Jesús Velez Contreras

Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
288/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Jesús Velez Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por el inciso a), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción II, del artículo 20 del invocado Acuerdo General. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con artículo 21, inciso c) del Acuerdo General Conjunto multicitado, el mismo es susceptible de destrucción, por haberse negado la suspensión definitiva. Entonces, una vez que transcurran cinco años remítase a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el citado artículo 21 en su penúltimo párrafo, del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no histórico y no obran documentos originales. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintidós. V I S T O, para resolver el juicio de amparo 288/2022-VII, promovido por **********, contra actos del Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad y otra autoridad responsable. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite de la demanda de amparo. Por demanda recibida el seis de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada a este juzgado al día siete siguiente, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y actos que señalo: "AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- JUZGADO OCTAVO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS..." "2.- LA OFICINA CENTRAL DE ACTUARIOS Y MINISTROS EJECUTORES DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS." "ACTO RECLAMADOS: 1.- De la autoridad primera todo lo actuado en el juicio radicado bajo el expediente 698/21 del JUZGADO OCTAVO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, expediente que, y en específico en cuanto a lo que corresponde al no llamamiento a juicio especial hipotecario sobre un inmueble del cual tengo la posesión desde hace más de 10 años en virtud de un contrato verbal de promesa de venta, y más específicamente la pretensión de la autoridad de ejecutar y poner en posesión a la moral tercera interesada. 2.- De la segunda autoridad la diligencia de emplazamiento del cual desconozco la fecha exacta en el expediente 698/21 del JUZGADO OCTAVO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS en el cual se notificó a alguien que no conozco y que no vive en el inmueble del cual tengo la posesión, toda vez que deriva de un juicio en donde no fui llamado y además dicha diligencia tampoco fue atendida por ninguna persona, situación que señala el código procesal adjetivo aplicable al Estado. 3.- Por lo que hasta este momento es todo lo a contendido y que a todas luces es una violación a mis garantías individuales, a mis derechos humanos y al procedimiento legal en general, es por tal motivo que solicito se nulifique en su totalidad las actuaciones del juicio puesto que lo anterior pondría en riesgo mi derecho de posesión sobre el bien inmueble que habito y me dejaría en situación de calle." SEGUNDO. Admisión. El siete de abril de dos mil veintidós se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 288/2022-VII, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien no formuló pedimento, se emplazó a la parte tercera interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió en sendas ocasiones e inicio al tenor del acta que antecede sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos atribuidos a una autoridad responsable con residencia en esta ciudad, donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda, en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: Todo lo actuado en el expediente 698/2021, relativo al juicio ordinario civil, donde se ejerció la acción reivindicatoria, del índice del Juzgado Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; específicamente que no se llamó al citado juicio (emplazamiento), y se ordenó poner en posesión material del bien inmueble que dice posee y es propietario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez Octavo Civil por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, y Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, toda vez que así lo manifestó la primer autoridad al rendir su informe con justificación; respecto la segunda, a pesar de que negó el acto, se desvirtúa dicha negativa al ser señalada con el carácter de ejecutora, y la responsable ordenadora lo aceptó; aunado a que se hace consistir en la omisión de emplazar al juicio de mérito, y de las constancias se aprecia que la impetrante no fue llamada a ese juicio; por ende, se tiene por cierto el acto reclamado. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Información que se complementó mediante la remisión de las documentales consistentes en copia certificada del expediente 698/2021, relativo al juicio oral ordinario civil; las cuales fueron certificadas por las autoridades señaladas como responsables, quien para su expedición actuaron en cumplimiento a sus funciones y con motivo de ellas; además, en lo que atañe a los documentos, sobre éstos se observa la existencia de evidencia de sellos, firmas y membretes que para ese caso previenen las leyes; consecuentemente, se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del ordinal 2°, párrafo segundo, Ley de Amparo; por ello, se tiene acreditada fehacientemente la existencia del acto que en esta vía se reclama. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para accionar la vía constitucional. Dicho artículo y fracción establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme al precepto transcrito, la acción constitucional es improcedente cuando se reclaman actos que no afectan los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción l del artículo 5 de la ley de la materia, así como también cuando se reclaman normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, el numeral 5, fracción l, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De igual forma, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]." Del precepto constitucional transcrito, en lo que interesa, se desprende que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, por quien tenga un derecho o un interés legítimo, siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico. En efecto, la figura del interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional; a través de la cual se constriñe a la parte quejosa a acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de amparo resulta improcedente. No está por demás destacar que la procedencia del juicio de amparo requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditada y no que pueda inferirse con base en presunciones. Sobre el particular, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J.168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Lo anterior tiene su génesis en el artículo 5, fracción I , de la Ley de Amparo que dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en consecuencia, la parte quejosa debió acreditar su interés jurídico para la procedencia del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, por interés jurídico debe entenderse el derecho que asiste al gobernado para reclamar un acto proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en sede constitucional, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo previsto para su protección en alguna norma legal o también la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses de éste provocado por un acto de autoridad. De manera ilustrativa se trae a colación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito plasmado en la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". De acuerdo con lo anterior y con el sistema previsto tanto por la fracción I del artículo 107 constitucional como por la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violentado, y es lo que configura el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Esto es, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y, c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Lo anterior se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". De lo expuesto, se evidencia que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En ese sentido, no basta con afirmar que se afecta el interés de la promovente, sino que debe demostrarse que el acto reclamado afecta su esfera jurídica. De tal forma, se reitera, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como cuestión previa, es importante indicar que la figura de la persona extraña o tercero extraño se encuentra prevista para su protección en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo; dispositivo legal en el que se establece la posibilidad de instar la acción constitucional contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, esto es, aquellas personas que sin ser parte material en el juicio o procedimiento de donde emana la actuación reclamada resulte afectada en su esfera jurídica de derechos, o que siendo parte en el juicio subyacente no haya tenido oportunidad de ser oído o vencido dentro de dicho procedimiento, violaciones que se pueden dar in itinere, es decir, en el camino del procedimiento o en ejecución de éste. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradas ocasiones ha abordado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño, siendo conceptualizada, en principio, como aquella persona [física o moral] que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño natural), quedando incluido en ese concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (tercero extraño equiparado). En consecuencia, siempre que un gobernado promueva juicio de amparo ostentándose persona extraña a juicio, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, su procedencia estará sujeta a que la parte quejosa acredite los dos elementos siguientes: Ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva; Que el acto de autoridad incida o afecte el derecho subjetivo del cual haya acreditado su titularidad la parte quejosa. Asimismo, ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Establecido lo anterior, en este asunto se debe determinar si el quejoso **********, quien manifestó ser posesionario -a título de propietario con motivo de un contrato de promesa de venta- del bien inmueble ubicado en calle Basaseachi Poniente 7610-25, fraccionamiento Villa Residencial del Real, en esta ciudad, si con las pruebas ofrecidas acreditó o no el derecho que dijo tener sobre ese inmueble y, de esa manera, si efectivamente demostró la afectación a su interés jurídico. Para determinar lo anterior, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado que se advierten del contenido de las documentales, que remitió el juez responsable, que son los siguiente: 1.-El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió, por cuestión de turno, en el Juzgado Octavo por Audiencia del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, el escrito de demanda interpuesta por **********, en la vía ordinaria civil, ejerciendo la acción reivindicatoria en contra del demandado **********, respecto de la casa **********, del denominado **********, ubicado en calle **********, de esta ciudad; como consecuencia la desocupación y entrega del citado inmueble objeto de la Litis. (fojas 31 a 34). 2.- El Juzgado Octavo por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el treinta de agosto de dos mil veintiuno, admitió dicha demanda, la cual se registró con el número de expediente 698/21, relativo a la vía oral ordinaria civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de Juan Manuel Morales (foja 76) 3. Se emplazó al demandado, y al no contestar la demanda se le declaró en rebeldía (fojas 78 a 82, y 84). 4. Continuando con el trámite respectivo, el once de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar (fojas 89 y 87). 5. Luego, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Ha tramitado la vía Oral Ordinaria. SEGUNDO.