Joanna Jazmín Vásquez Quintana y Otros.
Expediente 363/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Joanna Jazmín Vásquez Quintana y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 363/2016-II, promovido por ******* y/o *******, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veintinueve de abril de dos mil quince y turnado a este juzgado el dos de mayo siguiente, ******* y/o ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez que hizo consistir en: IV. Acto reclamado: Del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, se reclama: A) El auto de formal prisión de ocho de abril de dos mil dieciséis, dictado en contra de la quejosa ******* y/o *******, en los autos de la causa penal *******, del índice de su jurisdicción. Segundo. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 21 y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo con el número de juicio 363/2016-II; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: El auto de formal prisión dictado contra la quejosa el ocho de abril de dos mil dieciséis, por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito electoral previsto en el artículo 411, en concordancia con los diversos 7°, fracción I, 8°, 9°, párrafo primero, 13 fracción II, todos del Código Penal Federal. Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la causa penal *******, de la que se advierte que el ocho de abril de dos mil dieciséis, dictó el auto de formal prisión reclamado; constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por lo tanto son aptas para demostrar fehacientemente la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizadas, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Examen constitucional del auto de formal prisión. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Para evidenciar el anterior aserto, conviene narrar los siguientes antecedentes: 1. El veintisiete de agosto de dos mil doce, el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Trámite *******, de la Procuraduría General de la República en esta ciudad, consignó ante el Juez penal, sin detenido, la indagatoria *******, mediante la cual ejerció acción penal en contra la quejosa, como probable responsable en la comisión del delito de DELITO ELECTORAL, previsto en el artículo 411 (hipótesis relativa a quien por cualquier medio participe en la expedición ilícita de credenciales para votar), del Código Penal Federal. 2. El treinta de agosto de esa misma anualidad, se radicó la causa penal respectiva, bajo el consecutivo *******, del índice del juez responsable. 3. El treinta y uno de agosto de dos mil doce, el Juez de proceso libró la orden de aprehensión solicitada en contra de la ahora quejosa. 4. A través de oficio *******, de siete de abril de dos mil dieciséis, suscrito por los Policías Federales Ministeriales Suboficiales, se comunicó el cumplimiento de la orden de aprehensión decretada en contra la ahora peticionaria de amparo. 5. El ocho de abril inmediato siguiente, previos los trámites de ley, se escuchó en declaración preparatoria a la quejosa -quien reservó su derecho a declarar- y una vez que transcurrió el plazo constitucional, se decretó el auto de formal prisión reclamado, en contra de la quejosa como probable responsable en la comisión del delito electoral, previsto en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por ser más benéfica que el Código Penal Federal. No conforme con el sentido de la resolución, la quejosa promovió el presente juicio de amparo, en el que aduce, en lo esencial, que el ejercicio de la acción penal se encontraba prescrito, en atención a las siguientes consideraciones: En el auto de término constitucional dictado por la autoridad responsable no se advirtió en lo resolución motivo del acto que se reclamó, que el agente del Ministerio Público Federal incumplió con la obligación de verificar principios fundamentales sobre los términos y plazos legales que los delitos de esta naturaleza, los que ameritan denuncia o querella o fin de consignar oportunamente su investigación sobre los hechos que se le atribuyeron, lo que no observó el Juez de la causa, dado que debió decretar de oficio el sobreseimiento de la causa penal por haber operado la figura de la prescripción de la acción penal. La extinción de la acción penal, debe ser analizada en cualquier etapa del proceso por aquellos funcionarios facultados; asimismo, que dicha figura debe ser computada a partir de la fecha de la comisión del delito, y que la acción penal prescribirá en un plazo igual al medio aritmético de la pena privativa de libertad que señale la ley para el delito de que se trate, pero, en ningún caso, será menor a tres años. Además, el plazo de la prescripción se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y del sujeto activo; y que el curso de la prescripción no se detiene cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para que aquélla opere. Es ineludible afirmar que la autoridad responsable no consideró la prescripción, emitiendo el acto que se reclama, el cual violentó sus derechos representada, en atención a que se está en presencia de dicha figura respecto de la acción penal que en su momento ejerció la representación social. Que la acción se encuentra prescrita porque transcurrió en exceso el plazo para que la citada figura cobre vida, ello en base a que a la se le dictó formal prisión por un delito que prevé una pena corporal de tres a siete años, cuyo término medio aritmético es de cinco años, y dada la regla general, dicho plazo debe ser computado a partir de la fecha de la comisión de tal delito. De esta manera, se debe tener presente que la denuncia formulada ocurrió el diecisiete de septiembre de mil siete, por lo que al día de la emisión del acto que se reclama, transcurrió un plazo superior al de la prescripción. Los reseñados conceptos de violación son infundados, pues contra lo aseverado por la quejosa, el ejercicio de la acción penal no se encontraba prescrito. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente precisar que los artículos 100 a 106, 110, 111 y 112 del Código Penal Federal vigente en la época de comisión del delito (17 de septiembre de 2007), establecía lo siguiente: 100.- Por la prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones, conforme a los siguientes artículos. 101.- La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción. La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso. 102.- Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades, y se contarán: I.- A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; [.] 103.- Los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha de la sentencia ejecutoria. 104.- La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena privativa de libertad; lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria. 105.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años. 106.- La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas. 110.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes, aunque por ignorarse quiénes sean éstos no se practiquen las diligencias contra persona determinada. Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. La prescripción de las acciones se interrumpirá también por el requerimiento de auxilio en la investigación del delito o del delincuente, por las diligencias que se practiquen para obtener la extradición internacional, y por el requerimiento de entrega del inculpado que formalmente haga el Ministerio Público de una entidad federativa al de otra donde aquél se refugie, se localice o se encuentre detenido por el mismo o por otro delito. En el primer caso también causarán la interrupción las actuaciones que practique la autoridad requerida y en el segundo subsistirá la interrupción hasta en tanto la autoridad requerida niegue la entrega o en tanto desaparezca la situación legal del detenido, que dé motivo al aplazamiento de su entrega. La interrupción de la prescripción de la acción penal, sólo podrá ampliar hasta una mitad los plazos señalados en los artículos 105, 106 y 107 de este Código. 111.- Las prevenciones contenidas en los dos primeros párrafos y en el primer caso del tercer párrafo del artículo anterior, no operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Se exceptúa de la regla anterior el plazo que el artículo 107 fija para que se satisfaga la querella u otro requisito equivalente. 112.- Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen, antes del término señalado en el artículo precedente, interrumpirán la prescripción. En lo que es materia de análisis de este asunto, los preceptos transcritos permiten establecer las siguientes premisas jurídicas: La prescripción extingue la acción penal y sus sanciones La prescripción es personal y para ella basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. Los jueces suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de la prescripción. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán, entre otros casos, a partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo. Los plazos para la prescripción de las sanciones serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se sustraiga a la acción de la justicia. La acción penal prescribe en un año, si el delito sólo mereciere multa; si el delito mereciere, además de esta sanción, pena privativa de libertad o alternativa, se atenderá a la prescripción de la acción para perseguir la pena privativa de libertad; lo mismo se observará cuando corresponda imponer alguna otra sanción accesoria. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años. La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y de los delincuentes. Si se dejare de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde el día siguiente al de la última diligencia. Las prevenciones contenidas en los dos primeros párrafos y en el primer caso del tercer párrafo del artículo 110, no operarán cuando las actuaciones se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para la prescripción. Expuesto lo anterior, por las peculiaridades del caso, es oportuno precisar, como un breve marco referencial, tanto de institución jurídica de la "Prescripción" de la acción penal, como de la "interrupción" del plazo prescriptivo. Conceptualmente la institución jurídica de la "prescripción", constituye la adquisición o pérdida de un derecho o una acción por el simple transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley. En materia penal, el Alto Tribunal ha considerado que la "prescripción de la acción penal" supone una inactividad del Ministerio Público con relación al derecho de investigación o persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción. Esto es, representa la condición objetiva necesaria para que se ejerza el poder punitivo del Estado, obligatoria para éste e irrenunciable para el inculpado, relativa a la investigación de la comisión de hechos tildados de delictivos y persecución de los autores de los mismos. Esa figura jurídica se clasifica en prescripción tanto de la "acción penal" como de las "sanciones penales"; la primera, relativa a la facultad del Estado para ejercer la pretensión punitiva; y la segunda, concerniente a la potestad del Estado para ejecutar las penas o medidas de seguridad. La anterior afirmación encuentra sustento en la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, Segunda Parte, Volumen XLV, materia penal, página 63, que establece: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LA PENA. Hay dos clases de prescripción: la de acción y la de pena. La acción penal como derecho de persecución que nace cuando se ha cometido un delito, prescribe por el transcurso del tiempo si no se ejercita por el Ministerio Público, reclamando del órgano jurisdiccional, la declaración del derecho en el acto que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe aplicarse al delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción supone una inactividad del Ministerio Público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia y el quebrantamiento, en una pena privativa de la libertad, es cabalmente la fuga. El fundamento del instituto jurídico de la prescripción, radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado; pues el legislador consideró inadmisible que un gobernado permanezca indefinidamente en la incertidumbre de ser objeto de un proceso penal, hasta que lo estime procedente la autoridad encargada de la investigación y persecución de los delitos. De ahí que si dicha facultad no se ejerce en el tiempo legalmente determinado, ello implica la pérdida para el Estado de su derecho a sancionar una conducta antijurídica, deriva de la ineficacia de su acción persecutora; lo que se traduce en la extinción de la responsabilidad penal del inculpado derivada de la comisión del delito atribuido o de la correspondiente pena impuesta. A partir de las anteriores premisas, se colige que la acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos, ante su inactividad o deficiente actividad; se reitera, porque la potestad sancionadora del Estado no puede extralimitarse del tiempo prefijado que condiciona su validez. A mayor abundamiento, conviene señalar que el Estado es el representante de la sociedad organizada, por ende, le corresponde velar por el orden y paz sociales; de esta forma, igualmente le corresponde reprimir todo lo que vulnere dicho orden. Por tanto, cuando se comete un hecho delictuoso, surge para el Estado el derecho de perseguirlo y de reclamar la aplicación de la ley. De ahí que la acción penal sea el derecho que tiene el Estado y que ejerce a través del Ministerio Público, a fin de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso. Luego, a fin de que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal, como órgano delegado del Estado, primeramente debe investigar el hecho, respecto del cual, eventualmente solicitará ante el órgano judicial la aplicación de la ley; dicha actividad la realiza mediante la búsqueda de datos que acrediten la existencia hechos constitutivos de delito y la posibilidad de que el quejoso participó en su realización, lo que culmina, en un primer momento, con la formulación de la imputación en presencia de la autoridad jurisdiccional. Por ende, resulta lógico que la consignación de la averiguación previa ante el Juez competente sea susceptible de "interrumpir" el cómputo de la prescripción de la acción penal, aun cuando el imputado no haya quedado a disposición del Juez penal. Para una mejor explicación del asunto, es oportuno indicar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, Edición del Tricentenario, define el vocablo interrumpir de la siguiente manera: [.] 1. tr. Cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. 2. tr. Dicho de una persona: Atravesarse con su palabra mientras otra está hablando. [.] A partir de tal precisión, se colige que en la fase de preparación del ejercicio de la acción penal, la prescripción se configura por no ejercerse la acción penal dentro del plazo establecido por la ley y, por tanto, lógicamente que el cómputo del mismo es susceptible de interrumpirse con la consignación de la averiguación previa ante la autoridad judicial, lo que implica que el tiempo transcurrido antes de ese evento, desaparece para efectos de la prescripción y, eventualmente, podrá volver a computarse, de no obtener el dictado de una orden de aprehensión. En el caso que nos ocupa, la quejosa refiere que el plazo de cinco años para que operara la prescripción a su favor quedó actualizado, porque el delito por el que se le consignó se verificó el diecisiete de septiembre de dos mil siete, mientras que el auto de formal prisión se le dictó el ocho de abril de dos mil dieciséis. Tal conclusión es infundada, porque si bien es verdad que el delito por el que se le consignó se realizó de manera instantánea el diecisiete de septiembre de dos mil siete, el agente del Ministerio Público de la Federación consignó la causa penal -sin detenido- el veintinueve de agosto de dos mil doce; esto es, antes de que transcurriera el término de cinco años que constituye el término medio aritmético del ilícito que se le atribuyó, contemplado en el artículo 13, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que el Juez responsable determinó resultaba más benéfica que el Código Penal Federal. Por ende, la sola consignación de la averiguación previa interrumpió el ejercicio de la acción penal, con independencia del tiempo que hubiere transcurrido entre la fecha de comisión del delito y la fecha en que se realizó tal consignación. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la jurisprudencia 1a./J. 152/2005, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, de Febrero de 2006, materia penal, página 84, del siguiente contenido: ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN. Si se considera que el ejercicio de la acción penal se inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce. En efecto, no puede estimarse que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular. Así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la acción penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la consignación. Si bien el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la detención de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, esto es, una vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la averiguación previa, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito. Conviene establecer que una vez que se libró la orden de aprehensión, inició un nuevo plazo para que operara la prescripción; sin embargo, entre la fecha en que se notificó su emisión al agente del Ministerio Público (tres de septiembre de dos mil doce) y aquélla otra en que se resolvió la situación jurídica de la quejosa (ocho de abril de dos mil dieciséis), tampoco transcurrió el plazo de cinco años para que