Jesús Rey David Díaz Lerma

Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Jesús Rey David Díaz Lerma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal y el duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establecen los numerales 21, inciso a) y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. Cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E:PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el dos de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    S E N T E N C I AChihuahua, Chihuahua, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. V I S T O S, para dictar sentencia dentro de los autos del juicio de amparo 448/2021-III, promovido por *******, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua; y, R E S U L T A N D O: Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el día hábil siguiente, el quejoso *******, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el Estado de Chihuahua, de quien reclamó lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: "De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras, reclamamos el auto de vinculación a proceso dictado en mi contra en la causa penal No *******, así como también reclamo la medida cautelar fracción II, que señala el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales que se me impuso en la misma causa penal antes señalada y de las ejecutoras reclamamos la ejecución del auto de vinculación a proceso dictada en mi contra, así como también reclamo la ejecución de la medida cautelar antes señalada que se me impuso ilegalmente." SEGUNDO.- Derechos que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- De la tramitación del juicio constitucional. En proveído de once de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se registró con el número 448/2021-III, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llevó a cabo, mediante cuaderno de sigilo, el emplazamiento del tercero interesado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con base en la constancia que antecede. CUARTO.- De los terceros interesados. En el acuerdo de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado en el presente asunto a la persona de iniciales *******, y mediante cuaderno de sigilo se ordenó su emplazamiento al presente Juicio, lo cual fue realizado por el actuario judicial adscrito al Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, en fecha cinco de agosto de dos mil veintiuno y, QUINTO.- Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveídos de once de junio y veinticuatro de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas respecto a si el defensor del imputado, cuenta con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciado en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un perito en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, como se acotó en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable cumplió la solicitud que se le efectuó, pues remitió copia certifica de la cédula profesional *******, expedida por la Secretaría de Educación Pública, en favor de *******, a fin de ejercer profesionalmente la licenciatura en Derecho. De manera que, ha quedado evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que la avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Del análisis de la competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- De la precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el arábigo 74, fracción I de la Ley de Amparo1 . Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, la diversa tesis emitida por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal3 , que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y de resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que la parte impetrante en esencia reclama:  El auto de vinculación a proceso, dictado por el Juez de Control responsable, en audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******.  La imposición de la medida cautelar consistente en la establecida en la Fracción II, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno y la ejecución de la misma. TERCERO.- De la existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamado al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistentes en la imposición de medida cautelar establecida en la Fracción II, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de fecha treinta y uno de mayo, así como el auto de vinculación a proceso, de fecha dos de junio, ambas fechas de dos mil veintiuno, dictados en la causa penal *******, en contra del aquí quejoso, pues así lo expresó al rendir su informe con justificación en fecha veintinueve de abril del dos mil veintiuno, certeza que se corrobora con los discos ópticos que al mismo acompañó, a la cual se confiere pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°. Al respecto, cabe citar la tesis sustentada por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226.). Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO.- Del análisis de las causales de improcedencia. En razón de que las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el numeral 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada, sin que se tenga la obligación de analizar todos los supuestos de inejercitabilidad que hipotéticamente prevé tal precepto. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. Cabe señalar, que no se transcriben los conceptos de violación hechos valer por el accionante de la tutela constitucional, toda vez que no existe precepto legal alguno que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal6 , que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO.- Estudio oficioso. Previo a efectuar el análisis de los actos combatidos, se estima oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo7 , en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013) 8. Así, con antelación a dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante de amparo, esta Juzgadora Federal procederá, de oficio, al estudio, de la legalidad de la imposición de medida cautelar, así como del auto de vinculación a proceso dictados por el Juez de Control responsable en contra del aquí quejoso, dentro de los autos de la causa penal *******. En tal virtud, de la reproducción en tiempo real de los discos ópticos que acompañó a su informe con justificación la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1. 1.- En treinta y uno de Mayo de dos mil veintiuno, el licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, aperturó la audiencia inicial dentro de la causa penal *******, y pidió a las partes que se identificaran ante el Tribunal, entre ellos el Representante Social, licenciado *******, acompañado de la licenciada *******, asesora jurídica de la víctima, así mismo el defensor particular del imputado, licenciado *******, con cedula profesional registrada bajo el número *******, cédulas registradas ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Así mismo, identificó a la persona que manifestó ser el imputado, quien dijo llamarse *******, quien a pregunta expresa del juez, manifestó que desea nombrar al licenciado *******, su defensor particular, el cual cuenta con cedula profesional número con número de registro de la S.E.P. *******, cédula registrada ante el sistema de registro de Poder Judicial del Estado de Chihuahua; en el mismo acto el profesionista en comento aceptó y protestó el cargo conferido. 2.- Posteriormente, el Juez de Control, cuestionó al imputado respecto a sus datos generales, así como si conocía sus derechos como imputado, a lo cual se manifestó que era sabedor de los mismos. (minuto 3:00 del video 1). 3.- Previa autorización del Juez de Control, la Representación Social formuló imputación a *******, haciéndole saber los hechos por los cuales se seguía una investigación en su contra, indicándole lo siguiente: (minuto 3:40): 5. 