Joaquín Fernández Crespo
Expediente 886/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 886/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Joaquín Fernández Crespo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil diecinueve. SE SOLICITA ACUSE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que aún no obra el acuse de recibo del oficio número 9212 dirigido al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante el cual se le devolvió el tomo de pruebas formado con las documentales que adjuntó a su informe justificado; en consecuencia, se solicita a la citada responsable, para que de no existir impedimento legal alguno, envíe el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, a fin de estar en condiciones de remitir el presente asunto al archivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.-
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución terminada de engrosar el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por Joaquín Fernández Crespo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del tomo de prueba que se formó con las documentales que la autoridad responsable, Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número II-886/2018, promovido por Joaquín Fernández Crespo, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado, Joaquín Fernández Crespo solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos atribuidos al Presidente y Actuaria de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. El promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, por una parte, se desechó la demanda de amparo respecto al acuerdo de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, así como por la diligencia de veintisiete de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, y por otro lado, se admitió la citada demanda por los restantes actos de molestia; así, la demanda quedó registrada bajo el número II-886/2018; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada como se advierte del acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de autoridades laborales con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 Tomo XI, Abril de 2000 DEMADA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables en la presente instancia constitucional, consisten en: El proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete emitido dentro del juicio ordinario laboral 1539/2007, en el cual no hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, sino que requirió nuevamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que exhibiera las constancias que acreditaran el pago, los conceptos y las gestiones para realizar el pago del laudo respectivo. La omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la vista que a manera de cuenta se dio al Presidente de la Junta responsable, con las manifestaciones de las partes, formuladas en la diligencia de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, llevada a cabo en el controvertido de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se desprende que fueron omisas en informar respecto a la constitucionalidad del acuerdo de siete de agosto de dos mil diecisiete; por tanto, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presume cierto tal acto; además, adujeron que es cierta la omisión que se les atribuye. Máxime que la certeza de los actos reclamados se corroboran con las constancias que acompañaron como sustento de su informe con justificación; documental a la cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido con los siguientes criterios: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos". Cabe precisar, que si bien el promovente del amparo en el último párrafo del apartado relativo a los actos reclamados, señaló como tal: "[.] el acuerdo de fecha 07 siete de agosto de la presente anualidad, emitido dentro del Juicio Ordinario Laboral 1539/2007"; sin embargo, del contenido íntegro del propio libelo inicial, en específico, del primer concepto de violación, se advierte que refiere que dicho auto fue emitido en dos mil diecisiete; circunstancia que se corrobora de las copias certificadas del controvertido laboral, además que de dichas constancias no se advierte la existencia de un diverso proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho. Por las razones que contienen, sirve de apoyo a lo anterior los criterios de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 196233 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Mayo de 1998 Materia(s): Común Tesis: P. XLVIII/98 Página: 69 ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitándose en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1980/97. Telefonía Celular del Norte, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1931/97. Celular de Telefonía, S.A. de C.V. 3 de marzo de 1998. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Luz Delfina Abitia Gutiérrez. "Época: Novena Época Registro: 189534 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Junio de 2001 Materia(s): Común Tesis: I.7o.A. J/13 Página: 597 ACTO RECLAMADO, ERROR EN LA FECHA DEL. Cuando del informe justificado, así como de autos, se desprende que la fecha en la que se dictó la sentencia que se reclama en amparo directo es diversa a la que se señala en el escrito de demanda de garantías como la del acto reclamado, es una imprecisión intrascendente si se encuentra perfectamente identificado el número de juicio, existe identidad de las partes que en él intervinieron y los conceptos de violación están encaminados a combatir las consideraciones de esa sentencia. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 167/97. Fricción, S.A. de C.V. 15 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alberto Bravo Melgoza. Amparo directo 1567/98. Pemex Exploración y Producción. 