Jesús Duarte Fernández

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Jesús Duarte Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 4. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución en un cuaderno, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. 5. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen al cuaderno en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JESUS DUARTE FERNANDEZ, LA DETERMINACIÓN DE DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO RESPECTIVO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada la demanda. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención formulada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías que dio origen al cuaderno en que se actúa; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 345/2022, promovido por ********************por alegada violación de los artículos 14, 16 y 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad; este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO SOLICITADO. Lo anterior, al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada . Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: Todas las resoluciones emitidas y las actuaciones practicadas, desde el auto por el que se dio entrada a la demanda inicial, hasta la sentencia definitiva que se dictó y la declaración de estar ejecutoriada la misma, dentro del juicio agrario ********************, sobre nulidad de acto y documentos, promovido a nombre del quejoso por Vicente Arias Suárez SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama una determinación dictada por una autoridad residente en Morelia, Michoacán, territorio en el que se ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. La autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, negó la existencia del acto reclamado, manifestando esencialmente que el quejoso fue debidamente representado en el juicio de origen, por lo que no resulta cierto el acto referido. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, toda vez que de las constancias remitidas por la responsable se desprende que Vicente Arias Ramírez en cuanto apoderado de ********************promovió juicio agrario sobre nulidad de actos y documentos, con motivo de la medición al interior y asignación de solares urbanos celebrada el veintinueve de abril de dos mil catorce, en el ejido "El Coenqueño", por lo que respecta al solar once, de la manzana cuatro de la zona uno, con una superficie de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con doce centímetros, lo que dio origen al expediente ********************, del índice de la autoridad responsable. Seguida la secuela procesal el doce de junio de dos mil diecisiete, la codemandada Margarita Montoya Cruz, reconvino a la parte actora, reconvención que resultó procedente, por lo que se declaró firme y definitiva la asignación del solar once, de la manzana cuatro de la zona uno, con una superficie de cuatrocientos cuarenta y ocho metros con doce centímetros, determinación que causó ejecutoria el veintiuno de enero de dos mil veintidós. Con lo anterior, se advierte que contrario a la negativa expresada por la autoridad responsable, sí se advierte la existencia del acto reclamado, ello, al haberse tramitado el juicio agrario ********************, del que se duele la parte quejosa, por lo que por ende, se desvirtúa la negativa expresada por la autoridad responsable y se tiene por cierto el acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia, y la invocada por la responsable se ha desestimado al advertirse la certeza del acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. Como conceptos de violación la parte quejosa en esencia expone: Que se viola el artículo 27 fracción IX, de la Constitución Federal que establece que la impartición de justicia agraria debe ser expedita y honesta a efecto de proporcionar y garantizar seguridad jurídica, a través de la asesoría legal adecuada de los campesinos. Considera que en el asunto que promovió a su nombre y representación Vicente Arias Ramírez, debió intervenir la Procuraduría Agraria a efecto de salvaguardar sus derechos y ejercer una adecuada representación, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Agraria, 2 y 3 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria y 1 del Estatuto del Servicio Profesional Agrario de Carrera en la Procuraduría Agraria. Manifiesta que no confirió mandato para que Vicente Arias Ramírez, promoviera juicio en su representación, ni para que designara asesor jurídico. Que el Magistrado responsable omitió analizar la incapacidad legal del promovente del juicio agrario, con lo que se violó el artículo 16 de la Constitución Federal y que como consecuencia se le privó de su propiedad. Los conceptos de violación resultan infundados como se expone a continuación: Por lo que respecta al identificado con el inciso 