3.1 "Que el día tres de diciembre del dos mil dieciocho aproximadamente a las siete horas, *******, conducía un vehículo de la marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, con número de serie con terminación *******, sobre las calles *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, en el cuarto carril de la circulación en un sentido de norte a sur, y al llegar al cruce con las calles *******, omite el deber de cuidado al no conservar su distancia impactando con la parte frontal en la parte posterior de un vehículo marca *******, línea *******, modelo ******* de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, el cual era conducido por su propietario ******* causándole un detrimento en su patrimonio por la cantidad de $******* (*******), realizando su conducta a título de imprudencia de conformidad con el artículo 18 fracción II, del Código penal del Estado de Chihuahua. Siendo un delito de consumación instantánea de conformidad con el artículo 17 fracción I, atribuyéndole el carácter de autor de conformidad con el artículo 21 fracción I, todos del Código penal vigente en el Estado de Chihuahua, haciéndole de su conocimiento de que las personas que deponen en su contra son, la propia víctima, ******* *******, perito adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, *******, Agente Dirección General de Tránsito Municipal, así como el ingeniero *******, y *******, ambos peritos oficiales adscritos al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, así también la Licenciada *******, Perito en materia de hechos de tránsito terrestre, de la Fiscalía General del Estado. (Minuto 06:26). Clasificación jurídica. Los hechos que se le atribuyen al imputado constituyen el delito de daños imprudenciales, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción II, en relación con el artículo 73, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. 4. Posteriormente, el Juez natural preguntó al imputado si comprendió los hechos que se le atribuyen a lo que manifestó que si los comprende. Por lo anterior, obsequió oportunidad al imputado para declarar, quien manifestó que reserva su derecho a hacerlo, posteriormente, otorgó el uso de la voz a la representación social quien solicitó vincular a proceso al aquí quejoso, por lo que la responsable la conminó a que narrara los antecedentes obrantes en la carpeta de investigación a fin de cuestionar al imputado respecto cuándo era su deseo resolver su situación jurídica. (minuto 08:15). 5. Acto seguido, la Representación Social narró los antecedentes de investigación que obran en la carpeta de investigación. (minuto 08:24 al 27:13). 9. Se preguntó al imputado, respecto al término para resolver su situación jurídica, a lo cual previa consulta con su defensor particular, indicó que solicitó el término constitucional, para lo cual se señalaron las nueve treinta horas, del dos de junio de dos mil veintiuno para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso. 10. Hecho lo anterior, el Agente del Ministerio Publico, solicitó la imposición de medidas cautelares; una vez escuchado a las partes, el Juez de Control resolvió imponer la medida cautelar de prevista por el artículo 155 Fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la exhibición de garantía económica por la cantidad de $******* (*******). (minuto 08:00). 11. Así, en fecha dos de junio de dos mil veintiuno, en audiencia señalada para efecto de resolver la situación jurídica del imputado hoy quejoso, el Juez de Control Resolvió vincular a proceso a *******, por el delito de Daños Imprudenciales. Reseñados los antecedentes, y con el objeto de dar mayor ilustración a la decisión asumida en este juicio de control constitucional, es indispensable fijar la litis radicada en este asunto, la que, a la luz de la pretensión perseguida por la parte quejosa, en función de los actos reclamados, es dable determinar la legalidad de la imposición de medida cautelar, así como del auto de vinculación a proceso. En primer lugar, en cuanto a la resolución de imposición de medidas cautelares, la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, cumplió con los parámetros establecidos por los artículos 157, 158 y 159, en relación con el 172 y 173, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales y 19 Constitucional. A la anterior conclusión ser arriba, puesto que, en el caso en particular, una vez que fue llevada a cabo la formulación de imputación al quejoso, por parte de la representación social, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo conducente es pasar al debate de imposición de medidas cautelar. "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares." Así, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 154 y 158, del ordenamiento antes mencionado, según se advierte del disco que contiene la audiencia inicial de referencia, en su minuto (01:00 de la grabación 2), el Agente del Ministerio Publico solicitó la imposición de medida cautelar consistente en garantía económica, con base en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por la cantidad de $******* (*******). Solicitud que la representación social justificó con el argumento de que el imputado habría sido citado en cuatro ocasiones tanto por la Instituto de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del Estado, así como por el Instituto de Justicia Alternativa del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, de igual manera, fue citado en otra ocasión por diversa Juez de Control de ese Distrito Judicial Bravos, citatorios a los cuales no atendió el hoy quejoso. Una vez que el Juez de Control corrió traslado al defensor particular, éste manifestó su solicitud en un primer momento, en el sentido de que la misma no fuera tan gravosa para el imputado hoy quejoso, así mismo, con posterioridad, manifestó que las citaciones recibidas por el quejoso, a las que hace referencia el representante social, no eran obligatorias al hoy quejoso, puesto que se le citaba a que acudiera al Instituto de Justicia Alternativa de la Fiscalía General del Estado, así como al Instituto de Justicia Alternativa del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, a lo cual no se encontraba obligado, puesto que el objeto de dichas citas, es llegar a una salida alterna y en el caso particular, no ha sido condenado mediante sentencia que le hiciera obligatorio llegar a un acuerdo reparatorio con la probable víctima. Por lo anterior, una vez escuchadas a las partes, en el minuto (11:05) de la citada audiencia inicial, el Juez de Control, en atención a los parámetros establecidos por el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la mínima intervención, proporcionalidad, los riesgos a evitar, así como para determinar la medida que sea menos lesiva para el imputado, numeral que reza de la siguiente manera: "Artículo 156. Proporcionalidad. El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." Así, el Juez responsable manifestó que el quejoso, no ha desatendido citación judicial alguna y hace una distinción en tanto que el legislador se refiere al peligro de sustracción de la justicia al incumplir con citatorios para presentarse ante el órgano jurisdiccional y en el caso que nos ocupa, el quejoso únicamente fue citado ante los centros de justicia alternativa, a fin de verificar si llegaban a algún tipo de conciliación, por lo cual, determinó que no pueden considerarse para determinar un peligro de sustracción, pues el quejoso sí ha comparecido a los citatorios a órgano jurisdiccional, lo cual, reduce el peligro de sustracción del hoy quejoso a la acción de la justicia. No obstante, considera el responsable, que la solicitud del representante social, en cuanto a