención del estado de Aguascalientes, aunque esta declaración fue a base de tortura y fuera de procedimiento, es decir, fue recabada sin la presencia del juez que dictó la orden de aprehensión, dejándolo en completo estado de indefensión. Que se le detiene supuestamente por un delito de posesión de narcóticos y en el lapso de investigación por el supuesto delito de flagrancia de posesión de narcóticos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, ilícitamente y maliciosamente sin avisar a la autoridad Juez de Control y Juicio Oral con sede en Rincón de Romos, Aguascalientes, respecto de que ya tiene cumplimentada la orden de aprehensión, sin observar y cumplir las formalidades del procedimiento, obtienen pruebas ilícitas, violando la Carta Magna. No le asiste la razón al quejoso, toda vez que, contrariamente a lo por él señalado, fue correcta la determinación de la responsable al otorgarle valor probatorio a la primigenia declaración del ahora quejoso en la que confesó haber realizado el hecho considerado como delito de homicidio en número de tres. Lo anterior, en virtud de que, esa declaración del imputado fue emitida una vez que fue detenido en flagrancia al habérsele asegurado un arma de fuego calibre nueve milímetros, además, fue asesorado por el defensor público para ello, sin que se encuentre demostrado que para emitir esa declaración hubiese sido obligado para autoincrimarse, como lo asevera el quejoso. De ahí que la determinación de la jueza de darle valor de indicio a ese deposado fue correcto. En cuanto al segundo concepto de violación, la parte quejosa se duele que se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional toda vez que el auto de vinculación a proceso no se encuentra debidamente fundado ni motivado. A fin de justificar lo anterior, es menester precisar que aun cuando el acto reclamado -auto de vinculación a proceso- por esta vía, no se encuentra reglamentado en el artículo 16 de la Constitución Federal, ello no implica que la autoridad responsable se encuentre eximida de acatarlo al momento de emitir la citada resolución, puesto que los principios de legalidad y seguridad jurídica ahí consagrados, son de observarse por toda autoridad que emita actos de imperio sobre los gobernados y, por ello, se encontraba conminada a dictarlo en forma fundada y motivada. Esto es, mediante la cita de los preceptos legales que estime aplicables al caso, y mediante la exposición de las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que patentizaran la adecuación del hecho específico a la norma legal aplicable, con el único propósito de que las partes en un mismo acto procesal, conozcan las consideraciones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de la determinación tomada, que les permita preparar tanto los medios de impugnación ordinarios previstos en la ley adjetiva penal, como los extraordinarios contemplados en la Ley de Amparo, aunque ello no sea bajo la técnica jurídica que se empleaba en el sistema tradicional (sino en lenguaje sencillo), en términos de lo dispuesto por el numeral 68, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: "Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos." Robustece lo anterior, la jurisprudencia 260 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 175, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Ahora bien, de las constancias de la visualización del registro de audio y video contenido en el disco óptico en formato "DVD" que remitió la responsable ordenadora adjunto a su informe, mismos a los que se les otorgó valor probatorio respectivo en párrafos precedentes, y de los cuales se desprende que en audiencia oral celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, la jueza responsable decretó en contra de Jorge Alberto Guerrero Martínez auto de vinculación a proceso por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de homicidio calificado en número de tres, previsto y sancionado por los artículos 293, 299, 301, fracción I, en relación al artículo 5, 6, fracción I, 7, fracción I, y 11, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de las víctimas Víctor Andrés Saucedo Valadez, Alejandro Martínez Ruvalcaba y Felipe Ramírez Serrano, con una participación de manera dolosa y como autor material. Y al efecto, en observancia a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, para tener por justificados los elementos de la existencia de ese hecho delictuoso, relacionó los datos de prueba proporcionados por el fiscal e indicó qué se demuestra con éstos y cómo llegó a la conclusión de que son aptos para demostrar lo pretendido, efectuando una valoración conforme a las reglas de la lógica, conocimientos científicos o máximas de la experiencia, según la sana crítica, para concluir que esos elementos de juicio son conducentes a la controversia y suficientes para lo que se pretende demostrar a partir de la formulación de la imputación, sin que ello atente contra los aludidos principios del sistema acusatorio, pues no se trata de repetir desmedidamente esos datos, sino extraer lo concreto de cada uno e indicar qué es lo que justifica o sustenta, para no caer en los vicios del sistema anterior; de ahí que, esos propios fundamentos y motivos constituyen el sustento jurídico del fallo reclamado. Por cuanto hace al tercero de los motivos de inconformidad, es también infundado, en éste el quejoso refiere que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 