JESUS RAFAEL MORENA o MORENO GARCIA
Expediente 1271/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JESUS RAFAEL MORENA o MORENO GARCIA
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1271/2019-A, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. En primer término, debe precisarse que el promovente reclama del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (que conoce de la causa penal 494/2019), en su denominación correcta, entre otro acto, el siguiente: "La imposición de la medida cautelar de la cantidad de dinero por el importe de $10,000.00 diez mil pesos, en el sentido de que el suscrito, a través de las preguntas que me hizo el mimos juez de Control, le manifesté que el suscrito, así mismo se lo dijo mi defensor en audiencia tengo un salario semanal por la cantidad de $700.00 setecientos pesos semanarios y que además soy el sustento de mi familia, económicamente hablando, con el apoyo de mi esposa, ya que me es difícil poder depositar esta cantidad de dinero en efectivo y en poco tiempo." De la anterior transcripción, el suscrito secretario de juzgado encargado del despacho, advierte que la demanda de amparo que se examina, respecto de dicho acto reclamado, deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese tenor, se reitera que la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, la imposición de la medida cautelar consistente en la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional); por tanto, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de apelación, conforme a lo estipulado en el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; (.)" Del contenido del citado precepto, se advierte que la parte quejosa se encuentra legitimada para combatir la determinación que aquí reclama, en la que se fijó la medida cautelar, a través recurso de apelación. Por lo que, no queda comprendido en alguna de las hipótesis de excepción de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en especial la señalada en la parte final de su inciso b) -que se refiere a que el acto afecte la libertad personal del quejoso- pues, en el caso, el quejoso no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado. De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo, se encuentra obligada a agotar el recurso de apelación, en virtud de que a través de dicho medio puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que por esta vía constitucional pretende combatir. Resultan aplicables a lo anterior, las tesis siguientes tesis cuyos rubros y textos, son del tenor que enseguida se precisa: MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Por tanto, en la especie la parte quejosa debió agotar el recurso de apelación antes de promover el presente juicio de amparo indirecto. Sin que en el caso, como ya se dijo, opere alguna de las excepciones que señalan los incisos a), b) y c) de dicho precepto legal, pues el acto reclamado no es uno que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Tampoco se trata de persona extraña al procedimiento; y la procedencia del recurso de apelación no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, caso en el cual el quejoso quedaría en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie, respecto del acto analizado, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; por tanto, atento a lo expuesto a lo largo de este acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar la demanda de derechos fundamentales, respecto de dicho acto reclamado, por notoriamente improcedente. ADMISIÓN. Con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo promovida por Jesús Rafael Morena García o Jesús Rafael Moreno García, por su propio derecho, contra los actos del 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (que conoce de la causa penal 494/2019), en su denominación correcta, y otra autoridad. VISTA MINISTERIAL. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; en la inteligencia, que la copia de la demanda de amparo se remite al requerir el informe previo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, o en su caso, el acta mínima y el registro audiovisual de la audiencia en la que se hubiere dictado el acto reclamado, acompañando el índice cronológico de su desarrollo, en el que precise el momento de intervención de cada una de las partes; de igual forma, el juez de control responsable deberá remitir la resolución que conste por escrito del acto reclamado, en términos del artículo 67, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de la celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dichos actos no sean en sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir su informe no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlos, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables -con excepción del Juez Federal- con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rindan el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias o del índice cronológico del desarrollo de la audiencia relativa, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables, que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa -con excepción del Juez Federal- equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN. En la inteligencia que el proceso que se instruye a la parte quejosa, puede continuar por todos sus trámites legales, y una vez concluida la etapa intermedia, el juez de la causa, deberá suspender el procedimiento hasta que sea notificado de la resolución que se dicte en este juicio, en términos del artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En razón a que se solicita la suspensión de los actos reclamados, fórmese por separado y duplicado el incidente de suspensión solicitado. PARTE TERCERA INTERESADA. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se solicita al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (que conoce de la causa penal 494/2019), para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione: 1) la denominación oficial y actual, así como el nombre propio y completo del fiscal que interviene en la carpeta judicial administrativa 494/2019, de su estadística. Por otra parte, una vez que se reciban los informes justificados respectivos se estará en condiciones de advertir la existencia de la diversa parte tercera interesada y la necesidad de emplazarla o no al presente juicio de garantías, en relación con el sentido del fallo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; así como el domicilio que indica en el proemio de la demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera del área conurbada en donde tiene residencia este órgano jurisdiccional. AUTORIZADO. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, con dos copias de la demanda, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1271/2019-A, promovido por Jesús Rafael Morena García o Jesús Rafael Moreno García, contra el acto reclamado al 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (que conoce de la causa penal 494/2019), en su denominación correcta, y otra autoridad, que se hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el once de diciembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión del acto reclamado, que hace consistir en: - El auto de vinculación a proceso decretado el once de diciembre del año en curso, en contra del aquí quejoso, dentro de la causa penal 494/2019, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia de delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como la posesión de dos cargadores y ochenta cartuchos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Se niega la suspensión provisional solicitada, respecto del auto de vinculación a proceso emitido el once de diciembre del año en curso, por el Juez responsable, pues dicho acto tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que con la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." INFORME PREVIO. En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalarán: Si es cierto o no el acto reclamado que se les atribuye. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrán rendir vía fax al número telefónico (222) 303 7276 o al correo institucional de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, mismo número donde podrán confirmar su envió. En el entendido que de remitirlo vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables -con excepción del Juez Federal-, con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; ello atendiendo a que el uno de enero de dos mil veinte, es considerado como inhábil de conformidad con lo indicado en el artículo 19 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones las listas de acuerdos que se publican en este órgano jurisdiccional. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico que proporciona como medio para recibir notificaciones, al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; así como el domicilio que indica en el proemio de la demanda, toda vez que el mismo se encuentra fuera del área conurbada en donde tiene residencia este órgano jurisdiccional. AUTORIZADO. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los términos restringidos que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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