Joaquin Antonio García Foullón

Expediente 1541/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1541/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Joaquin Antonio García Foullón

Actuaciones

  1. Incidental

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. APODERADA INFORMA NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por María Fernanda Junco Balderas, Apoderada de la responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual refiere dar cumplimiento al requerimiento realizado en proveído dictado por este juzgado el diecisiete de noviembre en curso; sin embargo del ocurso de cuenta, se desprende que contrario a lo que aduce, no cumple a lo señalado ante la imposibilidad que manifiesta, de canalizar a la menor quejosa al Hospital de Tercer Nivel Centro Médico de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Además de que refiere que no le es posible agendar citas, girar instrucciones o designar perito en dicho hospital de tercer nivel, por no tener relación de supra subordinación entre el HGZ 1 y el Hospital antes referido. NO CUMPLE REQUERIMIENTO. Atento a lo anterior; es evidente que la oficiante no da cumplimiento a los requerimientos que le fueron formulados por este juzgado en el proveído al que hace referencia. Es así porque como se advierte del señalado auto, se le requirió para que en veinticuatro horas acreditara ante este juzgado haber realizado las acciones conducentes para cumplir con la suspensión de plano; esto es, verificar si la menor quejosa ha continuado recibiendo o no la atención médica para el padecimiento que presenta, lo que debía acreditar con las documentales correspondientes. Además, acorde a sus facultades y competencia informara a este juzgado sobre el lugar en que la menor quejosa puede ser atendida en la especialidad de endocrinología pediátrica, ya que refiere que está en esta ciudad no se cuenta con tal especialidad, sin dejar de observar que la quejosa señaló que ya había sido canalizada en el Hospital de Guadalajara, Jalisco; esto es, al Centro Médico Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior porque como se dijo en el diverso al que pretende dar cumplimiento, es deber de la responsable girar instrucciones claras y precisas, o bien indicar o canalizar a la quejosa a fin de que sea valorada y atendida medicamente, para que reciba el tratamiento médico que requiere. SE REQUIERE NUEVAMENTE. Por lo tanto, REQUIERASE NUEVAMENTE a la autoridad responsable Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas de cumplimiento con el requerimiento formulado por este juzgado en auto de diecisiete de noviembre en curso. SE APERCIBE AUTORIDAD RESPONSABLE. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar dentro del término otorgado el impedimento que tenga para ello, le será impuesta una multa por el equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la suma de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos, moneda nacional), en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SOLICITA SE DESIGNE PERITO TERCERO EN DISCORDIA. Visto el escrito suscrito por la parte quejosa registrado con el número de folio 17262, mediante el cual solicita que se designe perito tercero en discordia por los motivos que señala. Atento a la manifestación del ocursante, en el sentido de que este órgano jurisdiccional designe un perito tercero en discordia hágase de su conocimiento que en procedimientos como el que ahora nos ocupa, no es menester que la prueba pericial se encuentre colegiada, ya que según lo dispone el propio numeral 120 de la Ley de Amparo1 , se integra debidamente con aquel que rinda el perito oficial designado por el juzgado, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un experto que se asocie con el oficial. 1 "Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos." Ciertamente, se prevé la posibilidad de que cada parte designe su perito, pero ello no significa que en caso de existir dictámenes contradictorios el Juez Constitucional tenga la obligación de designar un perito tercero en discordia, se insiste, porque basta con que se designe un perito oficial para que la prueba se encuentre debidamente integrada. Máxime que dada la existencia de los diversos dictámenes que obran en autos, llegado el momento de dirimir lo conducente, a fin de fundar y motivar debidamente el fallo que se emita, se valoraran las experticias emitidas a efecto de establecer las premisas que únicamente para efectos del presente juicio constitucional, resultan. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 81/2011,2 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A UN PERITO TERCERO. Conforme al tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, una vez anunciada la prueba pericial, el Juez de Distrito debe designar al o a los peritos que estime necesarios para la práctica de la diligencia, independientemente de que cada parte pueda nombrar a un perito para que se asocie al oficial o rinda su dictamen por separado. De lo anterior se sigue que la naturaleza de la pericial en el amparo no es colegiada, porque el único peritaje cuyo dictamen es indispensable para su debida integración y desahogo es el del perito nombrado por el juzgador. En este tenor, la Ley de Amparo es expresa al señalar la manera como debe rendirse la prueba pericial, que no es la fijada por el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni cabe aplicar dicho código adjetivo a fin de que el Juez esté obligado, necesariamente, a nombrar a un tercer perito cuando exista discordancia entre el dictamen oficial y el de los demás, pues de hacerlo se desconocería la naturaleza de la prueba pericial en amparo, al convertirla en colegiada, siendo incongruente con los principios y bases que rigen este medio de control constitucional.". (Lo subrayado es propio). 