Jesús Eduardo Sánchez Martínez y Otros.
Expediente 123/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Sánchez Martínez y Otros.
- L. A. S. Q y Otros.
- V. S. Q. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de treinta de marzo del presente año, en que se sobreseyó, en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído en el presente juicio, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En cuanto al incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de destrucción. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 123/2023-V, promovido por ********************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************. y ********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de ******************** de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, ********************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************. y ********************., solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Cuarto Familiar por Audiencias y la central de Actuarios y Ministros Ejecutores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, amos del Distrito Judicial Bravos, a quienes les reclamó: (.) IV.- IV. Acto reclamado.- a) El auto dictado el día 27 de ******************** del 2023, publicado en lista el 30 de ******************** del 2023, y surte sus efectos el día 31 de ******************** del 2023, mediante el cual el Juez Cuarto de lo Familiar por audiencia otorga la guarda y custodia provisional de mis menores hijas L.A y V. ambas de apellido S.Q. (se asientan solo iniciales de las menores de edad), a la C. **********, basada únicamente en la escucha de la menor sin realizar un análisis integral de las actuaciones existentes en el expediente 1243/22, en el que el suscrito tengo carácter de actor, demanda que promoví debido a las agresiones físicas que documente en fotografías que sufrió mi hija ********************. de 8 años de edad y que refirió la menor se las causo C. **********, a quien ahora le otorgan la guarda y custodia provisional. b) De la autoridad responsable señalada como ejecutora reclamo la ejecución del auto de fecha 27 de ******************** de 2023, publicado en lista el día 30 de ******************** del 2023 acorde a los términos establecidos por la autoridad ordenadora, así como los demás actos que se deriven y sean consecuencia de hecho y derecho del acto reclamado. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8º, 14, 16, 17, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de uno de ******************** de dos mil veintitrés, la demanda de amparo se registró con el número 123/2023-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; luego, el ******************** y veintiuno de ******************** de dos mil veintitrés, se emplazó a los representantes especiales de las menores y a la tercero interesada ********************, respectivamente. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados fueron dictados por un órgano jurisdiccional que se encuentra dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: El proveído dictado el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, en el que la Juez Cuarto Familiar por Audiencias resolvió sobre la medida provisional de guarda y custodia de las menores, ordenando su entrega y restitución con la madre, incluso, con el uso de la fuerza pública; así como su ejecución por conducto de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambas autoridades pertenecientes al Distrito Judicial Bravos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Cuarto Familiar por Audiencias y los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Unidad de Notificación y Ejecución, ambos del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió la Juez del proceso, relativas al juicio ordinario familiar radicado bajo el expediente ********************, promovido por ********************, en contra de ********************, en el que se reclamó la disolución del vínculo matrimonial con la demandada, así como la guarda y custodia de sus menores hijas, entre otros. Constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en c********************pto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Es aplicable al tema, la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sobre el tema, es pertinente señalar que la improcedencia en el juicio de amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es o no constitucional, esto es, la improcedencia va a originar que el juzgador no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Plenos de Circuito -en casos de contradicción de tesis de estos últimos-. Sostiene lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 3/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, ******************** de 1999, página 13, registro digital 194697, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Luego, en el presente caso se advierte que se ha actualizado, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.). Del numeral transcrito se desprende que para concretarse la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: 1) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; 2) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en la que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; 4) Que haya autonomía o independencia entre los actos que se reclamaron en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que los actos materia del amparo resulten o no inconstitucionales. Ahora bien, la Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, remitió copia certificada de las actuaciones realizadas en el juicio ordinario familiar ********************, así como la videograbación que contiene la escucha de la menor ********************., el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés; que al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Así, de las constancias que integran el citado expediente, se tiene que ********************, ante el Juez de lo Familiar por Audiencias en Turno del Distrito Judicial Bravos, el ******************** de ******************** de dos mil veintidós, presentó demanda en la que solicitó la disolución del vínculo matrimonial con la demandada ********************, así como la guarda y custodia de sus menores hijas. De este modo, el ******************** de ******************** de dos mil veintidós, la Juez Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, radicó la demanda presentada por el quejoso, bajo el número de expediente ********************, ordenó emplazar a la demandada, designó la tutela especial a favor de las menores, señalando para tal efecto a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, y respecto a las medidas provisionales de guarda y custodia, resolvió lo siguiente: (.) En cuanto a la guarda y custodia provisional que solicita de su menores hijas, se acordará lo conducente una vez que este tribunal escuche a la contraria y se allegue de mayores y mejores elementos de prueba que le puedan dar claridad respecto de la medida solicitada. En consecuencia se ordena que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran hasta nueva orden judicial. Lo anterior, con fundamento en los artículos 247, 393 y 394 del Código Civil del Estado de Chihuahua, en relación a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 4 y 24 de la Ley para Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños. (.) De este modo, el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, la Juez del proceso, con asistencia de su secretaria, la psicóloga ********************, la tutora especial ********************y la agente del Ministerio Público ********************, llevó a cabo la escucha de la menor ********************., misma que obra videograbada en el sumario. Una vez hecho lo anterior, el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, la Juez Cuarto Familiar por Audiencias resolvió sobre la medida provisional de guarda y custodia de las menores, precisando que en esa data se llevó a cabo la escucha de la menor ********************., conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia; así, atendiendo a las manifestaciones de la menor, quien