Jesús Eduardo González Pérez

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo González Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que por auto de primero de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada ********************, con domicilio en Avenida General P*********, colonia S********** sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, a través de exhorto, en el cual se le requirió a fin de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el momento de la diligencia o dentro de los tres días siguientes, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 26, fracciones I y III, en relación con el diverso 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de carácter personal, le serán practicadas por lista electrónica. En ese sentido y debido a que por auto de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se recibió la comunicación debidamente diligenciada, no obstante la parte tercero interesada, no se señaló domicilio en esta localidad, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena realizar las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista electrónica. Finalmente, agréguese como corresponda la constancia actuarial de ocho de noviembre del presente año, por la cual se le tiene a la actuaria judicial adscrita informando la imposibilidad de notificar al tercero interesado ********************, en el domicilio señalado, por las razones que en dicha constancia se expresan. Por ello, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las ulteriores, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta que la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************/2022-III, promovido por ******************** RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, turnada a este Juzgado el día hábil siguiente, ********************promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la que se registró bajo el expediente ********************/2022-III, se solicitaron informes justificados a las responsables, mediante auto de uno de diciembre de misma anualidad, la parte quejosa amplió la demanda y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista electrónica a la totalidad de las partes y por oficio a la autoridad responsable, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades y los actos siguientes: "IV. NORMA GENERAL, O ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1. De la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en calidad de autoridad responsable ordenadora y ejecutora, se reclama el acto consistente en ordenar el aseguramiento, bloqueo o inmovilización, según sea el caso, de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. 2. Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en calidad de autoridad responsable ordenadora y ejecutora, se reclama el acto consistente en ordenar el aseguramiento, bloqueo o inmovilización, según sea el caso, de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. 3. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en calidad de autoridad responsable ejecutora, se reclama el acto consistente en asegurar, bloquear e inmovilizar los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple." Asimismo, por escrito recibido en este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió la demanda en la cual, como actos y autoridades responsables señalo las siguientes: "II.- AMPLIACIÓN SOBRE LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. 1. LIC. ********************, JUEZ DEL JUZGADO VIGÉSIMO CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; En su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD se le reclama el acto consistente en ordenar, dentro del expediente ********************, el congelamiento y/o inmovilización de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, sin antes obrar una legal notificación que permitiera y le garantizara al suscrito y le permitiera hacer uso de mis derechos de réplica, contradicción y de defensa. Así como también la falta y omisión de realizar la legal notificación y llamado a juicio al suscrito dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Vigésimo Civil Oral de la Ciudad de México, notificación que no se realizó conforme a las leyes y normas establecidas para todo procedimiento judicial. 2. LIC. ********************, JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se le reclama el acto consistente en ordenar, dentro del expediente ******************** del índice de su Juzgado, el congelamiento y/o inmovilización de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta ******************** Y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, sin antes obrar una legal notificación que permitiera y le garantizara al suscrito y le permitiera hacer uso de mis derechos de réplica, contradicción y de defensa. Así como también la falta y omisión de realizar la legal notificación y llamado a juicio al suscrito dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, notificación que no se realizó conforme a las leyes y normas establecidas para todo procedimiento judicial." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Juez Vigésimo Civil Oral con sede en la Ciudad de México, y del Juez Cuarto Civil Oral con sede en la Ciudad de México, puesto que así lo refirieron al rendir sus informes justificados, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexaron las responsables ordenadoras antes señaladas a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las constancias relativas a los siguientes procesos: Providencias precautorias derivadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Vigésimo Civil Oral en la Ciudad de México, promovidas por ********************, en contra de ********************en el cual se ordenó la retención de bienes a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************), por concepto de suerte principal, intereses ordinarios e intereses moratorios. Providencias precautorias derivadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto Civil Oral en la Ciudad de México, promovidas por ********************, en contra de ********************en el cual se ordenó la retención de bienes a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************), por concepto de suerte principal, intereses ordinarios e intereses moratorios. Asimismo, obran las constancias remitidas vía informe justificado por la responsable Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que en su calidad de autoridad ejecutora, informó lo siguiente: El cinco de septiembre de dos mil veintidós, en atención al oficio ******************** derivado del expediente ********************, del Juzgado Vigésimo Civil Oral de la Ciudad de México, recibido a través del oficio ********************, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, congeló las cuentas ********************, que está ligada al cliente ********************, y corresponde a la clabe interbancaria ********************, así como la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, ambas a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************). El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en atención al oficio ********************, derivado del expediente ******************** del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, recibido a través del oficio ********************, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual se ordenó el embargo de las cuentas a nombre de ********************, se registró el segundo embargo en las cuentas ********************, que está ligada al cliente ******************** y corresponde a la clave interbancaria ********************, y la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, hasta por la cantidad de $ ******************** (********************). Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". Por lo que hace a las autoridades Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas negaron los actos reclamados que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que les reviste el carácter de autoridad ejecutora, y la ordenadora aceptó su existencia. Motivo por el que se tienen por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este caso, por lo que hace a los actos reclamados al Juzgado Vigésimo Civil Oral en la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se afirma lo anterior, pues de las constancias que en vía de informe justificado remitió el titular del Juzgado Vigésimo Civil Oral, en la Ciudad de México, se advierte que en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, dicho juzgado determinó la revocación de las providencias precautorias decretadas contra el hoy quejoso, dictadas en el expediente ******************** de su índice, lo cual hizo del conocimiento de la Comisión Nacional Bancara y de Valores, mediante oficio ******************** el cual fue enviado a través del sistema SIARA, para que por su conducto comunicara a las diferentes instituciones crediticias y/o financieras que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, respecto del levantamiento del embargo precautorio decretado en dicho expediente, de manera que, durante el trámite de este juicio de amparo el acto reclamado dejó de existir, pues con posterioridad a la promoción del mismo, se decretó su revocación. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto por lo que hace al acto reclamado a la autoridad señalada, Juzgado Vigésimo Civil Oral, en la Ciudad de México. Ahora bien, dado que las partes no formularon diversas causas de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada alguna otra, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo por la parte quejosa, por lo que hace a las diversas autoridades. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, conviene estudiar los conceptos de violación que hace valer el quejoso ********************, ello, sin necesidad de transcribir los mismos, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa, como se precisó en el considerando Segundo, reclama del Juzgado Cuarto Civil Oral, en la Ciudad de México, la falta de llamamiento al procedimiento seguido bajo número de expediente ********************, promovido por ********************, en el cual solicitó las providencias precautorias de retención de bienes en contra del hoy quejoso, expediente en el que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de ******************** Del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, así como de la ampliación, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se le notificó del inicio del procedimiento de providencias precautorias solicitadas por la promovente antes señalada, del cual derivó la orden de retención y aseguramiento de las cuentas bancaria a su nombre, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oído, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho, en que se apoyaron las autoridades, lo que lo dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio, con dichas formalidades esenciales del procedimiento. Son infundados, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En ese sentido, sobre el tema de las providencias precautorias, el capítulo XI, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "CAPÍTULO XI. De las providencias precautorias. Art. 