Jhenny Denisse Reyes Grjeda
Expediente 66/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jhenny Denisse Reyes Grjeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia trece de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintidós. Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de mayo de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 66/2022-III, promovido por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito, en esta Ciudad, y turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno, y Titular del Diario Oficial, todos del Estado de Chihuahua, así como del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, estos últimos del Municipio de Juárez, Chihuahua, de quienes reclamó, en esencia, el sistema normativo que prevé y determina el cálculo del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, en el Municipio de Juárez, Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda: Mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; de igual forma, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: a) Del Congreso del Estado de Chihuahua, la aprobación y expedición de los siguientes ordenamientos legales: - El decreto 406/2008, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 102, el veinte de diciembre de dos mil ocho, mediante el cual se reformaron los artículos 3, fracciones V, XIV, XVI y XXIII y 21, todos de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua. - La aprobación y expedición del decreto número LXVII/APLlM/0146/2021 I P.O., publicado en el periódico oficial del estado, número 104, el 29 de diciembre de 2021, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2022, mediante el cual se establece como ingreso de dicho municipio el impuesto predial, a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto, entre los que se encuentran los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos, así como construcciones permanentes adheridas a los mismos, por considerar que sus artículos 11, inciso b), 17, 18 conjuntamente con los artículos correspondientes al cobro de impuesto predial. - La aprobación y expedición del decreto LXVIIIAPTW/0065/2021 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 15 de diciembre de 2021, por el que se aprobaron las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, propuestas por el Ayuntamiento de Juárez, mismas que entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2022 y que servirán de base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria. - La totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en el artículo 1°, de la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. -Los artículos 148 y 149 del Código Municipal emitidos mediante el Decreto 850/95, conjuntamente con los dispositivos 3, fracciones XIX, XXIII, XXIV y XXV, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28, de la Ley de Catastro, emitidos por el Decreto 818/95, reformado por el Decreto 112/04, conjuntamente con el Decreto 786/06, en virtud de la transformación que sufrió el régimen fiscal del impuesto predial por el artículo 11, inciso b), conjuntamente con los artículos primero y tercero transitorios, de la Ley de Ingresos del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. - La aplicación de tomar como base gravable el 70% al valor mayor del inmueble determinado en el avalúo practicado en viviendas de interés social o vivienda popular nueva. b) Del Gobernador del Estado de Chihuahua, la promulgación de los ordenamientos legales descritos en el inciso que antecede. c) Del Secretario de Gobierno así como del Titular del Diario Oficial, ambos del Estado de Chihuahua, la publicación de los ordenamientos legales citados. d) Del Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe del Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, - La aplicación (ejecución) de los ordenamientos legales reclamados (a través del cobro respectivo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós). TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Presidente del Ayuntamiento, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se le reclama, consistente en la aplicación (ejecución) de las normas tildadas de inconstitucionales, que se traduce en el cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, respecto del bien inmueble propiedad de la quejosa. La parte quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tal negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto que se atribuye a la autoridad responsable. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. II. Por otro lado, el Tesorero, Director de Catastro y Jefa de Departamento de Valuación adscrita a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe justificado, manifestaron ser ciertos los actos de ejecución que se les endilga, en cuanto a la aplicación de la normatividad relativa y aplicable al cobro de impuesto predial reclamado, argumentando que dentro de sus facultades se encuentra el recaudar las contribuciones previamente autorizadas por la ley de ingresos. Ahora, debe precisarse que la aplicación de los preceptos reclamados, a través del pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós no le es imputable a dichas autoridades municipales. Lo anterior es así, ya que el acto concreto de aplicación de una ley, no sólo lo constituye el proveniente de una autoridad, sino que puede provenir de un particular que actúa por mandato expreso de la ley; en esta hipótesis, se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple, sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a ello. En el caso, consta en autos el certificado de ingresos, a nombre *******, número *******, respecto del inmueble con clave catastral *******, por la suma de $******* (*******), expedido por la Tesorería Municipal de Juárez, Chihuahua. Documental a la que se le reconoce valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, al haber sido expedido por la Tesorería Municipal, adquiere la calidad de documento público, y que se ve concatenada con el informe justificado que rinde el Tesorero del Municipio de Juárez, del cual se desprende que, el diez de enero de dos mil veintidós, la quejosa realizó el pago espontáneo por concepto del impuesto predial relativo al ejercicio fiscal dos mil veintidós, relativo al inmueble con clave catastral *******, por la suma de $******* (*******), según certificado de ingresos número *******, expedido por la Tesorería Municipal de Juárez, Chihuahua. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, de agosto de 2007, materia común, página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que estatuye lo siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables a que se refiere este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos especificados en el presente considerando, reclamados al Ayuntamiento, Tesorero, Director de Catastro y Jefe de Departamento de Valuación adscrito a la Dirección de Catastro, todos del Municipio de Juárez, Chihuahua. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por lo que hace las autoridades señaladas como responsables, Gobernador Constitucional, Titular del Diario Oficial y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, con domicilio en la ciudad del mismo nombre, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de febrero del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber, la promulgación y publicación, respectivamente, de los Decretos impugnados. Por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuyó. Además, la existencia de dichos ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Precisión especial. Es necesario precisar que, en atención a que este juicio de amparo se promovió contra ordenamientos legales de carácter general (indicados en el considerando segundo), con motivo del que la quejosa estima, fue el primer acto de aplicación con efectos en su ámbito de derechos, la técnica jurídica que opera en este asunto para su resolución, es la que se expone a continuación: En principio, se verificará si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que efectivamente concrete en perjuicio de la peticionaria de amparo la hipótesis jurídica controvertida, Si el acto de aplicación resulta ser el primero, deberá analizarse si en relación con el mismo se actualiza alguna causa de improcedencia, pues de ser así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada; y De resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, deberá analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 400, del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, jurisprudencia SCJN, compilación al dos mil, materia Constitucional, Séptima Época, con registro 900346, que establece: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Así como la tesis de jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 235, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, materia Constitucional, Novena Época, con registro digital 191311, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." SEXTO. Acreditación de causales de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, esto conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio se determinan las causales de improcedencia que se actualizan en este asunto. Improcedencia respecto del acto de aplicación, consistente en los decretos relativos al impuesto predial ejercicio fiscal de dos mil veintidós, y en el que se aprobó la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones para el año dos mil veintidós. La quejosa promovió este juicio de amparo con motivo del que estimó, fue el primer acto de aplicación de los ordenamientos legales que reclama y que prevén el mecanismo del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, el cual, según manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, se verificó el diez de enero de dos mil veintidós. Para demostrar lo anterior, exhibió el certificado de ingresos número *******, a nombre de *******, respecto del inmueble con clave catastral *******, por la suma de $******* (*******), expedido por la Tesorería Municipal de Juárez, Chihuahua. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se trata de un documento público, ya que fue expedido por una dependencia pública, como lo es la Tesorería Municipal, y en el mismo, se aprecian los sellos y logotipos oficiales de la misma. Sin embargo, el primer acto de aplicación de las normas que prevén el mecanismo del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintidós, previsto en los Decretos reclamados relativos, no tuvo verificativo, como lo asevera la quejosa, en fecha diez de enero dos mil veintidós, sino que el primer acto de aplicación de dichas normas, se llevó a cabo desde el siete de enero de dos mil veintidós, pues en esa fecha, la hoy quejosa, mediante certificados de ingresos ******* y *******, realizó el pago del Impuesto Predial del ejercicio Fiscal dos mil veintidós, de diversos inmuebles que aparecen registrados a su nombre, identificados con las claves catastrales ******* y *******, lo que se acredita con los comprobantes de pago realizados ante la Tesorería Municipal, y que en copia certificada fueron anexados al informe justificado rendido por dicha autoridad. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se trata de documentos públicos, ya que fueron expedidos por una dependencia pública, como lo es la Tesorería Municipal, y en los mismos, se aprecian los sellos y logotipos oficiales de la misma. Lo anterior, evidencia una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de que se habla, dado que se acató de manera libre y consciente el sistema normativo que soporta el tributo predial. En esas condiciones, se entiende que la quejosa consintió la aplicación de las normas reclamadas, relativas al ejercicio fiscal dos mil veintidós, y por ende se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Ahora bien, en relación con dicha norma, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El pazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Es decir, que el plazo genérico para demandar la acción constitucional, es de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos que tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar: 1) al día siguiente al en que surta efectos la notificación a la parte quejosa del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; o, 2) al día siguiente al en que tuvo conocimiento la parte quejosa o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución, con excepción del supuesto en que se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Pues bien, el citado artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, determina que el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los mismos, pues se entienden consentidos tácitamente los actos reclamados. Tratándose de un juicio amparo contra leyes, como en el caso, promovido con motivo del primer acto de aplicación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Aparo, se computará a partir de que se haya verificado el primer acto de aplicación. Lo anterior se encuentra plasmado en la tesis consultable en la página 173, del Volumen 163-168, Primera Parte, materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro digital 232445, del rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma ley) y; c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). Precisado lo anterior, si el primer acto de aplicación de las normas impugnadas relativas al ejercicio fiscal dos mil veintidós, tuvo lugar el siete de enero de dos mil veintidós, pues fue en esa fecha precisa cuando a la quejosa, de manera voluntaria realizó el pago del impuesto predial, respecto diversos inmuebles de su propiedad; por ello, desde esa fecha se hizo sabedora de ese primer acto de aplicación, por lo que evidentemente, el término de quince días para promover este juicio de amparo, concluyó en fecha veintiocho de enero de dos mil veintidós, por lo que, a la fecha de presentación de la demanda que fue el dos de febrero de dos mil veintidós, había fenecido en exceso. Por lo tanto, la promoción de este juicio de amparo resulta extemporánea y se entiende que la quejosa consintió los ordenamientos legales que prevén el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veintidós; esto, conforme a la técnica que opera en el juicio de amparo contra leyes, descrita en el considerando quinto. En congruencia con todo lo anterior lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61 fracción XIV, 62, 63 fracción V, 64, 65, 73, 74 y 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa *******, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando sexto del presente fallo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil veintidós, toda vez que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, la precitada fecha es inhábil. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese personalmente.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia Vista la certificación que antecede, se advierte que existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, programada para las diez horas con diez minutos del seis de mayo de dos mil veintidós, toda vez que, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, la precitada fecha es inhábil. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********. Doy fe.
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