22 constitucional, toda vez que la autoridad responsable debió dar vista a los derechos humanos para el conocimiento de la declaración judicial que rindió el quejoso respecto a que había sido víctima de tortura para firmar la declaración ministerial que obra en el proceso 3/2018 del índice del juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial de Rincón de Romos, Aguascalientes, por lo que solicita se revoque el auto de vinculación a proceso y se ordene reponer por otro donde se cumplan las formalidades del procedimiento. Como se dijo, es infundado el anterior motivo de inconformidad, toda vez que, si bien la parte quejosa al rendir su declaración ante la jueza responsable sostuvo que al emitir su primigenia declaración ante el Agente del Ministerio Público, fue objeto de tortura y que sólo firmó el documento que contiene su declaración sin haberle dado lectura. Tal afirmación es insuficiente para que con apoyo en ello, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ello, en virtud de que en su momento procesal oportuno, la autoridad judicial que conoce del proceso penal deberá emprender un estudio escrupuloso de los elementos probatorios aportados por el imputado que deriven directa o indirectamente de la tortura que dice el quejoso le fue infligida, únicamente en cuanto sustenten la imputación hacia el quejoso, al tenor de los parámetros constitucionales fijados en las reglas de exclusión de la prueba ilícita. En ese orden, tampoco se advierte que se haya dejado de observar alguna de las formalidades esenciales del procedimiento, pues la responsable dio al quejoso y a su defensor, así como a la representación social, la intervención debida en esa instancia; además de que la autoridad responsable invocó la normatividad que sustenta su determinación en la etapa que se analiza, es decir, preliminar, por lo que no es definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), con registro 2005716, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un 'núcleo duro', que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al 'núcleo duro', las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la 'garantía de audiencia', las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza." En las condiciones que han quedado puntualizadas, el acto reclamado cumple con las exigencias que establecen los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al sistema de proceso penal acusatorio y a los principios que lo rigen. Por lo anteriormente expuesto, y congruente con las anteriores consideraciones y sin que se observe alguna deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega a Jorge Alberto Guerrero Martínez, el amparo y la protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal en el juicio promovido por Jorge Alberto Guerrero Martínez, por conducto de su defensor, contra la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, contra los actos precisados en el considerando tercero y por los motivos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy nueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a nueve de septiembre de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: UNICO. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal en el juicio promovido por Jorge Alberto Guerrero Martínez, por conducto de su defensor, contra la autoridad responsable Jueza de Control del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, contra los actos precisados en el considerando tercero y por los motivos expresados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese; y personalmente....

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de mayo de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas CERTIFICA: Que del veintitrés de marzo al diez de mayo de dos mil veintidós, transcurrió el término de treinta días que le fue concedido a la tercero interesada Ma. Del Rosario Hernández González, a fin de que se presentara ante este órgano jurisdiccional a apersonarse al presente juicio tal y como se ordenó en auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. Que se encuentran fijadas las diez horas con treinta minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente asunto. En la misma fecha se da cuenta con las certificaciones que anteceden y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término de treinta días que le fue concedido a la parte tercero interesada Ma. Del Rosario Hernández González, mediante auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que se presentara ante este órgano jurisdiccional a apersonarse al presente juicio, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, y se determina que la notificación del presente proveído, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, se le practiquen por medio de lista que se fija y publica en los estrados de este Tribunal Federal, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Asimismo, dese vista a la parte tercero interesada en comento con los informes justificados que obran en autos por el término de ocho días para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por tanto, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del citado auto, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para este día; y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cindy En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

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