Jesús Roberto Calzada Rivera
Expediente 611/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Roberto Calzada Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En cuanto al incidente de suspensión original y duplicado, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve que dice: SENTENCIA Vistos para resolver el juicio de amparo 611/2019-V, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Roberto Calzada Rivera, misma que quedó registrada bajo el consecutivo 611/2019-V, la cual, una vez efectuada una revisión se detectaron diversas irregularidades por lo que se previno al peticionario de amparo en que efectuara la aclaración correspondiente. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso de mérito dando cumplimiento a la prevención efectuada mediante proveído de veinte de los mismos; por tanto, se admitió a trámite la demanda de amparo intentada; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 36, párrafo primero y 114, fracción I de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo cuarto, fracción XVII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a las responsables, como tercero extraño por equiparación al conflicto laboral, lo siguiente: El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral 4/14/0410, promovido por Julio Alberto Salas Rodríguez, contra el aquí quejoso y otros, incluidos los actos de ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de dicha junta, así como el Coordinador de Actuarios, conjuntamente informaron que no son ciertos los actos que se les reclamaron, sin embargo, de las propias manifestaciones realizadas por dichas autoridades en el informe que rindieron, así como de la copia certificada de las constancias que integran el expediente 4/14/0410, de su índice, se advierte la existencia de los actos que les reclamó el peticionario de amparo. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, téngase por ciertos los actos que de ellas se reclaman. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Causa de improcedencia respecto del emplazamiento reclamado. En relación al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio natural al quejoso, este juzgador estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, registro 196932, que es del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora, a efecto de corroborar el criterio adoptado por este juzgador, se considera conveniente narrar los antecedentes del acto reclamado los cuales son los siguientes: 1. Mediante escrito de demanda presentado en Presidencia Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el veintisiete de enero de dos mil catorce, ********* demandó a ***********, en la vía ordinaria laboral, las prestaciones ahí descritas -fojas 32 a 36-. 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual mediante auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, fue radicada bajo el juicio 4/14/0410 y se admitió a trámite, ordenado el emplazamiento de la parte demandada -foja 38-. 3. El diez de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral de referencia, sin la comparecencia de los demandados no obstante haber sido notificados para tal efecto -ojas 71 y 72-. 4. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el citado expediente laboral, a la que comparecieron la parte actora y el demandado **********, a quienes se les concedió el uso de la palabra a efecto que manifestaran lo que a su derecho conviniera, haciendo uso de ella ambos; retirándose de las instalaciones sin firmar el acta de referencia el aquí quejoso -foja 76-. 5. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, en el que, se condenó al demandado a la reinstalación del aquí tercero interesado, así como al pago de las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito inicial de demanda, con excepción del pago de días festivos, tiempo extraordinario y utilidades (fojas 89 a 94). 6. En auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se fijaron las siete horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para la reinstalación de **********, en la fuente de trabajo (foja 95). 7. Mediante diligencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Actuaria adscrita a la Junta responsable, informando la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en relación a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, por los motivos expuestos en la misma (foja 97). En el presente caso, como se puede advertir de los antecedentes narrados, sobre todo del destacado en el punto cuatro, el ahora quejoso **********, en su carácter de demandado, compareció al juicio ordinario laboral 4/14/0410 seguido en su contra ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, a la audienciade ofrecimiento y admisión de pruebas y en la cual se le concedió el uso de la palabra a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera, haciendo uso de la misma, retirándose de las instalaciones sin firmar el acta de referencia, así como a la diligencia de reinstalación de la parte actora a su trabajo. Así pues, es indudable que queda evidenciado que el quejoso compareció a juicio y estuvo en posibilidad de defender sus derechos, puesto que tuvo conocimiento del juicio tramitado en su contra, al comparecer a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del juicio laboral 4/14/0410, lo cual conlleva a determinar que es sabedor del proceso iniciado en su contra. No es óbice que el quejoso no haya firmado la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en atención a que dicha actuación judicial fue llevada a cabo por un servidor dotado de fe pública; además, de que de la misma se desprende que en atención a que el aquí quejoso no se identificó, el fedatario estampó en la misma la media filiación del peticionario de amparo, aunado a que al entonces demandado se le dio la oportunidad de alegar lo que a su derecho conviniera, quien en uso de la voz realizó diversas manifestaciones respecto de la relación laboral de la parte actora con la empresa de su padre. Aunado a lo anterior, se tiene que la anterior actuación judicial (audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho), no fue controvertida por el aquí quejoso, lo que genera una presunción de su validez. En ese sentido, es evidente que no puede atribuirse al quejoso el carácter de persona extraña con el que se ostenta en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con número de registro 189916 que dispone lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En atención a la jurisprudencia transcrita, resulta inconcuso que basta la comparecencia al procedimiento de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio de amparo, es decir, que al haber acudido el quejoso al juicio de origen, no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación; esto es, que siendo parte demandada no haya sido llamada a hacer valer sus derechos. Al respecto cobra aplicación la tesis IX.2o.6K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, que dispone: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. En efecto, si el quejoso compareció a la diligencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del juicio laboral 4/14/0410, instaurado en su contra, es claro que no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permitió tener conocimiento de las prestaciones reclamadas y oponer las excepciones pertinentes. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el solicitante de amparo no tiene la calidad de persona extraña al procedimiento, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registrada bajo el consecutivo 172130, visible en la página 2440, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. Al resolver la contradicción de tesis 12/2000, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, integró la jurisprudencia P./J. 39/2001, en la cual dispuso que si el demandado conoce de la existencia del juicio y comparece a él, a pesar de que no fue legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. En ese contexto, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución pues, en términos del citado criterio jurisprudencial, al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Los alcances así establecidos de la jurisprudencia por unificación, fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar improcedente la contradicción de tesis 10/2004, por considerar que el tema de contienda, es decir, si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación al demandado, que no obstante comparecer al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas; ya estaba resuelto con la tesis primeramente mencionada. Consecuentemente, como quedó plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Roberto Calzada Rivera, respecto del acto reclamado señalado en este apartado, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que torna imposible entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso. Sin que se soslaye que la diligencia de reinstalación celebrada por el Actuario Judicial adscrito a la Junta responsable, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, fue igualmente entendida con el aquí peticionario de amparo Jesús Roberto Calzada Rivera, quien al no haberse identificado, fue asentada su media filiación. breseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución por no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 73, primer párrafo, 74, 75, 107, fracción VI, así como demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, en los términos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma ***********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve que dice: SENTENCIA Vistos para resolver el juicio de amparo 611/2019-V, promovido por **********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo día, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales y humanos que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1°, 14, 16 y 17, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Roberto Calzada Rivera, misma que quedó registrada bajo el consecutivo 611/2019-V, la cual, una vez efectuada una revisión se detectaron diversas irregularidades por lo que se previno al peticionario de amparo en que efectuara la aclaración correspondiente. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso de mérito dando cumplimiento a la prevención efectuada mediante proveído de veinte de los mismos; por tanto, se admitió a trámite la demanda de amparo intentada; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diversos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 36, párrafo primero y 114, fracción I de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, artículo cuarto, fracción XVII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama a las responsables, como tercero extraño por equiparación al conflicto laboral, lo siguiente: El emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral 4/14/0410, promovido por Julio Alberto Salas Rodríguez, contra el aquí quejoso y otros, incluidos los actos de ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por sí y en representación de dicha junta, así como el Coordinador de Actuarios, conjuntamente informaron que no son ciertos los actos que se les reclamaron, sin embargo, de las propias manifestaciones realizadas por dichas autoridades en el informe que rindieron, así como de la copia certificada de las constancias que integran el expediente 4/14/0410, de su índice, se advierte la existencia de los actos que les reclamó el peticionario de amparo. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por tanto, téngase por ciertos los actos que de ellas se reclaman. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley citada en segundo término. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Causa de improcedencia respecto del emplazamiento reclamado. En relación al acto reclamado consistente en la diligencia de emplazamiento practicada en el juicio natural al quejoso, este juzgador estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa y en lo conducente, establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". En términos de esas disposiciones y para los efectos del juicio de amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta, acorde al criterio que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280, tomo VI, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, Apéndice de 2000, Novena Época, registro 196932, que es del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Ahora, a efecto de corroborar el criterio adoptado por este juzgador, se considera conveniente narrar los antecedentes del acto reclamado los cuales son los siguientes: 1. Mediante escrito de demanda presentado en Presidencia Titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el veintisiete de enero de dos mil catorce, ********* demandó a ***********, en la vía ordinaria laboral, las prestaciones ahí descritas -fojas 32 a 36-. 