Jesús Vera Chávez
Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Vera Chávez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 125/2019-I, promovido por ** en favor de **. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, compareció en este juzgado *** a promover demanda de amparo, vía comparecencia, en favor de **. La compareciente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del directamente agraviado, contra actos del Juez de Barandilla de la Estación Babicora, Alcaide de la Estación Babicora y Agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, a quienes reclamó ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos y actos de incomunicación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. De conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, en suplencia de la queja, este resolutor estima violados los derechos humanos que los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorgan al directamente agraviado. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo vía comparecencia, se registró en el libro de gobierno correspondiente bajo el consecutivo 125/2019-I, se decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados y se previno al directamente agraviado para que se pronunciara respecto a su ratificación o no. Así, mediante constancia de notificación de veintidós de febrero del presente año **, quien fue localizado en el Centro de Detención Provisional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, y aclaró que no recibió tortura, solo estuvo incomunicado. En mérito del lugar en el que el agraviado fue encontrado, por auto del mismo veintidós de febrero del año actual, se requirió al quejoso para que se pronunciara respecto a la ampliación de la demanda de amparo en relación al Fiscal de Distrito Zona Norte, cuya contestación la realizó a través de la constancia de notificación que en la propia fecha se le efectuó, en sentido negativo. Por tanto, el veinticinco de febrero del año de referencia, se admitió a trámite la demanda de amparo, en los términos precisados en la comparecencia de inicio, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, después de diferida, se celebró al tenor de la certificación que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez de Barandilla adscrito a la Estación de Policía Distrito Sur dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla, negó la existencia de los actos reclamados y refirió que la detención la realizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por su parte, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación de los agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Alcaide de las cárceles Preventivas, rechazaron haber infringido malos tratos al quejoso y haberlo mantenerlo incomunicado. Ello, sin que el directamente agraviado hubiere ofrecido prueba alguna que desvirtuara el dicho de las responsables pues, es a éste a quien le recae la obligación de demostrar la existencia de los actos, en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones la autoridad está en una imposibilidad jurídica de demostrar la negación de un hecho, en lo particular, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin. Consecuentemente, en relación a los actos de incomunicación y malos tratos reclamados por el directamente agraviado lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación de los agentes de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Alcaide de las cárceles Preventivas del Municipio de Juárez, negaron el acto que se les endilga, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con sus propias manifestaciones, de las que se desprenden que el directamente agraviado, **, fue detenido a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, en razón de haber cometido actos delictuosos, para lo cual, ambas autoridades anexaron a su informe copia certificada del parte informativo redactado por los elementos aprehensores. Copia certificada a la que se le otorga pleno valor probatorio por tratarse de una documental pública, de conformidad con los artículos 77, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. En esos términos, debe tenerse por cierto la existencia de los actos reclamados consistentes en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este resolutor examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Bajo la óptica de este resolutor se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para advertirlo así, conviene tener en cuenta el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, debe atenderse que Jesús Vera Chávez reclama ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, sin embargo, de la copia certificada del parte informativo que la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública y Alcaide de las Cárceles Preventivas de Ciudad Juárez, Chihuahua, adjuntaron a su informe justificado, se desprende que aquél fue detenido a las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de febrero pasado, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en la calle Eucaliptos, cruce con calle Chabacanos, en razón de haber realizado una conducta constitutiva de delito, ya que en el carro que conducía, específicamente en el portavasos, los elementos policiacos localizaron una bolsa de plástico transparente conteniente de hierba verde, seca y olorosa con las características similares a la marihuana. Hecho por el que, previos los actos administrativos correspondientes, los elementos policiacos, a las veintitrés horas con veintiséis minutos de la fecha de detención, pusieron a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Norte al quejoso **, según se advierte del sello de recepción estampado en el acta de entrega de imputado firmada por el Agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ****. Es dable mencionar que, dada la puesta a disposición del directamente agraviado ante la Fiscalía General del Estado Zona Norte, este resolutor le extendió requerimiento mediante proveído de veintidós de febrero pasado a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en contra del Fiscal de Distrito Zona Norte, sin que así lo hubiera hecho, por el contrario, en la constancia de notificación respectiva asentó de propia mano "no es mi deseo ampliar mi demanda amparo contra del Fiscal de Distrito Sona (sic) Norte". Queda claro entonces que, cesó en sus efectos el acto consistente en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, pues al directamente agraviado, Jesús Vera Chávez, con posterioridad a su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, dentro del término de ley, por ende, el eventual acto de referencia cesó en sus efectos; en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ** en favor de *, contra el Juez de Barandilla de la Estación de Babicora, Alcaide de las Cárceles Preventivas del Municipio de Juárez y Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hoy treinta de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexo que signa la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de catorce de marzo de la presente anualidad, se le tiene remitiendo copia certificada del acta de entrega de imputado a la Fiscalía de Distrito en la Zona Norte, correspondiente al aquí quejoso *******, en términos del artículo 117 de la ley de la materia, con el acta de referencia se ordena dar vista a las partes para que realicen las manifestaciones que estimen pertinentes. Lo anterior, tómese en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional del presente asunto, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de la Materia. Finalmente, se hace hincapié lo innecesario que es darle vista a la parte quejosa con el propósito de que se pronuncie respecto a su deseo de ampliar la demanda de amparo promovida en su favor, en razón de que mediante proveídos de veintidós y veinticinco de febrero del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que con esta fecha se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, el catorce de marzo del año en curso se dio vista con el informe justificado del Alcaide de las Cárceles Preventivas, con residencia en esta ciudad; por lo que, no han transcurrido los ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia constitucional, para que las partes tengan cabal conocimiento de dicho informe y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convengan. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve, para su desahogo. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 191995, del tenor literal siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ********************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.
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