Jesús Eduardo Pastelin Domínguez

Expediente 468/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
468/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Jesús Eduardo Pastelin Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 468/2018-VI, promovido por *************, contra actos del Director de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, turnado a este Juzgado en esa misma fecha, ***************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, a quien reclamó lo siguiente: El silencio administrativo de la autoridad responsable. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derecho violado el contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable, Director de Ejecución de Penas del Estado de Chihuahua, su informe con justificación y se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, mediante auto de veintisiete de agosto del año en curso, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, con el contenido del informe justificado rendido por el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que surtiera efectos la notificación de ese proveído (la cual se efectuó el veintiocho del mismo mes y año), manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto reclamado al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, consistente en el oficio FEEPMJ/B-JUR9618/2018, a través del cual se le dio respuesta a la solicitud de veintitrés de abril de dos mil dieciocho; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna al respecto, se continuaría el trámite del presente juicio de amparo únicamente respecto del acto y autoridad precisados en su demanda. Igualmente, al no haber desahogado el quejoso Jesús Eduardo Pastelín Domínguez la anterior prevención, mediante auto de veintiuno del mes y año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión de autoridad residente en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el impetrante reclama a la responsable, lo siguiente: La omisión a dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado, el treinta de abril de dos mil dieciocho. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuyó (fojas 16-25); sin embargo, de la documental anexa al escrito inicial de demanda, se desprende la petición formulada por el quejoso a la responsable, mediante escrito presentado el treinta de abril de la presente anualidad; por tanto, con dicha constancia, se desvirtúa la negativa realizada por la responsable, y por ende, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Resulta aplicable al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor, que dice: 61. El juicio de amparo es improcedente: *** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; *** Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. *** De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte quejosa, en esencia, reclama al Director de Ejecución de Penas para el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, la omisión a dar respuesta a la petición formulada mediante escrito presentado ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, el treinta de abril de dos mil dieciocho. Sin embargo, de la copias certificadas remitida por la responsable en cita, se advierte que a través del oficio FEEPMJ/B-JUR 9618/2018, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso mediante escrito presentado ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, el treinta de abril de dos mil dieciocho, de lo cual fue notificado el diez de agosto de dos mil dieciocho, según se desprende de la firma estampada en dicha comunicación oficial. Documento el anterior, al que se le confiere pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De manera que, si la responsable mediante oficio FEEPMJ/B-JUR 9618/2018, dio contestación a la petición formulada por el aquí quejoso Jesús Eduardo Pastelin Domínguez mediante escrito presentado ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, el treinta de abril de dos mil dieciocho, notificándolo de dicha actuación el diez de agosto de dos mil dieciocho, es indudable que cesaron los efectos del acto reclamado al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que le dio motivo al amparo, reponiendo al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, volviendo a las cosas al estado que guardaban. Lo anterior, porque el efecto de una sentencia en la que se concediera la protección constitucional tendría por efecto precisamente el obligar a la responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, a emitir un acuerdo, relativo al escrito formulado por la parte quejosa, y exigirle notificar al impetrante dicho proveído, que como ya se dijo, finalmente ocurrió debido a la actuación de la propia responsable. Es aplicable al caso, la tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ****************, contra la autoridad responsable y acto reclamado, precisados en el considerando cuarto de esta determinación. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se dio vista al quejoso *******, por un plazo de quince días con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto reclamado al Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, consistente en el oficio FEEPMJ/B-JUR9618/2018, a través del cual le da respuesta a la solicitud de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Por otro lado, de la certificación de cuenta se desprende que el quejoso no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar o no la demanda que dio origen al presente juicio, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el oficio FEEPMJ/B-JUR9618/2018, a través del cual el Director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, dio respuesta a la solicitud de veintitrés de abril del año en curso, realizada por el aquí quejoso. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las once horas del veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

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