Joaquin Fernandez Crespo
Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joaquin Fernandez Crespo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
por medio de lista notifico a la parte quejosa lo siguiente: Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia autógrafa del proveído de veintisiete de junio de este año, dictado en el juicio laboral número 1539/2007. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Cuenta con autos. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Joaquín Fernández Crespo. Declaración de ejecutoria. Se declara que la aludida resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Requerimiento a la autoridad responsable. Se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Reiteración de la concesión de amparo. Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "1. Deje insubsistente el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete. 2. Emita de inmediato un auto en el que de manera fundada y motivada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de julio del mismo año, esto es, proceda a la etapa de ejecución forzosa del laudo, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos. 3. En el mismo auto, requiera a la demandada, Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dé cumplimiento al pago de las cantidades que resulten por conceptos de pensión mensual, y al mismo tiempo la requiera para que de inmediato realice las gestiones necesarias para la asignación de la pensión de invalidez a favor del aquí quejoso.". No tiene superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la nueva Ley de Amparo, puesto que la Junta Federal Número Treinta de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Por su contenido jurídico e ilustrativo se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2000099 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Página: 3515 JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Contradicción de tesis 375/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 9 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adriana Cecilia Saulés Pérez. Tesis de jurisprudencia 36/2011 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciséis de noviembre de dos mil once." Notifíquese.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 264/2018-X promovido por Joaquin Fernandez Crespo contra actos del Presidente de la Junta Federal Número Treinta, con residencia en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo si existe tercero interesado, teniendo tal carácter el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien se encuentra debidamente emplazado, como se advierte de las constancias. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado recibido con antelación y rendido por: Presidente de la Junta Federal Número Treinta, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación del informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia cotejada de diversas actuaciones dentro del juicio ordinario laboral 1539/2007 de su estadística, mismas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. De igual forma, se hace constar que en proveído de veintiséis de abril del año en curso, se ordenó tener a la vista al momento de proceder a engrosar la resolución correspondiente, el juicio de amparo número 162/2016-VII, promovido por Joaquín Fernández Crespo, contra actos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, únicamente para el caso de que lo resuelto en el diverso juicio tenga alguna incidencia sobre la litis en este juicio constitucional. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente el agente del ministerio público de la federación adscrito formuló alegatos a través del escrito presentado ante el Oficial de partes de este juzgado, el doce de abril del año en curso. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 264/2018-X, promovido por Joaquín Fernández Crespo, contra el acto del Presidente de la Junta Federal Número Treinta, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno ese mismo día al Juzgado Segundo de Distrito, Joaquín Fernández Crespo solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto del Presidente de la Junta Federal Número Treinta, con residencia en esta ciudad, en los términos siguientes: "ACTO DE AUTORIDAD.- Señalo como acto de autoridad, el acuerdo de fecha 07 siete de agosto de la presente anualidad, emitido dentro del Juicio Ordinario Laboral 1539/2007.". En ese ocurso, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento de la demanda. Mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito registró la demanda bajo el progresivo II-764/2017-1 de su índice y la desechó al considerar que no se observó el principio de definitividad, según lo dispone la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con la anterior determinación, el promovente Joaquín Fernández Crespo interpuso recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de uno de febrero de dos mil dieciocho resolvió revocar el acuerdo recurrido para proveer lo correspondiente a la admisión de la demanda. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En acatamiento al mandato de la superioridad, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho el Juzgado Segundo de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; ordenó el emplazamiento del tercero interesado y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló pedimento. Por auto de seis de marzo de dos mil dieciocho el juzgado del conocimiento declinó competencia legal a favor de este Juzgado Tercero de Distrito, al considerar actualizada la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. QUINTO. Avocamiento y prosecución del juicio. Mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado bajo el número 264/2018-X del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que se ordenó la prosecución del trámite del juicio de amparo, lo cual hizo del conocimiento de las partes. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna una resolución emitida por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado consiste en: El auto de siete de agosto de dos mil diecisiete dictado dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 1539/2007 del índice de la autoridad responsable. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente de la Junta Federal Número Treinta, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación, aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las copias certificadas remitidas por la propia autoridad, consistentes en el escrito de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete y el auto de siete de agosto del mismo año y demás constancias que fueron remitidas por la responsable, todas que obran dentro del juicio laboral 1539/2007 de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS.". QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional señaló que el presente juicio es improcedente y debe sobreseerse al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues refiere que los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, carecen de todo fundamento ya que solo los enuncia de manera genérica, sin precisar mediante hechos, argumentos y razonamientos lógicos jurídicos, ni señala las causas o motivos del por qué considera han sido violadas sus garantías individuales, omitiendo realizar una narración sucinta y razonada que concatene los actos desplegados por la autoridad responsable y los derechos fundamentales a los que hace referencia; además de que con las pruebas ofrecidas por la responsable no se demuestra la afectación a sus intereses jurídicos. Previo a dar respuesta a la improcedencia alegada es de destacarse que atento a los motivos por los cuales la representación social manifiesta se actualiza la causal referida, el sustento jurídico es diverso al señalado en su pedimento, esto es así, pues la hipótesis motivada se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos y fracciones legales señalados. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de mayo en curso, aprobó, con el número XLVIII/1998, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a siete de mayo de mil novecientos noventa y ocho.". Establecido lo anterior, debe decirse que es infundada la causal de improcedencia invocada, por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Ello es así, pues basta una simple lectura de la demanda de amparo, para percatarse que al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra del acto reclamado, pues en esencia la parte quejosa señala, entre otras cosas, que el acto viola su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta al requerirse por "enésima ocasión" al Instituto Mexicano del Seguro Social, para realizar los pagos subsecuentes en vía administrativa, cuando lo que procedía era la ejecución forzosa del convenio elevado a la categoría de laudo. Además, debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenta que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente para ello que en el mismo se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que la parte quejosa estima le causa el acto, resolución o ley impugnada, y los motivos que originaron ese agravio. Por lo tanto, al haber expuesto la parte quejosa de manera expresa la vulneración a su derecho a la impartición de justicia pronta, dejó claro cuál es su causa de pedir, además de que expuso los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión, máxime que compareció a esta instancia constitucional en su calidad de parte actora trabajadora, con lo cual, opera la suplencia de la queja a su favor en términos del artículo 97, fracción V, de la Ley de Amparo. Así, al no advertirse la actualización de diversa causal de improcedencia, corresponde el estudio de fondo de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SEXTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el asunto, debe hacerse una relatoría de los principales antecedentes que informan el acto aquí reclamado, los cuales se exponen tomando en cuenta las constancias que integran el juicio de amparo 162/2016 del índice de este juzgado, por ser un hecho notorio y guardar relación con el acto que aquí se analiza: 1. El veintinueve de abril de dos mil quince, el ahora quejoso en su carácter de trabajador actor en el juicio laboral de origen, celebró convenio conciliatorio con la parte demandada, Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que ambas partes determinaron voluntariamente que al ahora quejoso le correspondía por concepto de pensión por invalidez, por el periodo del siete de septiembre de dos mil cuatro al treinta de abril del año dos mil quince, la cantidad de $684,943.97 (seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 97/100 M.N.); en el mismo acto la demandada hizo entrega del cheque 0006575 valioso por la cantidad señalada y el actor manifestó recibirlo de conformidad, salvo su buen cobro. Además, se pactó que el Instituto demandado debería pagar la pensión de invalidez a favor del aludido quejoso, una vez que fueran realizados los trámites administrativos correspondientes. El convenio así celebrado alcanzó firmeza y se elevó a la categoría de cosa juzgada, por lo que la Junta concedió un término de dos meses para que la parte actora manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento parcial descrito (foja 111). 