- La parte actora probo los elementos constitutivos de su acción; la demandada se constituyó rebelde; en consecuencia: TERCERO. Se declara que el actor (**********), es legítimo propietario y tiene pleno domicilio respecto del inmueble que se ubica en calle (calle **********) de esta ciudad, con superficie (103.50) metros cuadrados, el cual se identifica con los siguientes rumbos, medidas y colindancias: (.) Inscrito a nombre del actor, bajo el número de folio real (**********), con CLAVE CATASTRAL número (**********), inscripción número (69), del libro (**********) de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad. CUARTO. Se condena al demandado (**********), a la desocupación y entrega legal y material del inmueble litigioso y descrito con antelación, en favor de la parte actora (**********), con todos sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil, los que se determinarán en ejecución de sentencia. QUINTO. Se condena al demandado del pago de las rentas reclamadas, las cuales serán cuantificadas en ejecución de sentencia. SEXTO. Se absuelve al demandado del pago de los daños y perjuicios que le fueron demandados. SÉPTIMO. Se condena al demandado al pago de gastos y costas generados dentro del presente juicio. NOTIFIQUESE." (fojas 89 a 93). 6. Resolución que causo ejecutoria mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintiuno (foja 95) 7. En proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, se ordenó ejecutar la sentencia; y mediante razón actuarial se aprecia que no se llevó a cabo dicha diligencia con motivo de que el abogado del actor canceló la cita programada (fojas 98 y 100). De los citados antecedentes, se colige que el actor, aquí tercero interesado, demandó en ese juicio vía oral ordinaria civil a ********** el ejercicio de la acción reivindicatoria del bien inmueble materia de la controversia. En el presente asunto el quejoso **********, se ostentó con el carácter de tercero extraño y reclamó todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 698/21, del índice del Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Para lo cual, el impetrante de amparo refiere que cuenta con la posesión -a título de propietario- del mencionado inmueble en disputa, con motivo de un contrato verbal de promesa de venta. Como se expresó en líneas precedentes, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de aquél o en la ejecución de la resolución que se dictó en el juicio subyacente sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas al mismo. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 331 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se transcribe a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Al respecto, se estima necesario dilucidar si el solicitante del amparo acreditó el derecho que dice tener sobre el inmueble que por esta vía defiende, en su carácter de propietario y, de esa manera, si efectivamente demostró la afectación a su interés jurídico. Así, el quejoso ********** señaló que respecto del inmueble que fue objeto de controversia dentro del juicio 698/21 del índice del Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, tiene la posesión en calidad de propietario, con motivo del contrato de promesa de venta realizado con un líder vecinal hace más de diez años. Asimismo, indicó que tuvo conocimiento que el cinco de abril del año en curso, el actor en el juicio donde derivan los actos reclamados, aquí tercero interesado, promovió demanda de juicio ordinario civil en contra de Juan Manuel Morales, reclamándole la acción reivindicatoria del bien inmueble, respecto del cual el quejoso aduce detenta la posesión a título de propietario con motivo del contrato de promesa de venta. En ese tenor, el quejoso ********** acude al presente juicio de amparo ostentándose poseedor -en calidad de dueño- respecto del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, es decir, inmueble objeto de disputa en el juicio ordinario civil relativo al expediente 698/21. En torno a dicho tópico -posesión- el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, sostuvo que de los antecedentes y reformas al artículo 14 constitucional no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas. Por ello, para atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, el Alto Tribunal de la Nación consideró que, para efectos de que la posesión sea objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando la parte quejosa se ostente persona extraña al juicio del orden civil, resulta necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonadamente produzca la convicción de que tiene el derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de la posesión. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo XV, Febrero de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 187733, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. En ese contexto, debe analizarse el valor probatorio de cada una de las pruebas ofrecidas a fin de determinar si el quejoso ********** acredita el interés jurídico para ser llamado al juicio ordinario civil 698/21 del índice de la autoridad responsable, esto es, si con sus pruebas demuestra la existencia de la causa generadora de la posesión que aduce (título en el que se sustente el derecho a poseer). Así, para acreditar su derecho conculcado, el quejoso ofreció como medio de convicción de su parte, los siguientes: Copia de la credencial de elector con número de folio **********, expedida por el Instituto Federal Electoral a nombre de ********** (el quejoso refiere que dicha persona es su pareja). Copia del comprobante de pago de predial por internet con código QR. Sin embargo, la suscrita considera que dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar la existencia de algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del citado bien inmueble, por lo siguiente: En la prueba enlistada con el número 1; únicamente se acredita que el Instituto Nacional Electoral expidió una credencial de elector a nombre de diversa persona del quejoso, quien indicó que aquél era su pareja sentimental; documental que si bien en la misma se expidió que tiene como datos del domicilio que coincide con el del inmueble en controversia del juez civil responsable; empero, la misma es insuficiente para comprobar que tiene derechos de posesión sobre el bien inmueble ubicado en dicho domicilio. En principio, porque el quejoso ni siquiera acreditó que