Joaquin Hernández Mora
Expediente 1173/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joaquin Hernández Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta y con el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. En consecuencia, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE LA EJECUTORIA. En la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, se determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto siguiente: "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el laudo respetivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo en los autos del juicio ordinario laboral ********************.". No obstante, en el presente caso no procede requerir al tribunal responsable para el cumplimiento del fallo protector, en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que, mediante el oficio presentado el ocho de los actuales, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó el cumplimiento que dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remitió al efecto, copia certificada del laudo emitido en el juicio de origen. VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta y con el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo a las partes, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintitrés, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, sin que se hubiera recurrido. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. En consecuencia, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE LA EJECUTORIA. En la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio, se determinó otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso para el efecto siguiente: "Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el laudo respetivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo en los autos del juicio ordinario laboral ********************.". No obstante, en el presente caso no procede requerir al tribunal responsable para el cumplimiento del fallo protector, en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, toda vez que, mediante el oficio presentado el ocho de los actuales, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó el cumplimiento que dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y remitió al efecto, copia certificada del laudo emitido en el juicio de origen. VISTA A LAS PARTES CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. RESERVA PROVEER. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en este juicio, comunicado que se reserva proveer lo conducente hasta que cause ejecutoria el mencionado fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-1173/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Ahora, no pasa inadvertido que no ha transcurrido el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable, pues en el caso no existe fin práctico que pudiera desfavorecer a la parte quejosa, ya que no se advierte que la presente resolución, una vez transcurrido el mismo le genere perjuicio, ya que en esta fecha o en aquélla el contenido del informe justificado permite establecer que el sentido sería el mismo. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe justificado copia certificada de constancias relativas al juicio laboral 830/2018 de su índice; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante alegato 806/2023. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO POR MINISTERIO DE LEY: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo X-1173/2023, promovido por ********************, contra actos de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad; y, recibido el mismo día en este órgano jurisdiccional por razón de turno, ********************, promovió demanda de amparo indirecto en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente X-1173/2023; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar laudo correspondiente dentro de los autos que integran el juicio laboral 830/2018. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de esta ciudad, expresamente manifiesta que es parcialmente cierta la omisión reclamada, toda vez que, en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos a la vista de la autoridad colegiada para que se emita el laudo correspondiente, sin que la fecha éste se haya emitido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de constancias relativas al juicio laboral 830/2018 de su índice, de las que se advierte que mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando así, poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena´". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como concepto de violación el que se encuentra contenido en su escrito inicial de demanda, mismo que se tiene por reproducido sin necesidad de transcribirlo pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente tenor: "Tesis: 2a./J. 58/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 164618 Segunda Sala Tomo XXXI, Mayo de 2010 Página 830 Jurisprudencia (Común) "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. " SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado. Ahora bien, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclama medularmente la violación en su perjuicio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que efectivamente ha acontecido. Ahora bien, resulta correcta la apreciación del ahora solicitante de la tutela constitucional, pues efectivamente la actitud omisa de la autoridad responsable, resulta violatoria de la garantía de pronta impartición de justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo siguiente. De la exégesis del precepto constitucional citado, se desprende la obligación para los tribunales encargados de la impartición de justicia de dictar sus resoluciones en forma pronta y expedita, imponiéndosele a la autoridad jurisdiccional sujetarse para ello a los términos que se establezcan en la ley que rija el acto. A fin de corroborar lo anterior conviene señalar que el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, en lo medular dispone que, en una sola audiencia en la que se recibirán, las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez desahogadas, se dictará el laudo. De manera que expresamente la ley burocrática estatal no establece un plazo determinado para el dictado del laudo, una vez que se hayan desahogado la totalidad de las pruebas en diligencias que fueron ordenadas y desahogadas fuera de la audiencia prevista en el numeral 99 del ordenamiento invocado. De igual manera dicha legislación tampoco prevé un plazo específico para dictar el laudo, una vez que se haya cerrado la instrucción. En ese tenor, no se pierde de vista el contenido del precepto 114 de la legislación en comento, en el que se establece que cualquier término no especificado en esa Ley, será de tres días hábiles. Lo anterior lleva a concluir que una vez cerrada la instrucción, el tribunal responsable tiene tres días hábiles para dictar el laudo. En ese orden, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, informó que es parcialmente cierto la omisión reclamada, toda vez que en lo autos del expediente laboral 830/2018, dictó el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando así, poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente, sin que se haya dictado el laudo respectivo dentro del término de tres días siguientes hábiles al cierre de instrucción. En ese contexto, evidente resulta que la Presidenta del Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, dado que de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que el veintiuno de septiembre del año en curso, se declaró cerrado el periodo de instrucción, ordenando así, poner a la vista los autos ante la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente en términos del ordinal 114 de la ley burocrática estatal. En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso ********************, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que: Si a la fecha en que cause ejecutoria la presente resolución, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, no ha emitido el laudo respetivo, en ese sentido, siguiendo los lineamientos establecidos, de manera inmediata provea el dictado del laudo respectivo en los autos del juicio ordinario laboral 830/2018. Lo anterior, a fin de restituir al peticionario de amparo en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, con base a las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
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