Joel Neftali Medina May

Expediente 1005/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1005/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Joel Neftali Medina May

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: toda vez que mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, para que dentro del término de tres días contados a partir de su notificación, remitiera a este Juzgado Federal copia certificada y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, sin que a la fecha hubiere cumplido. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 1005/2022-VI-B, promovido por KARELLY ROSALÍA COLLINS CHACÓN, a favor del directo quejoso JOEL NEFTALI MEDINA MAY, contra los actos que reclama del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintidós, recibido por la Secretaria de Guardia de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, compareció KARELLY ROSALÍA COLLINS CHACÓN, a favor del directo quejoso JOEL NEFTALI MEDINA MAY, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades responsables: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. CON SEDE EN ESTA CIUDAD SEGUNDO. Suspensión de plano. Por auto de la misma fecha (catorce de abril de dos mil veintidós), se decretó de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesara de inmediato la incomunicación del directo quejoso. Así como para que también cesara la privación de la libertad fuera de procedimiento del directo quejoso, y fuera puesto en libertad de manera inmediata, si no fuere el caso, de haber sido detenido con motivo de la comisión de un hecho delictuoso, y estar sujeto a un procedimiento, pues de ser así, el efecto de la suspensión, sería para que fuera puesto a disposición, sin demora, ante el Ministerio Público correspondiente. Asimismo, si el motivo de la privación de la libertad obedeciera a la imposición de un arresto administrativo, la suspensión de plano otorgada tendría el efecto de interrumpir su ejecución, más no de extinguirla, por lo que podría reanudarse, de negarse el amparo en el juicio que se tramitara, en su caso. Asimismo, se ordenó requerir al directo quejoso para que en el acto de notificación del citado proveído o dentro del término de tres días computados legalmente, ratificara la demanda de amparo promovida a su favor. Por razón actuarial de catorce de abril del año en curso, la fedataria judicial adscrita a este Juzgado Federal, asentó que se constituyó en los separos del Centro de Readaptación Social del Estado (área de detenidos), donde se entrevistó con el directo quejoso quien manifestó que sí ratificaba la demanda promovida a su favor. TERCERO. Admisión de la demanda. En virtud de lo anterior, mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata; se solicitó su respectivo informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que precede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 en relación con el 56, de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hizo consistir el directo quejoso JOEL NEFTALI MEDINA MAY, en: La incomunicación y detención ilegal del directo quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación del directo quejoso, reclamados a las autoridades responsables: FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE YUCATÁN (10839). SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN (10455). DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (9612). CON SEDE EN ESTA CIUDAD Ello, pues así lo manifestaron las responsables, al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. En tales condiciones, ante la negativa respecto del referido acto reclamado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso (que en su momento se señaló como privación de la libertad fuera de procedimiento), es cierto, toda vez que así se desprende del informe justificado rendido por las responsables Fiscal General del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambas con sede en esta ciudad. Así como de las constancias que se adjuntaron a los mismos, de las que se advierte que el directo quejoso fue detenido el catorce de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a una orden de aprehensión dictada por el Juez Tercero de Control del Primero Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, derivada de la carpeta administrativa 38/2022 y fue recluido en el Centro de Reinserción Social. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la detención del directo quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; Se afirma lo anterior, ya que del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por el Fiscal General del Estado y Director de la Policía Estatal de Investigación, ambas con sede en esta ciudad, que obran en este sumario, las cuales alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se desprende que el aquí quejoso fue detenido el catorce de abril del año en curso, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el Juez Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, dictada el doce del referido mes y año, en autos de la carpeta administrativa número 38/2022, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ROBO CALIFICADO; asimismo, que en la propia fecha fue puesto a disposición del Juez de que se trata. Lo anterior, generó un cambio en su situación jurídica y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra el quejoso al haber sido detenido para ser puesto a disposición de una autoridad judicial. A más de que los actos reclamados no se encuentran dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, con número de registro 199808, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En consecuencia, al haberse concretado la causal de improcedencia respecto a dicho acto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por KARELLY ROSALÍA COLLINS CHACÓN, a favor del directo quejoso JOEL NEFTALI MEDINA MAY, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por KARELLY ROSALÍA COLLINS CHACÓN, a favor del directo quejoso JOEL NEFTALI MEDINA MAY, contra los actos de las autoridades responsables precisadas en esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Vistos estos autos incidentales y la cuenta que antecede, se ordena agregar el informe previo rendido por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Samahil, Yucatán, con sede en dicha localidad. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que el veintidós de marzo del año en curso, se declaró sin materia este incidente de suspensión, dejándose sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia respectiva. Independientemente de lo anterior, como lo solicita la responsable, téngase como a su delegado en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, el señalado para tal fin en su informe de mérito. Ahora bien, hágase del conocimiento de la citada autoridad, que el exhorto realizado en el auto inicial, a fin de que se proporcionaran a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosa y, en su caso, tercero interesada, no así para las autoridades responsables; en ese sentido, no ha lugar a tener por señalado el medio de comunicación proporcionado en el informe que se provee. Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como se solicita, se otorga autorización a la autoridad de mérito para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio, a través del usuario que indica. En consecuencia, proceda el Secretario a efectuar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el informe previo rendido por Director de Seguridad Pública Municipal de Panabá, Yucatán. Por lo que, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia incidental. Notifíquese y cúmplase.

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