Johan Solís Dzul
Expediente 267/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Johan Solís Dzul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de mayo del actual, se dio vista a la parte quejosa de lo informado por la autoridad responsable, sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, en el referido auto se le apercibió que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito, se realizó electrónicamente al quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno; sin que a la fecha hubiera hecho manifestación al respecto. Por tanto, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que se le otorgó, este órgano de control constitucional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema CORTE DE Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO. DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE UATOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En ese sentido, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se dictó sentencia en este asunto, en la cual, en su primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Congreso, Gobernador Constitucional y Directora del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "la Directora del Registro Civil del Estado, deje sin efecto el oficio CJ-DRC-JUR-3112-2518-0118-2020, de ocho de diciembre de dos mil veinte; y hecho ello. Emita otro en el que se abstenga de aplicar al quejoso el numeral 18 de la Ley del Registro Público del Estado, en el presente ni en el futuro, en la parte relativa a que no permite el cambio de reasignación sexo genérica en sede administrativa, ante la autoridad del Registro Civil." Posteriormente, por auto de once de mayo de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la Directora responsable. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, mediante oficio CJ-DRC-JUR-2043-1861-0164-2021, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veinte de mayo del año en curso, la Directora del Registro Civil del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del acuerdo de diecisiete de mayo del presente año, del que se advierte, que dejó sin efectos el oficio reclamado, en lo relativo a la aplicación del párrafo tercero del artículo 18 de la Ley del Registro Civil del Estado de Yucatán; inscribió el acta de nacimiento del quejoso JOHAN SOLÍS DZUL, ordenó restringir la expedición del acta con su anterior nombre. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la sentencia constitucional, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó y, por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el citado numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este expediente para los efectos legales condignos, el oficio firmado por la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, acompañado de un anexo; que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa del oficio y anexo que se proveen, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se le apercibe que de no hacer manifestación alguna, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados, por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintiuno. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veinte de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en su punto resolutivo primero, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos reclamados del Congreso, Gobernador Constitucional y Directora del Registro Civil, todos del Estado de Yucatán y con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a la Directora del Registro Civil del Estado de Yucatán, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte agraviada en el goce del derecho humano violado, como lo dispone el artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a la notificación del presente acuerdo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. En el entendido que las diversas autoridades responsables Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamó la promulgación, aprobación, expedición de las normas tildadas de inconstitucionales, la cuales no pueden quedar insubsistentes por tratarse de disposiciones de orden público, de carácter general y por lo mismo impersonal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo VI, Octubre de 1997, tesis 2a. CXV/97, en la página 414 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, secretaria con quien actuó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: toda vez que del estado que guardan los presentes autos se advierte que en veintinueve de marzo último, se ordenó notificar a las autoridades responsables el sentido de la sentencia definitiva dictada en la misma fecha, sin que a la fecha se hubiera entregado el oficio 7387/2021-III-A, a la Directora del Registro Civil en el Estado de Yucatán, librado para tal fin. Por tanto, con el propósito de que dicha autoridad tenga conocimiento de la resolución emitida por el suscrito Juzgador, mediante oficio que al efecto se le dirija con transcripción de este acuerdo, reexpídase adjunta la referida misiva 7387/2021-III-A, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Lo anterior, a efecto de que este Juzgado se encuentre en aptitud de decretar que la sentencia definitiva causó ejecutoria. Notifíquese y cúmplase.
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