Johan Elías Ruiz Canul
Expediente 2516/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2516/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Arturo Ruiz Poot
- Johan Elías Ruiz Canul
- Johan Elías Ruiz Canul y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veintisiete de abril de esta anualidad se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín, con el oficio registrado bajo el número 9621. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó personalmente el veintiocho de abril de dos mil veintidós; sin que a la fecha alguna de las partes desahogara la vista concedida. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ".la autoridad responsable Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, una vez que causé ejecutoria la sentencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial 37/2021; y hecho ello, 2. De oficio realice todas las diligencias necesarias, en el juicio de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial 37/2021, promovido por la hoy tercero interesada Miriam Georgina Canul Burgos, en contra del quejoso a fin de recabar la información que requiera, para dictar una nueva resolución en la que resuelva nuevamente el recurso de revocación planteado por la quejosa, con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios formales destacados en esta sentencia, esto es, para determinar lo procedente sobre los alimentos provisionales solicitados a favor de los menores quejosos de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., y a la brevedad, emita la resolución correspondiente, en la que determine lo relativo a la procedencia de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor de éstos." Por acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable que cumpliera con lo ordenado en la misma. A fin de dar cumplimiento a la sentencia concesora, mediante oficio sin número, registrado bajo el número 9621, agregado a estos autos el veintisiete de abril último, el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, informó a este Juzgado y acreditó que por auto de veintidós de abril del año en curso, dictado en autos del juicio especial de divorcio sin causales 37/2021, dejó insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, con motivo del recurso de revocación interpuesto en dicho procedimiento; asimismo, en el mismo proveído, emitió nueva disposición, en la que declaró que procedió parcialmente el recurso aludido, y decretó lo relativo a la pensión alimenticia; como se desprende de las constancias que allegó dicha autoridad con el oficio de mérito. Entonces, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se advierte que la citada autoridad responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias remitidas, ya que atendió cabalmente a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación, lo cual, se reitera, atendió en forma correcta. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos incidentales, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo de copias certificadas relativas al procedimiento especial de divorcio sin causales 37/2021, remitido por el juzgador responsable; en tal virtud, devuélvasele el citado tomo a dicha autoridad, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio firmado por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Kanasín; el cual, en cumplimiento al auto de veinticuatro de marzo del año en curso, remite en relación al acatamiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, a la tercero interesada Miriam Georgina Canul Burgos y a Erick Jiménez Contreras, asesor jurídico federal adscrito a la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, en su carácter de representante especial de los menores, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del oficio de cuenta así como de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se realizó el siete de marzo siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, prevéngase al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá, a cada una, la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2516/2021-III-B, promovido por **** contra el acto atribuido al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín; y, RESULTANDOS. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Jorge Arturo Ruiz Poot, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, mismos que hizo consistir en: ACTO 1 DEL JUZGADO CUARTO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN KANASÍN. El auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 37/2021, a través del cual se impone al quejoso una multa. DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN MÉRIDA. La ejecución de lo ordenado en el auto de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno. ACTO 2 DEL JUZGADO CUARTO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL PRIMER DEPARTAMENTO JUDICIAL DEL ESTADO, CON SEDE EN KANASÍN. La sentencia interlocutoria de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 37/2021, relativa al recurso de revocación que interpuso en contra del proveído de fecha once de octubre de dos mil veintiuno. Mediante proveído de veintisiete de diciembre del año pasado, este Juzgado Federal radicó dicha demanda de amparo bajo el número de expediente 2457/2021-II-B, ordenando la separación de juicios al considerar que los actos reclamados antes precisados eran autónomos, conociendo únicamente del acto identificado con el número uno, ordenando remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, copia certificada de la demanda de amparo y sus anexos, escrito aclaratorio y boleta de turno, a fin de proceder a su registro y turno correspondiente. SEGUNDO. En virtud de lo anterior, por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda que dio origen al presente juicio que fue radicado bajo el número 2516/2021-III-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, se realizó el trámite correspondiente a efecto de nombrar un asesor jurídico que fungiera como representante de los menores quejosos y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar en la audiencia que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 3 de 25 determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad. SEGUNDA. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable, fundamentalmente, lo siguiente: La resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa y confirmó el proveído de once de octubre del año pasado, dictado dentro del expediente 37/2021, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Miriam Georgina Canul Burgos en contra de Jorge Arturo Ruiz Poot. TERCERA. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 5 de 25 Certeza que se corrobora con las documentales que la autoridad responsable remitió con su informe de ley, a las que se les otorga el valor probatorio pleno de documento público de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTA. Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época1, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTA. Análisis de la litis constitucional. Previo al análisis de la litis constitucional, cabe destacar que en el presente juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos, pese a que tal circunstancia pudiere resultar, incluso, contraria a los intereses de la promovente del amparo. Ello es así, pues el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reproducido a su vez, en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido interpretado en el sentido que es deber de los tribunales federales que conozcan del juicio constitucional, suplir la deficiencia de los conceptos de violación en las materias y respecto de las categorías de personas que ahí se especifican, uno de cuyos supuestos, contemplado en la fracción II del artículo 79, prevé la suplencia de la deficiencia de la queja en favor de los menores o incapaces, sin que para determinar lo contrario sea relevante el carácter de quienes promuevan la demanda de amparo, ni la naturaleza de los derechos que se estén cuestionando, puesto que la institución de que se trata fue estructurada por el legislador no sólo para proteger los derechos familiares, sino también el bienestar de los menores de edad y de los incapaces. Bajo esa tesitura, los órganos federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 7 de 25 menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo, porque el interés jurídico en las cuestiones que puedan afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior de los menores de edad o de los incapaces. En ese tenor, la suplencia de la queja que deben respetar los órganos de control constitucional no se limita a una sola instancia, pues el alcance comprende desde el escrito inicial de demanda, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo, además tiene la facultad de recabar oficiosamente pruebas, esto es, aquéllos deben suplir la queja deficiente en todos los actos que integren el desarrollo del juicio para con ello lograr el bienestar del menor de edad o incapaz. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167, Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar con toda amplitud la litis sometida a su consideración, con independencia de que ese estudio cause un perjuicio a los padres en lo individual, en virtud que los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres; de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio I.3o.C.846 C, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, página 3120, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, que expresa: "MENORES DE EDAD. LA TUTELA DE SU INTERÉS SUPERIOR NO PUEDE ESTAR SUBORDINADA A LOS INTERESES DE SUS PROGENITORES O TUTORES. El legislador federal ha reconocido la protección especial que le asiste a las personas menores de edad en los artículos 76 Bis, fracción V, y 91, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, al momento de establecer en el juicio de garantías la figura de la suplencia de la queja deficiente a favor de los menores de edad a efecto de que este grupo vulnerable de personas puedan tener un acceso efectivo a la tutela de sus derechos fundamentales. En efecto, el juicio de amparo se constituye como medida protectora de los gobernados a la vez que del orden constitucional, que involucra la restitución plena de derechos, en beneficio de quien los vio postergados. Así, si bien el principio de agravio a instancia de parte involucra que el ejercicio de la acción sólo compete al agraviado, de manera que no podría operar en su perjuicio, debe distinguirse el caso en que los padres o tutores invocan la protección en beneficio de los menores de edad, con la consecuencia que de existir intereses opuestos entre ellos, el acto deba analizarse bajo las diferentes ópticas de los afectados para concluir que la regla objetiva de aceptar consecuencias de los propios actos en lo que beneficie o perjudique a los involucrados, cuando se trate de actos que involucren a menores, debe atemperarse bajo la excepción de que el estudio se exprese en lo que beneficie a los niños, supuesto de petición, aunque perjudique a la parte que promueve en su nombre, bajo la óptica del interés superior de los menores. De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar en toda su amplitud la litis que es sometida a su consideración con independencia de que de ese estudio cause un FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 9 de 25 perjuicio a los padres o tutores recurrentes en lo individual si es que en el caso se privilegia el derecho fundamental de los menores de edad a un desarrollo integral y normal, en virtud de que, los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres o tutores, de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos." Con base en lo anterior, uno de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa Jorge Arturo Ruiz Poot, es fundado y suficiente para conceder la protección de la Justicia Federal, aunque para ello sea necesario suplir la deficiencia de la queja al encontrarse inmiscuidos en el presente asunto los intereses de los menores de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C. Asimismo, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar una breve relatoría de los antecedentes destacados en el expediente 37/2021 derivado del procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por Miriam Georgina Canul Burgos -aquí tercera interesada- en contra de Jorge Arturo Ruiz Poot -aquí quejoso-, del índice del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, que se desprende de las propias constancias que la responsable allegó con su informe justificado, de las que se advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, previa prevención a la parte actora, en lo que aquí interesa, se admitió la petición de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial, promovido por Miriam Georgina Canul Burgos, se ordenó correr traslado al demandado -aquí quejoso-, con la propuesta de convenio exhibida, para que transcurrido el término de ley compareciera ante el juez de origen con su escrito de contestación a manifestar su conformidad, o en su caso, presentara su propuesta de convenio anexando los medios de prueba necesarios para acreditar que su propuesta esta apegada a su dicho y permitieran tener certeza de los medios presentados; asimismo, se ordenó reservar las medidas provisionales solicitadas, hasta en tanto se tuviera por contestada la vista de la FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 propuesta de convenio en comento; y, se proveyó lo conducente respecto a la orden de protección solicitada por la actora en contra del demandado Jorge Arturo Ruiz Poot. 2. Mediante escrito de quince de abril de dos mil veintiuno, Jorge Arturo Ruiz Poot vertió su contestación de demanda, y entre otras cosas, presentó su contrapropuesta de convenio y solicitó las medidas provisionales de custodia y pensión alimenticia; y la medida de protección consistente en que Miriam Georgina Canul Burgos y Víctor Andrés Acevedo Sánchez, se abstengan de acudir a su domicilio, acercarse a él o a sus menores hijos en lugares públicos o privados y acudir a la institución educativa donde estudian dichos menores, lo anterior en atención a los negativos antecedentes conductuales de ambos. 3. Por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda, en el que proveyó en lo que aquí interesa respecto a las medidas de protección y provisionales que solicitó el quejoso, lo siguiente: ".Ahora bien, en relación a las medidas de protección que solicita, declárese que no se accede, ya que aún y cuando señala que tiene bajo su cuidado a sus hijos menores de edad, también la señora MIRIAM GEORGINA CANUL BURGOS se produjo con los mismos términos y en auto de fecha cinco de marzo del presente año, se fijaron medidas de protección a su favor (.). Y respecto, a las medidas provisionales que solicita, se reservan para proveer hasta que esta autoridad cuente con mejores elementos .." 4. Inconforme con lo anterior, el demandado -aquí quejoso- Jorge Arturo Ruiz Poot, interpuso recurso de revocación haciendo valer como agravios los siguientes: ".EN CUANTO A LA FUENTE DE AGRVIO "I": Con la determinación de no acceder a emitir Medidas de Protección a mi favor y a favor de mis hijos menores de edad, se causa agravios a nuestros derechos, pues la respuesta recaída a nuestra petición carece de congruencia, fundamentación y motivación, y en lo que respecta a mis hijos menores de edad, la Violencia Familiar descrita constituye una situación de riesgo para ellos, independientemente de que ya he presentado la denuncia correspondiente ante la Autoridad Ministerial y nuestros hijos ya emitieron su declaración ministerial; y, por el contrario, Usted decidió arbitrariamente que continúen vigentes las Medidas de Protección que le concedió a la parte actora, a pesar de que se basan en hechos falsos. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 11 de 25 (.)EN CUANTO A LA FUENTE DE AGRVIO "II": Con la omisión de emitir las Medidas Provisionales solicitadas por el suscrito, entre las que se encuentra la Pensión Alimenticia Provisional, se causa agravios a los derechos de mis hijos menores de edad; pues el Juzgador incurre en una clara denegación de justicia con la que se les priva de la posibilidad de acceder a ese derecho, que constituye una cuestión de orden público e interés social, improrrogable e impostergable." 