2. En atención a las manifestaciones del trabajador relativas al incumplimiento del convenio ejecutoriado, el veintinueve de septiembre de dos mil quince, la Junta requirió a la demandada para que manifestara lo que a sus interés conviniera y la apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, se le tendría conforme con los motivos de inconformidad de la parte actora para proceder conforme a derecho (foja 151). 3. Dado que la demandada no hizo manifestación alguna al requerimiento anterior dentro del plazo legal concedido, el veinte de enero de dos mil dieciséis, la Junta tuvo al Instituto por conforme con la planilla que presentó el actor y la requirió para que en el término de cinco días hábiles, exhibiera las gestiones realizadas para dar cabal cumplimiento al laudo en la modalidad de convenio (foja 163). 4. Inconforme con la anterior determinación el trabajador promovió demanda de amparo, de la cual conoció este Juzgado Tercero de Distrito bajo el número 162/2016, quien mediante ejecutoria de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección constitucional, entre otros efectos, para que, de resultar procedente, la responsable procediera a hacer efectivo el apercibimiento hecho a la demandada en auto de veinte de enero de ese año, teniendo por conforme a la demandada sólo por cuando ve a la planilla exhibida por el actor, además de requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social para que dentro de plazo prudente y ajustado a derecho, cumpliera íntegramente el convenio de referencia (fojas 195 a 209). 5. En acatamiento a lo mandatado, el doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta hizo efectivo el apercibimiento formulado y despachó auto de ejecución en forma comisionando al Actuario adscrito para que se constituyera en el domicilio del Instituto demandado y lo requiriera de la cantidad referida por el actor en su escrito de veintiséis de junio de dos mil quince, esto es, $237,420.41 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 41/100 M.N.), y en caso de no hacer el pago, practicara el embargo en bienes de su propiedad -con esta determinación se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 162/2016- (fojas 248 y 257 a 259). 6. El dieciséis de enero de dos mil diecisiete tuvo lugar la diligencia de mérito, la cual fue atendida por el representante legal del Instituto demandado, quien al no hacer pago de lo reclamado, solicitó un lapso de quince días para llevar a cabo los trámites necesarios para el cumplimiento de la obligación; lo anterior sin que la parte ejecutante haya señalado bienes suficientes para garantizar el adeudo, toda vez que se reservó el derecho para hacer manifestación a al respecto (foja 349 a 350). 7. El diez de marzo de dos mil diecisiete las partes comparecieron ante la Junta con la pretensión de dar cumplimiento al convenio elevado a la categoría de laudo, por esta razón, el apoderado del Instituto demandado ofreció a favor de la actora, el cheque número 0014724, valioso por la cantidad de $237,420.41 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 41/100 M.N.), solicitando a su vez el término de dos meses para estar en condiciones de actualizar cualquier diferencia a favor del trabajador. En uso de la voz, el actor aquí quejoso recibió de conformidad la cantidad consignada. En tal virtud, la Junta tuvo a las partes por dando cumplimiento al convenio en modalidad de laudo de veintinueve de abril de dos mil quince y, al mismo tiempo, otorgó a las partes un término de dos meses para manifestar y/o acreditar el trámite administrativo para el pago de la pensión mensual (foja 359). 8. Mediante escrito de siete de abril de dos mil diecisiete, el trabajador actor hizo diversas manifestaciones relacionadas con la cuantificación de las cantidades que aún se le adeudaban, así como el señalamiento del obstáculo que tuvo para cumplir los trámites para la asignación de su pensión (fojas 361 y 362). 9. Atento a lo peticionado por el actor, el diecisiete de abril siguiente, la Junta dio vista al Instituto demandado y lo requirió para que en el término de cinco días exhibiera los trámites correspondientes a la pensión mensual y trámite administrativo descrito, apercibiéndolo con la multa correspondiente (foja 365). 10. El once de mayo de año referido, el trabajador actor compareció ante la Junta solicitando se despachara la ejecución del auto de diez de marzo de dos mil diecisiete -que tuvo por cumplido el convenio y otorgó plazo de dos meses a las partes-. Al respecto, se acordó requerir al Instituto demandado, para que en el término de cinco días hábiles, informara los trámites correspondientes para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de diez de marzo (foja 364). 