comunicó que se encuentra viviendo al lado de su padre y su menor hermana ********************., de ******************** años de edad, no recuerda desde cuándo, que su abuela cuida de ambas menores, que desde que está viviendo con su papá no ve a su mamá, y si quiere verla, y quedarse con ella un día, que cuando vivía con ella la trataba bien, y que desde que está con su padre ha dejado de ir a la escuela. En este mismo tenor, la Juez indicó que al momento de entablar el padre la demanda, señaló que las menores radicaban al lado de su madre; de ahí que ese órgano determinó que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban hasta nueva orden judicial, es decir, que las infantes deberían permanecer al lado de la madre, mandato judicial que fue desacatado sin causa justificada por el actor, aquí quejoso, puesto que de las constancias que conforman el proceso de origen no se desprende, hasta el momento de resolver, que las menores estuvieran en riesgo al lado de la madre, donde tienen satisfechas sus necesidades, ya que la menor indicó que la madre las atendía, e iba a la escuela, siendo su transporte el camión escolar, que le gusta ir a la escuela y tiene amigas ahí. Siguió diciendo la Juez, que dicho derecho se vio coartado, pues la menor señaló que su padre no la lleva a la escuela, para evitar que la madre se la llevara de su lado, ya que de esa forma no podría verlo, lo cual causa temor en la menor y es una forma de generar violencia en su contra. De ahí que, al advertir que no existía riesgo en contra de las menores, es que ordenó la entrega y restitución de las menores con la madre, incluso, con el uso de la fuerza pública. Luego, el veintitrés de ******************** del año en curso, mediante oficio ********************/2023, la Juez remitió copia certificada de la audiencia preliminar de ******************** de ******************** del citado año, de la que se desprende que el aquí quejoso ******************** y la demandada ********************, en el expediente ********************, celebraron convenio, en el que, en lo que aquí interesa, estuvieron conformes en que la guarda y custodia definitiva de las menores ********************. y ********************., quedara a cargo de ********************, conservando ambos padres la patria potestad, comprometiéndose el quejoso a hacer la entrega de las menores a sus madre; convenio que fue ratificado ante la presencia de la autoridad jurisdiccional. De este modo, la Juez determinó que en virtud de que las partes cambiaron la vía de juicio ordinario a divorcio por mutuo consentimiento, se tenía que dicho convenio resultaba insuficiente para proceder al divorcio y era necesario dictar sentencia; lo cual emitió en misma fecha, aprobando el convenio celebrado entre las partes, fallo que causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo en la misma data. Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, dictó sentencia definitiva en la cual aprobó el convenio celebrado entre las partes, en el que estuvieron conformes en que la guarda y custodia definitiva de las menores ********************. y ********************., quedara a cargo de ********************, conservando ambos padres la patria potestad, comprometiéndose el quejoso a hacer entrega de las menores a sus madre; convenio que fue aprobado por la Juez de origen, y en la misma data causó ejecutoria y se ordenó su archivo definitivo. En este contexto, si la autoridad responsable determinó resolver de manera definitiva el expediente ********************, al aprobar el convenio celebrado entre las partes, dicha actuación ocasiona un cambio en la situación jurídica de la parte quejosa. Por tanto, debe decirse que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues que el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio; que con posterioridad a su emisión se dictó sentencia definitiva que se encuentra firme, la cual cambió la situación jurídica determinada en proveído de ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, en que se ordenó otorgar la guarda y custodia provisional de las menores a su madre, así como su restitución, aun con el uso de la fuerza pública; que debido a esa nueva determinación, se generó una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del aquí acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, como lo es la sentencia definitiva de ******************** de ******************** de dos mil veintitrés. Además, el proveído de ******************** de ******************** de dos mil veintitrés reclamado goza de autonomía, pues en este se proveyó respecto a la guarda y custodia provisional de las menores a favor de la madre, además de su restitución; luego, en los nuevos actos, se emitió sentencia definitiva, aprobando el convenio celebrado entre las partes, determinando que la madre tendrá la guarda y custodia definitiva de sus menores hijas, comprometiéndose el aquí quejoso a hacer la entrega inmediata de las menores a la madre, fallo que se declaró firme el ******************** de ******************** del año que transcurre; resolución que ahora subsiste con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De tal manera, no es posible analizar lo resuelto por la Juez del proceso el ******************** de ******************** de dos mil veintitrés. Esto porque, de analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal declaración de fondo afectaría, necesariamente, la situación jurídica creada con motivo de la resolución definitiva del ******************** de ******************** de dos mil veintitrés, lo cual es jurídicamente incorrecto. Dicha situación sucede, porque cada acto del procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, al grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. Mientras que, en otras ocasiones, esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Lo anterior, obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se señala que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, página 219, registro digital 199808, de rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Y por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, registro digital 169410, que señala: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En consecuencia, lo procedente será sobreseer en este juicio, con fundamento en artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por sí y en representación de sus menores hijas de iniciales ********************. y ********************., respecto de los actos reclamados y autoridades precisadas en los considerandos tercero y cuarto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación a las partes del auto de veinticuatro de febrero de los corrientes, mediante el cual se tuvieron por recibidos el oficio y anexo en alcance del informe justificado rendido por la Jueza Cuarto Familiar por Audiencias Distrito Judicial Bravos, con relación a esta fecha, determinada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; en términos del artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Por ello, se difiere la citada audiencia y se señalan las once horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés para su desahogo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se tiene que el trece de febrero del año que transcurre, se tuvo por recibido el informe justificado de la Jueza Cuarto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; así, de las constancias anexas, destaca que en el juicio 1243/2022, el veintiséis de enero pasado, se fijaron las once horas del quince de febrero de dos mil veintitrés a efecto de llevar a cabo audiencia preliminar. Atento a ello, gírese oficio a la autoridad en comento, requiriéndola para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe si en la audiencia preliminar las partes llegaron a algún acuerdo respecto a la guarda y custodia de las menores, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten; apercibida que en caso de no hacerlo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende la suma de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
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