Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar
Expediente 368/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de agosto al once de septiembre del año en curso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que no se aperturó incidente de suspensión, por lo que tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen constancias o tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable o alguna de las partes. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. EL Secretario. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el veinticuatro de agosto del año en curso que sobreseyó el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión, por lo que tampoco se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ángeles
- Principal
Abierta la audiencia. La Secretaria da lectura a la demanda de amparo, al informe justificado rendido por la autoridad responsable Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (fojas 16-18) y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con la documental que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda (foja 8), así como con las documentales remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su referido informe de ley (fojas 19-39) y con las anexadas al oficio registrado con número de folio 7951, presentado en la oficialía de partes de este juzgado el doce de junio de la presente anualidad (fojas 57-63), asimismo, con las diversas instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, ofrecidas tanto por la parte quejosa como la autoridad responsable mediante escrito registrado con el número de folio 6229 (fojas 42-43) e informe justificado (fojas 16-18), respectivamente . A lo que la Juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas por las partes procesales citadas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria da cuenta con los vertidos por la parte quejosa en su escrito registrado con número de folio 6229 de diez de mayo de la presente anualidad (fojas 42-43) y con los realizados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento número 461/2017 y registrado con número de folio 7629 recibido el cinco de junio pasado en la oficialía de partes de este Juzgado (fojas 48-50). A lo que la Juez determina: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones realizadas por el quejoso y fiscal federal de la adscripción, por lo que se da por concluida la presente etapa, y al encontrarse debidamente integrado el expediente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 368/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "De las autoridades señaladas como responsable le reclamo la falta de contestación a la petición que mediante escrito de fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, que de manera escrita, pacífica y en forma respetuosa, le hiciera.". Acto que, a su parecer, resulta violatorio del derecho fundamental contenido en el artículo 8 constitucional. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este juzgado, por lo que en proveído de siete de abril de la presente anualidad (fojas 9-11), se registró bajo el número de expediente 368/2017, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención legal que por derecho corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. Luego, mediante auto de seis de junio siguiente (foja 51), se requirió al promovente del amparo, a efecto de que, dentro del término de quince días, manifestara si deseaba ampliar su escrito de demanda y señalar como autoridad responsable al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, sin que hubiera realizado manifestación alguna al respecto y, en consecuencia, se siguió el trámite respecto de la autoridad responsable señalada inicialmente, por lo que se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos de la acta que antecede y forma parte integral del presente juicio; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la omisión reclamada se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos reclamados siguientes: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis ante la autoridad responsable. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, en representación del delegado responsable, aceptó la existencia de la omisión reclamada, pues así lo manifestó en su informe con justificación (fojas 16-18). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que el quejoso exhibió el acuse del escrito que presentó ante dicha autoridad (foja 8); documento que cuenta con valor probatorio suficiente para acreditar la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, ya que, como se destacó, el ayuntamiento responsable aceptó su existencia. Aunado a lo anterior, se corrobora la existencia de dicho acto con las constancias remitidas por dicha autoridad, en apoyo a su informe de ley consistentes en diversas constancias de notificación y oficios de los que se advierte se encuentran relacionadas con la petición formulada por el quejoso (fojas 32-39). Documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. 1. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, el hoy quejoso, en esencia, solicitó información respecto de una deducción que se aplica a la pensión de su madre Rebeca Aguilar Rojero, bajo el concepto 500 a un seguro de vida institucional (foja 8) . La omisión de respuesta al escrito anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas solicita que se decrete el sobreseimiento en el presente juicio, en virtud de que se actualiza, entre otras, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la omisión reclamada ha dejado de surtirlos, al darse contestación a la petición de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, la cual se notificó el cinco de junio pasado (foja 57). El argumento anterior, resulta fundado y, en efecto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia citada, como se verá enseguida. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, numeral que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así, la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Entonces, la fracción citada establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En este juicio de amparo, el quejoso reclama esencialmente que la autoridad responsable no ha contestado su petición de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con la pensión de su progenitora Rebeca Aguilar Rojero. Es decir, el núcleo de la causa de pedir de la parte quejosa radica en que no ha recaído contestación a la petición que realizó en su escrito de nueve de diciembre de dos mil dieciséis. En éste, el promovente solicitó, en concreto, información respecto de una deducción a la pensión de su madre, identificada bajo el concepto 500, la cual se realizaba a favor de un seguro de vida institucional. En ese contexto, la demanda de amparo fue presentada el cinco de abril de dos mil diecisiete, sin que con anterioridad a esta fecha se advierta que se hubiera hecho del conocimiento del acuerdo u oficio recaído a la petición descrita. Sin embargo, del estudio de las constancias que adjuntó la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas a su oficio DEZ/UJ/1427/2017 (fojas 57-63), se advierte que la subdelegada de prestaciones dio contestación a la solicitud realizada por el quejoso, para lo cual por medio del diverso DEZ/SP/DPSH/CS/1827/2017 al que adjuntó, para su conocimiento la diversa SP/02/DACM/0423/2017 signado por el Jefe de Departamento de Actualización y Control de Movimientos de la Subdirección de Pensiones, comunicado del que se desprende, entre otras