11. Toda vez que la parte demandada no dio cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de junio del dos mil diecisiete la Junta acordó requerir al Instituto para que en el término de cinco días acreditara los trámites administrativos para el pago de la pensión de invalidez, apercibido que de no hacerlo se daría vista al superior jerárquico; además, dio vista al Instituto demandado con la plantilla de liquidación exhibida por el actor el siete de abril del año referido, con el apercibimiento de tener por cierta la planilla presentada; por último, la Junta exhortó a la parte demandada a otorgar de manera inmediata la asistencia médica, como accesorio a la suerte principal de la pensión de invalidez (foja 368). 12. Mediante auto de siete de julio de dos mil diecisiete se tuvo por desahogado el requerimiento anterior y con las manifestaciones vertidas se ordenó dar vista al actor; además, se requirió al Instituto demandado para que exhibiera la planilla de pensión de invalidez que cubriera el periodo mensual del veinticinco de abril de dos mil quince a la fecha del acuerdo (foja 392). 13. El siete de agosto del mismo año, toda vez que la parte demanda no dio cumplimiento al requerimiento formulado el siete de julio anterior, se decretó el apercibimiento ordenado en autos y se continuó el procedimiento en etapa de ejecución; por esta razón, a fin de determinar el cumplimiento total del laudo, se requirió de nueva cuenta al Instituto demandado para que exhibiera las constancias que acreditaran el pago y los conceptos, así como la gestión para realizar los pagos subsecuentes en vía administrativa, ya que el diez de marzo de dos mil diecisiete, se recibió pago de conformidad por el concepto de pago total de lo reclamado, no quedando remanente al respecto, por lo que la Junta otorgó un plazo de dos meses para actualizar cualquier diferencia; por este motivo, se determinó "alargar" el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, para requerir al Instituto los trámites administrativos realizados, lo anterior con el apercibimiento de proceder a la etapa de ejecución forzada. Este último acto es el que constituye el reclamado en este juicio de amparo. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de garantías, mismos que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.". OCTAVO. Estudio de fondo. Es necesario precisar que en el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un juicio laboral donde el aquí quejoso tienen reconocida la calidad de parte actora trabajadora; sin embargo, dicha figura sólo se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede analizar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Son aplicables los criterios jurisprudenciales, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016. Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 17 de mayo de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Tesis de jurisprudencia 67/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Nota: Esta tesis jurisprudencial se publicó en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017 para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013, por lo que a partir de esas mismas fecha y hora y con motivo de la resolución de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 14/2016, ya no se considera de aplicación obligatoria la diversa 2a./J. 26/2008, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 242. Esta tesis se publicó el viernes 07 de julio de 2017 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de julio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.". Época: Novena Época Registro: 170008 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2008 Página: 242 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente. Amparo directo en revisión 182/2000. Duly Esther Ricalde Quijano. 2 de junio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Amparo directo en revisión 980/2002. Jorge Andrés Sánchez García. 15 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Constanza Tort San Román. Amparo directo en revisión 1753/2003. María Guadalupe Rodríguez Luévano y otros. 5 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. Reclamación 363/2004-PL. María de la Luz Juárez Manríquez. 4 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Amparo directo en revisión 1442/2007. Miguel Ángel Palacios Constantino. 10 de octubre de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa. Tesis de jurisprudencia 26/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de febrero de dos mil ocho. Nota: Esta tesis fue sustituida en términos de la que con el título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", y número de identificación 2a./J. 67/2017 (10a.), aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de julio de 2017 a las 10:14 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Tomo I, julio de 2017, página 263.". En su único concepto de violación el quejoso aduce que se viola su derecho de acceso a la impartición de justicia pronta, ya que a pesar de tener laudo definitivo a su favor (sic) desde el veintinueve de abril de dos mil quince, no ha podido obtener el pago de las prestaciones que reclama, por lo que el acuerdo de requerir de nueva cuenta al Instituto Mexicano del Seguro Social, es ilegal por contravenir los artículo 14 y 16 de la Ley