Jesús Rodolfo Soltero Aguirre y Otros.
Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Rodolfo Soltero Aguirre y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja 32), en la cual se sobreseyó y negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Por ende, con fundamento en el arábigo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil diecinueve.Vista la constancia signada por la Actuaria de la adscripción, se desprende que no le fue posible notificar al quejoso la sentencia de veintisiete de septiembre del año en curso (foja 32), por la razón asentada. En consecuencia, con sustento en los dispositivos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, se ordena efectuar tal notificación, así como las subsecuentes -aún las de índole personal-, por medio de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. Como se ordena en el acuerdo anterior, a continuación se notifica por lista a la parte quejosa la senencia de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve: SentenciaVistos los autos para resolver el juicio de amparo 488/2019-IV, promovido por ********* y **********, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y otra autoridad, y Resultando Primero. Presentación de la demanda inicial. Mediante escrito y anexo presentados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el uno de julio de dos mil diecinueve, tunado a este Juzgado en la misma fecha, ********* y ************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a) LICENCIADO ********, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Distrito Judicial Galeana, con domicilio en las oficinas que ocupa la Fiscalía General del Estado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, cito en calles Naciones Unidas y Minerva de la Colonia Centro. b) LICENCIADO ***********, Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con domicilio en Libramiento Luis R. Blanco y Francisco I. Madero, en Nuevo Casas Grandes, Chih. IV.- ACTO RECLAMADO: 1.- La negativa del Licenciado *********, de proporcionar copias de la carpeta de investigación *************, iniciada con motivo de la querella presentada en contra de los suscritos por el delito de FRAUDE PROCESAL y los que resulten. 2.- La resolución emitida por el Licenciado Marco Antonio Palma Meléndez, Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, en la audiencia de debate celebrada en fecha 10 de junio del 2019, dentro del cuadernillo */2019, mediante el cual resuelve señalando que se encuentra impedido para forzar al Ministerio Público para que deje de mantener de forma reservada la carpeta de investigación ************, la cual se inició con motivo de la querella presentada en contra de los suscritos por el delito de FRAUDE PROCESAL y demás delitos que resulten. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20 apartado B), fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de dos de julio de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 488/2019-IV, se solicitaron sus informes justificados a las responsables, se dio vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que este asunto se refiere a actos cuyos efectos tienen lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la totalidad de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las responsables, lo siguiente: aDel agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, residente en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: El acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación número **********, donde le negó tener acceso a la misma. b)Del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: La resolución que emitió el diez de junio del año en curso, en el cuadernillo */2019, donde confirmó el acuerdo descrito en el inciso que antecede. Tercero. Existencia de los actos reclamados. El agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, en su informe justificado (fojas 22 y 23), manifestó que es cierto el acto que se le reclamó. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que envió, consistentes en el escrito de quince de mayo del año que transcurre (foja 24), que le presentó el defensor particular de los quejosos, donde solicitó le fuera notificada de forma personal cualquier diligencia y/o actuación que se desarrollara en la carpeta de investigación ************* y del auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve (foja 25), donde le negó su solicitud de tener acceso a dicha carpeta de investigación, por encontrarse en etapa de investigación desformalizada, siendo precisamente este acuerdo, el reclamado a la autoridad de mérito. De igual forma, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, pues en audiencia de diez de junio de la presente anualidad, confirmó la determinación del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, ya descrita, y al efecto remitió copia certificada del audio y video de la misma (foja 19). Constancias que cuentan con valor probatorio, de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades, dotados de fe pública, como lo son las autoridades responsables. Por lo tanto, se encuentra probada la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Improcedencia respecto de un acto reclamado. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, tal como fue señalado en el considerando segundo de esta sentencia, los quejosos reclamaron del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, el acuerdo que dictó el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación número ************, donde les negó tener acceso a la misma. Ahora, dado que la legalidad de ese acuerdo fue el objeto y materia de la determinación que emitió el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, el cual constituye el diverso acto reclamado en este juicio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para evidenciar este acierto, conviene precisar que de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, se advierten los siguientes datos relevantes: El quince de mayo de dos mil diecinueve, los quejosos, a través de su defensor particular, solicitaron al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos que les diera acceso a la carpeta de investigación número ***********, pues aseveraron que la misma estaba dirigida hacia ellos (foja 24). Luego, mediante acuerdo de veintidós de mayo del año que transcurre, dicho agente del Ministerio Público les negó su solicitud, al considerar que la carpeta de investigación se encontraba en etapa de investigación desformalizada y por tanto, su contenido debía permanecer bajo reserva, ello, aunado al hecho de que estimó que los quejosos no se encontraban en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, mediante escrito de cuatro de junio de la presente anualidad, el defensor particular de los quejosos solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana que fijara fecha y hora para llevar a cabo una audiencia donde analizara la negativa del multicitado Fiscal (foja 17). Así, el diez de junio del año en curso, se verificó la referida audiencia, donde una vez que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana examinó las consideraciones bajo las cuales el agente del Ministerio Público negó la solicitud que le fue elevada, determinó que sí fue acertada su decisión. En resumen, la narrativa detallada pone de relieve que el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, fue sustituido procesalmente por la diversa determinación de diez de junio del año actual, en la que el Juez responsable, confirmó el auto del agente del Ministerio Público. Al tenor de lo expuesto con antelación, es dable concluir que el acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos cesó en sus efectos al haberse sustituido procesalmente por la determinación de diez de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez responsable, lo cual actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues la subsistencia del acuerdo en comento se rige por lo que resolvió el Juez de Control y no por lo determinado por el agente del Ministerio Público. Es decir, si se analizara la determinación emitida por el Fiscal responsable, podría afectarse la diversa emitida posteriormente por el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, que, se insiste, también fue reclamada en este juicio de amparo, situación jurídicamente inadmisible, pues como ya se indicó, es esa decisión jurisdiccional la que actualmente regula la negativa de darle acceso a los quejosos a la carpeta de investigación y en todo caso, es ese acto reclamado el que debe analizarse en este asunto para establecer, de ser el caso y en última instancia, la constitucionalidad, o no, de la decisión del agente del Ministerio Público responsable en el sentido indicado, para lo cual, en principio, debe analizarse la legalidad de la propia determinación jurisdiccional reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, analógicamente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, séptima época, Tomo VI, Parte SCJN, página 35, cuyo rubro y contenido son: AMPARO IMPROCEDENTE. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Cuando en un amparo directo se reclama, además de la de segunda instancia, la sentencia pronunciada por el a quo, debe sobreseerse el juicio de garantías por lo que respecta a esta última, con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, por operar la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de dicha ley, toda vez que cesaron los efectos de la referida sentencia, en razón de haber sido sustituida por la de segundo grado. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, octava época, Tomo VI, Parte TCC, página 698, del siguiente tenor: SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. AMPARO IMPROCEDENTE, SI SE RECLAMA LA. La sentencia de primera instancia, cuando ha sido apelada, deja de tener efectos legales propios al ser sustituida, procesalmente, por el fallo que se dicta en la apelación. En tal virtud, el amparo que contra aquélla se promueva es improcedente, porque opera la causal prevista por el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo. En tal tesitura, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo preceptuado en el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente asunto, en relación con el acto reclamado al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos. Al no existir diverso motivo de improcedencia que hagan valer las partes o que este Juzgado Federal advierta que deba ser examinado, procede a continuación el estudio de los motivos de inconformidad que aduce la parte quejosa, en contra del diverso acto reclamado. Quinto. Estudio del acto reclamado. Los quejosos reclaman del Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, la resolución que pronunció en la audiencia celebrada el diez de junio de dos mil diecinueve, donde confirmó el acuerdo que emitió el agente del Ministerio