la exhibición de la garantía económica, lo considera idóneo y proporcional para los riesgos que se tratan de evitar, así como para asegurar la presencia del imputado a ese proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por lo que hace a la cantidad de dicha medida, consideró que el monto solicitado es un tanto desproporcional en virtud de que la garantía económica, no tiene como fin garantizar la reparación del daño, sino únicamente se fija para que la voluntad del imputado sea dirigida a someterse al proceso llevado a cabo ante ese tribunal de control, así como el mínimo grado de riesgo de sustracción de la acción de la justicia, que representa el quejoso, dada la capacidad económica del mismo. "Artículo 172. Presentación de la garantía Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el Juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el Ministerio Público. Para resolver sobre dicho monto, el Juez de control deberá tomar en cuenta el peligro de sustracción del imputado a juicio, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad. Adicionalmente deberá considerar las características del imputado, su capacidad económica, la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo. El Juez de control hará la estimación de modo que constituya un motivo eficaz para que el imputado se abstenga de incumplir sus obligaciones y deberá fijar un plazo razonable para exhibir la garantía." Por lo anterior, con fundamento en los artículos 157, 158 y 159 en relación con los artículos 172 y 173, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control responsable, determinó imponer a *******, la medida cautelar consistente en garantía económica, por la cantidad de $******* (*******), la cual habría de exhibir en los quince días posteriores a su imposición, por el tiempo que dure el proceso, con base en lo dispuesto por el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, numerales que a la letra dicen: "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código. Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida. ARTICULO 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: II. La exhibición de una garantía económica; (.) Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." Por otra parte, se destaca que el auto de vinculación a proceso emitido por la autoridad responsable dentro de la causa penal *******, se ajusta a las directrices jurídicas exigidas por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre tal punto conviene traer a cita el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente, establece lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" Así como el referido arábigo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que indica: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De lo transcrito, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso se deben expresar, como elementos de forma los siguientes: a. Se haya verificado imputación (formalización o judicialización del procedimiento) y escuchado la declaración del imputado o que éste haya manifestado su deseo de abstenerse a declarar. b. Precisión del delito que se imputa. c. Las circunstancias de ejecución, tiempo y lugar. d. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Asimismo, deben considerarse como elementos de fondo, los siguientes: a. Que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. b. La ley señale como delito a ese hecho. c. Exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por lo anterior, el tratamiento metódico del auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos del arábigo 19 Constitucional, no exige analizar los elementos normativos y subjetivos del tipo penal, es decir, el doctrinalmente denominado cuerpo del delito, sino, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo el hecho ilícito y la probabilidad de que el indiciado, lo cometió o participó en su comisión. De ello se colige, que el Juzgador debe llevar a cabo un examen del grado de razonabilidad de los factores expuestos por las partes, para concluir si se justifican o no las consecuencias que aducen, teniendo siempre como factor principal la duda razonable. Expuesto lo anterior, conviene señalar que de la reproducción de los discos ópticos remitidos por la autoridad responsable a su informe justificado, se advierte que se cumplió con los requisitos formales aludidos, ya que de manera previa a la emisión del auto de vinculación a proceso, en audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el agente del Ministerio Público formuló imputación al quejoso, por su probable participación en la comisión del ilícito de Daños imprudenciales, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción II, en relación con el artículo 73, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. De igual modo, se constató por parte del Juez de Control, que el imputado conociera los derechos que establece a su favor el artículo 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se constató que contara con defensa técnica por parte de un profesional licenciado en derecho, cuya cédula profesional, se encuentra registrada en la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en su apartado denominado "Consulta de Cédulas", le dieron a conocer los hechos que se le imputaron y se le dio oportunidad de rendir su declaración, asimismo, previo conocimiento de los datos de prueba que obran agregados en la carpeta de investigación, el Agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso. En cuanto a los requisitos de fondo, se estima que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, concretamente el delito de Daños imprudenciales, previsto y sancionado en el arábigo 236, fracción II, en relación con el artículo 73, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Porciones normativas que en lo conducente establecen: "Artículo 236. A quien destruya o deteriore una cosa ajena o una propia en perjuicio de otro, se le impondrán las siguientes penas: I. De treinta a noventa días multa, cuando el valor de los años no exceda de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; II. Prisión de seis meses a tres años y de noventa a doscientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de cincuenta pero no de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; III. Prisión de tres a seis años y de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta días multa, cuando el valor de los daños exceda de quinientas pero no de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; y IV. Prisión de seis a doce años y de setecientos cincuenta a mil doscientos cincuenta días multa, si el valor de los daños excede de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Para estimar la cuantía de los daños se atenderá al valor comercial de la cosa dañada, al momento de producirse el hecho, pero si por alguna circunstancia no fuera estimable en dinero o si por su naturaleza no fuera posible fijar su valor, se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y multa de treinta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. "Artículo 73. Punibilidad del delito imprudencial En los casos de delitos imprudenciales, se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de seis meses hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica." En efecto, los datos de prueba aportados por la fiscalía en la audiencia de vinculación a proceso, arrojaron una evidencia razonable de que aconteció un hecho que la ley señala como delito, así como la probabilidad de que el imputado participó en su comisión, conducta cuya descripción típica se encuentra en los numerales anteriormente reproducidos. Ahora bien, los datos de prueba existentes en la carpeta de investigación y que fueron todos tomados en cuenta por el Juez de Control para dictar el auto de vinculación a proceso que se analiza, son específicamente los siguientes: 1). Denuncia de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, presentada por la victima *******, ante el órgano investigador. 