Jiovany León Nambo
Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jiovany León Nambo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés.********************CAUSA ESTADO AUTO********************Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por ********************y********************, en cuanto defensores articulares de ******************** en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes.********************Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.********************SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido.********************CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.********************Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.********************NOTIFÍQUESE. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.********************Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.********************
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************y********************, quienes se ostentan como defensores articulares de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta ciudad y otra autoridad, ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del contenido íntegro de la demanda de garantías así como del escrito aclaratorio de cuenta, se obtiene que los actos reclamados son: 1. De la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación: 1.1. La omisión de pronunciarse con respecto a la solicitud sobre prescripción de multa promovida por la defensa dentro del expediente SIPE-544/2019. 1.2. La omisión de dictar nuevo auto en el expediente S-179/2022, en cumplimiento a la ejecutoria del toca de apelación 1/2023 que revocó el auto por que se desechó la petición sobre duración de la pena. 2. De la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, del Poder Judicial de la Federación: 2.1. La omisión de turnar a la diversa responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación el expediente SIPE-544/2019 para su resolución. 2.2. La omisión de turnar a la diversa responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación el expediente SD-179/2022 y la resolución del toca penal 1/2023 para su cumplimiento. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2011580 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Página: 1086 AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De lo expuesto hasta el momento, se obtiene que, por regla general el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente cuando el reclamo del peticionario de la protección constitucional estriba en dilaciones procesales, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se advierta la existencia de una abierta dilación al procedimiento o su paralización. Supuestos previstos en dicha jurisprudencia, que se estima se colman en el caso particular, ya que la parte quejosa pretende reclamar como omisiones a las responsables, actuaciones que son netamente actuaciones intraprocesales. Lo anterior es así, ya que se duele de la omisión de pronunciarse con respecto a la solicitud sobre prescripción de multa promovida por la defensa dentro del expediente SIPE-544/2019; y en ese sentido la juez responsable emitió un proveído el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, dentro de los autos del procedimiento de ejecución 544/2019, en el cual la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en esta ciudad, tuvo por recibido el oficio proveniente de la Administración Desconcentrado de Recaudación de San Luis Potosí 1, mediante el cual le comunicó que no localizó registro para el cobro de la sanción a nombre de ********************. Proveído en el que además tuvo por recibido el escrito firmado por la defensora particular del sentenciado ********************, a través del cual le manifestó que al haber concluido el plazo otorgado a dicha recaudadora, para que la autoridad recaudadora en cita rindiera el informe que se le requirió en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós, le impusiera una multa como medio de apremio. Con motivo de la anterior solicitud, la citada Administradora ordenó turnar el cuaderno de ejecución a la licenciada Yuridia Bello Camacho, Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal acusatorio, con competencia en ejecución penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal a efecto de que tuviera a bien resolver respecto a la solicitud relativa a la prescripción de la multa, así como a la diversa solicitud relativa la imposición de un medio de apremio a la autoridad que indica. De lo antes expuesto, se advierte que contrario a lo que aduce la parte quejosa, ya existe un pronunciamiento en torno a la prescripción de la solicitud de prescripción de la multa, ya que turnó los autos para que se resuelva lo conducente y por ello, no hay una omisión en su tramitación, pues la autoridad a la que se remitió la solicitud habrá de resolver sobre la procedencia o no de la prescripción solicitada; y en el supuesto sin conceder, que lo que constituya materia de reclamo para la parte quejosa sea que no se haya emitido la resolución relativa en torno a la prescripción de la multa, al haberse apenas turnado el dieciocho de enero de este año, resulta evidente que no existe una "abierta dilación del procedimiento" o su "paralización total", ya la autoridad estará sujeta al término legal que rige el proceso para emitir la resolución correspondiente. Mientras que, en relación al diverso acto que se hace consistir en la omisión de turnar a la diversa responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Morelia del Poder Judicial de la Federación el expediente SD-179/2022 y la resolución del toca penal 1/2023 para su cumplimiento, de igual forma no se advierte una paralización total del procedimiento o una abierta dilación. Lo anterior, es así ya que de las propias constancias que se acompañan a la demanda de garantías se desprende que mediante oficio número 116/2023, de diez de enero de dos mil veintitrés, la secretaria de la Ponencia "A" del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Primer Circuito, remitió a la Administradora del Centro del Justicia Penal Federal testimonio autorizado de la resolución pronunciada en esa fecha dentro del toca penal 1/2023; sin que se cuente con la constancia de recepción de dicha misiva por parte de la Administración del referido centro de Justicia Penal Federal, o en su caso, por la