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Art. 1,169. Las disposiciones del artículo anterior comprenden no sólo al deudor, sino también á los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. Art. 1,170. El que solicite la radicación de persona, deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar dicha medida. Se podrá probar lo anterior mediante documentos o con testigos idóneos. Art. 1,171. Si la petición de radicación de persona se presenta antes de promover la demanda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el promovente deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Art. 1,172. Si la radicación de persona se pide al tiempo de presentar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de la garantía a que se refiere el artículo anterior para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación. Art. 1,173. En todos los casos, la radicación de persona se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado, para responder a las resultas del juicio. Art. 1,174. El que quebrantare la providencia de radicación de persona será castigado con la pena que señala el Código Penal respectivo al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del juicio. En todo caso, se seguirá éste, según su naturaleza, conforme a las reglas comunes. Art. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; II. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Art. 1,176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho. Art. 1,177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Art. 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código. Art. 1,179. Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado. Art. 1,180. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior. Art. 1,181. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior. Art. 1,182. Si el que solicita la providencia precautoria no cumple con lo dispuesto en el artículo que precede, ésta se revocará de oficio, aunque no lo pida la persona contra la que se decretó. Art. 1,183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Art. 1,184. Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se sustanciará por cuaderno separado y conforme a los artículos siguientes. Art. 1,185. El tercero que reclame una providencia, deberá hacerlo mediante escrito en el que ofrezca las pruebas respectivas. El juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y a la persona contra quien se ordenó la medida para que la contesten dentro del término de cinco días y ofrezcan las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha para su desahogo dentro de los diez días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten. Art. 1,186. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibirán las pruebas. Concluido su desahogo, las partes alegarán verbalmente lo que a su derecho convenga. El tribunal fallará en la misma audiencia. Art. 1,187. Si atendiendo a la cuantía del negocio fuere apelable la sentencia que resuelva la reclamación, el recurso se admitirá sólo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Si la sentencia que resuelva la reclamación en primera instancia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa garantía que dé la parte que la obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno. Art. 1,188. Cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que no sea el que deba conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formulado, se remitirán al juez competente las actuaciones, que en todo caso se unirán al expediente a efecto de que obren en él para los efectos que correspondan conforme a derecho. Art. 1,189. Las garantías de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el juez o el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva. Si se tratara de fianza, el fiador, o la compañía que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal." (lo resaltado es propio) De ese marco jurídico, se desprende que procede dictar providencia precautoria de retención de bienes, cuando exista temor fundado de que se dispongan de ellos, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes. La providencia precautoria podrá decretarse como acto prejudicial, o una vez iniciado el juicio. En el primero de los casos, es decir, cuando se trata de actos prejudiciales, la providencia precautoria podrá decretarse de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos legales. En el segundo caso, cuando la providencia precautoria se solicita una vez iniciado el juicio, ésta debe sustanciarse en incidente, por cuerda separada y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. En esta hipótesis, a diferencia de la medida precautoria solicitada como acto prejudicial, se citará a la persona contra la que se pida, es decir, se le otorgará el derecho fundamental de audiencia previa, en razón de que ya se inició el juicio. Dichos preceptos, también disponen que cuando la medida se tramita antes de promover la demanda, el solicitante deberá presentar ésta dentro de los tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, dicho término se aumentará, de acuerdo al último párrafo del artículo 1075 del citado Código de Comercio. De no acreditarse la presentación de la demanda, de oficio, se revocará la providencia precautoria. Asimismo, ese marco jurídico establece que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación, de tramitación inmediata, en efecto devolutivo. Por otra parte, cabe destacar que las providencias precautorias son de esencia provisional, por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en