2). Factura número *******, expedida a favor de *******, por la empresa *******, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. 3). Tarjeta de circulación, emitida por la Dirección General de Tránsito Municipal, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, respecto de un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, 4.) Acta de aviso de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente Dirección General de Tránsito Municipal, *******, a la cual anexó entrevistas realizadas a ******* y a *******. 5). Dictamen número *******, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el perito adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, *******, al cual anexó croquis primario. 6). Serie fotográfica, consta de cinco imágenes, respecto del vehículo conducido por el imputado, marca Chevrolet, línea Gio Pris, modelo mil novecientos noventa y siete, color rojo, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, elaborado por *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. 7). Informe pericial en materia de avalúos, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en peritaje de valor actualizado del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, al cual se anexa cinco fotografías, rendido por el ingeniero *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. 8). Pericial en materia de tránsito terrestre, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, por la Licenciada *******, Perito en materia de hechos de tránsito terrestre, de la dirección de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado. Siendo dichos medios de convicción, la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por parte de la Representación Social. En esa tesitura, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado los cometió. Es así, ya que la declaración de la víctima vertida ante la representación social, se encuentra adminiculada con otros medios de convicción. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es:  El esclarecimiento de los hechos;  Proteger al inocente;  Procurar que el culpable no quede impune; y,  Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación9 , que dispone lo siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Por ello -en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte- lo que se busca es dar cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Así, de los datos narrados por la fiscalía, que fueron tomados en cuenta por el Juez de Control, se estiman suficientes, para considerar que se cometieron los hechos que se atribuyen a la parte quejosa y la probabilidad de que cometió el ilícito o participó en su comisión. Es así, toda vez que contrario a lo vertido por el quejoso, esta Resolutora Federal considera que el auto de vinculación a proceso emitido en dos de junio de dos mil veintiuno, se encuentra ajustado a derecho, toda vez que satisface los requisitos de fondo que derivan del arábigo 19 constitucional, pues se advierte que el Juez responsable, al evaluar los datos reseñados y la declaración del imputado, todos en la audiencia de vinculación a proceso, se ajustó a lo dispuesto en los artículos 356 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 356. Libertad probatoria. Todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio, podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con este Código." "Artículo 359. Valoración de la prueba. El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado." Dispositivos legales que norman el arbitrio judicial y la observancia de las reglas fundamentales de la lógica, y de esa valoración expuso los razonamientos correctos que lo condujeron a estimar que los datos expuestos, son eficaces y suficientes para tener por demostrado en términos del artículo 316 del ordenamiento procesal aludido, la existencia del hecho delictivo tipificado por las leyes ordinarias como Daños, imputado al hoy quejoso *******, así como la probable participación de éste en su comisión. Lo anterior, aunado a la circunstancia que ciertamente los hechos por los que se decretó su vinculación a proceso, se adecuan a esa figura delictiva, pues, como se dijo, hasta este momento procesal está acreditado, que de manera probable, el quejoso participó en su comisión, desplegando la conducta típica y antijurídica que se le reprocha. Ello es así, dado que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, valoró en su conjunto y adminiculó entre sí, en su enlace lógico y natural concatenado, los datos reseñados por el agente del Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 constitucional apartado A, Fracción II, así como en los artículos 259, 261, 263, 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, el contenido en la declaración en sede ministerial, por la víctima *******, quién fue claro al señalar al quejoso como la persona que el día tres de diciembre del año dos mil dieciocho, aproximadamente a las siete horas, al circular sobre las calles *******, con cruce ente las calles *******, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cuarto carril de la circulación en un sentido de norte a sur, y al llegar al cruce con las calles *******, un camión de transporte se le cerró, por lo cual descendió la velocidad de su vehículo, y sintió un golpe en la parte trasera del mismo, y al bajarse pudo observar que el vehículo que lo impactó era un vehículo de la marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, el cual era conducido por quien posteriormente supo se llama *******. Lo anterior lo corroboró con el contenido del acta de aviso de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente Dirección General de Tránsito Municipal, *******, quien el día de los hechos, le tocó atender el hecho de tránsito que nos ocupa, y al acudir al lugar de los hechos, encontró a los ciudadanos ******* y a *******, quienes fueron coincidentes en manifestarle lo sucedido. De igual manera, constata lo anterior con el dictamen con número *******, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el perito adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, *******, al cual anexó croquis primario, en el que señala el lugar donde sucedieron los hechos así como las partes involucradas en el mismo, en el cual llegó a la conclusión que el motivo de los mismos fue la violación al deber de cuidado por parte del conductor de nombre *******, al no respetar la distancias mínima entre su vehículo y el vehículo conducido por *******. Así mismo, el juez responsable tuvo por acreditado el deterioro del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, modelo *******, cuyo propietario es la víctima, con la declaración de la misma, así como la serie fotográfica, que consta de cinco imágenes, respecto del vehículo conducido por el imputado, marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, elaborado por *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, lo corroboró con Informe pericial en materia de avalúos, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en peritaje de valor actualizado del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, al cual se anexa cinco fotografías, rendido por el ingeniero *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el cual, concluyó que los daños ocasionados a dicho vehículo, ascienden a la cantidad de $******* (*******) . Por lo que hace al nexo causal entre los daños generados al multicitado vehículo, propiedad de la víctima, y la conducta llevada a cabo por el hoy quejoso, el juez de control lo tuvo por acreditado con el informe Pericial en materia