dicha persona fuera su pareja sentimental; no obstante lo anterior, se precisa que para la expedición de la credencial sólo constituye un requisito que debe cumplirse ante el órgano electoral, el exhibir un comprobante de domicilio, con independencia si tiene o no derechos posesorios respecto del inmueble donde se ubica tal domicilio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.1º.C.J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 986, Tomo XXIX, Mayo de 2009 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 167262, del literal siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Asimismo, sirve de apoyo la tesis IV.2o.C.42 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible a página 2438, Tomo XXIII, Enero de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 176204, del epígrafe y contenido siguientes: "POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." Mientras que con la prueba marcada con el punto 2, consistente en la copia del pago del predial con folio de pago **********, expedida el veintinueve de enero del año en curso, lo único que acredita es que ese pago se realizó de una tarjeta bancaria a nombre del quejoso; sin embargo, contrario a lo reclamado, se advierte del citado comprobante de pago que la propiedad del predio está a nombre del tercero interesado **********. Por tal motivo, las documentales exhibidas por la parte quejosa resultan insuficientes para tener por acreditado el título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer respecto del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, pues -se insiste- las referidas pruebas resultan insuficientes para acreditar el título de propiedad respecto del inmueble en disputa en el juicio de origen, Por tanto, incumple con el requisito de acreditar el interés jurídico que guarda respecto del inmueble materia del juicio ordinario civil 698/21, toda vez que no cuenta con un título de propiedad que acredite su dicho, ya que con las documentales que ofreció como prueba, resultan insuficientes para demostrar su derecho como propietario del referido inmueble. Por ende, si se parte de la premisa que el peticionario del amparo debe acreditar su interés jurídico respecto del bien inmueble del que aduce ser propietario, en el caso en concreto, no lo hizo, puesto que no demostró la existencia de un título que genere el derecho a poseer. En todo caso, con las pruebas ofrecidas lo único que acredita el quejoso es una simple detentación del inmueble en disputa de la acción de reivindicatoria. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.C.110C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 2291, Tomo XXV, Enero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 173516, que dice: "POSEEDOR Y OCUPANTE DE UN INMUEBLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO CIVIL. Para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el quejoso tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, en virtud de que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión." De ahí que las documentales antes enlistadas, por sí mismas, carecen de eficacia demostrativa para acreditar el interés jurídico de ********** para ser llamado al juicio ordinario civil 698/21 del índice de la autoridad responsable; lo anterior, al no acreditar la parte quejosa la causa generadora de ese derecho. Aunado a lo anterior, de las constancias remitidas por las autoridades responsables como sustento de sus informes justificados tampoco se advierte siquiera en forma indiciaria la existencia de algún documento o declaración que acredite la existencia de la causa generadora de la posesión por parte del quejoso. Por tal motivo, se concluye que el peticionario del amparo omitió demostrar ser titular de un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva, a saber, contar con la calidad de poseedor del inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad, el cual fue materia del juicio subyacente. A mayor abundamiento, conviene señalar que la sola calidad de poseedor respecto del bien raíz materia del juicio 698/21 del índice de la autoridad responsable, torna improcedente el juicio de amparo que nos ocupa. Por tal motivo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XII del artículo 61, vinculada con la diversa I del numeral 5 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no haber acreditado la parte quejosa el interés jurídico con el que acudió a instar el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.1/2002, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********** en contra de las autoridades y por el acto precisado en el contexto de la presente resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto lo que informa el secretario y en atención a que de autos se advierte, que el diecisiete de mayo del año en curso, se notificó por lista y se emplazó al tercero interesado **********, por lo que resulta evidente, que aún el plazo no han transcurrido los ocho días hábiles que tienen para imponerse de su contenido, siendo precisamente hoy el último día; lo anterior en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de los informes en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE POR LISTA ELECTRÓNICA. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe. YMR/Jeam/rlv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, a ********** le reviste el carácter de tercero interesado en el presente asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a **********. En consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que emplace a juicio al tercero en el domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad, para lo cual deberá entregarle copias del escrito de la demanda y del auto de admisión, para los efectos ahí descritos y hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a efecto de que, si a sus intereses conviene, comparezca a este asunto. Lo que antecede, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Se encomienda notificar por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. MGCJ/Jeam/spm

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