Jesús Ruiz Amador
Expediente 164/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Ruiz Amador
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto el recurso de queja a que refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...
- Principal
...** Zacatecas, Zacatecas, doce de abril de dos mil veintiuno.********************Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que cumpliera con el requerimiento decretado por auto de ********************, sin que hiciera manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo en cita, y se ordena proveer solo en relación a los actos reclamados consistentes en la orden de traslado de ******************** y su ejecución. ********************DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, con la finalidad de confirmar o descartar alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente:********************"Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano".********************Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia.********************El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia.********************Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes:********************"DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad".********************Así las cosas, en el presente asunto, es procedente DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, al estimarse que en relación al acto reclamado al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, al titular de la Coordinación General de los Centros Federales de Readaptación Social, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato; así como al titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de esta entidad, al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, consistente en la orden de traslado del quejoso ******************** del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato, llevada a cabo el ********************; y su ejecución, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.********************En efecto, el precepto y fracción citados disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" ********************Al respeto se advierte que, atendiendo a la naturaleza y finalidad de la causal de improcedencia transcrita, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso.******************** Empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio.********************Es aplicable al caso que nos ocupa la Tesis Aislada (Común), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente:********************"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio."********************Ahora bien, en esta instancia constitucional la parte quejosa combate la orden de traslado de ******************** del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato, llevada a cabo el ********************; y su ejecución. ********************A su vez, la parte quejosa, acompañó a su demanda, copia de la determinación de ********************, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en la causa penal ********************de su índice, que calificó de legal el aludido traslado del quejoso; documental con valor convictivo, de conformidad con el precepto 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al hacer fe de la existencia de sus originales.********************Lo expuesto trae como consecuencia que se actualice la causa de improcedencia por cesación de efectos, lo cual impide el análisis del acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso ******************** del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato, llevada a cabo el ********************. ********************Esto en razón a que, como ya se anticipó, los efectos del acto que se tilda de inconstitucional cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por la resolución de ********************, dictada en la causa penal ********************por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas; lo cual conlleva la imposibilidad de estudiar las posibles violaciones del acto reclamado, sin afectar el nuevo contexto generado por el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, que es el que materialmente afecta la esfera jurídica del quejoso, al incidir en la vigencia y ejecución de la citada orden de traslado emitida y ejecutada por la autoridad responsable titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de esta entidad, y otras. ********************Es aplicable al caso la Tesis Aislada (Común, Penal), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con el rubro y texto siguientes:********************"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia."********************De ahí que al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente sea DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos promovida por ********************, por conducto de quien se ostenta como su defensor público ********************, en términos del artículo 113 de dicha legislación. ********************Notifíquese personalmente. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diez de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio suscrito por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por el que remite el juicio de amparo 26/2021-III, promovido por Jesús Ruiz Amador, por conducto de quien se ostenta como su defensor público J. Reyes Ríos Arteaga, contra actos del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y otras autoridades. COMPETENCIA. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta y anexos, se advierte que por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia para conocer del aludido juicio de amparo 26/2021-III, en razón de haber sido señalada como autoridad responsable en la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del presente asunto. Acúsese el recibo correspondiente. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 164/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El precepto 114, fracción IV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: (.) IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; En correlación con lo anterior, el numeral 108, fracción IV de la Ley de la materia en consulta, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" De los numerales transcritos se desprende, en esencia, que en la demanda de amparo se expresarán, entre otros aspectos, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Por ende, el juez de amparo podrá prevenir a la parte quejosa para que aclare la demanda cuando no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado. En el caso, del escrito de demanda se desprende que la parte inconforme, señala como autoridades responsables al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, al titular de la Coordinación General de los Centros Federales de Readaptación Social, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato; así como al titular de la Dirección de Prevención y Reinserción Social de esta entidad, al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y a la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Autoridades respecto de las cuales, les atribuyó de manera textual lo siguiente: "La ilegal orden de traslado de mi patrocinado el procesado Jesús Ruiz Amador, de la Cárcel en que estaba preso como lo es el Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato", avalado ilegal e injustamente por la Jueza Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas que lo procesa, lo que aconteció al parecer el ********************; procesado privado de la libertad con motivo de hechos ilícitos que originaron el proceso penal número ********************, que se le instruye en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, por delitos relacionado con Portación de Armas de Fuego de uso exclusivo y otros, mismo proceso penal en el que aún no se le dicta sentencia. Orden de traslado realizada violándole sus derechos humanos de debido proceso, adecuada defensa, derecho a estar en un centro carcelario cercano al domicilio del órgano jurisdiccional que lo procesa, y a su reinserción social." Transcripción respecto de la cual se colige que los actos reclamados lo constituyen la orden de traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato, llevada a cabo el ********************; y su ejecución. Sin embargo, de la propia transcripción realizada al apartado de actos reclamados en la parte que señala textualmente: "La ilegal orden de traslado (.) avalado ilegal e injustamente por la Jueza Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas que lo procesa"; en correlación con la manifestaciones plasmadas en el penúltimo párrafo del apartado de conceptos de violación en la parte que plasmó: "(.) con la anticonstitucional (sic) e ilegal por ende injusta autorización de la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas"; se genera incertidumbre sobre si, además de la orden de traslado reclamada, es el deseo del quejoso reclamar la determinación de ********************, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en la causa penal ******************** de su índice, que calificó de legal el aludido traslado del quejoso (resolución que fue acompañada en copia simple como anexo a la demanda). REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se requiere a la parte promovente para que, dentro del término de CINCO días, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Indique de manera clara, si, además de la orden de traslado del quejoso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS Guanajuato, llevada a cabo el ********************; y su ejecución; es su deseo reclamar la determinación de ********************, dictada por la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en la causa penal ******************** de su índice, que calificó de legal el aludido traslado del quejoso; en el entendido de que si aumenta el número de autoridades señaladas como responsables en relación a éste último acto, deberá exhibir una copia de la demanda para cada una de ellas. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento al requerimiento antes plasmado, se proveerá solo en relación a la orden de traslado de ******************** y su ejecución. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene a ******************** como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte promovente; y como domicilio para tal efecto el señalado en el ocurso de demanda. A su vez, se tiene a la parte disidente señalando el correo electrónico que indica en su demanda, para efecto de entablar comunicaciones no procesales con este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del acuerdo 21/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. Notifíquese personalmente. ...
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