Fundamental. Por ello, argumenta, lo correcto era que la responsable ordenara al Actuario para que se constituyera en el domicilio de la parte demandada y lo requiriera del pronto y efectivo pago de la cantidad de $256,035.43 (doscientos cincuenta y seis mil treinta y cinco pesos 43/100 M.N.), que en vía de liquidación se le reclamó y sobre el cual no manifestó inconformidad alguna. Dicho motivo de disenso, suplido en deficiencia de la queja, es fundado y, por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. Para demostrar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, que en lo conducente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]". Dicho precepto establece que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, además de estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por motivado, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En relación con el tema, existen entre otras, las jurisprudencias siguientes: Época: Séptima Época Registro: 238212 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 143 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma.". Época: Novena Época Registro: 170307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/47 Página: 1964 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo.". El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que la garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ésta es la única forma que el gobernado tiene de conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas legalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios criterios ha establecido que la fundamentación, es la precisión del precepto legal aplicable al caso; y la motivación, el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; para ello se requiere además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. La inobservancia al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta (ausencia total), que constituye una violación formal; y aquella que es incorrecta o indebida, que produce una violación material o de fondo. Se dice que hay una incorrecta fundamentación cuando el precepto legal invocado resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no concuerdan con el contenido de la norma legal aplicable al caso. De manera que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad, con el caso concreto. La importancia de esta diferencia radica en el orden en que habrán de estudiarse los argumentos que haga valer el quejoso, ya que la ausencia de tales requisitos constitucionales (fundamentos y motivos), es decir, una violación formal, dará lugar a la concesión del amparo para que la autoridad responsable subsane la irregularidad, y exprese la fundamentación y motivación de su determinación. En cambio, en la violación material o de fondo, que también da lugar a un fallo protector, el efecto se limita a que la autoridad aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente, dado que si bien cumplió con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, unos y otros son incorrectos. Ahora, trasladas estas premisas al caso concreto, según los antecedentes que previamente quedaron expuestos, se recuerda que con motivo de la condena al pago y asignación de la pensión de invalidez decretada en el laudo que se dictó en el juicio laboral de origen, el veintinueve de abril de dos mil quince, el aquí quejoso obtuvo el pago de ese concepto por la cantidad de $684,943.97 (seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 97/100 M.N.); y, posteriormente, el diez de marzo de dos mil diecisiete, como cantidad complementaria recibió el monto de $237,420.41 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 41/100 M.N.); por tal motivo, se dio por cumplido el pago de la pensión por el periodo del siete septiembre de dos mil cuatro al treinta de abril de dos mil quince. No obstante, de la revisión de constancias allegadas por la autoridad responsable se advierte que el Instituto demandado no logró culminar los trámites administrativos para realizar el pago mensual de la pensión a partir de la conclusión del periodo aludido. Por esta razón, el siete de julio de dos mil diecisiete la Junta requirió al Instituto demandado para que exhibiera la planilla de pensión de invalidez que cubriera la pensión mensual del periodo del veinticinco de abril a la fecha (sic); lo anterior bajo el apercibimiento de que en caso omiso, se continuaría con la etapa de ejecución forzosa, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos. Toda vez que no fue evacuado el requerimiento anterior, mediante auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, la Junta hizo efectivo el apercibimiento y continúo con el procedimiento en etapa de ejecución, para lo cual, ordenó "alargar" el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, para requerir de nueva cuenta a la parte demandada de los trámites administrativos realizados, mismos que se solicitaron en un término de dos meses, con el apercibimiento de continuar con el trámite en la etapa de ejecución. Esta determinación es incorrecta, habida cuenta de que tal como lo sostiene la parte quejosa, lo procedente era entrar a la etapa de ejecución forzosa del laudo, para requerir del pago inmediato a la demandada en los términos del requerimiento efectuado -no así de la última cantidad reclamada por el actor dado que el Instituto