5. Finalmente, por resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por Jorge Arturo Ruiz Poot, el cual en su parte conducente textualmente determinó: "(...) Contrario a lo sostenido por el señor JORGE ARTURO RUIZ POOT en su primer agravio, referente a que de no acceder a emitir medidas de protección a su favor y de sus hijos menores de edad, agravia a sus derechos. Sin embargo, el recurrente no señala cuáles son esos derechos, ni los artículos de la Ley Familiar que se aplican indebidamente. Por otra parte, en autos no obra ningún elemento que presuntivamente haga pensar que los niños (.) hayan sufrido violencia por parte de su madre la señora MIRIAM GEORGINA CANUL BURGOS o exista en el presente un riesgo para aquellos. Asimismo, en el momento en que se dictó el auto de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, ambos padres aseguraban tener la custodia de sus hijos menores de edad. Con esa intención se insiste en la negativa respecto a la orden de protección solicitada por el recurrente. De no obrar en estos términos, implicaría separar de forma absoluta a los niños involucrados de su madre, que es la consecuencia directa, lo que menoscabaría su interés superior, ya que de forma implícita la expresada CANUL BURGOS se encuentra obligada a abstenerse de realizar conductas de intimidación o molestia hacia la persona de sus hijos y de su contraparte. (.) El segundo motivo de disenso deviene fundado pero insuficiente, referente a que la parte conducente de la que se duele el recurrente afecta el "derecho a la satisfacción de las necesidades de alimentación" de los niños (.). La fracción IV del numeral 487 del Código de Procedimientos Familiares del Estado dispone: "El auto que provea sobre la contestación de demanda debe contener precisamente lo siguiente: (.) VI. Las medidas provisionales que el juez estime necesarias, y (.)". Y, atendiendo a los alcances de la norma adjetiva, que lo perseguido inicialmente es decidir sobre la guarda y custodia de los niños (.) aspecto que gravita en torno a los hechos coincidentes presentados por los señores MIRIAM GEORGINA CANUL BURGOS y JORGE ARTURO RUIZ POOT en sus respectivos escritos de demanda y contestación, referente a que ambos son los presuntos progenitores custodios. Antecedentes que justifican la parte conducente del auto que se duele. Por ello, se insiste que las medidas provisionales se resolverán en el transcurso del presente procedimiento, sin que por ello, el momento procesal sea inmediato posterior a la contestación de la demanda. Máxime, que de manera previa a este fallo, se ordenó la escucha de los menores involucrados evento al que incumplió el recurrente, véase el resultado del acta levantada en treinta de noviembre último. Por lo que al no contar con la opinión de los menores involucrados, persisten las idénticas circunstancias. En consecuencia, con fundamento en los numerales en cita, debe declararse improcedente el recurso de revocación interpuesto por el FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 señor JORGE ARTURO RUIZ POOT en contra de las partes conducentes del auto de fecha once de octubre de dos mil veintiuno. (...)" Dicha resolución constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Establecidos los antecedentes del acto reclamado, se procede analizar el fondo del presente asunto. Ahora, como ya se adelantó se considera fundado y suficiente el motivo de disenso formulado por la parte quejosa Jorge Arturo Ruiz Poot en su escrito de demanda, que en esencia hizo consistir en: Que la autoridad responsable violó los derechos humanos de sus menores hijos de seguridad jurídica y acceso a la justicia consagrados en los artículos 16 y 17 Constitucionales, así como su interés superior, al determinar no acceder a emitir las medidas provisionales que solicitó en su escrito de contestación de demanda, incurriendo con ello en una negación de justicia que los mantiene en estado de incertidumbre y los priva de la posibilidad de acceder a los alimentos; lo anterior, bajo el argumento de que no era posible dictar dichas medidas provisionales porque ambos padres manifestaron tener a su cargo a los niños, lo que refiere ilegal dado que considera que la autoridad cuenta con elementos suficientes para dictarlas, máxime que el juez de origen tiene conocimiento de que él detenta la custodia material de sus menores hijos. Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el acceso a la tutela jurisdiccional prevista en el citado dispositivo constitucional, como el derecho público FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 13 de 25 subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; jurisprudencia que es del número siguiente: 1a./J. 42/2007.2 Por su parte, el artículo 196, fracción II, del Código de Familia del Estado de Yucatán, refiere: Reglas para decretar medidas provisionales "Artículo 196. El juez siempre que reciba la solicitud de divorcio sin causales acompañado del proyecto de convenio respectivo debe, de oficio, establecer las medidas provisionales siguientes: (.) II. Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deudor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos o hijas que corresponda; (.)." Este dispositivo dispone que cuando se tramite un procedimiento especial de divorcio sin causales, en el que se acompañe el proyecto de convenio, debe de oficio fijar las medidas provisionales, entre otras, el señalar y asegurar una cantidad en concepto de pensión alimenticia a favor de su cónyuge e hijos menores correspondientes. Por su parte, los artículos 504, 505 y 506 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, establecen: Del divorcio sin causales Sustanciación de las solicitudes de divorcio sin causales "Artículo 504. Las solicitudes de divorcio sin causales previstas en el Código de Familia, se deben sustanciar con apego a las reglas establecidas en este Título y de acuerdo con lo previsto en este Capítulo." Presentación del convenio "Artículo 505. El cónyuge que de manera individual presente la solicitud de divorcio, debe acompañar la propuesta de convenio que contenga los requisitos exigidos en el Código de Familia del 2 Época: Novena Época, Registro: 172759, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 42/2007, Página: 124, Rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Estado y además anexar los documentos a que se refiere el artículo 147 de este Código." Notificación al otro cónyuge "Artículo 506. Admitida la solicitud de divorcio, el juez debe notificar personalmente al otro cónyuge sobre la propuesta de convenio, en un plazo de tres días hábiles. Una vez notificado el otro cónyuge, cuenta con el plazo de siete días hábiles para comparecer ante el juez y manifestar si está de acuerdo o no con la referida propuesta de convenio." Los referidos numerales, prevén lo relativo al trámite de solicitud de divorcio sin causales, y como es de manera voluntaria el cónyuge que lo solicite debe acompañar la propuesta del convenio que contenga los requisitos exigidos por el Código de Familia del Estado, y una vez admitida la solicitud de divorcio el Juez debe notificar personalmente al demandado (otro cónyuge), sobre la propuesta de convenio en un plazo de tres días hábiles, y una vez notificado, tiene el plazo de siete días hábiles, para comparecer ante el Juez y manifestar si está o no de acuerdo con la propuesta de convenio. Por otra parte, en cuanto al "interés superior del niño", nuestro país es parte firmante de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa, y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año. Con base en esa declaración de principios de los niños, la citada convención enuncian, entre otros, el derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que les afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; el derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud. En orden con lo anterior, el sistema jurídico mexicano adopta el concepto "interés superior de la niñez", el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 15 de 25 realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En este panorama, la aparición del concepto interés superior de la niñez supedita, con mayor claridad, los derechos que las personas adultas pudieran tener sobre un niño o niña, al deber de atenderlos y cuidarlos, buscando siempre el mayor beneficio posible para ellos, como un imperativo de la comunidad hacia las personas que ejercen la patria potestad, con ello, la función social es ahora explícitamente de orden público e interés social. Derivado de la adopción de la referida convención internacional, se publica en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil en nuestro país la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de desarrollar los lineamientos que derivan del artículo 4o. constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio central el del "interés superior de la infancia". Que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas. Señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben corresponder a ese interés superior del menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención. Así, esta nueva ley reglamentaria del artículo 4o. constitucional procuró desarrollar los lineamientos específicos con el fin de atender a la necesidad de establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus garantías y sus derechos, estableciendo las bases de la acción concurrente de los Municipios, de los Estados y la Federación. Para permitir que las Legislaturas Locales emitiesen disposiciones sobre el orden normativo que obligara que las garantías y derechos constitucionales se hicieran efectivos también a los menores, de conformidad con los principios jurídicos dispuestos en la referida convención internacional, buscándose en todo momento alcanzar el objetivo fundamental de esa protección, asegurando la oportunidad para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en óptimas condiciones en todos los aspectos de su vida, planteando como principio central el del "interés superior de la infancia". Que tal como se encuentra dispuesto en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las políticas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con ese periodo de la vida, tienen que darse de tal manera que, en primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque el beneficio directo del infante y del adolescente a quien van dirigidas. Señalándose en esa convención que las instituciones de bienestar social, tanto públicas como privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos deben responder, en forma prioritaria, a ese interés superior del menor, de modo que quien pretenda fundamentar una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las disposiciones de esa convención. Bajo tales lineamientos, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes consagró en su FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 17 de 25 artículo 4 que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social y que para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En las condiciones apuntadas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo al interés superior del niño, conforme lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bajo esta óptica jurídica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado criterio de que el Juzgador está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas que considere necesarias, y realizar todas las diligencias que considere oportunas y conducentes para llegar a la verdad de los hechos controvertidos, en los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores, a fin de preservar su interés superior, previsto en el artículo 4° de la Constitución Federal, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así es, Nuestro Máximo Tribunal de Justicia, sostiene categóricamente que, para proteger adecuadamente al menor, es necesario que la autoridad jurisdiccional que conoce del asunto recabe las pruebas que considere idóneas para el conocimiento de la verdad, para de esa manera estar en posibilidad de proteger al menor de manera apropiada, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, que ordena que la administración de justicia sea pronta. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Jurisprudencia que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2003069 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." Reflexionando sobre todo lo expuesto y de las constancias relacionadas con antelación, se advierte que Miriam Georgina Canul Burgos, promovió divorcio incausado en la vía de procedimiento especial, en contra de Jorge Arturo Ruiz Poot, para ello exhibió el proyecto de convenio judicial, solicitando se fijaran las medidas cautelares, relativas a los derechos y obligaciones de alimentación por parte del deudor alimentista, del régimen de convivencia familiar y medidas de protección. Por razón de turno correspondió conocer a la Juez responsable; quien en auto dictado el cinco de marzo de dos mil veintiuno, tuvo por admitido dicho procedimiento, ordenó emplazar al demandado; y respecto a las medidas provisionales sólo reservó a proveer lo conducente hasta que se tuviera por contestada la vista de la propuesta de convenio que presentó en su escrito inicial de demanda. Circunstancia que aconteció mediante proveído de once de octubre de ese mismo año, en donde, en lo que interesa, se tuvo al demandado Jorge Arturo Ruiz Poot presentando su contrapropuesta de convenio y solicitando las correspondientes medidas provisionales, respecto de las cuales el juez de origen sólo se limitó a referir que éstas se reservaban a proveer hasta que contara con mejores elementos. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 19 de 25 Inconforme con lo anterior, el citado demandado interpuso recurso de revocación, en donde mediante resolución de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el juez responsable determinó que al haber referido ambos padres ser custodios de sus menores hijos, las medidas provisionales se resolverían durante el transcurso de dicho procedimiento, en el momento procesal inmediato posterior a la contestación de demanda y contando con la opinión de los menores involucrados. Esto es, no realizó pronunciamiento alguno sobre la procedencia de la pensión alimenticia solicitada por ambos padres a favor de los menores quejosos, ya que primeramente al admitir la demanda que dio inicio al juicio de origen dejó de proveer al respecto, hasta que se tuviera por contestada la vista de la propuesta de convenio que presentó en su escrito inicial de demanda. Sin embargo, con posterioridad y acontecido lo anterior, previa nueva solicitud relativa a dicha medida provisional, la responsable sólo se limitó a referir que proveería lo conducente al respecto hasta que contara con mejores elementos; y, finalmente en la resolución reclamada únicamente se limitó a referir que ambos padres le habían referido ser custodios de sus menores hijos, por lo que dicha medida provisional se resolvería durante el transcurso de dicho procedimiento, en el momento procesal inmediato posterior a la contestación de demanda y contando con la opinión de los menores involucrados. De lo que se evidencia que, el juez responsable no obstante las diversas solicitudes planteadas respecto a que dictara la medida provisional en comento, fue omiso en proveer lo que en derecho procediera respecto de la misma; dado que no ordenó la realización de las diligencias que considerara necesarias para su determinación; lo anterior, a efecto de allegarse de los elementos que fueran necesarios para proveer sobre la pensión alimenticia solicitada, dejando de lado además, la circunstancia de que actualmente el aquí quejoso es quien detenta la custodia material de dichos menores. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 En efecto, de lo antes expuesto, es inconcuso que como lo asevera el quejoso, el Juez responsable ha incurrido en la violación constitucional que se le atribuye, esto es en una denegación de justicia, porque a la fecha de la promoción de su demanda de amparo, la responsable no ha vigilado que se continúe con las diligencias necesarias para fijar las medidas cautelares relativas a los derechos de los menores quejosos, concretamente el de alimentos; no obstante que ese procedimiento trasciende de manera directa a menores de edad, es decir, sin que haya velado por su interés superior. En efecto, dentro del procedimiento de origen se evidencia que tanto la parte actora como demandada solicitaron al juez de origen fijara medidas precautorias, entre otras, las relativas al derecho de alimentos que debe ser proporcionado a los acreedores alimentarios, sin que a la fecha haya emitido la resolución correspondiente, en la que se determine la procedencia o improcedencia de la pensión alimenticia solicitada; no obstante que desde la fecha de inicio del juicio natural (cinco de marzo de dos mil veintiuno), al día de la celebración de la audiencia en este juicio de amparo (dos de febrero de dos mil veintidós), han transcurrido más de once meses, sin que se hayan fijado las medidas precautorias, relativas a los alimentos. Es por ello, que en atención al interés superior del niño, como se sustentó en la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes, la Juez del proceso, tiene la obligación de realizar de oficio, todas las diligencias necesarias para poder pronunciarse en cuanto a la petición de alimentos provisionales, así como de vigilar que se realicen las referidas diligencias en los términos establecidos en la ley aplicable, a fin de que se emita la sentencia correspondiente, en la que se determine la procedencia de dichos alimentos que se solicita a favor de los hijos del impetrante; y en el caso particular, han transcurrido aproximadamente más de once meses, sin que se haya determinado la procedencia de los alimentos solicitados por el hoy quejoso e incluso la tercera interesada, a favor de sus hijos. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 21 de 25 Por consiguiente, y en atención a que este Juzgado de Distrito, como órgano de control constitucional, tiene la obligación de velar que no se transgredan los derechos fundamentles que la Carta Magna otorga a todos los gobernados, sobre todo el interés superior del niño consagrado en la Constitución Federal y en la Convención sobre los Derechos del Niño; no puede aceptarse que las autoridades se abstengan de proveer las solicitudes que les son elevadas, en el caso de dictar la sentencia correspondiente que decida sobre los alimentos provisionales solicitados, en el procedimiento especial de divorcio incausado, a fin de velar por el interés superior de los menores; sino que tiene la obligación de realizar todas las diligencias necesarias, a fin de resolver la controversia planteada, como en el caso, dirimir una cuestión de pensión alimenticia. En mérito de lo anteriormente considerado, al resultar el acto reclamado violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, lo que legalmente procede, es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Arturo Ruiz Poot, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., para que la autoridad responsable Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, una vez que causé ejecutoria la sentencia, deberá realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución dictada el tres de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial 37/2021; y hecho ello, 2. De oficio realice todas las diligencias necesarias, en el juicio de divorcio incausado en la vía de procedimiento especial 37/2021, promovido por la hoy tercero interesada Miriam Georgina Canul Burgos, en contra del quejoso a fin de recabar la información que requiera, para dictar una nueva resolución FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 en la que resuelva nuevamente el recurso de revocación planteado por la quejosa, con plenitud de jurisdicción, subsanando los vicios formales destacados en esta sentencia, esto es, para determinar lo procedente sobre los alimentos provisionales solicitados a favor de los menores quejosos de identidad reservada J.E.R.C. y C.L.R.C., y a la brevedad, emita la resolución correspondiente, en la que determine lo relativo a la procedencia de la pensión alimenticia provisional solicitada a favor de éstos. En consecuencia, al haber resultado fundado el concepto de violación materia de estudio, resulta innecesario analizar el restante que hace valer el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable violó los derechos humanos de los menores quejosos de seguridad jurídica, y acceso a la justicia consagrados en los artículos 16 y 17 Constitucionales. Así como los principios pro persona y de interés superior del menor, al no acceder a emitir medidas de protección a su favor; con lo que además violó su derecho fundamental a una vida libre de violencia ya que el acto reclamado carece de congruencia, fundamentación, motivación y legalidad; ello porque la responsable desestimó su solicitud de medida de protección sin considerar que existiera la carpeta de investigación y litigación 4/2021, radicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, y sin tomar en cuenta la violencia familiar denunciada respecto de sus hijos, lo cual constituye una situación de riesgo para ellos. Ello se considera así, en atención a que dicho planteamiento no fue formulado ante la autoridad responsable dentro del juicio de origen, y por tanto, al tratarse de una cuestión novedosa no puede ser analizada en el juicio de amparo, pues de otra manera este órgano de control constitucional se estaría sustituyendo en la responsable, en contravención a la técnica que rige en el juicio de amparo, introduciendo en la litis constitucional argumentos no controvertidos en el juicio natural. FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 23 de 25 Máxime que dentro del catálogo de pruebas que ofreció el quejoso al contestar su demanda, en relación a la medida de protección planteada, no se advierte que haya anunciado la carpeta de investigación y litigación 4/2021, radicada en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes, que refiere se formó con motivo de su denuncia por el delito de violencia familiar. En tal virtud, únicamente por cuanto hace al acto reclamado quedará insubsistente con la concesión antes decretada. Es aplicable la jurisprudencia 168, visible en las páginas 113 y 114, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Primera Parte, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos." SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 fracción VI, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jorge Arturo Ruiz Poot, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de identidad reservada FABIOLA PEREZ ALONSO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.eb.94 29/11/22 16:44:44 Página 25 de 25 J.E.R.C. y C.L.R.C., en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Kanasín, por los motivos y para los efectos expuestos en la consideración quinta de este fallo constitucional. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la sexta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
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