fecha en que se remitió, que al día de hoy se haya incurrido en una excesiva dilación en su trámite que haga procedente el amparo indirecto en su contra o que con ello se vulneren derechos sustantivos, pues se insiste, se trata de actuaciones que redundan en violaciones intraprocesales. Es así, pues aun cuando en el decir de la quejosa con la omisión en que incurren la responsables, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley que regula el proceso de origen, para continuar con la secuela procesal; la realidad, es que la Suprema Corte de Justicia, en concreto la Segunda Sala ha sostenido que, por regla general, dicha circunstancia no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando, como en el caso, los actos reclamados consisten en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, se insiste, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se observe una abierta paralización del proceso; lo que no ocurrió en la especie por las razones antes expuestas. Así, la circunstancia de que en el procedimiento de origen el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se haya ordenado turnar la solicitud de prescripción a la juez; y que el diez de enero de ese mes y año, data de la resolución ejecutoriada que se dictó en el toca penal 1/2023 para que la juez se pronuncie respecto a lo ahí resuelto, pone en evidencia que el juicio no está paralizado o tenga una abierta dilación del procedimiento, máxime que la fecha de promoción de la presente demanda, fue el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de modo que tomando en cuenta la fecha desde la cual se aduce la omisión así como el momento en que se ejerció la acción constitucional, es determinante para concluir que no podrá estimarse que se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, al tampoco estimarse una abierta dilación en el proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 17 Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que el quejoso es parte. En esos términos, si bien los amparistas se duelen de la omisión en que han incurrido las responsables, lo cierto es que, al ser parte los quejosos dentro del procedimieto penal, tal dilación se torna en una violación intraprocesal, y por ende, no afecta derechos sustantivos, máxime que, de sus propias manifestaciones y de las documentales exhibidas se ha evidenciado que las responsable ha desplegado actuaciones tendentes a atender lo solicitado por la parte quejosa. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2011703 Instancia: Plenos de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III Materia(s): Común Tesis: PC.IV.L. J/3 K (10a.) Página: 2094 JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 5157/2014, del cual derivó la tesis aislada 2a. XCII/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", sostuvo que la jurisprudencia tiene el carácter de una norma general, porque constituye una fuente relevante para el derecho, en virtud de que permite tanto a gobernantes como a gobernados, conocer la forma en que opera el sistema jurídico a través del entendimiento no sólo de reglas relevantes, sino de los principios implicados y perseguidos por el derecho. Ahora, de los artículos 94, párrafo décimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 215 a 224 de la Ley de Amparo, se advierte que la jurisprudencia constituye una fuente formal del derecho, ya que a través de ella se refleja un criterio uniforme de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, esto es, por regla general tiene como fin establecer el alcance o significado de la ley o norma general, pero no es una norma nueva, sino que sólo establece el verdadero alcance de una norma previamente existente. Asimismo, una vez que una tesis de jurisprudencia se considera de aplicación obligatoria, los órganos jurisdiccionales deben ceñirse a su sentido, sin que puedan cuestionar su contenido o proceso de integración, pues ello es propio del órgano que emitió el criterio vinculante. De ese modo, se concluye que para que se genere la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, debe existir una jurisprudencia anterior de la cual derive el derecho adquirido de manera previa a la aplicación de la nueva, sin que pueda admitirse que el hecho de afectar simples expectativas de derecho se traduzca en perjuicio para el justiciable; de ahí que su aplicación puede realizarse a hechos originados antes o después de su surgimiento, en tanto haya acontecido durante la vigencia de la norma o no exista una interpretación contraria a la aplicada. Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que las responsable no ha acatado los términos de la legislación penal, lo cierto es, que en el estado procesal en que se encuentra el juicio de origen y del tiempo transcurrido desde su última actuación, esto es la que ordenó turnar los autos (dieciocho de enero de dos mil veintitrés) o la fecha en que se emitió en alzada la resolución que refiere la quejosa tiene que ejecutar y que no se cuenta con el dato de recepción de la misma, pero si de su emisión (diez de enero de este año), se concluye que no se materializan esa hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por el quejoso no es mayor a quince días en un acto y siete para otro, y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los Centros de Justicia Penal, normalmente son muy amplias, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, eventualmente podrían generar un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para el propio quejoso. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************y********************, en representación de ********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal con sede en esta ciudad y otra autoridad. SE AUTORIZA RECIBIR NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene autorizando para recibir notificaciones vía electrónica, por lo que se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las notificaciones respectivas en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Por otro lado, con apoyo en el artículo 3º., de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del expediente en que se actúa, vía electrónica a través de los usuarios "carlosescobedosuarez" "ignaciomendozaoropeza" y "luisdanielsalazargalvan". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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