Público responsable el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación número ************, donde les negó tener acceso a la misma, por encontrarse en etapa de investigación desformalizada. Antes de señalar los conceptos de violación que al respecto hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, se relatan los antecedentes del acto reclamado, para mejor comprensión del asunto: El quince de mayo de dos mil diecinueve, los quejosos, a través de su defensor particular, solicitaron al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos que les diera acceso a la carpeta de investigación número **********, pues aseveraron que la misma estaba dirigida hacia ellos. Luego, mediante acuerdo de veintidós de mayo del año que transcurre, dicho agente del Ministerio Público les negó su solicitud, al considerar que la carpeta de investigación se encontraba en etapa de investigación desformalizada y por tanto, su contenido debía permanecer bajo reserva, ello, aunado al hecho de que estimó que los quejosos no se encontraban en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Posteriormente, mediante escrito de cuatro de junio de la presente anualidad, el defensor particular de los quejosos solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Galeana que fijara fecha y hora para llevar a cabo una audiencia donde analizara la negativa del multicitado Fiscal (foja 17). Así, el diez de junio del año en curso, se verificó la referida audiencia, donde una vez que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana examinó las consideraciones bajo las cuales el agente del Ministerio Público negó la solicitud que le fue elevada, y determinó que sí fue acertada su decisión. Lo previo, pues según se advierte del disco óptico que remitió anexo a su informe con justificación, estimó que efectivamente los quejosos no se encontraban en ninguna de las hipótesis que establecen los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no se encontraban detenidos, no se les había citado para comparecer en carácter de imputados para recabarles su entrevista y tampoco habían sido objeto de uno de los actos de molestia a que se refiere el numeral 266 del código invocado (minuto treinta y nueve con treinta y nueve segundos). Asimismo, indicó que tales arábigos eran constitucionales, pues el artículo 20, apartado B, fracción VI de la Carta Magna, también establece que al imputado y a su defensor le serán facilitados los datos que obren en el proceso cuando el primero se encuentre detenido o cuando se le pretenda recabar su declaración o entrevistarlo, o bien, antes de su primera comparecencia ante el Juez, esto es, cuando sea citado a la audiencia inicial (minuto cuarenta con dos segundos). Por tanto, al no ubicarse en ninguno de los supuestos apuntados, el Juez responsable estimó que en esta etapa no podía conminar al agente del Ministerio Público a que le diera acceso a la carpeta de investigación a los aquí quejosos (minuto cuarenta y tres con dieciocho segundos). Precisados los antecedentes de la resolución reclamada en este juicio de amparo, se procede a indicar que la parte quejosa argumentó al respecto, en sus conceptos de violación, esencialmente lo siguiente: Que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, vulnera en su perjuicio lo previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VI, al negarle el acceso a la carpeta de investigación iniciada en su contra pues contraviene su derecho a contar con una defensa adecuada. Que dicha autoridad responsable no tomó en cuenta el principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal al momento de emitir su determinación. Que el Juez responsable no se avocó a contestar exhaustivamente los argumentos vertidos por su defensa. Pues bien, a consideración de este órgano jurisdiccional, los conceptos de violación esgrimidos, son infundados por una parte y fundados pero inoperantes, por otra. El concepto de violación, consistente en que el Juez responsable vulnera en contra de los quejosos su derecho a una defensa adecuada es infundado, toda vez que tal como acertadamente lo indicó el Juez responsable, el quejoso no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los establecidos en los diversos numerales 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para tener acceso a la carpeta de investigación, aunado a que en este momento ni siquiera tienen el carácter de imputados. En efecto, en el artículo 20, apartado B, fracción VI , de la Constitución Federal, se encuentra establecido un catálogo de derechos de las personas imputadas en el nuevo sistema penal acusatorio, donde se encuentra que el interesado puede tener acceso a la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público, sin embargo, se deben surtir los siguientes tres supuestos, a saber: 1.Cuando la persona se encuentre detenida; 2.Cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; 3Antes de su primera comparecencia ante el Juez de Control. Entonces, es a partir de que se actualiza cualquiera de los supuestos anteriores cuando realmente se adquiere la calidad de imputado y es en ese momento cuando desaparece la reserva, para que puedan preparar la defensa adecuada a sus intereses, salvo casos excepcionales. Ello, atendiendo a las etapas del procedimiento penal, en específico a la fase de investigación inicial y ejercicio de la acción, la cual comienza con la solicitud de citatorio a la audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, cuando se solicite la orden de aprehensión o comparecencia del imputado para que se formule la imputación o cuando se lleve a cabo un acto de molestia. Además, dicho precepto constitucional es limitativo al establecer que las partes únicamente podrán tener acceso a los registros de la investigación bajo ciertas restricciones para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre y cuando sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa. Asimismo, en ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.P.59 P, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, página 5071, Décima Época, de rubro y texto: ACCESO A LOS REGISTROS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA ETAPA INICIAL DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. EL HECHO DE QUE UNA PERSONA ESTÉ SIENDO INVESTIGADA DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, ES INSUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE ADQUIRIÓ LA CALIDAD DE IMPUTADA Y, POR TANTO, QUE DEBE OTORGÁRSELE. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia con el diverso 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen una restricción de acceso a los registros de la investigación para el indiciado y su defensa, la cual está supeditada a hipótesis específicas, a saber: 1) cuando se encuentra detenido; 2) se pretenda recabar su declaración; 3) sea citado para comparecer ante la autoridad judicial; y, 4) cuando sea sujeto de un acto de molestia; momentos a partir de los cuales la persona investigada y su defensa pueden tener acceso a los registros de la carpeta de investigación. Bajo este contexto, en la fase inicial de investigación, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando se formule imputación a la persona investigada, el indiciado tendrá acceso pero bajo ciertas restricciones, lo cual es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que el derecho de defensa técnica surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, sobre todo cuando se recibe su declaración. Así, la denuncia o querella con la que da inicio esta fase de investigación inicial tiene un alto margen de error por cuanto hace al señalamiento de una persona autora o partícipe de los hechos que motivan la apertura de la investigación, ello debido a la falta de corroboración de información inicial propuesta con la denuncia o querella, la cual está supeditada a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación; de ahí que el agente del Ministerio Público está obligado a realizar estos actos con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es por lo anterior que éste sólo puede recabar en esta fase de investigación actos que no comprometan la afectación de un derecho fundamental de las personas, pues cuando requiera lo contrario, deberá solicitar la autorización del Juez de control, que también interactúa en esta fase procesal para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos, por lo que el propio código nacional establece diversos actos procesales que exigen un control jurisdiccional y otros que no. Por tanto, los actos de investigación direccionados a requerir información de las personas en la fase inicial de investigación no deben considerarse como actos de molestia, entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva, pues en un escenario contrario, cualquier persona involucrada en la información, sin contar con el carácter de indiciado, víctima u ofendido, podría tener acceso a una investigación donde, como se ha establecido, al tratarse de la fase inicial, la operatividad del sistema permite recabar los actos de investigación sin involucrar la afectación de algún derecho de las personas. En consecuencia, la sola circunstancia de estar siendo investigado dentro de una carpeta de investigación en su fase inicial, es insuficiente para considerar que una persona haya adquirido la calidad de imputada y, por tanto, otorgar el acceso a los registros de la carpeta de investigación, pues contrario a ello, como ya quedó establecido, esta calidad sólo ocurre en los supuestos señalados en los artículos invocados." Es por lo anterior, que aun cuando la persona señalada como imputada contara con tal carácter dentro de los registros del Ministerio Público, al tratarse de la fase de investigación inicial, dicho señalamiento sería impreciso, pues se encuentra supeditado a la recolección de datos de prueba conforme al avance de la investigación. En congruencia con lo anterior, el artículo 113, fracción VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que son derechos del imputado y su defensa el tener acceso a los registros de la investigación así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos. Por su parte, los artículos 218 y 219 de dicho Código Nacional establecen que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros cuando: a) se encuentre detenido; b) sea citado para comparecer como imputado, o, c) sea sujeto de un acto de molestia, de los previstos en el diverso numeral 266 , y se pretenda recibir su entrevista y d) sea convocado a la audiencia inicial. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa, salvo casos excepcionales, como pudieran ser los previstos en el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo narrado pone de relieve, que el Juez responsable constriñó su actuación a los lineamientos que imponen la norma constitucional y secundaria citadas, por lo que no vulneró el derecho fundamental consagrado en el numeral 20, apartado B, fracción VI constitucional, así como los diversos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, en atención a que cumplió con la obligación de emitir una resolución, en la que contempló las condiciones y circunstancias actuales de los quejosos en la etapa en que se encuentra la investigación y determinó acertadamente que no podía conminar al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, en este momento, a que les diera acceso a la carpeta de investigación número ************, hasta que, dado el caso, se encuentren detenidos, o sean citados para comparecer como imputados o sean sujetos de un acto de molestia y se les pretenda recibir su entrevista, o bien, se les convoque a audiencia inicial, situaciones que en ese momento no fueron actualizadas o probadas ante la autoridad responsable. De ahí que, el derecho de defensa adecuada que los quejosos dicen vulnerado por la responsable, se encuentre intocado y por tanto, el concepto de violación que hicieron valer resulte infundado. Ahora, el segundo concepto de violación, alegado por los accionantes de amparo, referente a que el Juez responsable no tomó en cuenta el principio pro persona previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal al momento de emitir su determinación, también resulta infundado, puesto que su derecho a tener acceso a los registros de la investigación se encuentra limitado por una restricción constitucional. Lo anterior se afirma, pues si bien es cierto que en el primer y segundo párrafo del arábigo en cita se establece que los derechos humanos deben ser interpretados de tal forma que en todo tiempo se favorezca a las personas la protección más amplia, también lo es que en el propio artículo se precisa que siempre será así, salvo disposición expresa en la propia Constitución Federal, como en el caso acontece. En efecto, como ya fue indicado en líneas previas, el artículo 20, apartado B, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece una restricción al derecho de defensa, en el sentido de que durante la etapa de investigación que realiza el Ministerio Público, el imputado sólo tendrá acceso a los datos que obren durante esa fase cuando la persona se encuentre detenida; cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; o bien, antes de su primera comparecencia ante el Juez de Control. Mientras que, como ya se apuntó, de las constancias que obran en el expediente no están acreditados tales extremos, pues no se advierte que los quejosos se encuentran detenidos, que se les hayan recabado sus declaraciones, que hayan sido objeto de un acto de molestia, que se les ha citado para entrevista y tampoco que se les haya llamado para comparecer ante el Juez de Control. Cuestiones que, de haberse actualizado, los quejosos estuvieron en aptitud de acreditarlo, aún sin tener acceso a la carpeta de investigación, sin embargo, ello no ocurrió. Por tanto, no se colman los requisitos que deben existir para que la restricción constitucional prevista en el artículo 20, apartado B, fracción VI, desaparezca; por ello resulta infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, puesto que el Juez de Control responsable no podía rebasar de ninguna manera el límite establecido en la Ley Fundamental, invocando para tal efecto una interpretación más amplia que la ahí prevista. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 202, del libro 5, del tomo I, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Abril de 2014, Materia Constitucional, con número de registro 2006224, de rubro y texto siguientes: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Lo subrayado es propio. Asimismo, la tesis XIII.P.A.56 P, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2961, del Tomo II, del Libro 63, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2019, Décima Época, con número de registro 2019177, del contenido literal siguiente: DERECHO DE DEFENSA. EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, QUE LIMITA AL IMPUTADO SU ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO. El precepto constitucional citado regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa; asimismo, constriñe al Ministerio Público a mantener bajo reserva los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación y, con toda precisión, establece los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, a saber: a) cuando aquél se encuentre detenido; b) cuando pretenda recibirse su declaración o entrevistarlo; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Por tanto, esas disposiciones, en su conjunto, constituyen una restricción al ejercicio del derecho de defensa y, en ese contexto, la interpretación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al resolver el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, en el sentido de que el derecho mencionado debe ser respetado desde el inicio de la investigación, no puede servir como parámetro de regularidad constitucional para juzgar la negativa de acceso a la carpeta de investigación, pues se encuentra de por medio una restricción a ese derecho que el Poder Reformador de la Constitución determinó establecer en la Ley Suprema, la cual debe prevalecer, en acatamiento al artículo 1o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 30 y 32, numeral 2, de la Convención indicada, así como en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Lo subrayado es