2 Visible en la página 300, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, materia común, novena época, con registro: 161797. En ese tenor, se recuerda que si bien este Juzgador a efecto de realizar el análisis del dictamen de las partes no se encuentra constreñido a un determinado método legal o tasado, lo cierto es que para cumplir adecuadamente con el deber constitucional de fundar y motivar debidamente este fallo, así como para otorgar seguridad jurídica a las partes, llegado el momento, dicha valoración se hará expresando los motivos por los cuales deben o no tener valor probatorio en el presente juicio constitucional tales experticias. De manera que se asignara valor a aquél que se considere congruente, objetivo, acorde a la sana critica, completo, imparcial y, en general, cuyas conclusiones se encuentren adminiculadas con otros elementos de convicción; sin que ello implique una violación para alguna de las partes. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 97/2015 (10a.),3 emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de contenido siguiente: "PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo.". Por lo anteriormente expuesto no ha lugar a 3 Visible en la página 815, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, materias constitucional, administrativa, común, décima época, con registro digital: 2009661. designar un perito tercero en discordia; máxime que tal figura no se contempla en la Ley de Amparo, ni existe necesidad de acudir supletoriamente a otra legislación, ya que la propia Ley en comento contempla suficientemente lo relativo a la forma en que habrá de desahogarse la prueba pericial en juicios de amparo. APODERADA INFORMA NO SE CUENTA CON ESPECIALISTA EN ENDOCRINOLOGÍA PEDIÁTRICA. Por otra parte, visto el escrito de cuenta signado por María Fernanda Junco Balderas, Apoderada de la responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, mediante el cual refiere que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento al requerimiento que le fue realizado a través del oficio número 18519, deducido del proveído dictado por este juzgado el treinta de octubre del año en curso, toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, no cuenta con especialista en endocrinología pediátrica. Atento a lo anterior, toda vez que los efectos de la suspensión de plano concedida en proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, 4 fueron para que la autoridad responsable Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, conforme al ámbito de su competencia y posibilidad material: a). Ordenara a quien correspondiera y bajo su más estricta responsabilidad la valoración de la menor quejosa y si como resultado de los estudios que al efecto se le practicaran, advertía que ésta requiere de algún medicamento, le fuera proporcionado. b). Para que en el supuesto de que la responsable -como lo afirmó la parte quejosa- hubiere remitido a la menor al Centro Médico Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social de Guadalajara, Jalisco, verificara que se envió el expediente clínico de la menor quejosa completo y actualizado a esa delegación; y, de no ser así, a la brevedad, se le envíe al especialista de aquella institución, para que en su caso, se encuentre en condiciones de realizar la valoración del estado de salud de la menor quejosa y de ser necesario le sea proporcionado el tratamiento médico que corresponda. Esto es, la suspensión de plano concedida obliga a las autoridades a proporcionar de forma gratuita la atención médica de los especialistas necesarios, tratamientos y que le sean suministrados todos los medicamentos que pudiera necesitar de manera inmediata y sin condicionar pago alguno. A lo que la responsable Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, a través de las documentales que acompañó al oficio presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno,5 hizo del conocimiento de este juzgado el trámite realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este juzgado, de la que se advierte la valoración realizada de la menor en el área de pediatría específicamente en el consultorio 8BM, por la médico Sara Cornejo García, quien solicitó valoración a la menor por el área médica de endocrinología pediátrica. Por tanto, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas contado a partir de que tenga conocimiento de este acuerdo, acredite a este juzgado haber realizado las acciones conducentes para cumplir con la suspensión de plano; esto es, verificar si la quejosa directa ha continuado o no recibiendo la atención médica para el padecimiento que presenta, lo que deberá acreditar con las documentales correspondientes. Además, a fin de que acorde a las facultades que le son otorgadas y acorde a su competencia, proporcione a este juzgado información sobre el lugar en que puede ser atendida la menor quejosa en la especialidad que requiere de endocrinología pediátrica, ya que refiere que en la Delegación Michoacán no se cuenta con tal especialidad. Lo anterior porque es deber de la responsable girar instrucciones claras y precisas a fin de que se proporcione oportunamente el servicio médico a la quejosa, por lo cual, dicha autoridad debe velar porque se atienda a la ésta acorde a la suspensión de plano concedida en su favor. SE APERCIBE AUTORIDAD RESPONSABLE. Con el apercibimiento que de no hacerlo, o no informar dentro del término otorgado el impedimento que tenga para ello, le será impuesta una multa por el equivalente a doscientas Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la suma de $19,244.00 (diecinueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos, moneda nacional), en términos de los numerales 26, Apartado Be, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. Notifíquese personalmente.

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