Joel Israel Vela Martin
Expediente 977/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Joel Israel Vela Martin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Vistos estos autos y la cuenta que antecede, se agrega el oficio firmado por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residente en esta ciudad, así como el anexo que acompañó, con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Del oficio de mérito se advierte que el catorce de junio de este año, el Tribunal responsable dictó un acuerdo en el cual tuvo por recibido un memorial de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con el cual informó que en sesión de Cabildo de treinta de mayo en curso, se instruyó al Tesorero Municipal de dicho Ayuntamiento, para que a la brevedad realizara las acciones y gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, o bien, solicitara autorización para adquirir empréstitos o créditos, a efecto de poder realizar el pago de la cantidad laudada a favor de la parte quejosa. Ante lo cual, el Tribunal responsable requirió al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles, acredite haber realizado lo anterior; y lo apercibió con multa en caso de incumplir. El tal virtud, se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, comunique el cumplimiento que dé a dicho requerimiento; en el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. En otro orden de ideas, de los autos que integran este juicio de amparo, se aprecia que, el Director Jurídico del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, informó que el doce de noviembre de dos mil veintiuno brindó la asesoría al Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán con el fin de obtener recursos para hacer pago del laudo correspondiente a la parte quejosa (promoción 20976, foja 2887), así como que mediante oficio del Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, informó a este juzgado que el cinco de noviembre del indicado año, llevó a cabo una reunión con dicho ayuntamiento para obtener la indicada asesoría (promoción 21088, foja 2900). En ese sentido, tomando en consideración lo anterior, concatenado con lo determinado por el Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, en sesión de Cabildo de treinta de mayo pasado, se aprecia que, a la fecha, han transcurrido más de siete meses sin que se haya obtenido resultado favorable por parte del Tesorero del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán para realizar las gestiones necesarias con el fin de hacer pago a la parte quejosa del laudo emitido en el juicio laboral de origen. En ese sentido, virtud a que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público, la cual no puede quedar al arbitrio de las partes, menos aún de la autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que dentro del término de tres días, posteriores a su notificación, realice un informe pormenorizado a este órgano federal en el que establezca de manera cronológica y ordenada todos y cada uno de los actos que ha llevado a cabo con el fin de gestionar el pago del laudo emitido en favor de la quejosa o solicitar autorización para adquirir empréstitos o créditos, a efecto de poder realizar el pago de dicha cantidad laudada. Asimismo, con fundamento en los numerales antes indicados, se requiere al Presidente Municipal y al Síndico, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, para que, en su carácter de superiores jerárquicos del indicado Tesorero, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, conminen a dicha autoridad vinculada al cumplimiento del fallo, a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido que deberán realizar los apercibimientos correspondientes, los cuales deberán ser efectivos y eficaces, para procurar que dicha autoridad lleve a cabo las gestiones necesarias para cumplimentar la ejecutoria de amparo, pues, de no ser útiles éstos para logarlo, ocasiona que se haga extensiva la responsabilidad atribuida a la autoridad responsable por su conducta contumaz. Apercibidas que, de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1777/2022 signado por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto, mediante el cual fija fecha y hora para la entrega de los títulos de propiedad número 1005078 y 1005079 a la aquí quejosa María Eugenia del Pilar Dzul. Ahora bien, toda vez que es del conocimiento público que la autoridad de referencia, carece de notificadores que informen de las resoluciones que tome ese órgano registral, en consecuencia, a fin de agilizar el procedimiento en este juicio, dese vista a la parte quejosa con lo informado, a fin de que acuda ante la responsable a las DOCE HORAS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a efecto de se constituya en el Centro de Atención al Público (CAT) de dicha Delegación para que le hagan entrega de los referidos títulos de propiedad. En mérito de lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire, comuníquese a la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo anteriormente determinado, para que sin mayores dilaciones, proceda a entregar a la parte quejosa los documentos de referencia; lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional en el propio plazo, debiendo adjuntar a su oficio de mérito copia completa y legible de las constancias que acrediten ese hecho. Asimismo, apercíbase a la parte quejosa para que acuda de forma puntual, el día y la hora señalados por la autoridad responsable a fin de que se le haga entrega de los documentos de mérito, pues de lo contrario, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Lo anterior, pues el cumplimiento de las sentencias pronunciadas por este Juzgado Federal, en forma alguna puede encontrarse supeditado al proceder de las partes (parte quejosa), pues únicamente se deberá velar porque las autoridades responsables den cabal cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de que se trate. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo número 2487/2021-III-B, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el veintisiete de diciembre siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, así como al Director General de la Dirección General de Registro y Control Documental y Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. No ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre la vista que se dio de las constancias remitidas por las autoridades residentes en la Ciudad de México en proveído de nueve de mayo del año en curso, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que, como se analizará con posterioridad, se advierte la existencia del acto reclamado, lo cual es acorde a la pretensión planteada por la parte amparista; máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio por parte de este Juzgador, al no haber razón jurídica para que primordialmente la parte quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por las responsables. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La omisión de resolver, en el ámbito de sus atribuciones, la solicitud de trámite 31210000520, relativa a la adopción del dominio pleno individual de la parcela 998 Z-3 P-3, ubicada en el ejido Umán, municipio del mismo nombre, en el Estado de Yucatán, expedición así como la puesta a disposición del título correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, pues aun cuando negaron su existencia, realizaron manifestaciones que evidencian la certeza del acto que se les atribuye, por lo que se ve desvirtuado con las constancias que obran en autos de las que se constata que al día de hoy, la solicitud 31210000520, relativa al trámite iniciado por la parte quejosa, aún no se encuentra concluida. Razones por las que se tienen por existentes los actos reclamado por el quejoso en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá concedérsele la protección de la justicia federal que solicita. Para llegar a tal conclusión es menester establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Igualmente debe considerarse que la reserva de la ley en virtud de la cual el citado precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas previas no previstas en el texto constitucional. Ahora bien, de los artículos 51, 52 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se desprende que el procedimiento registral inicia con la solicitud de trámite que se presente en las Delegaciones o Centros de Atención y que, con el número de entrada progresivo, fecha y hora, tendrá efectos probatorios para establecer el orden de prelación. Asimismo se establece que los registradores, con base en la función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad, debiendo cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos susceptibles de inscripción, que se opongan al que se solicita. De igual manera señalan que la calificación puede ser positiva o negativa y deberá producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; siendo positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada, y negativa cuando resuelva denegar el servicio registral. Por otra parte, disponen que el Registro expedirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, así como los títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno. En este orden de ideas, si de las constancias que obran en autos, se advierte que de la fecha de presentación ante la Oficialía de Partes de la Delegación en la Entidad del Registro Agrario Nacional, de la correspondiente solicitud (dieciocho de febrero de dos mil veintiuno), a la en que se promovió la demanda (veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno), ya había transcurrido diez meses, esto es, más de sesenta días naturales. Ello significa que ha excedido el término a que alude el numeral 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Por lo que es incuestionable que las nombradas autoridades responsables conculcan con tal proceder en perjuicio de la parte quejosa, los derechos consagrados en el artículo 17 constitucional, pues incumplieron con la función registral que les está encomendada, dentro del plazo de sesenta días naturales que prevé el aludido precepto legal. Por consiguiente, toda vez que de autos se advierte que a la solicitud del quejoso recayó una calificación registral positiva. Se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que las responsables, dentro del ámbito de sus facultades, realicen las gestiones necesarias a fin de que de inmediato se concluya el procedimiento relativo, y en breve término, sea puesto a disposición el documento respectivo a la promovente, de no existir impedimento legal alguno justificado. Caso en el cual, de actualizarse este último supuesto, bastará con que se determine por parte de la responsable dicho impedimento para tener por cumplida la sentencia de amparo, ya que la denegación de justicia, materia de la litis se habrá dejado sin efectos y resarcido a la parte quejosa en el goce del derecho violado, al resolverse en forma definitiva el procedimiento administrativo de referencia, el cual en ningún momento dentro de los argumentos vertidos en esta ejecutoria se ha sostenido que se pronuncie en algún sentido. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, al Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con sede en Mérida; por los motivos y para los efectos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito recibido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, en el que solicita que se requiera a las responsables vinculadas al cumplimiento de la suspensión aquí concedida a la parte quejosa, la ejecución de la medida suspensional. En este sentido, realiza las siguientes peticiones: Que se gire oficio al Secretario de Salud del Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Toluca, para que informe cuál es el procedimiento que lleva a cabo para aplicar la vacuna en la población infantil de entre cinco y once años en el caso, y se le cuestione cuántos menores en ese rango de edad han sido vacunados al presente en sus primeras y segundas dosis, y si la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o la Secretaría de Salud Federal, han emitido instrucción a favor o en contra del procedimiento que por iniciativa y en apego al cumplimiento de las órdenes judiciales, así como de la necesidad de proteger la salud de sus ciudadanos han dictaminado para la aplicación de dichas vacunas. Se imponga