30 de abril de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Amparo directo 1797/98. Fianzas Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV Probursa. 21 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Gustavo Naranjo Espinosa. Amparo en revisión 1127/2000. Miguel Ángel Machuca Ramírez. 31 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite. Amparo directo 1307/2001. Bobadilla y Compañía, S.A. de C.V. 9 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite". Asentado lo anterior, por lo que ve al referido auto combatido, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, la cual es del contenido literal siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Del numeral transcrito se conoce que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: que exista otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, que se reclame el mismo acto reclamado; y, que ya se hubiere resuelto. A fin de demostrar que en el presente caso opera la causal de improcedencia antes referida, es menester traer a colación que en este propio órgano de control constitucional se encuentra radicado el diverso juicio de amparo X-264/2018; expediente que se tiene a la vista al momento de resolver este asunto, del cual se obtienen los siguientes antecedentes: a) Joaquín Fernández Crespo, reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta capital, el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, dictado dentro del procedimiento de ejecución del juicio laboral 1539/2007 de aquél índice; b) Previa secuela procesal, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el auto de siete de agosto de dos mil diecisiete; 2. Emita de inmediato un auto en el que de manera fundada y motivada, haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de julio del mismo año, esto es, proceda a la etapa de ejecución forzosa del laudo, tomando como pensión mensual, el promedio mensual de los pagos reconocidos en autos; 3. En el mismo auto, requiera a la demandada, Instituto Mexicano del Seguro Social, para que dé cumplimiento al pago de las cantidades que resulten por el conceptos de pensión mensual, y al mismo tiempo la requiera para que de inmediato realice las gestiones necesarias para la asignación de la pensión de invalidez a favor del aquí quejoso". c) Por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la referida resolución, y se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento con la misma; y, d) El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se estimaron satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumplió con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo y, al no haber actuación pendiente por desahogar, se decretó el archivo del mismo. Lo anterior constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Cobra aplicación al particular la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". Aunado a lo anterior, el propio quejoso en el primer concepto de violación, bajo protesta de decir verdad, indicó lo siguiente: "[.] Toda vez que no fue evacuado el requerimiento anterior, mediante auto de siete de agosto de dos mil diecisiete, la Junta hizo efectivo el apercibimiento y continúo (sic) con el procedimiento en etapa de ejecución, para lo cual, ordenó ´alargar´ el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, para requerir de nueva cuenta a la parte demandada de los trámites administrativos realizados, mismos que se solicitaron en un término de dos meses, con el apercibimiento de continuar con el trámite en la etapa de ejecución. La anterior determinación como obra de los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto número 264/2018 del Índice del Juzgado Tercero de Distrito, en el Estado, fue calificada como de inconstitucional, motivo por el cual la autoridad responsable ordenadora dejó sin efectos esa determinación para ahora emitir en cumplimiento al fallo protector el acuerdo de 27 veintisiete de junio de la presente anualidad, y ejecutado por la actuaria responsable hasta el día 27 veintisiete de septiembre del año, en curso [.]". De lo antes expuesto, es inconcuso que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación, cuya finalidad es impedir que se resuelva en dos ocasiones el mismo problema jurídico, pues al tratarse de dos asuntos en donde se ventilan iguales aspectos; entonces, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en lo tocante al acto reclamado precisado en el inciso 2) del considerando segundo de esta sentencia, consistente en la omisión de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la vista que a manera de cuenta se dio al Presidente de la Junta responsable, con las manifestaciones de las partes, formuladas en la diligencia de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, llevada a cabo en el controvertido de origen, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". De dicho precepto legal, se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese sentido, para acreditar que se actualiza la causa de improcedencia en comento, es necesario tomar en cuenta que el aquí quejoso reclama la omisión del Presidente responsable de proveer lo que en derecho proceda en relación a la vista que a manera de cuenta la Actuaria le dio con las manifestaciones de las partes formuladas en la diligencia de veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Ahora, de las constancias remitidas por las responsables, se desprende que el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se presentó la demanda que dio origen al presente juicio, asimismo, que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Actuaria adscrita a la junta laboral, en cumplimiento a lo acordado el veintisiete de junio de la referida anualidad, requirió a la demandada del pago de las cantidades que resultaron por concepto de pensión mensual, tomando como pensión el promedio de los pagos reconocidos en autos, diligencia en la que las partes manifestaron lo siguiente: [.] ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VOZ QUE SOLICITA EL ACTOR, MANIFIESTA: No estoy conforme con las operaciones aritméticas y cantidades que en éste momento me comunica ésta autoridad laboral por lo que en mi concepto se están sacando cuentas incorrectamente por otra parte le pido a ésta autoridad laboral me indique hoy mismo la documentación que requiera de mi persona para que realice el trámite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se me empiece a cubrir la pensión mensual a cargo del IMSS toda vez que bajo protesta de decir verdad no tengo empleo ni ningún otro ingreso, y el día de hoy me estoy percatando que no se ha hecho ningún trámite por parte de esta autoridad para que se me pague de inmediato la pensión, no obstante la urgencia que tengo de recibirla para mi sobrevivencia. [.] ACTO SEGUIDO, LA SUSCRITA ACTUARIA PROCEDO A SOLICITAR SE REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ASIGNACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ A FAVOR DEL C. JOAQUÍN FERNÁNDEZ CRESPO, CONCEDIÉNDOLE EL USO DE LA VOZ AL APODERADO JURÍDICO DEL IMSS, MANIFIESTE AL RESPECTO LO CONDUCENTE: Para el otorgamiento de la pensión que debe de otorgarse al actor señalamos los siguientes: 1.- El asegurado se encuentre del periodo de conservación de derechos. 2.- Laudo certificado con firmas autógrafas. 3.- Copia de identificación oficial en donde obre firma y fotografía. 4.- Cualquier documento donde aparezca su número de seguridad social. 5.- Su número de registro ante el INFONAVIT. 6.- Copia del estado de la AFORE no mayor a los seis meses. 7. Comprobante de domicilio. 8.- CURP. 9.- Registro Federal de Contribuyentes (constancia de inscripción). 10 Original de acta de nacimiento. 11 Original de Acta de matrimonio. 12.- Originales de Actas de nacimientos si hay menores de edad o mayores con menos de 24 años y que se encuentren estudiando en Instituciones públicas. 13.- Documento expedido por Institución de Crédito autorizada por el Instituto dentro de la circunscripción con cuenta y clave bancaria estandarizada para recibir el pago de su pensión. La elección del régimen de Seguridad Social que pretende el asegurado.- 14.- Dictamen de Invalidez ST4 expedida por el IMSS. 15.- Acudir a las oficinas y llenar el formato de solicitud.- Posteriormente a que le se le (sic) reciban sus documentos en un término aproximado de 60 días de iniciado su trámite se le otorgará la pensión correspondiente otorgada en el laudo respectivo.- 16.- Cartilla de Servicio MILITAR nacional [.]" Ante las aludidas manifestaciones, la Actuaria refirió: "Acto seguido la suscrita actuaria, doy fe y se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por las partes, dando vista de lo anterior al presidente al Presidente (sic) ejecutor de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que acuerde lo que en derecho proceda. Asimismo, toda vez que, se me comisionó también a solicitar se realicen las gestiones necesarias para la asignación de la pensión de invalidez a favor del C. JOAQUÍN FERNÁNDEZ CRESPO, el apoderado jurídico del IMSS señaló en líneas anteriores los requisitos para la asignación de la pensión, para que el actor reúna todos los requisitos, y una vez hecho lo anterior comparezca ante ésta autoridad, a efecto de que el Actuario de ésta H. Junta comparezcan con el actor a dar fe de la entrega de los documentos mencionados para la tramitación de la pensión de invalidez ante el Departamento de Pensiones de la Subdelegación Morelia [.]" (Énfasis añadido) Empero, no fue sino hasta el catorce de marzo de la presente anualidad, que se acordó lo correspondiente a la vista emitida en la diligencia citada supralíneas, a saber: "[.] Visto el estado procesal que guardan los autos y vista la certificación que antecede y toda vez que las partes no interpusieron recurso en contra de la diligencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la misma resulta firme, por lo que, visto su contenido, asimismo, la misma fue ordenada por auto de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto 264/2018, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se determinó la cantidad a requerir al instituto demandado, por lo que no ha lugar a proveer la solicitud del actor, ahora bien a bien, por lo que hace al pago de las subsecuentes pensiones de manera administrativa, se describieron los trámites correspondientes, para que el trabajador, realice y con ello estar en condiciones de ordenar su archivo como asunto total y definitivamente concluido; por lo que se requieren a las partes, para que en el Término de TRES DÍAS HÁBILES, se sirvan informar los trámites descritos en el acta de 27 de septiembre de 2018 [.]" De ahí, que resulte factible considerar que cesaron los efectos de la omisión atribuida al Presidente de la Junta responsable, precisamente porque en este órgano de control constitucional obra copia certificada del acuerdo recaído a la aludida diligencia; en consecuencia, la autoridad responsable destruyó los efectos de la omisión que se le reclamaba en la demanda de amparo, así como sus consecuencias; por lo tanto, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse las hipótesis de improcedencia anunciadas, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Fernández Crespo, contra los actos y autoridades precisados, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION; V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número II-886/2018, promovido por Joaquín Fernández Crespo, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, ...Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Joaquín Fernández Crespo, contra los actos y autoridades precisados, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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