la medida de que sus efectos se constriñen a la duración del juicio de donde emanan, o de aquél respecto del cual se condicionó su promoción con su otorgamiento. Sumarias, en tanto que su tramitación es breve, atendiendo al temor fundado que existe de que se pierda o dilapide la materia del litigio y pierda su eficacia. Además, los efectos de tales providencias quedan sujetos indefectiblemente a las resultas del procedimiento de los cuales emanan, donde el sujeto afectado es parte y podrá en su momento aportar los elementos que considere convenientes para discutirla. Motivo por el cual, para la imposición de la medida precautoria, dada su urgencia, no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 21/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época; Materias(s): Constitucional, Común; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Ahora, en el caso que nos ocupa, queda claro que las providencias precautorias decretadas en el expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral, en la Ciudad de México, emitidas mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, fueron solicitadas respecto de la retención de bienes propiedad de la parte quejosa, ante el temor fundado de que la futura parte dispusiera, ocultara o dilapidara sus bienes, a efecto de evitar cubrir el pago del adeudo que habría de reclamar a la parte accionante. Es decir, la providencia solicitada en el expediente de origen, se trata de una medida precautoria previa a juicio. Así, el juzgado responsable emitió el oficio ********************, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que, a su vez, a través del oficio ********************, ordenó el embargo de las cuentas a nombre de ******************** En cumplimiento a lo anterior, la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, registró el embargo en las cuentas ********************, que está ligada al cliente ******************** y corresponde a la clave interbancaria ********************, y la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, hasta por la cantidad de $ ******************** (********************). Lo anterior a fin de que se impidiera a la futura demandada, disponer de las cantidades que tenga en dichas cuentas, hasta por el importe precisado. Sin que, en términos de lo establecido en el artículo 1177 del Código de Comercio, la autoridad responsable estuviera en obligación de otorgar, previo al acto de molestia, el derecho fundamental de audiencia a la parte quejosa. Esto es, como se estableció, para la imposición de la medida precautoria, no rige la garantía de audiencia previa, dada su urgencia y carácter provisional, que únicamente busca asegurar la efectividad del adeudo y que carece de impacto respecto de la cuestión de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción intentada, lo cual será determinado por sentencia y no por dicha providencia precautoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Juzgado Cuarto Civil Oral en la Ciudad de México, se advierte el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, ese juzgado ordenó la notificación de dichas medidas precautorias al hoy quejoso mediante exhorto. Asimismo, dicha autoridad informó que fue presentado ante ese juzgado, el acuse de recibo de la demanda de juicio ejecutivo mercantil, interpuesta por la hoy tercero interesada ********************, en contra del hoy quejoso ********************, con lo cual la moral promovente dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1181 del Código de Comercio antes transcrito, demanda que fue radicada bajo el expediente ********************, del índice del Juzgado Decimotercero Civil Oral en la Ciudad de México, en el cual se ordenó su emplazamiento mediante exhorto dirigido a un juzgado civil en esta ciudad. Ahora bien, en todo caso, conforme al marco jurídico transcrito, en términos del artículo 1179 del Código de Comercio, después de la retención del numerario, la parte quejosa ha estado en posibilidad de comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ya sea para consignar el valor o a garantizar lo reclamado, a fin de que se levante la providencia precautoria de que se trata. Incluso, en términos del artículo 1183 del Código de Comercio, la parte quejosa también tiene la posibilidad de solicitar al juez responsable que modifique o revoque la providencia precautoria que reclama. De ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por lo que hace a la autoridad y motivos señalados en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de actos de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ********************/2022-III, promovido por ******************** RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, turnada a este Juzgado el día hábil siguiente, ********************promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por proveído de tres de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la que se registró bajo el expediente ********************/2022-III, se solicitaron informes justificados a las responsables, mediante auto de uno de diciembre de misma anualidad, la parte quejosa amplió la demanda y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista electrónica a la totalidad de las partes y por oficio a la autoridad responsable, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin que hayan efectuado manifestación alguna; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades y los actos siguientes: "IV. NORMA GENERAL, O ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: 1. De la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en calidad de autoridad responsable ordenadora y ejecutora, se reclama el acto consistente en ordenar el aseguramiento, bloqueo o inmovilización, según sea el caso, de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. 