demandado hizo valer su inconformidad al respecto-. Lo anterior es así ya que en proveído de siete de julio de dos mil dieciocho, la Junta requirió al Instituto demandado para que exhibiera la planilla de pensión de invalidez que cubriera la pensión mensual del periodo del veinticinco de abril a la fecha (sic); bajo el apercibimiento de que en caso omiso, se continuaría con la etapa de ejecución forzada, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos. Es decir, el apercibimiento ahí contenido claramente consiste en que de no dar cumplimiento a lo solicitado, la pensión mensual sería calculada tomando como base los pagos reconocidos en autos. Por ello, si contrario a esta previsión, la Junta estimó que previo a requerir a la demanda del pago inmediato de cualquier cantidad, debía "alagar" el auto de siete de julio de dos mil diecisiete para requerir de nueva cuenta sobre los trámites administrativos realizados, bajo el argumento de que existían diferencias en el pago del cumplimiento de laudo, la autoridad responsable no fundamentó y motivó su determinación, pues la responsable no citó precepto legal que sustentara esa actuación y tampoco justificó por qué no procedía a realizar la cuantificación de la pensión mensual, conforme a los pagos anteriormente realizados, según el apercibimiento de siete de julio anterior, violentándose de esta manera la garantía de seguridad jurídica. En esa medida, el acuerdo de siete de agosto del año referido, de ninguna manera hace efectivo el apercibimiento decretado, pues lo correcto era que el Presidente de la Junta responsable procediera a la ejecución tal y como lo determinó previamente, esto es, continuar con la ejecución forzada, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos, porque precisamente así se estableció por la propia autoridad. De este modo, queda de manifiesto que las omisiones de la autoridad responsable han dejado en estado de indefensión al quejoso al no permitirse saber qué precepto legal sustenta la actuación de la autoridad y el porqué de su actuación, violentándose así su derecho humano de seguridad jurídica. Además, este juzgador no pasa desapercibida la circunstancia de que desde el año dos mil quince el aquí quejoso ha intentado lograr el cumplimiento del laudo emitido a su favor, sin que hasta la fecha haya obtenido el pago total de sus pretensiones, pues es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que anteriormente tuvo que promover juicio de amparo para lograr el pago de las pensiones caídas a las que tenía derecho y la asignación mensual del citado concepto. No obstante que con la concesión de ese amparo logró el pago de la pensión de invalidez por el periodo del siete de septiembre de dos mil cuatro al treinta de abril de dos mil quince; es evidente que a la fecha no ha logrado la asignación de la pensión mensual a la que tiene derecho, ni menos el pago de las cantidades que por ese concepto, a la fecha, se están acumulando. Así las cosas, ante lo fundado del concepto de violación suplido en deficiencia de la queja, lo procedente es conceder el amparo y protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete. Emita de inmediato un auto en el que de manera fundada y motivada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de julio del mismo año, esto es, proceda a la etapa de ejecución forzosa del laudo, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos. En el mismo auto, requiera a la demandada, Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dé cumplimiento al pago de las cantidades que resulten por el conceptos de pensión mensual, y al mismo tiempo la requiera para que de inmediato realice las gestiones necesarias para la asignación de la pensión de invalidez a favor del aquí quejoso. Corolario a lo anterior, ante lo fundado del concepto de violación hecho valer, resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de violación en los que argumenta la transgresión que el Presidente de la Junta responsable cometió al no proveer la pronta ejecución del laudo, pues con motivo de la concesión del amparo, la autoridad responsable deberá dejar insubsistente dicha resolución y emitir otra en la que eventualmente tales vicios podrán subsanarse. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además en los dispositivos 74, 77, 79, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO: La Justicia de la Unión ampara y protege a Joaquín Fernández Crespo, contra el acto y autoridad precisados en los considerandos tercero y cuarto; por las razones y para los efectos detallados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Diferimiento de la audiencia constitucional. Vista la certificación secretarial que obra al rubro del presente proveído, de la que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con cuarenta minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, sin que sea posible llevar a cabo la misma, virtud a la ausencia temporal del titular de este órgano jurisdiccional y a que en términos del párrafo primero del artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Secretario Encargado del Despacho, sólo se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, supuestos en los que no encuadra el presente asunto. En esa virtud, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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