propio. Finalmente, como fue apuntado al inicio de este considerando, los quejosos hicieron valer un diverso concepto de violación consistente en que el Juez responsable no se avocó a contestar exhaustivamente los argumentos vertidos por su defensa, lo cual se estima fundado, pero inoperante. En efecto, la defensa de los accionantes del amparo argumentó ante el Juez responsable lo siguiente: - Que la negativa del Ministerio Público de darles acceso a la carpeta de investigación viola su derecho de defensa técnica, pues asegura que aun en la etapa desformalizada, tienen ese derecho, pues de seguirse la investigación sin su participación ello podría traer como consecuencia que se ejecuten actos de molestia en contra de sus representados (minuto siete con treinta y cinco segundos). - Que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, de acuerdo al principio pro persona, por tanto, el hecho de que le nieguen el acceso a sus representados y que puedan tener una defensa técnica desde dicha etapa, es una violación a sus derechos humanos (minuto once con cuarenta y siete segundos). - Que el agente del Ministerio Público anterior al actual, que tenía a su cargo la carpeta de investigación, ya les había proporcionado copia parcial de la misma, sin embargo, el que se encuentra ahora en funciones ya no les siguió permitiendo el acceso (minuto trece con treinta y seis segundos). Mientras que, el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, después de escuchar tanto a la defensora de los quejosos, como al agente del Ministerio Público, resolvió medularmente que, de acuerdo al texto constitucional, así como a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese momento, no podía conminar al fiscal a que les diera acceso a los registros que obran en la carpeta de investigación, puesto que los interesados no se encontraban en los supuestos ahí previstos; es decir, no contestó cada punto que la defensa le argumentó y tampoco le hizo saber porqué no eran suficientes para resolver favorablemente a sus pretensiones. No obstante, a pesar de que, como se señaló con antelación, le asiste la razón a la parte quejosa en cuanto a que el Juzgador no fue exhaustivo en darle contestación a cada uno de los puntos que le hizo valer, ello no es suficiente para conceder la protección constitucional, toda vez que, como fue estudiado a lo largo de este considerando, la determinación que emitió fue ajustada a derecho, por tanto, en nada cambiaría el que se concediera el amparo solicitado para que el Juez responsable le diera contestación a cada uno de sus argumentos, pues el resultado sería el mismo, aunado a que de los motivos de disenso indicados no se advierte de manera alguna que la parte quejosa adujera por lo menos que los quejosos sí se encontraban en los supuestos que contemplan tanto la Constitución Federal, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual era indispensable para tener acceso a la carpeta de investigación referida. Por lo anterior, es que el concepto de violación en comento es fundado, pero inoperante, y por ende, insuficiente para alcanzar la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1336 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1499, del tomo II, apéndice de 2011, Séptima Época, Materia Común, con número de registro 1003215, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. En conclusión, este órgano jurisdiccional considera que la determinación que el Juez de Control del Distrito Judicial Galeana, emitió en audiencia de diez de junio de dos mil diecinueve, fue ajustada a derecho, y por tanto, se impone negar el amparo solicitado. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** y ***********, en relación con el acto y autoridad responsable precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal, a ************* y **********, en relación con el acto y autoridad responsable precisados en el considerando quinto de esta sentencia, por las consideraciones ahí expuestas. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria licenciada ***********, que autoriza y da fe, el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional relativa al presente juicio de amparo. No obstante, en atención a que el informe justificado y anexo remitidos por el agente del Ministerio público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, no se agregaron con los ocho días de antelación a la audiencia constitucional, tal como lo exige la Ley de Amparo en su numeral 117, segundo párrafo, se determina que existe imposibilidad jurídica para celebrarla. Por ende, se difiere la audiencia determinada para el día de hoy, a fin de tener verificativo a las nueve horas con treinta minutos del dos de septiembre de dos mil diecinueve, con la finalidad de que las partes tengan cabal conocimiento del informe de referencia y puedan ofrecer pruebas y formular alegatos conforme a sus intereses convenga. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mi diecinueve, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con la licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos el informe justificado y anexo remitidos por el agente del Ministerio público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación, Acusación y Ejecución de Delitos Diversos, con sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo y considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.
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