Jesús Reyes Villagrana
Expediente 1140/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Reyes Villagrana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, a fin de que aclarara su demanda de garantías, transcurrió del nueve al quince de noviembre actual, sin que lo hubiera hecho, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso JESÚS REYES VILLAGRANA, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, a fin de que aclarara su demanda de garantías, transcurrió del nueve al quince de noviembre actual, sin que lo hubiera hecho. Ahora bien, no obstante lo anterior, no ha lugar a hacer efectivo al mencionado quejoso, el apercibimiento que se le hizo en el aludido proveído y por tanto, a tener por no interpuesta la demanda, toda vez que las constancias remitidas por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrada Presidenta, a solicitud de este Juzgado, resultan suficientes para conocer lo requerido al promovente del amparo. Así pues, vista la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, así como las constancias remitidas por la mencionada Sala Civil, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Este Tribunal Federal de oficio advierte que en contra del acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, promovido por el aquí quejoso contra Ana María Ortiz Robles, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 655/2011; se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Del numeral transcrito se desprende, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Bajo ese orden de ideas, para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto reclamado; b) Que el recurso o medio de impugnación haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que es materia del juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo a que el aquí promovente, en el último párrafo de su demanda, es decir, el que asentó previo a los puntos petitorios, manifiesta, que tiene pleno conocimiento que el recurso ordinario que procede contra la interlocutoria que constituye el acto reclamado, procede el recurso de queja, mismo que hizo valer en tiempo y forma ante la Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que a la fecha de la presentación de su demanda de amparo se hubiera determinado jurídicamente su admisión; se solicitó información a dicha autoridad, habiendo dado respuesta positiva la Segunda Sala Civil y de lo Familiar de dicho Tribunal, quien por conducto de su Magistrada Presidenta, remitió copia certificada tanto de las constancias relativas al incidente de liquidación de sociedad conyugal que concluyó con la resolución interlocutoria reclamada, como de las que integran el toca civil 632/2016, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el mencionado quejoso, contra la propia interlocutoria. Constancias de las que se aprecia, que efectivamente, el quejoso Jesús Reyes Villagrana, interpuso recurso de queja contra actos del Juez del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital, consistente en la resolución interlocutoria dictada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, que decidió el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promolvido por el propio impetrante del amparo contra Ana María Ortiz Robles, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 655/2011, a cuyo escrito recayó acuerdo de veinte de octubre citado, por el que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó lo siguiente: ". dígasele al promovente del presente asunto que no ha lugar a admitir el recurso de queja interpuesto contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, y por lo tanto queda firme la resolución dictada el cinco de octubre del año dos mil dieciséis dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario marcado con el número 655/2011". Asimismo se advierte, que no conforme con el acuerdo antes mencionado, el peticionario del amparo interpuso recurso de reposición, el cual fue admitido por la mencionada Sala Civil el veintiocho de octubre pasado, mismo que según informo la propia Sala en su oficio que obra a fojas 33 del expediente en que se actúa, se encuentra citado para sentencia. Para la interposición de dicho recurso el aquí quejoso se apoyó en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: "369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior". Además, el recurso de queja cuya admisión se le negó en el acuerdo recurrido en reposición, lo interpuso con apoyo en los numerales 392, fracción II, en relación con el 419 del mencionado código adjetivo, que en su orden disponen: "392.- El recurso de queja contra el juez es procedente: . II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; ." "419.- Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles". Por tanto, es evidente que a través del recurso de reposición interpuesto por el propio promovente del amparo contra el acuerdo de veinte de octubre del año en curso, por el que no le fue admitido el recurso de queja que había promovido contra la resolución interlocutoria reclamada, dicha interlocutoria puede ser modificada, revocada o nulificada, dado que aquél recurso resulta ser el idóneo, ya que con la resolución que se dicte, puede llegar a dejarse sin efectos el acuerdo por el que no fue admitida la queja, ordenarse su admisión, y como consecuencia de resolverse favorable el recurso de queja, quedaría sin efectos la resolución de que se duele, lo que tornaría innecesaria la admisión de la presente demanda. Tiene aplicación por las razones que la informan, , la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. LA CAUSAL DE, PREVISTA POR LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO ORDENA QUE EL RECURSO O DEFENSA ORDINARIOS QUE