Jesús Elías Miguel Chávez
Expediente 968/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Elías Miguel Chávez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el licenciado ******************** autorizado en términos amplios de la parte quejosa ********************, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, emitido en los autos del presente juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo que le dio origen. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se ordena la integración del recurso de queja que se hace valer y, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, el juicio de amparo en que se actúa; el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, y el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación y resolución del recurso hecho valer. Ahora, se estima innecesaria la vista a las partes a que alude el numeral 101 de la legislación de la materia, dado que, el recurso de queja se interpone contra el auto por el que se desechó la demanda, lo que implica que, al no admitirse la demanda, el quejoso es la única parte en el juicio; entonces no se realizó emplazamiento alguno. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la queja interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito presentado por el quejoso ********************, mediante el cual desahoga la prevención efectuada el once de octubre de dos mil veintitrés, por lo que, se tiene al quejoso dando cumplimiento a la prevención realizada mediante el acuerdo referido. Análisis de la demanda de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia de la misma. Al respecto, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. La tesis en cuestión establece, esencialmente, que para desechar una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo; y, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso la parte quejosa acude a esta instancia reclamando lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- A9 C. JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL POR AUDIENCIAS, para este Distrito Judicial Bravos, el auto de fecha 13 de Septiembre del 2023, que fuera publicado en fecha 14 de Septiembre del 2023 y que surtió efectos el día 18 de Septiembre de la misma anualidad, el cual versa la admisión a trámite y por tanto la radicación del Juicio bajo su índice ********************/23, derivado de la Declaratoria de Incompetencia formulada por la diversa autoridad. B) C. JUEZ SEXTO DE DISTRITO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, la formulación de incompetencia para continuar la substanciación del expediente de Procedimiento Civil o Administrativo Número ********************/2022 del índice de la presente autoridad, dictada en auto de fecha 30 de Agosto del 2023. Asimismo, como antecedentes del acto reclamado el promovente señala: "V.- HECHOS O ANTECEDENTES QUE CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO.- 1.- Que en fecha 29 de Noviembre del 2022, ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial de la Federación con sede en esta ciudad, promoví Juicio Ordinario Civil en contra de los tercero interesados, en el que reclama diversas prestaciones, lo anterior, en virtud de que un funcionario del ente gubernamental denominado Instituto Nacional de Migración, dentro del cumplimiento de su funciones en un vehículo que pertenecía a la flotilla del ente referido, el día 08 de Diciembre del 2020, provocó un accidente causó daños y lesiones al suscrito, empero, lamentablemente el funcionario falleció a consecuencia de las heridas resultante del accidente señalado, con motivo por el cual emprendí acción civil en contra del patrimonio del ente multimencionado demandado principalmente la indemnización por la responsabilidad civil objetiva por causa extracontractual derivado del siniestro de referencia Juicio que fue radiado bajo el índice ********************/2022 de Procedimiento Civiles o Administrativo del Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Séptimo Circuito. 2.- Se emplazaron a las demandadas, hoy terceros interesados, sin embargo, en fecha 30 de Agosto de 2023, el Juez Sexto de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, emite un auto mediante el cual aduce que es incompetente para seguir conociendo en el trámite, señalo en ese auto, que por motivo de que la Litis versaba sobre un contrato de compraventa entre las partes y que además la actora era omisa en demandar el pago a través de los bienes de la federación, aseveraciones que resultan equivocas e inexactas, empero, por ser esta una resolución que carece de carácter definitivo, la misma no tenía ninguna afectación directa al suscrito, pues la misma esta sujeta a que al momento del envío de las constancias, el juez que recibe se pronunciara en sentido afirmativo y admitiese la formulación de incompetencia realizada por el Juez Sexto de Distrito del Décimo Séptimo Circuito. 3.- Así pues en fecha 13 de Septiembre del 2023, que fuera publicado en fecha 14 de Septiembre del 2023 y que surtió los efectos el día 18 de Septiembre de la misma anualidad, el Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, emitió el auto impugnado a través del presente Juicio de Amparo, el cual transgrede derechos fundamentales del Quejoso, toda vez, que de manera arbitraria, sin motivar o fundamentar legalmente su determinación, pues en el mismo admite a trámite el Juicio Ordinario Civil donde se reclama la indemnización por la responsabilidad Civil Objetiva por causa extracontractual al ente federal Instituto Nacional de Migración. Ante ello, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] En primer término, se considera pertinente dejar asentado, que dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, inciso a), y IV del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta, que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interpongan los quejosos, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hubiesen recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107 de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Siendo oportuno, por la estrecha relación que guarda con lo antes plasmado, invocar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, quinta época, Tomo XXVII, Página 7, que reza: AMPARO. Siendo el amparo un remedio constitucional extraordinario, es conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede remedio alguno, por virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, y que, por tanto, se hallen agotados todos los remedios ordinarios, llámense juicio o recurso, que la ley del acto establezca para esa posible reparación, de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario, con notoria violación