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, la cual mediante auto de veintisiete de enero de dos mil catorce, fue radicada bajo el juicio 4/14/0410 y se admitió a trámite, ordenado el emplazamiento de la parte demandada -foja 38-. 3. El diez de octubre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral de referencia, sin la comparecencia de los demandados no obstante haber sido notificados para tal efecto -ojas 71 y 72-. 4. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el citado expediente laboral, a la que comparecieron la parte actora y el demandado **********, a quienes se les concedió el uso de la palabra a efecto que manifestaran lo que a su derecho conviniera, haciendo uso de ella ambos; retirándose de las instalaciones sin firmar el acta de referencia el aquí quejoso -foja 76-. 5. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, se dictó el laudo correspondiente dentro del juicio laboral de origen, en el que, se condenó al demandado a la reinstalación del aquí tercero interesado, así como al pago de las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito inicial de demanda, con excepción del pago de días festivos, tiempo extraordinario y utilidades (fojas 89 a 94). 6. En auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, se fijaron las siete horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para la reinstalación de **********, en la fuente de trabajo (foja 95). 7. Mediante diligencia de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Actuaria adscrita a la Junta responsable, informando la imposibilidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, en relación a la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral de origen, por los motivos expuestos en la misma (foja 97). En el presente caso, como se puede advertir de los antecedentes narrados, sobre todo del destacado en el punto cuatro, el ahora quejoso **********, en su carácter de demandado, compareció al juicio ordinario laboral 4/14/0410 seguido en su contra ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, a la audienciade ofrecimiento y admisión de pruebas y en la cual se le concedió el uso de la palabra a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera, haciendo uso de la misma, retirándose de las instalaciones sin firmar el acta de referencia, así como a la diligencia de reinstalación de la parte actora a su trabajo. Así pues, es indudable que queda evidenciado que el quejoso compareció a juicio y estuvo en posibilidad de defender sus derechos, puesto que tuvo conocimiento del juicio tramitado en su contra, al comparecer a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del juicio laboral 4/14/0410, lo cual conlleva a determinar que es sabedor del proceso iniciado en su contra. No es óbice que el quejoso no haya firmado la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, en atención a que dicha actuación judicial fue llevada a cabo por un servidor dotado de fe pública; además, de que de la misma se desprende que en atención a que el aquí quejoso no se identificó, el fedatario estampó en la misma la media filiación del peticionario de amparo, aunado a que al entonces demandado se le dio la oportunidad de alegar lo que a su derecho conviniera, quien en uso de la voz realizó diversas manifestaciones respecto de la relación laboral de la parte actora con la empresa de su padre. Aunado a lo anterior, se tiene que la anterior actuación judicial (audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho), no fue controvertida por el aquí quejoso, lo que genera una presunción de su validez. En ese sentido, es evidente que no puede atribuirse al quejoso el carácter de persona extraña con el que se ostenta en el presente asunto, pues con dicha calidad, debe entenderse a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia que integró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 39/2001, página 93, con número de registro 189916 que dispone lo siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En atención a la jurisprudencia transcrita, resulta inconcuso que basta la comparecencia al procedimiento de origen para desvirtuar el carácter de aquella persona que se ostenta como tercero extraño por equiparación en un juicio de amparo, es decir, que al haber acudido el quejoso al juicio de origen, no tiene el carácter de tercero extraño por equiparación; esto es, que siendo parte demandada no haya sido llamada a hacer valer sus derechos. Al respecto cobra aplicación la tesis IX.2o.6K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 537, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, que dice: EMPLAZAMIENTO. SI SE CONOCE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DEL QUE DERIVA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Conforme a la jurisprudencia P./J.18/94, publicada en las páginas 16 y 17 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 78, con la voz "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION", para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el emplazamiento, por irregularidades en su práctica, es necesario que el promovente tenga un desconocimiento total del juicio del que emana dicho emplazamiento, pues de no ser así, no puede equiparársele a un tercero extraño. Como en el caso de que la persona que pide amparo contra un emplazamiento que estima irregular, tiene conocimiento con mucha anticipación del juicio en el cual se llevó a cabo, por haber manifestado en un escrito firmado por ella misma, dirigido a la autoridad que conoce del caso, el número del juicio y el nombre del demandante, así como el hecho de ser la parte demandada; lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento del juicio y de que estuvo en posibilidad de acudir al juicio ordinario a defender sus intereses, en lugar de promover el juicio de amparo indirecto. Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1181, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, que dispone: TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER PARA INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA Y TUVO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PROMOVER LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY, AUN CUANDO POSTERIORMENTE HAYA SIDO ILEGALMENTE NOTIFICADO DE DIVERSAS RESOLUCIONES QUE LO DEJARON EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el quejoso reclama en amparo, entre otros actos, el ilegal emplazamiento, por haberse practicado en contravención a lo establecido por la ley de la materia, y con base en esto, que el juicio fue seguido en su contra, sin su conocimiento, su situación es equiparable a la de un tercero extraño a juicio; sin embargo, si comparece a él, pierde tal carácter, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 39/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.". Ahora bien, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución, toda vez que al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse y promover los recursos ordinarios previstos en la ley, por lo que no existe razón para relevarlo de la obligación de cumplir con el requisito exigido por el artículo 161, fracción I, de la Ley de Amparo. De esta manera, si el quejoso, después de concluido el juicio y en etapa de ejecución, pretende impugnar actos del procedimiento, no obstante que fue parte en el juicio y no puede ostentarse como tercero extraño por equiparación, es inconcuso que la acción que se dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los numerales 114, fracción V, 158, 159, fracción I y 161, todos de la ley de la materia. En efecto, si el quejoso compareció a la diligencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada dentro del juicio laboral 4/14/0410, instaurado en su contra, es claro que no le asiste el carácter de persona extraña al procedimiento, pues tal apersonamiento le permitió tener conocimiento de las prestaciones reclamadas y oponer las excepciones pertinentes. Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional otorga al referido criterio jurisprudencial, es decir, que al tener la parte quejosa conocimiento y comparecer al procedimiento, extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el solicitante de amparo no tiene la calidad de persona extraña al procedimiento, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Ilustra a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registrada bajo el consecutivo 172130, visible en la página 2440, tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE TAL CARÁCTER, QUIEN COMPARECE A CONTESTAR LA DEMANDA, AUN CUANDO MANIFIESTE QUE POSTERIORMENTE FUE ILEGALMENTE NOTIFICADA DE DIVERSAS RESOLUCIONES Y SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN DURANTE CIERTA ETAPA DEL JUICIO. Al resolver la contradicción de tesis 12/2000, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, integró la jurisprudencia P./J. 39/2001, en la cual dispuso que si el demandado conoce de la existencia del juicio y comparece a él, a pesar de que no fue legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. En ese contexto, si la parte reo comparece a contestar la demanda, es claro que no se le puede reconocer el carácter apuntado, aun cuando manifieste que posteriormente fue ilegalmente notificado de diversas resoluciones y que esto motivó que se le dejara en estado de indefensión durante cierta etapa del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva e incluso durante el procedimiento de ejecución pues, en términos del citado criterio jurisprudencial, al haber comparecido al procedimiento ordinario, tuvo la oportunidad de defenderse dentro del contencioso. Los alcances así establecidos de la jurisprudencia por unificación, fueron reconocidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar improcedente la contradicción de tesis 10/2004, por considerar que el tema de contienda, es decir, si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación al demandado, que no obstante comparecer al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas; ya estaba resuelto con la tesis primeramente mencionada. Consecuentemente, como quedó plenamente justificada la causa de improcedencia en examen, contenida en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Roberto Calzada Rivera, respecto del acto reclamado señalado en este apartado, acorde a lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que torna imposible entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso. Sin que se soslaye que la diligencia de reinstalación celebrada por el Actuario Judicial adscrito a la Junta responsable, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, fue igualmente entendida con el aquí peticionario de amparo Jesús Roberto Calzada Rivera, quien al no haberse identificado, fue asentada su media filiación. breseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución por no haberse impugnado por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 73, primer párrafo, 74, 75, 107, fracción VI, así como demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, en los términos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma ***********, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el tercero interesado ************, fue emplazado al presente juicio el doce del actual, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado; razón por la cual no tuvo la oportunidad de imponerse de los autos del presente juicio en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón de que de no mediaron por lo menos ocho días entre dicha notificación y el día fijado para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy. En consecuencia y a fin de no trastocar las reglas esenciales del procedimiento y evitar así una posible reposición del mismo, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las diez horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo. Es aplicable en lo conducente, la tesis V.4º.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, a foja 1119, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. A efecto de que el tercero perjudicado esté en aptitud de comparecer al juicio de garantías en defensa de sus derechos procesales, es menester que entre la fecha del emplazamiento y aquella en que se celebre la audiencia constitucional, medie por lo menos el plazo de ocho días, similar a aquel que exige el artículo 149, primer párrafo, segunda parte, de la Ley de Amparo, como anticipación para que, con relación a la audiencia de ley, sean dados a conocer a las partes los informes justificados que rindan las autoridades responsables. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado". Notifíquese.- Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.
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