cuestiones, que: La última cotización de la pensionista Rebeca Aguilar Rojero, con número de pensión 6066494 fue "Productora Nacional de Semillas" Dicha pensión tenía instalado el concepto 500 descuento de seguro de vida. La aseguradora "METLIFE" informó que a partir del uno de enero de dos mil diez, se canceló la póliza de cobertura al personal jubilado y pensionado de "Productora Nacional de Semillas" Por el motivo anterior, se aplicó la deducción concepto 500, pues son aquellos pensionados que la dependencia donde laboraron no ha contemplado a su población pensionaria. Lo anterior, en atención a la circular 307-A-990 de la Subsecretaría de Egresos Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se emitieron los Lineamientos para el seguro voluntario colectivo de vida de los jubilados y pensionados de las dependencia y entidades de la administración pública federal. Concluye, que dicho instituto sólo es coadyuvante para la retención y entero de primas a la dependencia y proporciona una página web para que el solicitante consulte. Aunado a lo anterior, de las constancias adjuntadas al oficio de mérito, se acreditó que dicho oficio fue notificado de manera personal al autorizado de la parte quejosa el cinco de junio del año en curso (foja 58). De lo anterior, se deriva que solitud referida ya fue respondida y hecha del conocimiento del quejoso. Por tanto, con los oficios DEZ/SP/DPSH/CS/1827/2017 y SP/02/DACM/0423/2017 de uno de junio y once de mayo de la presente anualidad, respectivamente y notificados al solicitante el cinco de junio siguiente, la autoridad responsable dio respuesta a la petición realizada por el aquí quejoso, la que constituye el objeto de la omisión reclamada (fojas 57-63). Lo precedente es equivalente a los efectos que hubiera tenido un fallo protector de la Justicia Federal, ya que en ese caso el efecto de la sentencia hubiera sido obligar a la autoridad responsable a emitir la respuesta correspondiente a la petición. Las consideraciones expuestas ponen de relieve que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, tomando en consideración que de las constancias aludidas se advierte que durante la substanciación del presente juicio, la autoridad responsable comunicó la respuesta a la petición realizada por Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar, en su escrito de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y, por ende, debe concluirse que en el caso a estudio, cesaron los efectos del acto impugnado en esta instancia constitucional. Sin que la parte quejosa ampliara su demanda respecto de la respuesta dada a su petición, no obstante habérsele hecho de su conocimiento tal derecho como se advierte del proveído de trece de junio de la presente anualidad (fojas 64-65). Por tanto, se insiste, al haber dado respuesta a la petición realizada por el quejoso, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, toda vez que éstos han desaparecido, o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no cause agravio al promovente. Lo anterior, pues a partir de la violación alegada, no es factible otorgar la protección constitucional respecto de las subsecuentes actuaciones, pues el análisis constitucional se limita en función del acto en particular, conforme se indica, por las razones que indica, en la tesis 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página 372, del Libro1, tomo I, Diciembre de 2013, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio constitucional. Por tanto, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad que plantea la parte quejosa, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, visible en la página 335, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, que enseguida se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Lo anterior, sin que pase inadvertido que la autoridad responsable hizo valer diversas causales de improcedencia en el presente juicio, no obstante, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio respecto de los actos reclamados, resulta innecesario el análisis de éstas, pues en caso de que alguna resultara fundada o no, no cambiaría el sentido de la presente sentencia. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia 2ª./J25498, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Novena Época, agosto de 1998, página 414, de ubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Entonces, con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el quejoso, tendentes a demostrar la violación de derechos. Tiene aplicación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar, contra el acto que reclamó del Delgado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión de dar respuesta a su petición de nueve de diciembre de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe. Josué
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En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el suscrito licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre Certifica y hace constar: Que el término de quince días hábiles concedido al quejoso Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar por auto de trece de junio del año en curso, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable Delegado Estatal de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, con sede en esta ciudad, en contestación a la petición cuya omisión le reclama, transcurrió del veintiuno de junio al once de julio del presente año, sin hubiese hecho manifestación alguna. Lo que se asienta para constancia legal. Conste. El Secretario En dieciocho de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Visto el contenido de la certificación que a antecede, se advierte que el término de quince días hábiles concedido al quejoso Jesús Salvador Gutiérrez Aguilar por auto de trece de junio del año en curso, para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable Delegado Estatal de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas, con sede en esta ciudad, en contestación a la petición cuya omisión le reclama ha transcurrido, sin hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminado el justiciable en el proveído en cita y ante su actitud omisiva continúese con la secuela procesal del juicio en los términos inicialmente planteados, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito el Estado, ante el Secretario licenciado Juan García Trejo, quien autoriza. Doy fe. Ángeles
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El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: Que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy diez de julio de dos mil diecisiete, para la celebración audiencia constitucional; asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión le reclama, otorgado por auto de trece de junio del presente año, el cual le fue notificado por medio de lista publicada el diecinueve de junio del año en curso. Lo que asienta para los efectos legales conducentes. Conste. El Secretario En diez de julio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días hábiles concedido a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda respecto de la respuesta externada por la autoridad responsable, en contestación a la petición cuya omisión le reclama, otorgado por auto de trece de junio del presente año, el cual le fue notificado por medio de lista publicada el diecinueve de junio del año en curso; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para su verificativo. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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