Jorge Alberto Martínez Ávila
Expediente 533/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 533/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jorge Alberto Martínez Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
El veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, certifica que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del quince al veintiocho de octubre de dos mil veintiuno; sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. No se tramitó incidente de suspensión. No existen pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el once de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es DESTRUIBLE en razón de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del aludido Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyanse en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de Amparo 533/2021, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del pedimento signado por la agente del Ministerio Público y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; y por exhibidas copias certificadas del laudo de doce de agosto del año en curso, dictado dentro del expediente laboral ordinario 668/2018, así como de las cédulas de notificación realizadas a la parte quejosa y tercero interesado municipio de Guadalupe, Zacatecas, mismas que fueron notificadas el veintitrés y veinticinco de agosto del año en curso, respecto del citado laudo, que remitió la magistrado Presidenta del Tribunal de Justicia Laboral Burocrático del estado de Zacatecas. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable, así como a las promociones con folios 13655 y 14461. El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la representante social de la adscripción en su pedimento 12419. A lo que el juez determina: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los mismos y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Por último, al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución. S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 533/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Jorge Alberto Martínez Ávila, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto que enseguida se precisan: "III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, AHORA DENOMINADO TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BOROCRÁTICO DEL ESTADO DE ZACATECAS. IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: La falta de cumplimiento a la obligación prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se establecen diversos principios que integran la Garantía Individual relativa al acceso a la impartición de la Justicia, a cuya observancia están obligadas las Autoridades que realizan actos materialmente Jurisdiccionales y en cuyo precepto Constitucional esta LA GARANTÍA INDIVIDUAL DE ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA que se consagra a favor de los Gobernados; los principios DE JUSTICIA PRONTA; de JUSTICIA COMPLETA; DE JUSTICIA IMPARCIAL Y DE JUSTICIA GRATUITA, principios que están encaminados a asegurar que las Autoridades encargadas de aplicar el derecho lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, de tal forma que las Autoridades como lo es el H. TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, AHORA DENOMINADO H. TRIBUNAL DE JUSTICIA LABORAL BUROCRATICO DEL ESTADO DE ZACATECAS, se encuentra obligado a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, por ser una Autoridad que realiza actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ambito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de Órganos judiciales, o bien, solo materialmente Jurisdiccionales y en la hipótesis a pesar de que el día - de - de 20 -- se cerró la instrucción documento en el que incluso se ordena pasen los autos al proyecto de Laudo respectivo, dentro de los autos del juicio laboral marcado con el número 668/2018, sin que la Autoridad responsable haya dictado el Laudo respectivo." Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se registró con el consecutivo 533/2021; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado y dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. ... se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Alberto Martínez Ávila, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
El veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con la promoción registrada con el número 14461. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, por el que en cumplimiento a lo requerido remite copia certificada de la notificación practicada a las partes respecto del laudo emitido en el expediente laboral 668/2018. En esa guisa, con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las copias certificadas de las constancias que allega, la que dada su propia y especial naturaleza se admite y desahoga; sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Notifíquese.
- Principal
El uno de septiembre de dos mil veintiuno, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 13655 y con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la promoción que remite la autoridad responsable magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, al que adjunta copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral de origen; con dicho ocurso dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia invocada, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta, mismas que se tienen admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Ahora, la mencionada autoridad remite, entre otras, copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral de origen; sin embargo, omitió enviar copia certificada de la notificación practicada a las partes en dicho sumario, respecto del indicado laudo. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la referida autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita la copia certificada de la notificación de que se trata, toda vez que se considera necesaria para resolver el presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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