de tránsito terrestre, de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciocho, rendido por la Licenciada *******, Perito en materia de hechos de tránsito terrestre, de la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el cual, de las circunstancias de lugar y tiempo, así como de las características de los vehículos que intervinieron en los hechos, como resultado de la metodología empleada por la especialista que realiza el dictamen, concluye que el hoy quejoso, al conducir el vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, impactó la parte trasera del vehículo marca *******, *******, propiedad de *******. Lo anterior lo concatenó de igual manera con la información rendida mediante dictamen número *******, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, realizado por el Agente adscrito a la Dirección de Tránsito *******, en el cual se describe la mecánica de los hechos de tránsito generadoras de los daños antes mencionados. De ambos dictámenes, el Juez de Control tuvo por acreditado que los daños a que fue sujeto el vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, propiedad de la víctima, fueron el resultado de la falta de precaución del hoy quejoso *******, puesto que al conducir el vehículo de la marca *******, línea *******, modelo mil *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, impactó la parte trasera del vehículo propiedad del hoy víctima. Lo anterior, pues el impacto producido entre los vehículos antes señalados, se presentó por no observar por parte de *******, el deber mínimo de cuidado consistente en respetar la distancia entre vehículos, señalada en el artículo 88, Fracción XXVI, del reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez, el cual reza de la siguiente manera: "ARTÍCULO 88.- Los conductores de cualquier tipo de vehículo, tienen las siguientes obligaciones: (.) XXVI. Conservar respecto del vehículo que va adelante, una distancia de seguridad que garantice la detención oportuna, tomando en cuenta para ello la velocidad, las condiciones de la vía y las del propio vehículo. En todo caso, esa distancia no podrá ser inferior a las dimensiones del vehículo que conduce;" Por lo que hace a la ajeneidad de dicho bien mueble, consideró el juez responsable, tener por demostrado que el vehículo, sobre el cual recayeron los daños que dieron origen a la causa penal, le era ajeno al activo, ya que, la victima exhibió ante la representación social la factura número *******, expedida a su favor, por la empresa *******, de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, así como con la tarjeta de circulación, emitida por la Dirección General de Tránsito Municipal, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, respecto de un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, con lo cual quedó demostrado que dicho vehículo es propiedad de la victima de nombre *******. De ahí que, habiéndose cuantificado los daños, es por lo que ese juzgador tuvo por acreditado el hecho que la Ley señala como delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto por el numeral 236, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, que, atendiendo a dicha cuantificación, se debe ubicar en la fracción II, del citado cardinal. Ilícito que debe considerarse contrario al orden jurídico, ya que el Juez de Control no encontró norma que autorizara al activo para producirse en los términos en que lo hizo; además, tampoco advirtió alguna causa de exclusión del delito, por el contrario, de la mecánica de los hechos consideró patente que el activo omitió atender y cumplir el deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Por lo que hace a la probable responsabilidad del hoy quejoso. La autoridad responsable, en su resolución de vinculación a proceso, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción I, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES en estudio, ya que de los antecedentes de investigación presentados por la representación social, se desprende que fue precisamente el hoy quejoso quien el día de los hechos, conducía el vehículo que, al desatender el deber de cuidado que le correspondía, se impactó con el vehículo de la hoy víctima, ocasionando los daños en dicho bien mueble. Antecedentes entre los cuales se encuentra los dictámenes rendidos como son: Dictamen número 134894, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el perito adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, *******, al cual anexó croquis primario; Acta de aviso de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente Dirección General de Tránsito Municipal, ******* y Pericial en materia de tránsito terrestre, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por la Licenciada *******, Perito en materia de hechos de tránsito terrestre, de la dirección de servicios periciales y ciencias forenses de la Fiscalía General del Estado. Dictámenes anteriores, los cuales son coincidentes en que, de la conducta desplegada por el imputado, hoy quejoso, se ocasionaron los daños que recayeron en el bien mueble propiedad de la victima de nombre *******. Ahora bien, por lo que hace a la imprudencia, por parte del activo respecto a la conducta que generó el deterioro en el bien mueble propiedad de la hoy víctima, el Juez de Control lo tuvo por satisfecho con el dictamen número 134894, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, realizado por el Agente adscrito la Dirección de Tránsito Enrique de la Cruz Medrano, en el cual se describe la mecánica de los hechos de tránsito. Con lo cual, el juez responsable tuvo por acreditada la imprudencia en el actuar del quejoso, al presentarse una impericia, ante la violación a un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar, como se establece en el numeral 18 fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, el cual reza de la siguiente manera: "Artículo 18. Dolo e imprudencia Las acciones u omisiones delictivas pueden ser: II. Imprudenciales. Obra imprudencialmente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, o cuando se produce por impericia, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar." En ese sentido, considera la responsable, satisfecha la probabilidad de intervención del imputado en el hecho que se le atribuye. En esa tesitura, debe decirse que los dictámenes a que se hace referencia, merecen valor conforme a los artículos 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser rendidos por peritos en la materia, cuya capacidad se encuentra reconocida por el Estado, por provenir de servidores públicos, expertos en la materia lo que supone tienen los conocimientos necesarios para emitir una opinión acertada y que no tienen ningún interés en perjudicar o beneficiar a alguna de las partes. Por lo que respecta a las causas de extinción de la acción penal o excluyente del delito, la autoridad responsable manifiesta que, en la causa penal en estudio, no se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En consecuencia, concluyó el Juez de Control, como el artículo 19 de nuestra Carta Magna, no requiere que esté plenamente demostrada la responsabilidad del inculpado, sino únicamente que se haga probable su participación, y al no estar acreditada, hasta ese momento procesal, ninguna excluyente de incriminación, a favor de *******, es por lo que el Juez responsable, consideró dictar en su contra AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por el delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, previsto por el numeral 236, fracción II, en relación con el numerales 73, ambos del Código Penal Estado de Chihuahua, cometidos en perjuicio de *******. De la resolución anteriormente analizada, se desprende que los antecedentes de investigación narrados por la Representación Social, a los que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, correctamente les otorgó valor al haber sido vertidos ante una autoridad competente como lo es el agente del Ministerio Público. En ese tenor, tal y como lo señaló el Juez responsable, dada la mecánica de los hechos, conducen a afirmar racionalmente que *******, quien es el sujeto activo, fue la persona que el día el día tres de diciembre del dos mil dieciocho, aproximadamente a las siete horas, conducía un vehículo de la marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, con número de serie con terminación *******, sobre las calles *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, en el cuarto carril de la circulación en un sentido de norte a sur, y al llegar al cruce con las calles *******, omite el deber de cuidado al no conservar su distancia, impactando con la parte frontal de su vehículo, la parte posterior de un vehículo marca *******, línea *******, modelo ******* de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, el cual era conducido por su propietario ******* causándole con ello, un detrimento en su patrimonio. OCTAVO.