una multa a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión, como medida de apremio, para que realicen la gestiones pertinentes de forma inmediata, para adquirir la vacuna Pfizer BioNtech de 10mcg directamente con la farmacéutica, considerando que actualmente se cuenta con autorización sanitaria para importarla, comercializarla y aplicarla en el país y que los gobiernos de la entidades y los integrantes del Sistema Nacional de Salud son competentes para celebrar contratos con dichas farmacéuticas. Se conmine a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la suspensión a que ejecuten el fallo protector, al recibir el informe de la autoridad sanitaria precisada en el punto 1, que las ha cumplido en su demarcación territorial. Se imponga una multa como medio de apremio a la autoridad responsable, Secretario de Salud, para que cumpla con el fallo protector en un término prudente, conminándolo con aumentar el monto de la multa en caso de no cumplir con el lazo establecido por este Juzgado. Al efecto, se acuerda: Por lo que toca a la solicitud planteada en el punto 1, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que la información relativa a la aplicación de vacunas a menores de entre cinco y once años, por parte del Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, resulta totalmente improcedente. Lo anterior, pues como ha quedado establecido en estos autos, es a través del Operativo Correcaminos, la estrategia multisectorial del Gobierno de México, para coordinar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en nuestro país, la cual tiene como objetivo lograr la cobertura de vacunación de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente. Siendo que, la Coordinación General del Operativo está a cargo de la Presidencia de la República; y el Titular del Sistema Nacional DIF, funge como Secretaría Técnica de la coordinación presidencial. También se desprende que la dirección técnica del operativo, estará a cargo de la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Que en cada entidad federativa contará con una persona "Coordinadora Estatal Correcaminos", designada por la Secretaría de Salud Federal, y estarán bajo la coordinación de dicha Secretaría y de la Coordinadora Presidencial. La coordinación nacional y las entidades responsables, tendrán las facultades y/o atribuciones que enumera dicho programa. Entre ellas, se destaca en el particular, la gestión y facilitación para la búsqueda y definición de proveeduría con las compañías farmacéuticas globales: Secretaría de Relaciones Exteriores. También señala que la coordinación estatal correcaminos será la responsable de la coordinación operativa de la estrategia federal de vacunación en cada una de las entidades federativas y definirá los planes de distribución en la entidad de acuerdo con los lineamientos federales. La persona designada como "Coordinadora estatal correcaminos" será la encargada de la conformación de equipos estatales con los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y enlaces institucionales de salud constituido en los Comités Estatales de Vacunación (COEVA) para la definición y seguimiento técnico de los sitios de vacunación y proceso de vacunación con la vigilancia de los procedimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Dispone también que la persona designada como responsable de la coordinación estatal correcaminos fungirá como única vía de comunicación entre la coordinación federal y las autoridades locales, y establece cuáles son sus responsabilidades. De ahí que al existir una estrategia claramente establecida para la obtención de las vacunas contra la Covid-19, es que, se reitera, no es el caso acordar de conformidad lo solicitado por la ocursante, en el sentido de requerir al Secretario de Salud en el Estado de México y Director General del Instituto de Salud del Estado de México, la información relativa a la aplicación de vacunas por su parte en el Estado donde ejerce su jurisdicción. Máxime, que en el caso, no se trata de autoridades vinculadas al cumplimiento de la presente suspensión, y a nada práctico llevaría hacer del conocimiento de las autoridades efectivamente vinculadas al cumplimiento de la misma, la existencia de dichos precedentes, pues lo cierto es que las referidas autoridades se encuentran obligadas al cumplimiento de dicha medida cautelar, en los términos de la misma. Ahora bien, por lo que toca a las restantes solicitudes formuladas en el escrito de cuenta, previo a proceder a la imposición de multa alguna o bien conminar a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la medida cautelar, requiérase al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, así como al COORDINADOR ESTATAL CORRECAMINOS EN YUCATÁN, con sede en Yucalpetén, Progreso, Yucatán (Carlos Gómez Montes de Oca), a fin de que dentro del término de tres días siguientes al en que reciban la notificación del presente proveído, informen a este Juzgado las gestiones realizadas en cumplimiento a la medida cautelar, debiendo precisar los actos que han llevado a cabo con el fin de cumplimentar la suspensión ordenada en autos. Esto es, para que con la debida prontitud, lleven a cabo la aplicación del esquema de vacunación a la parte menor quejosa en los términos descritos, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas; de la vacuna Pfizer que corresponda de acuerdo a su edad. Lo anterior, de no existir riesgo alguno a su salud y que por su edad le corresponda. Por otra parte, de igual manera se requiere al Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, informe a este juzgado si en otras entidades federativas han procedido a la aplicación de vacunas a los menores comprendidos en dicho rango de edades, así como si existe algún impedimento en el Estado de Yucatán, para que procedan a su aplicación, y de ser así lo justifique legalmente. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.), conforme a lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, con relación al diverso 259, ambos de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo26 de la Constitución. Notifíquese y cúmplase.
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