del espíritu jurídico y fin político que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución política de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional, y por lo mismo, dentro de un sistema jurídico racional y lógico, no puede acudirse a 'l, cuando en el orden común exista todavía un remedio legal, que haga posible la reparación del perjuicio que cause el acto que lo motiva, por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto; y cesando al perjuicio, cesa también el derecho de promover amparo y surge la improcedencia de éste. Mientras el perjuicio pueda ser reparado en la vía común, a ella debe acudirse, de modo que cuando la ley del acto envía a dilucidar previamente la cuestión del perjuicio a un juicio, (y este es el caso del artículo 10 de la Ley Agraria), o establece expresamente algún medio legal para repararlo, mientras ese juicio no se siga, o el recurso no se agote, no puede saberse si el perjuicio existe, y por tanto, si el amparo procede; y si el perjuicio se consiente por no usar de los medios legales que establece el estatuto del acto, tampoco se está ya capacitado para pedir el amparo, puesto que el consentimiento del perjuicio purga el acto del vicio legal, y al que lo consintió no se le priva de derecho alguno; no obsta a lo dicho, que la Constitución General y la Ley de Amparo, hayan adoptado ese criterio expresamente para asuntos judiciales, porque de ello no se deduce que prohíba adoptarlo para asuntos administrativos, pues donde existe la misma razón legal, debe existir la misma disposición de derecho, tanto más, cuanto que en ningún texto de la Constitución, consta que se haya establecido esa excepción. En efecto, uno de los principios fundamentales en que se sustenta la acción constitucional de amparo, es el de definitividad, que parte de la premisa fundamental, de que el acto reclamado esté revestido de firmeza, en la medida en que no sea factible impugnarlo a través de un recurso ordinario o medio de defensa, que tenga por objeto revocarlo, anularlo o modificarlo; lo que conlleva la obligación de que además de impugnarlo, al hacerlo se aleguen, todas las irregularidades que se adviertan, so pena de que, lo ahí no hecho valer como motivo de impugnación, ya no es factible invocarlo en el juicio de amparo. Robustece tal consideración, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, visible en la página 1432, que dice: DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo. También, tiene aplicación la tesis I.6º.C.J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En relación con dicho principio, conviene citar el contenido de los artículos 115, 620, 621, 622 y 623 del Código De Procedimientos Civiles Del Estado De Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: ARTÍCULO 115. Los autos que no sean apelables podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia. En la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo. [.] ARTÍCULO 620. El recurso de revocación a que hace referencia el artículo 115 de éste código, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista. ARTÍCULO 621. Interpuesto en tiempo el recurso, con excepción de los casos a que se refiere el artículo siguiente, el tribunal, de considerarlo necesario, correrá traslado del escrito a la parte contraria por el término de tres días y, evacuado que sea o una vez concluido dicho plazo para hacerlo, sin más trámite dictará resolución. ARTÍCULO 622. Cuando en una audiencia el tribunal dictare alguna resolución que fuere recurrible por revocación, se interpondrá el recurso verbalmente con vista a la contraria, y el juez o magistrado resolverá inmediatamente. ARTÍCULO 623. Contra la resolución que conceda o niegue la revocación no cabrá recurso alguno. De los preceptos en cita, se advierte que el citado Código, contempla un sistema de recursos que permiten la defensa de los gobernados y específicamente con la interposición del de revocación la posibilidad de revocar o modificar la determinación que se haya cuestionado. De igual forma, en el artículo 620, se establece que dicho recurso deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir o surtió sus efectos la hecha por medio de lista. Por tanto, previamente a la promoción del presente amparo, se debió interponer el referido medio de defensa para lograr que el proveído reclamado fuera examinado por la Alzada. Por tanto, tomando en consideración que el acto que se reclama en esta instancia, consiste en la determinación emitida por el Juez Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el expediente ********************/23 de su índice, en la cual aceptó la competencia por declinatoria, enviada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; se colige que dicha determinación no se encuentra contemplada dentro de los casos de excepción, citados en el numeral y fracción, relativos a la causal de improcedencia en comento. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que el quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se debió defender sus intereses a través del recurso ordinario correspondiente, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia examinada. Aunado a lo anterior, a que en su escrito aclaratorio, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que previo a promover el juicio de amparo indirecto, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, interpuso recurso de revocación ante el Juez Sexto de Distrito, el cual fue desechado, dado que no tenía la característica de ser un acto de autoridad definitivo, para poder tener una afectación real y actual en su esfera jurídica, el cual estaba sujeto a la admisión o no por parte del Juez de primera instancia, por lo que, el quejoso, tenía conocimiento de que había un recurso previo al juicio de amparo indirecto. Por lo antes expuesto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo 113 de la misma legislación de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de octubre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ****, contra actos del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias para este Distrito Judicial Bravos, y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 968/2023-I-1. Prevención de la demanda de amparo Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, es importante precisar, que de conformidad con el artículo 112, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, se debe realizar un análisis del escrito constitucional, a fin de advertir irregularidades, deficiencias u omisiones. En efecto, el numeral 114 de la Ley de Amparo textualmente dispone: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión de la parte quejosa