- Del análisis de los conceptos de violación. Culminado el estudio oficioso de la resolución de imposición de medida cautelar, así como del auto de vinculación a proceso reclamado, procede dar contestación a los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de amparo. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Como cuestión previa al examen del fondo del asunto, esta juzgadora considera pertinente establecer que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte inconforme inserta razonamientos relacionados con diversos derechos aplicables en materia penal. Sin embargo, debe destacarse que esos aspectos no serán objeto de un pronunciamiento específico por parte de este tribunal federal, en la medida en que no constituyen razonamientos en los que se haga valer un auténtico concepto de violación o que, por sí solos, puedan llevar a la convicción de que el acto reclamado es inconstitucional. En efecto, el examen de los actos reclamados en el juicio de amparo debe ceñirse a los razonamientos jurídicos que, a título de conceptos de violación, se hagan valer en su contra, sea que para ello se destine un apartado específico o se advierta del análisis integral del escrito de demanda, por lo cual si tales planteamientos no reflejan, por sí, la inconstitucionalidad aseverada mediante la expresión de un agravio o perjuicio causado en la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que sólo sirven como un complemento o marco de referencia para ilustrar la postura que asume en torno a un tópico o tema, es patente que no ameritan una calificación, ni un análisis sobre ese particular. En tal virtud, si a partir de esas consideraciones la hoy parte impetrante expone razonamientos jurídicos que, en concreto, haga valer en calidad de conceptos de violación, respecto de los cuales esta resolutora está obligada a emitir un pronunciamiento particular, tales manifestaciones sólo serán tomadas en cuenta para el efecto de clarificar la causa de pedir y, a la postre, para que este tribunal adopte un criterio sobre las cuestiones propuestas por la parte quejosa. Al efecto, cabe citarse las tesis sustentadas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección. Tesis: 1341. Página: 1503.) "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXV, Mayo de 2007. Tesis: 1a. CVIII/2007. Página: 793.) Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 1, 14 y 16 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a la resolución en que se impuso medida cautelar así como la que resolvió su situación jurídica, los cuales son los siguientes: 1.-Por lo que hace a la resolución de imposición de medida cautelar, aduce la quejosa que se viola en su contra sus derechos y garantías constitucionales, ya que no es proporcional ni justa a los supuestos delitos cometidos por el quejoso, así como por que no fue debidamente fundada y motivada la solicitud realizada por parte de la representación social. 2.- La parte quejosa manifiesta que se viola las garantías de legalidad y de defensa, debido a que se ha dejado en estado de indefensión pues, se dictó el auto de vinculación a proceso sin que hubiera datos suficientes e idóneos para ello, por lo cual, se viola la garantía de audiencia y de legalidad. Por lo que hace al motivo de señalado por la responsable, como número uno, aduce el quejoso, se violan en su contra sus derechos y garantías constitucionales, contemplado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que considera que no se justifica la imposición de medida cautelar, pues, esa determinación se dictó sin que hubiera sido fundada la solicitud por parte de la representación social. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve, la autoridad responsable ciñó sus actos a los principios constitucionales por lo siguiente. En principio, es menester citar el contenido de los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." (.) "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El primer precepto citado, contiene una de las garantías de seguridad jurídica de primordial importancia, esto es: la de audiencia previa; toda vez que impone la obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. El segundo artículo trascrito contiene la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional, la cual se constituye como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige, realizarse por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. De esta manera, en todo procedimiento o juicio han de observarse, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber: El inculpado debe tener conocimiento del inicio del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. Se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y, quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. Cuando se agote la etapa probatoria se le dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes; y, El procedimiento iniciado deberá concluir con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Expuesto lo anterior, se considera necesario distinguir entre actos privativos y actos de molestia. Los primeros producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, siempre y cuando se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado y están regulados por el artículo 14 constitucional. Esto es, sólo los autoriza cuando se cumplan los requisitos siguientes:  Existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido.  Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.  Que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, sólo restringe de manera provisional o preventiva un derecho, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos que están regulados por el artículo 16 Constitucional. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página: 5, con número de registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Por otro lado, es importante destacar el contenido de los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son del tenor siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido." "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes: I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o II. Se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares. A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: II.; La exhibición de una garantía económica. (.) Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada." De los artículos transcritos, se advierte que el juez, al imponer una medida cautelar, debe tomar en consideración: Que, formulada la imputación, el imputado se acoja al término constitucional, ya sea de setenta y dos horas o su ampliación a ciento cuarenta y cuatro, según sea el caso, o bien, que éste haya sido vinculado a proceso. Que esa medida haya sido solicitada por el agente del Ministerio Público, por la víctima o por el ofendido. En el caso, se actualizaron las hipótesis contenidas en las fracciones I) y II), pues fue precisamente en la audiencia inicial que se analiza, donde una vez que se formuló imputación en contra del quejoso, se señaló fecha para audiencia de vinculación a proceso, al solicitar el imputado que su situación jurídica se resolviera dentro del término constitucional, lo que tornó procedente el debate sobre la imposición de medidas cautelares. Asimismo, por lo que hace a la fracción II), la representación social basó su solicitud con el argumento de que era esa la medida idónea, necesaria y pertinente para continuar con el procedimiento y garantizar la presencia del imputado al proceso, puesto que la naturaleza de dicho asunto es económica, así como ante la inasistencia del hoy quejoso ante la autoridad judicial, al haber sido citado en cuatro ocasiones, por lo cual, solicitó que se impusiera la cantidad de $******* (*******). Con posterioridad a dicha solicitud, de conformidad con el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dio el uso de la voz al defensor particular del imputado, quien manifestó que se le hacía excesiva la cantidad solicitada por el representante social, así mismo, manifestó que las citas a que hace referencia el representante social, fueron realizadas por las oficinas de los centros de justicia alternativa, con el fin de llegar a algún tipo de conciliación. Por lo que, el Juez responsable, al resolver respecto de la imposición de medida cautelar, impuso la contemplada en la Fracción II, del artículo 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, antes transcrito y atendiendo a las manifestaciones del defensor particular, antes señaladas, con las cuales consideró como leve el peligro de sustracción por parte del hoy quejoso, determinó imponer la cantidad de $******* (*******), al considerarla idónea para garantizar la presencia del imputado durante todo el tiempo que dure el procedimiento. Por lo tanto, analizado en su totalidad el acto reclamado que se hizo consistir en la medida cautelar impuesta al quejoso, este órgano jurisdiccional, considera que se encuentra ajustado a derecho, toda vez que se considera correcto lo manifestado por la responsable, en el sentido de que es la medida idónea para garantizar la comparecencia del quejoso durante todo el tiempo que dure el procedimiento, aunado a la que defensa en audiencia, manifestó inconformidad por la cantidad solicitada por el representante social en la audiencia respectiva. Lo anterior es así, atendiendo a que el Juez responsable, al imponer la medida cautelar, tomó en consideración los argumentos formulados por las partes y, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideró que, además se impuso la medida cautelar que resultó menos lesiva para el imputado, de ahí que resulten infundados su primero concepto de violación en virtud de que la medida cautelar se encuentra debidamente fundada y motivada. Por lo que hace al motivo señalado por la responsable, como número dos, aduce el quejoso, viola las garantías de legalidad, de defensa y de audiencia, toda vez que el auto de vinculación a proceso se dictó sin que hubiera datos suficientes e idóneos para ello. Se estima infundado el motivo de disenso esgrimido por el quejoso, toda vez que a criterio de quien resuelve el auto de vinculación a proceso satisface dichas prerrogativas. Lo anterior se asevera, pues por lo que respecta a la violación a la garantía de defensa, a que aduce el quejoso, deviene infundada toda vez que, según se desprende de los discos de videograbación remitidos por el juez responsable, en la audiencia inicial de la causa penal *******, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el imputado hoy quejoso, designó defensor particular, siendo este el Licenciado *******, el cual acreditó su calidad de perito en derecho con cédula profesional número *******, la cual se encuentra en los registros de dicho órgano jurisdiccional. Así mismo, una vez formulada la imputación, en el momento de decidir respecto al termino para dictar el auto de vinculación a proceso, esto es si en 72 o 144 horas que establece el artículo 19 constitucional, plazo en el cual, el quejoso por conducto de su defensa, pudo haber recabado antecedentes de investigación a su favor y presentarlos en la audiencia de vinculación a proceso, sin embargo, el propio quejoso, asesorado por su defensor particular, eligió acogerse al término de 72 horas antes referido y en la audiencia de vinculación a proceso, no se ofreció medio de prueba de descargo alguno por parte de la defensa. Por lo que hace a la violación a la garantía de audiencia y legalidad por haberse dictado el auto de vinculación a proceso sin existir datos suficientes e idóneos para ello, resulta infundado tal argumento, puesto que actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, únicamente se requiere que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así mismo, señala que se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y de los antecedentes de investigación expuestos por la Representación Social en la audiencia inicial, quedó demostrado el hecho señalado por la ley como delito, así como la probabilidad de que el hoy quejoso participó en su comisión. Lo anterior, entre otros datos de prueba, con el señalamiento directo que realiza la victima de nombre *******, hacia la persona del hoy quejoso como la persona quien el día tres de diciembre del dos mil dieciocho, aproximadamente a las siete horas, conducía un vehículo de la marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, con número de serie con terminación *******, sobre las calles *******, en esta ciudad Juárez, Chihuahua, en el cuarto carril de la circulación en un sentido de norte a sur, y al llegar al cruce con las calles *******, omite el deber de cuidado al no conservar su distancia e impactó con la parte frontal de su vehículo, en la parte posterior de un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, el cual era conducido por su propietario *******. Aunado a lo anterior, el juez responsable lo corroboró con el contenido del acta de aviso de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por el Agente Dirección General de Tránsito Municipal, *******, quien el día de los hechos, le tocó atender el hecho de tránsito que nos ocupa, y al acudir al lugar de los hechos, encontró a los ciudadanos *******y a *******, quienes fueron coincidentes en manifestarle lo sucedido. De igual manera, constata lo anterior con el dictamen con número *******, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, signado por el perito adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal, *******, al cual anexó croquis primario, en el que señala el lugar donde sucedieron los hechos así como las partes involucradas en el mismo, en el cual llegó a la conclusión que el motivo de los mismos fue la violación al deber de cuidado por parte del conductor de nombre *******, al no respetar la distancias mínima entre su vehículo y el vehículo conducido por *******. Así mismo, tuvo por acreditado el deterioro del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, modelo *******, cuyo propietario es la víctima, con la declaración de la misma, así como de Serie fotográfica, consta de cinco imágenes, respecto del vehículo conducido por el imputado, marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, elaborado por *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, lo corroboró con Informe pericial en materia de avalúos, de fecha cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, consistente en peritaje de valor actualizado