Jesús Rodríguez Morales
Expediente 1101/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1101/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Rodríguez Morales
Actuaciones
- Principal
El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del catorce al dieciocho de mayo del año en curso; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
CUENTA. El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta al Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Jesús Rodríguez Morales registrada con el folio 9400 y doce copias que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Efraín Arteaga Rodríguez, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de mayo de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Rodríguez Morales, contra actos de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 11, 14, 16 y 123 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1101/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuya instancia es Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VIII, noviembre de 1991, página: 198 Materia Común, Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.'. Ahora bien, el suscrito considera procedente desechar de plano la demanda de garantías promovida por Jesús Rodríguez Morales; pues, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. Él juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." [.] De las disposiciones transcritas se conoce que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe tener legitimación para hacerlo. En ese tenor son destacables los artículos 356, 357, 359, 375 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra disponen lo siguiente: Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley. Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. Artículo 375. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato. Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos. Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos. De lo numerales transcritos, se advierte que, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones; que la constitución de un sindicato tiene por objeto la defensa de los intereses de los trabajadores que lo integran; que los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para y defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercer las acciones correspondientes; que la representación del sindicato la ejerce su secretario general o la persona que designe su directiva salvo disposición especial de sus estatutos, por lo que el legitimado para combatir en el juicio de amparo alguna situación que le perjudique relativa a los intereses del sindicato lo es el representante legal de éste y no sus integrantes en lo particular, máxime que aquél es el directamente afectado al no ser llamado al procedimiento de titularidad del contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, es conveniente precisar el concepto de contrato colectivo de trabajo: "Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos". De lo anterior se advierte que para que exista el contrato colectivo de trabajo, las partes involucradas son uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. En el caso, el promovente aduce ser trabajador de la empresa Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable, aduciendo haber participado en la huelga por más de once años y que con motivo del procedimiento de titularidad del contrato colectivo instaurado ante la Junta número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se le privó de su derecho a continuar en huelga, sin embargo, no manifiesta encontrarse agremiado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana. Por tanto, si en el procedimiento de donde emana el reclamo del quejoso deriva de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y como quedó precisado en líneas precedentes en éste sólo intervienen el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana, quien tiene la titularidad del contrato citado; se puede concluir que el ahora promovente aún y cuando aduce ser trabajador de la Empresa Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable no tiene legitimación para intervenir en el procedimiento de titularidad del contrato colectivo ante la junta responsable, ni tampoco para acudir a la presente instancia, en atención a la naturaleza de los contratos colectivos de trabajo, pues en éstos, quienes ostentan la titularidad es el sindicato del gremio con el que se celebró, luego, aún y cuando el promovente pertenezca a dicho gremio, sin conceder tal supuesto, ya que no lo manifiesta de manera expresa, tampoco se encuentra facultado para intervenir en el procedimiento del que se duele no fue llamado a defender sus derechos. Por tanto, se colige que el quejoso trabajador de la Empresa Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable en lo particular no puede promover el juicio de amparo indirecto, ya que el procedimiento de titularidad del contrato colectivo de trabajo es una contienda entre sindicatos y la decisión personal del promovente, por sí sola es aislada, no produce efectos sobre el ámbito de derechos del sindicato. Atento a lo expuesto es claro que, el juicio de amparo promovido por el aquí inconforme por no haber sido llamado al procedimiento de titularidad del contrato colectivo del trabajo celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana y la Empresa Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable, resulta improcedente pues el quejoso a pesar de que manifestó en su demanda de amparo, ser trabajador de la citada empresa, en modo alguno acreditó tal hecho ni pertenecer a alguna agrupación sindical de las involucradas en el acto que reclama; pero aunque así lo hubiera hecho, de acuerdo a las consideraciones antes expuestas, carece de legitimación para combatir el acto reclamado, porque sólo el representante legal de la persona moral que se considere afectada o la persona que faculte para tal fin es quien puede promover el amparo, dado que el acto reclamado únicamente trasciende a los derechos colectivos, no de los trabajadores en particular. En ese sentido, si el contrato colectivo es negociado por el sindicato en representación de los trabajadores, se entiende que es como si éstos en lo individual lo hubieran celebrado también, de tal suerte que en caso de controversia quien tiene a su alcance las acciones para demandar su titularidad, no son los trabajadores en lo individual, sino el sindicato como representante de sus intereses particulares, que sumados representan el interés colectivo que subyace en la contratación. Sustenta lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. TITULARIDAD DEL. DEBE PROMOVERLO UN SINDICATO DE LA MISMA RAMA INDUSTRIAL DE LA EMPRESA DEMANDADA. De una interpretación conjunta de los artículos 17, 259, 380, 389, 460 y 689, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que no debe darse el trámite al escrito de demanda de titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo, cuando sea presentado por un sindicato que no sea de la misma rama industrial de la empresa demandada, pues la legitimación procesal debe estudiarse plenamente porque condiciona el ejercicio de la acción colectiva, siendo un presupuesto procesal sin el cual no puede desenvolverse válidamente un proceso e indispensable para que pueda pronunciarse una sentencia definitiva. Además, el sindicato actor debe acreditar fehacientemente ante la Junta que pertenece a la misma rama industrial de la empresa demandada, pues ello constituye un requisito legal o presupuesto indispensable para poder exigir la titularidad del contrato colectivo de trabajo, con fundamento en el artículo 360 de la ley laboral". Por tanto, si corresponde a un sindicato la titularidad del contrato colectivo de trabajo, en razón de que la agrupación representa el interés profesional mayoritario dentro de una determinada empresa, ello significa necesariamente que tal titularidad lleva consigo la administración del mismo contrato colectivo, ya que es uno de los efectos legales derivados de la titularidad del contrato y como consecuencia la representación de sus agremiados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se lee: "CONTRATO COLECTIVO, ADMINISTRACION DEL. CORRESPONDE AL SINDICATO TITULAR. Si corresponde a un sindicato la titularidad del contrato colectivo de trabajo para todos los efectos legales, en razón de que la agrupación representa el interés profesional mayoritario dentro de la empresa, ello significa necesariamente que tal titularidad lleva consigo la administración del mismo contrato colectivo, ya que es uno de los efectos legales derivados de la titularidad del contrato". Es por lo antes expuesto, resulta patente su falta de interés legítimo para acudir al amparo indirecto reclamando la falta de llamamiento al procedimiento de titularidad del contrato colectivo de trabajado celebrado entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana y la Empresa Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable, porque no es a través del juicio de amparo, como vía de control constitucional extraordinario, en donde el quejoso pueda hacer valer posibles afectaciones a sus derechos individuales originadas por la contratación colectiva llevada a cabo por su sindicato, pues para ello tienen a su alcance la vía ordinaria ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde puede plantear una controversia en contra de la organización que lo representa y su patrón, con motivo del acuerdo colectivo que ambos negociaron. Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto e indudable de la improcedencia del juicio constitucional. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diversos 61, fracción XXIII, 5° fracción I, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a Efraín Arteaga Rodríguez, toda vez que no cuenta con cédula profesional registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Segunda de las Margaritas número ciento ocho (108), colonia Las Margaritas, centro histórico de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con registro 9861 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la autoridad responsable gobernador del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad (por conducto del coordinador general Jurídico), por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veintitrés de abril del año en curso, en la que por una parte negó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se le tiene por interponiendo recurso de revisión contra de la resolución de mérito; distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, debiendo acompañarse el original del escrito de expresión de agravios respectivo y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por último, una vez que obren las constancias relativas a la notificación a las partes del presente proveído, envíese este expediente a la Superioridad para la substanciación del aludido recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 2a./J. 116/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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