2. Titular de la Dirección General de Atención a Autoridades de la COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES en calidad de autoridad responsable ordenadora y ejecutora, se reclama el acto consistente en ordenar el aseguramiento, bloqueo o inmovilización, según sea el caso, de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple. 3. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE en calidad de autoridad responsable ejecutora, se reclama el acto consistente en asegurar, bloquear e inmovilizar los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta bancaria ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple." Asimismo, por escrito recibido en este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa amplió la demanda en la cual, como actos y autoridades responsables señalo las siguientes: "II.- AMPLIACIÓN SOBRE LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. 1. LIC. ********************, JUEZ DEL JUZGADO VIGÉSIMO CIVIL ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; En su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD se le reclama el acto consistente en ordenar, dentro del expediente ********************, el congelamiento y/o inmovilización de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta ******************** y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, sin antes obrar una legal notificación que permitiera y le garantizara al suscrito y le permitiera hacer uso de mis derechos de réplica, contradicción y de defensa. Así como también la falta y omisión de realizar la legal notificación y llamado a juicio al suscrito dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Vigésimo Civil Oral de la Ciudad de México, notificación que no se realizó conforme a las leyes y normas establecidas para todo procedimiento judicial. 2. LIC. ********************, JUEZ DEL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En su carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se le reclama el acto consistente en ordenar, dentro del expediente ******************** del índice de su Juzgado, el congelamiento y/o inmovilización de los fondos pertenecientes a la cuenta del suscrito ********************, la cual se identifica con número de cuenta ******************** Y número c1abe interbancaria ******************** correspondiente al índice de la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, sin antes obrar una legal notificación que permitiera y le garantizara al suscrito y le permitiera hacer uso de mis derechos de réplica, contradicción y de defensa. Así como también la falta y omisión de realizar la legal notificación y llamado a juicio al suscrito dentro del expediente ******************** del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, notificación que no se realizó conforme a las leyes y normas establecidas para todo procedimiento judicial." Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Juez Vigésimo Civil Oral con sede en la Ciudad de México, y del Juez Cuarto Civil Oral con sede en la Ciudad de México, puesto que así lo refirieron al rendir sus informes justificados, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexaron las responsables ordenadoras antes señaladas a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las constancias relativas a los siguientes procesos: Providencias precautorias derivadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Vigésimo Civil Oral en la Ciudad de México, promovidas por ********************, en contra de ********************en el cual se ordenó la retención de bienes a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************), por concepto de suerte principal, intereses ordinarios e intereses moratorios. Providencias precautorias derivadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto Civil Oral en la Ciudad de México, promovidas por ********************, en contra de ********************en el cual se ordenó la retención de bienes a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************), por concepto de suerte principal, intereses ordinarios e intereses moratorios. Asimismo, obran las constancias remitidas vía informe justificado por la responsable Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que en su calidad de autoridad ejecutora, informó lo siguiente: El cinco de septiembre de dos mil veintidós, en atención al oficio ******************** derivado del expediente ********************, del Juzgado Vigésimo Civil Oral de la Ciudad de México, recibido a través del oficio ********************, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, congeló las cuentas ********************, que está ligada al cliente ********************, y corresponde a la clabe interbancaria ********************, así como la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, ambas a nombre de ********************, hasta por la cantidad de $******************** (********************). El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en atención al oficio ********************, derivado del expediente ******************** del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, recibido a través del oficio ********************, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual se ordenó el embargo de las cuentas a nombre de ********************, se registró el segundo embargo en las cuentas ********************, que está ligada al cliente ******************** y corresponde a la clave interbancaria ********************, y la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, hasta por la cantidad de $ ******************** (********************). Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". Por lo que hace a las autoridades Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas negaron los actos reclamados que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que les reviste el carácter de autoridad ejecutora, y la ordenadora aceptó su existencia. Motivo por el que se tienen por cierto el acto que se les atribuye. CUARTO. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En este caso, por lo que hace a los actos reclamados al Juzgado Vigésimo Civil Oral en la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Conforme a dicha norma, el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos del acto reclamado, se hayan destruido de manera tal, que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de que la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se presentara. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se afirma lo anterior, pues de las constancias que en vía de informe justificado remitió el titular del Juzgado Vigésimo Civil Oral, en la Ciudad de México, se advierte que en proveído de once de octubre de dos mil veintidós, dicho juzgado determinó la revocación de las providencias precautorias decretadas contra el hoy quejoso, dictadas en el expediente ******************** de su índice, lo cual hizo del conocimiento de la Comisión Nacional Bancara y de Valores, mediante oficio ******************** el cual fue enviado a través del sistema SIARA, para que por su conducto comunicara a las diferentes instituciones crediticias y/o financieras que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, respecto del levantamiento del embargo precautorio decretado en dicho expediente, de manera que, durante el trámite de este juicio de amparo el acto reclamado dejó de existir, pues con posterioridad a la promoción del mismo, se decretó su revocación. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y por lo tanto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en este asunto por lo que hace al acto reclamado a la autoridad señalada, Juzgado Vigésimo Civil Oral, en la Ciudad de México. Ahora bien, dado que las partes no formularon diversas causas de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada alguna otra, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo por la parte quejosa, por lo que hace a las diversas autoridades. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, conviene estudiar los conceptos de violación que hace valer el quejoso ********************, ello, sin necesidad de transcribir los mismos, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción; lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa, como se precisó en el considerando Segundo, reclama del Juzgado Cuarto Civil Oral, en la Ciudad de México, la falta de llamamiento al procedimiento seguido bajo número de expediente ********************, promovido por ********************, en el cual solicitó las providencias precautorias de retención de bienes en contra del hoy quejoso, expediente en el que por acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se ordenó el aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de ******************** Del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, así como de la ampliación, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que no se le notificó del inicio del procedimiento de providencias precautorias solicitadas por la promovente antes señalada, del cual derivó la orden de retención y aseguramiento de las cuentas bancaria a su nombre, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oído, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho, en que se apoyaron las autoridades, lo que lo dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio, con dichas formalidades esenciales del procedimiento. Son infundados, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En ese sentido, sobre el tema de las providencias precautorias, el capítulo XI, del Código de Comercio, dispone lo siguiente: "CAPÍTULO XI. De las providencias precautorias. Art. 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Art. 1,169. Las disposiciones del artículo anterior comprenden no sólo al deudor, sino también á los tutores, socios y administradores de bienes ajenos. Art. 1,170. El que solicite la radicación de persona, deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar dicha medida. Se podrá probar lo anterior mediante documentos o con testigos idóneos. Art. 1,171. Si la petición de radicación de persona se presenta antes de promover la demanda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, el promovente deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen si no se presenta la demanda. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Art. 1,172. Si la radicación de persona se pide al tiempo de presentar la demanda, bastará la petición del actor y el otorgamiento de la garantía a que se refiere el artículo anterior para que se decrete y se haga al demandado la correspondiente notificación. Art. 1,173. En todos los casos, la radicación de persona se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado, para responder a las resultas del juicio. Art. 1,174. El que quebrantare la providencia de radicación de persona será castigado con la pena que señala el Código Penal respectivo al delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad pública, sin perjuicio de ser compelido por los medios de apremio que correspondan a volver al lugar del juicio. En todo caso, se seguirá éste, según su naturaleza, conforme a las reglas comunes. Art. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; II. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. Art. 1,176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho. Art. 1,177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. Art. 1,178. Ni para recibir la información ni para dictar una providencia precautoria se citará a la persona contra quien ésta se pida, salvo que la medida se solicite iniciado cualquiera de los juicios previstos en este Código. Art. 1,179. Una vez ordenada la radicación de persona o practicada la retención de bienes, y en su caso, presentada la solicitud de inscripción de éste en el Registro Público correspondiente, se concederán tres días al afectado para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia que se hubiere dictado. Art. 1,180. En la ejecución de las providencias precautorias no se admitirá excepción alguna, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo anterior. Art. 1,181. Ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió deberá presentarla dentro de tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, el juez aumentará a los tres días señalados, los que resulten de acuerdo al último párrafo del artículo 1075. El que pidió la medida precautoria deberá acreditar ante el juzgador que concedió la providencia la presentación de la demanda ante el juez competente, dentro de los tres días siguientes a que se venza cualquiera de los plazos del párrafo anterior. Art. 1,182. Si el que solicita la providencia precautoria no cumple con lo dispuesto en el artículo que precede, ésta se revocará de oficio, aunque no lo pida la persona contra la que se decretó. Art. 1,183. En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente. Art. 1,184. Igualmente puede reclamar la providencia precautoria un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Esta reclamación se sustanciará por cuaderno separado y conforme a los artículos siguientes. Art. 1,185. El tercero que reclame una providencia, deberá hacerlo mediante escrito en el que ofrezca las pruebas respectivas. El juez correrá traslado al promovente de la precautoria, y a la persona contra quien se ordenó la medida para que la contesten dentro del término de cinco días y ofrezcan las pruebas que pretendan se les reciban. Transcurrido el plazo para la contestación, al día siguiente en que se venza el término, el juez admitirá las pruebas que se hayan ofrecido, y señalará fecha para su desahogo dentro de los diez días siguientes, mandando preparar las pruebas que así lo ameriten. Art. 1,186. En la audiencia a que se refiere el artículo anterior, se recibirán las pruebas. Concluido su desahogo, las partes alegarán verbalmente lo que a su derecho convenga. El tribunal fallará en la misma audiencia. Art. 1,187. Si atendiendo a la cuantía del negocio fuere apelable la sentencia que resuelva la reclamación, el recurso se admitirá sólo en el efecto devolutivo de tramitación inmediata. Si la sentencia que resuelva la reclamación en primera instancia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa garantía que dé la parte que la obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno. Art. 1,188. Cuando la providencia precautoria se dicte por un juez que no sea el que deba conocer del negocio principal, una vez ejecutada y resuelta la reclamación, si se hubiere formulado, se remitirán al juez competente las actuaciones, que en todo caso se unirán al expediente a efecto de que obren en él para los efectos que correspondan conforme a derecho. Art. 1,189. Las garantías de que se trata en este capítulo, se otorgarán ante el juez o el tribunal que haya decretado la providencia precautoria respectiva. Si se tratara de fianza, el fiador, o la compañía que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal." (lo resaltado es propio) De ese marco jurídico, se desprende que procede dictar providencia precautoria de retención de bienes, cuando exista temor fundado de que se dispongan de ellos, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes. La providencia precautoria podrá decretarse como acto prejudicial, o una vez iniciado el juicio. En el primero de los casos, es decir, cuando se trata de actos prejudiciales, la providencia precautoria podrá decretarse de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos legales. En el segundo caso, cuando la providencia precautoria se solicita una vez iniciado el juicio, ésta debe sustanciarse en incidente, por cuerda separada y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio. En esta hipótesis, a diferencia de la medida precautoria solicitada como acto prejudicial, se citará a la persona contra la que se pida, es decir, se le otorgará el derecho fundamental de audiencia previa, en razón de que ya se inició el juicio. Dichos preceptos, también disponen que cuando la medida se tramita antes de promover la demanda, el solicitante deberá presentar ésta dentro de los tres días, si el juicio hubiere de seguirse en el lugar en que aquélla se dictó. Si debiere seguirse en otro lugar, dicho término se aumentará, de acuerdo al último párrafo del artículo 1075 del citado Código de Comercio. De no acreditarse la presentación de la demanda, de oficio, se revocará la providencia precautoria. Asimismo, ese marco jurídico establece que contra la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación, de tramitación