PUDIERA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO DEBE SER NECESARIAMENTE RELATIVO A ESTE MISMO ACTO. Cuando de las actuaciones de un juicio de garantías se observa que se encuentra pendiente de tramitación un recurso de apelación, promovido en contra de un proveído que se pronunció antes de que se dictara la resolución reclamada y por virtud del cual no se admitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por el propio amparista, resulta indudable que existe la posibilidad de que el fallo reclamado pudiera ser nulificado al igual que diversas actuaciones del juicio natural, en el caso de resultar procedente la apelación aludida y con posterioridad la nulidad argumentada, por lo que indudablemente en este caso se surte la hipótesis normativa contenida en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para declarar la improcedencia del juicio de garantías respectivo, ya que incluso esa disposición legal no hace alusión a que el correspondiente recurso o defensa que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en un amparo, deba ser necesariamente relativo a ese mismo acto." En consecuencia, es inconcuso que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo y por ende, con apoyo en el ordinal 113, del propio ordenamiento legal, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se plantea. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "En dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, a fin de que aclarara su demanda de garantías, transcurrió del nueve al quince de noviembre actual, sin que lo hubiera hecho, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al quejoso JESÚS REYES VILLAGRANA, en proveído de veintisiete de octubre del año en curso, a fin de que aclarara su demanda de garantías, transcurrió del nueve al quince de noviembre actual, sin que lo hubiera hecho. Ahora bien, no obstante lo anterior, no ha lugar a hacer efectivo al mencionado quejoso, el apercibimiento que se le hizo en el aludido proveído y por tanto, a tener por no interpuesta la demanda, toda vez que las constancias remitidas por la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de su Magistrada Presidenta, a solicitud de este Juzgado, resultan suficientes para conocer lo requerido al promovente del amparo. Así pues, vista la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, así como las constancias remitidas por la mencionada Sala Civil, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Este Tribunal Federal de oficio advierte que en contra del acto reclamado, consistente en la resolución interlocutoria de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, promovido por el aquí quejoso contra Ana María Ortiz Robles, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 655/2011; se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIX del artículo 61, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado". Del numeral transcrito se desprende, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Bajo ese orden de ideas, para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto reclamado; b) Que el recurso o medio de impugnación haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que es materia del juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que atendiendo a que el aquí promovente, en el último párrafo de su demanda, es decir, el que asentó previo a los puntos petitorios, manifiesta, que tiene pleno conocimiento que el recurso ordinario que procede contra la interlocutoria que constituye el acto reclamado, procede el recurso de queja, mismo que hizo valer en tiempo y forma ante la Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin que a la fecha de la presentación de su demanda de amparo se hubiera determinado jurídicamente su admisión; se solicitó información a dicha autoridad, habiendo dado respuesta positiva la Segunda Sala Civil y de lo Familiar de dicho Tribunal, quien por conducto de su Magistrada Presidenta, remitió copia certificada tanto de las constancias relativas al incidente de liquidación de sociedad conyugal que concluyó con la resolución interlocutoria reclamada, como de las que integran el toca civil 632/2016, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el mencionado quejoso, contra la propia interlocutoria. Constancias de las que se aprecia, que efectivamente, el quejoso Jesús Reyes Villagrana, interpuso recurso de queja contra actos del Juez del Ramo Familiar del distrito judicial de la Capital, consistente en la resolución interlocutoria dictada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, que decidió el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promolvido por el propio impetrante del amparo contra Ana María Ortiz Robles, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario 655/2011, a cuyo escrito recayó acuerdo de veinte de octubre citado, por el que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó lo siguiente: ". dígasele al promovente del presente asunto que no ha lugar a admitir el recurso de queja interpuesto contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, y por lo tanto queda firme la resolución dictada el cinco de octubre del año dos mil dieciséis dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, dentro del juicio civil ordinario de divorcio necesario marcado con el número 655/2011". Asimismo se advierte, que no conforme con el acuerdo antes mencionado, el peticionario del amparo interpuso recurso de reposición, el cual fue admitido por la mencionada Sala Civil el veintiocho de octubre pasado, mismo que según informo la propia Sala en su oficio que obra a fojas 33 del expediente en que se actúa, se encuentra citado para sentencia. Para la interposición de dicho recurso el aquí quejoso se apoyó en el artículo 369 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece: "369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior". Además, el recurso de queja cuya admisión se le negó en el acuerdo recurrido en reposición, lo interpuso con apoyo en los numerales 392, fracción II, en relación con el 419 del mencionado código adjetivo, que en su orden disponen: "392.