operara la prescripción de la acción penal relativa. Ahora, no se soslaya que la parte quejosa afirma que el plazo de la prescripción no se debe interrumpir cuando las actuaciones del agente del Ministerio Público se practiquen después de que haya transcurrido la mitad del lapso necesario para que aquélla opere; sin embargo, ese argumento resulta infundado, porque la regla establecida en el artículo 111 del Código Penal Federal que invoca, se refiere a las causas señaladas en el numeral 110, que se refiere a las actuaciones que se practiquen en la averiguación del delito y de los delincuentes; sin embargo, en el presente caso, la situación jurídica de la quejosa ya había salido del control de investigación que está bajo la coordinación del agente del Ministerio Público, con motivo de la consignación de la averiguación previa; de ahí que no sea aplicable esa hipótesis en el presente caso y, por ende, no se actualice la causa de prescripción anunciada. Sobre la base de las anteriores consideraciones, a partir de las bases legales analizadas, técnicamente no podría emitirse una resolución que concluyera favorablemente a los intereses del promovente del amparo, pues se itera, el ejercicio de la acción penal no se encuentra prescrito, de ahí que lo alegado en torno a ello resulta infundado. Apoya las anteriores consideraciones, por las razones que informa, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, sexta época, Volumen CXXXII, Segunda Parte, materia penal, página 17, del tenor: PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL). De acuerdo a la interpretación rigurosa del artículo 110 del código sustantivo federal, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público son interruptoras de los términos de la prescripción de la acción penal, ya que claramente dispone dicho artículo que la prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen en averiguación del delito y delincuentes, siendo precisamente el Ministerio Público el órgano constitucionalmente facultado para cumplir la fase averiguadora del procedimiento. En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados sobre el tópico de la prescripción y no existir diversos motivos de disentimiento en contra del auto de formal prisión, se impone negar el amparo solicitado, al no advertirse queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* y/o *******, contra el acto del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, consistente en el auto de formal prisión pronunciado el ocho de abril de dos mil dieciséis, en la causa penal *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en el acuerdo de admisión, este Juzgado solicitó al Juez responsable que, por su conducto, emplazara al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a su Juzgado, a quien le reviste el carácter de tercero interesado en el presente asunto; sin embargo, a la fecha no ha remitido la constancia respectiva. No obsta que a foja 369 de los autos del duplicado de la causa penal de la que deriva el acto reclamado, obra la notificación del acuerdo en que el Juez responsable rindió informe con justificación, toda vez que esa actuación no constituye el llamamiento formal al juicio de control constitucional, ni se practicó en los términos que la Ley de amparo estatuye. En tales condiciones, a efecto de no retrasar la resolución del presente asunto, por medio de oficio que al efecto se gira, se solicita atentamente al Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la Republica, con residencia en esta ciudad, para que por su conducto, notifique la presentación de la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Sección Penal del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, enterándola de la fecha y hora programada para la celebración de la audiencia constitucional y, remita a este juzgado, la constancia de notificación respectiva. Para dar margen a que se dé cumplimiento a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua; con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, atento al grosor de la documental enviada por el Juez responsable, agréguese en tomo por separado para un mejor manejo de la misma. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.*arc
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciséis. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ***************, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el dos de mayo del año en curso, *************** o ***************, por conducto de la licenciada ***************, en su calidad de Defensora Público Federal adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, de quien reclama el auto de formal prisión emitido el ocho de abril del año en curso. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Por proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 122 y 124 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos abrogada. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de formal prisión emitido el ocho de abril del año en curso; por lo que deben tenerse por ciertos los actos que se les atribuyeron. TERCERO. Procedencia de la suspensión. En el caso, es procedente conceder la suspensión definitiva que se solicita, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, es decir, lo solicitó la parte quejosa, con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, la que se otorga para el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chihuahua, para la continuación de la causa penal que se instruye a la parte quejosa, y a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, hasta en tanto reciba notificación de la sentencia que se emita en el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE ÚNICO. Se concede a *************** o ***************, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en la última parte del considerando tercero. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
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