del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, al cual se anexa cinco fotografías, rendido por el ingeniero *******, perito oficial adscrito al área de avalúos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el cual, concluyó que los daños ocasionados a dicho vehículo, ascienden a la cantidad de $******* (*******) . Por lo que hace al nexo causal entre los daños generados al multicitado vehículo, propiedad de la víctima, y la conducta llevada a cabo por el hoy quejoso, el Juez de control lo tuvo por acreditado con el informe Pericial en materia de tránsito terrestre, de fecha veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, rendido por la Licenciada *******, Perito en materia de hechos de tránsito terrestre, de la dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, en el cual, de las circunstancias de lugar y tiempo, así como de las características de los vehículos que intervinieron en los hechos, como resultado de la metodología empleada por la especialista que realiza el dictamen, concluye que el hoy quejoso, al conducir el vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, impactó la parte trasera del vehículo marca *******, *******, propiedad de *******. Lo anterior lo concatenó de igual manera con la información rendida mediante dictamen número *******, de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, realizado por el Agente adscrito a la Dirección de Tránsito *******, en el cual se describe la mecánica de los hechos de tránsito generadoras de los daños antes mencionados. De ambos dictámenes, el Juez de Control tuvo por acreditado que los daños a que fue sujeto el vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, de color *******, con placas de circulación *******, del Estado de Chihuahua, propiedad de la víctima, fueron el resultado de la falta de precaución del hoy quejoso *******, puesto que al conducir el vehículo de la marca *******, línea *******, modelo *******, color *******, con placas de circulación *******, del estado de Chihuahua, impactó la parte trasera del vehículo propiedad del hoy víctima. De igual manera, contra lo estimado por la parte quejosa, se estima que la responsable, al momento de analizar la probable responsabilidad del quejoso en la realización de los hechos que originaron la causa penal, y valorar los datos y antecedentes derivados de la causa penal, no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. De dicha resolución se advierte que la responsable, consideró que los datos de prueba reseñados en audiencia, al ser unidos de manera armoniosa y natural entre sí, y valorados bajo las reglas de la lógica, resultaron aptos y bastantes para tener por demostrada en términos del artículo 21 fracción I, del Código Penal del Estado, la probable responsabilidad de *******, en la comisión del delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES. Aunado a lo anterior, es que también la victima dio cuenta de datos que cualquier persona en su misma posición pudiera haber brindado, de ahí que insiste que existen datos que revelan la probable participación del señor *******, máxime que es la persona que al momento de haberse realizado los hechos, ambos descendieron al mismo tiempo de sus respectivos vehículos, por lo que se hace creíble que la víctima pueda determinar con claridad que el hoy quejoso es quien el día de los hechos conducía el vehículo que ocasiono los daños en el mueble de su propiedad. Así mismo, el Juez de Control, refiere que el denunciante narra los hechos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar, además dijo, no obran datos que sugieran que tiene un motivo espurio, como resentimiento, venganza o enemistad contra el imputado, para declarar en la forma en que lo hace, por lo que la unión de dichas afirmaciones, con el resultado de las periciales y dictámenes ofrecidos por la representación social, realizados por profesionales en su respectivo ramo, hacen probable que el hoy quejoso, participó en la generación de los daños ocasionados al vehículo cuya propiedad pertenece a la víctima. En ese sentido, consideró de manera probable, la intervención en calidad de autor de *******, en la comisión del delito de DAÑOS IMPRUDENCIALES, analizado en esa audiencia de vinculación. Por lo anterior, esta resolutora considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados, en este caso únicamente por el Representante Social, por lo cual, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable no tuvo datos suficientes e idóneos para dictar el auto de vinculación en su contra, el juez responsable, se allegó de esos datos mediante la valoración de los datos de prueba existentes en la causa penal, sino también los valoró correctamente, según lo expuesto ya, en líneas superiores. Esto se debe a que el juez responsable, al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. En tal virtud, no tiene razón jurídica la parte quejosa, pues, contra lo que sostiene, al valorar los propios datos y antecedentes, el juez del conocimiento se ajustó a los lineamientos que para ello contempla el artículo 20, en su apartado A, fracción II, constitucional y el diverso 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo cual carece de sustento jurídico lo alegado sobre ese particular, de ahí que lo conducente es desestimar, por infundado, los conceptos de violación analizados. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.), del tenor literal que siguen: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XXV, Octubre de 2013, Tomo 2. Tesis: 1a./J. 104/2013 (10a.). Página: 906.) En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, así como la resolución de imposición de medida cautelar, consistente en la exhibición de garantía económica, por la cantidad de $*******, (*******), reclamados en esta vía de control constitucional al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de que se ha dado noticia, e infundados los conceptos de violación esgrimidos, como se puntualizó en párrafos precedentes, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito10, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". Negativa que se hace extensiva al acto atribuido a la autoridad señalada como ejecutora, relativa a la imposición al quejoso de la medida cautelar consistente en, exhibición de garantía económica, dentro de la causa penal de origen, por el delito de daños imprudenciales, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable, por analogía, y aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/8 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo III, Décima Época, registro digital 2016219, página 1217, del tenor siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio11, de la Ley de Amparo, algunas tesis y jurisprudencias, resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente.Por lo expuesto y fundado, y se, R E S U E L V E:PRIMERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto que reclamó del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con domicilio en esta ciudad, consistentes en el auto de vinculación a proceso, dictado el dos de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal *******.Notifíquese personalmente.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que consten como correspondan, el oficio y anexo enviados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, mediante los cuales atiende los requerimientos efectuados el diecisiete y veinticuatro de los actuales. Lo anterior, pues acredita que *******, quien tiene el carácter de defensor particular del quejoso, dentro de la causa penal *******, de su índice, cuenta con las credenciales atinentes para ejercer como licenciado en derecho. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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