- El recurso de queja contra el juez es procedente: . II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia; ." "419.- Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles". Por tanto, es evidente que a través del recurso de reposición interpuesto por el propio promovente del amparo contra el acuerdo de veinte de octubre del año en curso, por el que no le fue admitido el recurso de queja que había promovido contra la resolución interlocutoria reclamada, dicha interlocutoria puede ser modificada, revocada o nulificada, dado que aquél recurso resulta ser el idóneo, ya que con la resolución que se dicte, puede llegar a dejarse sin efectos el acuerdo por el que no fue admitida la queja, ordenarse su admisión, y como consecuencia de resolverse favorable el recurso de queja, quedaría sin efectos la resolución de que se duele, lo que tornaría innecesaria la admisión de la presente demanda. Tiene aplicación por las razones que la informan, , la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. LA CAUSAL DE, PREVISTA POR LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO ORDENA QUE EL RECURSO O DEFENSA ORDINARIOS QUE PUDIERA MODIFICAR, REVOCAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO EN UN AMPARO DEBE SER NECESARIAMENTE RELATIVO A ESTE MISMO ACTO. Cuando de las actuaciones de un juicio de garantías se observa que se encuentra pendiente de tramitación un recurso de apelación, promovido en contra de un proveído que se pronunció antes de que se dictara la resolución reclamada y por virtud del cual no se admitió a trámite un incidente de nulidad de actuaciones hecho valer por el propio amparista, resulta indudable que existe la posibilidad de que el fallo reclamado pudiera ser nulificado al igual que diversas actuaciones del juicio natural, en el caso de resultar procedente la apelación aludida y con posterioridad la nulidad argumentada, por lo que indudablemente en este caso se surte la hipótesis normativa contenida en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para declarar la improcedencia del juicio de garantías respectivo, ya que incluso esa disposición legal no hace alusión a que el correspondiente recurso o defensa que pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en un amparo, deba ser necesariamente relativo a ese mismo acto." En consecuencia, es inconcuso que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIX de la Ley de Amparo y por ende, con apoyo en el ordinal 113, del propio ordenamiento legal, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se plantea. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm. "
- Principal
En ocho de noviembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 18457 y anexos que se adjuntan.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de veintisiete de octubre del año en curso, informa que el diez de octubre de dos mil dieciséis Jesús Reyes Villagrana presentó ante la Oficialía de Partes de ese Tribunal, escrito por el que interpuso recurso de queja contra actos del Juez Tercero del Ramo Familiar de la capital, consistente en la resolución interlocutoria dictado el día cinco del propio mes y año, que decide el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, el cual fue declarado inadmisible por auto de veinte de octubre citado, mismo que se notificara personalmente al licenciado José Galván Herrera, abogado patrono del quejoso; asimismo, informa que el veintiséis de octubre de la presente anualidad, el promovente del amparo interpuso recurso de reposición contra el este último proveído, el cual se encuentra citado para sentencia. De igual forma, téngase a la autoridad oficiante remitiendo copias certificadas del toca civil 632/2016, así como del incidente de liquidación de la sociedad conyugal, las que se ordena guardar por separado. En atención a lo anterior, acuérdese lo conducente una vez que transcurra el término de cinco días concedido al quejoso en auto de veintisiete de octubre del presente año. NOTIFÍQUES POR MEDIO DE LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe. Bjm
- Principal
En siete de noviembre de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con un oficio registrado con el número 18306.- CONSTE.ZACATECAS, ZACATECAS, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.Agréguese a los autos el oficio signado por la Magistrada Presidente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en auto de veintisiete de octubre del año en curso, informa que en esa sala no se tramita el recurso de queja hecho valer por Jesús Reyes Villagrana o por los licenciados Humberto Sandoval Rubio y/o José Galván Herrera, contra de la resolución dictada por el Juez Tercero del Ramo Familiar de la capital, el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el juicio civil ordinario de divorcio necesario número 655/2011; que dicho recurso se encuentra radicado ante la Segunda Sala Civil de ese tribunal, bajo el número de queja 632/2016; lo anterior, para los efectos legales conducentes.En el entendido de que se está en espera de que la Segunda Sala Civil y de lo Familiar, cumpla con el requerimiento de que se trata. NOTIFÍQUES POR MEDIO DE LISTA.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Teresa Rosado de Loza, Secretaria que autoriza y da fe.Bjm
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