inmediata, en efecto devolutivo. Por otra parte, cabe destacar que las providencias precautorias son de esencia provisional, por ser accesorias y sumarias. Accesorias, en la medida de que sus efectos se constriñen a la duración del juicio de donde emanan, o de aquél respecto del cual se condicionó su promoción con su otorgamiento. Sumarias, en tanto que su tramitación es breve, atendiendo al temor fundado que existe de que se pierda o dilapide la materia del litigio y pierda su eficacia. Además, los efectos de tales providencias quedan sujetos indefectiblemente a las resultas del procedimiento de los cuales emanan, donde el sujeto afectado es parte y podrá en su momento aportar los elementos que considere convenientes para discutirla. Motivo por el cual, para la imposición de la medida precautoria, dada su urgencia, no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 21/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época; Materias(s): Constitucional, Común; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, de rubro y texto siguiente: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Ahora, en el caso que nos ocupa, queda claro que las providencias precautorias decretadas en el expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Proceso Oral, en la Ciudad de México, emitidas mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, fueron solicitadas respecto de la retención de bienes propiedad de la parte quejosa, ante el temor fundado de que la futura parte dispusiera, ocultara o dilapidara sus bienes, a efecto de evitar cubrir el pago del adeudo que habría de reclamar a la parte accionante. Es decir, la providencia solicitada en el expediente de origen, se trata de una medida precautoria previa a juicio. Así, el juzgado responsable emitió el oficio ********************, dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que, a su vez, a través del oficio ********************, ordenó el embargo de las cuentas a nombre de ******************** En cumplimiento a lo anterior, la institución financiera Banco del Bajío S.A., Institución de Banca Múltiple, registró el embargo en las cuentas ********************, que está ligada al cliente ******************** y corresponde a la clave interbancaria ********************, y la cuenta ********************0401, ligada al cliente ********************, hasta por la cantidad de $ ******************** (********************). Lo anterior a fin de que se impidiera a la futura demandada, disponer de las cantidades que tenga en dichas cuentas, hasta por el importe precisado. Sin que, en términos de lo establecido en el artículo 1177 del Código de Comercio, la autoridad responsable estuviera en obligación de otorgar, previo al acto de molestia, el derecho fundamental de audiencia a la parte quejosa. Esto es, como se estableció, para la imposición de la medida precautoria, no rige la garantía de audiencia previa, dada su urgencia y carácter provisional, que únicamente busca asegurar la efectividad del adeudo y que carece de impacto respecto de la cuestión de fondo, pues no presume la existencia del derecho que se aduce como sustento de la acción intentada, lo cual será determinado por sentencia y no por dicha providencia precautoria. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Juzgado Cuarto Civil Oral en la Ciudad de México, se advierte el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, ese juzgado ordenó la notificación de dichas medidas precautorias al hoy quejoso mediante exhorto. Asimismo, dicha autoridad informó que fue presentado ante ese juzgado, el acuse de recibo de la demanda de juicio ejecutivo mercantil, interpuesta por la hoy tercero interesada ********************, en contra del hoy quejoso ********************, con lo cual la moral promovente dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1181 del Código de Comercio antes transcrito, demanda que fue radicada bajo el expediente ********************, del índice del Juzgado Decimotercero Civil Oral en la Ciudad de México, en el cual se ordenó su emplazamiento mediante exhorto dirigido a un juzgado civil en esta ciudad. Ahora bien, en todo caso, conforme al marco jurídico transcrito, en términos del artículo 1179 del Código de Comercio, después de la retención del numerario, la parte quejosa ha estado en posibilidad de comparecer ante la autoridad señalada como responsable, ya sea para consignar el valor o a garantizar lo reclamado, a fin de que se levante la providencia precautoria de que se trata. Incluso, en términos del artículo 1183 del Código de Comercio, la parte quejosa también tiene la posibilidad de solicitar al juez responsable que modifique o revoque la providencia precautoria que reclama. De ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios. Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, [TA]; 8a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988; Pág. 357, la cual dice: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por lo que hace a la autoridad y motivos señalados en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de actos de las autoridades señaladas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio enviado por el Juez Décimo Tercero Civil de Proceso Oral, mediante el cual informa que envió con anterioridad las constancias del expediente 690/2022, en razón de que las mismas obran en autos. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma ***, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante ***, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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