y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativa a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Así, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: a) Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, quien esto acuerda estima que la demanda que nos ocupa es irregular, como a continuación se verá: I. Prevención respecto del acto que se reclama en el juicio. Los ordinales 1º, fracción I, y 108, fracción IV y 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, a la letra indican: 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y La suscrita juzgadora estima que en la demanda que nos ocupa existe una imprecisión del acto reclamado, según se procede a demostrar. El acto reclamado es cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Por lo que, al señalamiento de las autoridades responsables, quienes fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, es indispensable que el impetrante precise los actos que les imputa, para que estén en posibilidades de defenderlos cuando sean tachados de inconstitucionales. El acto reclamado es la conducta que se imputa a las autoridades responsables y que se ataca vía constitucional por considerar que es violatoria de garantías; es decir, los actos reclamados serán la materia de estudio, a fin de determinar si las autoridades responsables violaron la Constitución o si, por el contrario, su actuación se ajustó a ella, y en virtud de ello, el quejoso tiene la obligación de señalarlos con precisión. Ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 287445, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama. En el caso concreto, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el solicitante en el apartado relativo a la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclama, indica que reclama el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictado por el Juez Sexto de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, sin que señalara la fecha en que se le notificó dicho acto. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta las directrices que se han establecido en este apartado se previene al promovente para que señale con precisión la fecha exacta en que se tuvo conocimiento del auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés dictado por el Juez Sexto de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, que de la autoridad reclama en esta instancia constitucional para estar en posibilidad de atender a su queja, así como indicar si interpuso algún recurso respecto del acto que indica, dado que es evidente que la parte quejosa incurrió en una imprecisión del acto reclamado. II. Prevención en relación con las copias suficientes para correr traslado a las partes. Los cardinales 110 y 114, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, textualmente establecen: 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. [.] En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. De acuerdo con los numerales en cita, la parte accionante deberá exhibir copias de la demanda y del escrito aclaratorio suficientes para correr traslado a las partes y tramitar el amparo, para lo cual deberá tomar en consideración que se requieren: tantas como autoridades responsables y terceros interesados señalen, una para formar el incidente de suspensión y una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. El requerimiento se efectúa de esa manera, pues en este momento se desconoce cuántas personas físicas o jurídicas serán señaladas como partes en el juicio de amparo que se pretende, dadas las múltiples prevenciones que preceden este apartado. Ilustra a lo anterior, el criterio P./J. 36/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Materia Común, visible en la página 79, con registro 189977, de texto: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y sustancia jurídica, el criterio que ha sustentado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis visible en la página doscientos veintidós, tomo XI, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA. El requerimiento de que el Juez de Distrito hace a quien promueve una demanda de garantías para que exhiba copias de ella no puede ser arbitraria, sino que debe señirse a lo estatuido al artículo 120 de la Ley de Amparo que indica que tales copias deberán ser para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiere éste y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley, por lo tanto, si el Juez de Distrito, sólo requiere que se exhiba una número determinado de copias de la demanda de garantías pero no indica el porqué de esa cantidad, debe señalarse que tal determinación carece de fundamento y motivación por no señirse al fundamento contemplado en el artículo 120 de la Ley de Amparo. III. Plazo para el cumplimiento de la prevención y apercibimiento. Debido a lo expuesto y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, en concordancia con la jurisprudencia número doscientos once, publicada bajo el rubro DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA, consultable a página ciento cuarenta y cuatro, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, lo procedente es realizar las prevenciones a que se ha hecho referencia en los apartados precedentes. El requerimiento que al efecto se emite, deberá ser desahogado en el plazo de cinco días, legalmente computado, contado a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación que del presente proveído se les practique, bajo el apercibimiento que, de no ser exactamente observado en el plazo y forma indicados, esto es si no se subsanan las deficiencias, irregularidades y omisiones de la demanda se tendrá por no presentada. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado *****, toda vez que se encontró registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. En términos de lo establecido en lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *****, en esta ciudad. Autorización acceso expediente electrónico En atención a que el autorizado *****, aparece registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el nombre de usuario "****", dada la solicitud expresa del quejoso y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, así como ordinales 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta al autorizado para que las promociones que presenten en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. Asimismo, hágasele del conocimiento, que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo y se advierta una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, por vía impresa, de este Juzgado Federal, o bien, del titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.CLL/Marc/dmjv
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