Jesus Sotero Vargas Martinez

Expediente 22/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
22/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Jesus Sotero Vargas Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en la que se sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. En otro aspecto, devuélvase al Juez de Control de la Región Judicial Centro, residente en la ciudad de Puebla, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado (dos discos versátiles digitales [DVD] que contienen los registros de audio y video relativos a la carpeta administrativa ********************), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 19 DE FEBRERO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 22/2018-D, promovido por Jesús Sotero Vargas Martínez, por conducto de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera, contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Centro, residente en la ciudad de Puebla, en los términos y por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 22/2018-D, promovido por Jesús Sotero Vargas Martínez, por conducto de su defensor particular Manuel Alejandro Álvarez Herrera, contra el acto reclamado al Juez de Control de la Región Judicial Centro, residente en la ciudad de Puebla, en los términos y por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado federal, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes; y, en atención a su contenido, téngasele manifestando que le fue imposible emplazar al tercero interesado *******, pues en el lugar en que se ordenó esa diligencia, fue informado por una persona del sexo femenino que esa persona no habita ese domicilio desde cuatro años atrás. Consecuentemente, atento a que de autos no se advierte algún otro domicilio en el que se pudiera lograr el emplazamiento de aquel; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale el domicilio actual, completo y correcto de *****, o bien, bajo protesta decir verdad manifieste que lo desconoce. Apercíbase al quejoso, que en caso de no cumplir con lo ordenado por esta autoridad federal, se procederá a realizar la investigación correspondiente y, de no obtener resultados favorables, se ordenará el emplazamiento de la referida parte tercero interesada por edictos, los cuales serán publicados enteramente a su costa con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo vigente. En ese contexto, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos, que en su caso se ordenen, esto es, su insolvencia económica, o la afectación grave a su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para realizar dicho pago o bien una situación similar que haga procedente, que se le exima del pago de los edictos y que en consecuencia se realicen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido, que de realizar la manifestación anterior, deberá también informar a este órgano de control constitucional: 1) el estado que guarda su situación económica, 2) la actividad a la que se dedica, 3) los ingresos que percibe tanto él como 4) su núcleo familiar y si cuenta con dependientes económicos; así como toda aquella información tendiente a demostrar que se haga procedente el gasto a costa del Consejo de la Judicatura Federal, lo que deberá acreditar con todos los elementos de convicción que estén a su alcance que arrojen dichos datos, lo anterior, como una de sus obligaciones procesales como parte en esta instancia constitucional. Una vez hecho lo anterior, este juzgado atendiendo a las particulares del caso, analizará el material probatorio ofrecido por el promovente, en conjunto con el existente en el presente sumario constitucional y determinará lo que en derecho corresponda, sin perjuicio que en casos excepcionales se dicte las providencias que se estimen necesarias. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Lo anterior, de conformidad con lo ordenado por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el derecho humano al debido proceso legal; así como con lo dispuesto por el artículo 17 de tal Ordenamiento Supremo, que consagra el derecho a que se administre justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial y en los términos que fijen las leyes, dado que el incumplimiento del justiciable, impide cumplir con un presupuesto procesal que constituye una formalidad del procedimiento que hace imposible que se resuelva la litis constitucional y que hace procedente el sobreseimiento de referencia. Ya que de ninguna forma es constitucionalmente válido que el juicio de amparo quede paralizado, pues ello atenta contra la administración de justicia, precisamente por retardarse la solución de un conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano de amparo, dado que el interés de la parte quejosa no puede sobreponerse al salvaguardado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que a la sociedad atañe que los juicios se resuelvan en los términos establecidos en la ley, sin que pueda quedar al arbitrio de las partes que se constituya válidamente la relación jurídico procesal y se emita la resolución respectiva pues, se insiste, con ello se contraviene el interés común de la sociedad. Cobra aplicabilidad la Jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/14 (10a.), de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ [INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA]. No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad." Es aplicable la tesis II.2o.C.101 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Novena Época que dice: "EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERO PERJUDICADA POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO. NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CUANTO MANDA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ES GRATUITA. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que el emplazamiento al tercero o terceros perjudicados por medio de edictos se hará a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del juicio constitucional la carga de pagar lo conducente para que se emplace y notifique al tercero perjudicado por edictos y se imponga así de la demanda de garantías radicada en un Juzgado de Distrito, lo cual tiene su teleología o fin primordial en la razón de que como al gestionante del amparo corresponde la carga tanto de impulsar el procedimiento como de participar en su desarrollo a efecto de que se integre debidamente la litis respectiva, sin duda ese aspecto procesal no contraviene lo dispuesto por el numeral 17 de la Constitución Fundamental de la República en cuanto estatuye que la impartición de justicia debe ser gratuita, ya que son los tribunales encargados de esa misión quienes están impedidos para cobrar retribución a las partes por su actividad, máxime que resulta inexacto que se hubiese negado el impartir Justicia Federal a la inconforme pues, ante la imposibilidad reseñada de integrarse debidamente la litis constitucional, al no llamarse al juicio a uno de los terceros perjudicados, es indiscutible que no puede dictarse sentencia formal y legalmente, ya que de hacerlo se dejaría en total estado de indefensión a quien no resulte emplazado al juicio de garantías, porque además de no otorgársele el derecho de audiencia para que alegue y aporte las pruebas pertinentes al respecto, no tendría conocimiento de éste ni oportunidad para interponer el medio de defensa relativo".

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