1), deviene infundado, toda vez que el asunto sometido a la jurisdicción del tribunal agrario treinta y seis, fue precisamente para dilucidar la controversia planteada por el apoderado del quejoso, quien fue asesorado por licenciado en derecho, sin que se advierta que haya solicitado ser asesorado legalmente por integrantes de la Procuraduría Agraria, máxime, cuando se insiste, fue patrocinado por profesionista en derecho particular, por lo que no se advierte que el apoderado del aquí quejoso, haya actuado sin la adecuada asesoría legal. El artículo 179 de la Ley Agraria prevé que será optativo para las partes acudir asesoradas, y que sólo en el caso que una de ellas se encuentre asesorada y la otra no se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, por lo que en el caso en estudio, se advierte que la parte actora se asesoró por abogado privado, por lo que no resultó obligatorio el requerir los servicios de la citada Procuraduría. En ese sentido, no se advierte violación al artículo 27 fracción IX, de la Constitución Federal, que establece que el Estado apoyará la asesoría legal de los campesinos, tal cuestión, resulta optativa para la parte actora, es decir, puede acudir para ser representado por los abogados de la Procuraduría Agraria o bien, pueden optar por ser asesorados por abogados particulares como aconteció en la especie, dado que la finalidad del precepto constitucional radica en que los campesinos cuenten con el apoyo legal a efecto de hacer valer y proteger sus derechos, lo que acontece con profesionistas adscritos a los organismos encargados de la procuración de justicia agraria o bien con abogados particulares como aconteció en la especie de ahí que resulta infundado el concepto de violación. De la misma forma, guarda correlación el diverso motivo de disenso identificado con el inciso 2), en el que el quejoso señala que en el juicio agrario ********************, debió intervenir la Procuraduría Agraria, lo que resulta infundado, dado que como se ha señalado, no existe disposición legal que obligue a la intervención de dicha institución en la totalidad de los juicios agrarios, salvo que la parte no sea asesorada por profesionista en derecho, sino que ello debe ser a solicitud de parte conforme lo establece el artículo 5, fracción IX, del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, lo que en la especie no aconteció, pues se insiste, el apoderado del quejoso optó por la asesoría de un abogado particular. Máxime que en el proveído en donde se admite la demanda planteada por Vicente Arias Ramírez en representación de ********************se advierte que se conminó a las partes para que acudieran a la Procuraduría Agraria para que les fuera designado un profesionista en derecho, optando la actora por la asesoría particular. Sin que resulten aplicables los preceptos 135 de la Ley Agraria, 2 y 3 del Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria y 1 del Estatuto del Servicio Profesional Agrario de Carrera en la Procuraduría Agraria, ya que en ellos se prevé la función y objetivo de la Procuraduría Agraria, y que no trascienden al caso en estudio, motivo por el que resulta infundado el concepto de violación. Respecto del diverso motivo de inconformidad identificado con el inciso 3), en el que afirma la parte quejosa que no confirió mandato para que Vicente Arias Ramírez, promoviera juicio en su representación, ni para que designara asesor jurídico, se determina infundado el tenor de la siguiente consideración. Dentro de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable obra el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Dominio Limitado a favor de Vicente Arias Ramírez otorgado por ********************el cual fue expedido ante la fe del Notario Público número Ciento sesenta, en Vista Hermosa de Negrete, Michoacán, con número de escritura pública dos mil novecientos setenta y cuatro, volumen cincuenta y cinco, de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. En el instrumento notarial en comento, el aquí quejoso otorgó facultades a Vicente Arias Ramírez, para que éste lo representara facultándolo entre otras cuestiones, para que promoviera y contestara toda clase de demandas o de asuntos seguidos por todos los trámites, incluso hasta en el juicio de amparo. Asimismo, se señaló que en el caso de que se ejerciera el poder en el ramo judicial, debía actuar bajo el asesoramiento de un profesional del derecho, quien suscribiría y actuaría de manera conjunta con el apoderado. La vigencia de dicho instrumento fue de un año a partir de su firma, sin embargo, y en caso que se haya iniciado un negocio durante la vigencia, las facultades se postergarían hasta la conclusión del asunto. Todo lo anterior, fue leído y explicado a los comparecientes, obrando la firma del quejoso en el citado poder notarial. De ahí, que contrario a lo afirmado por el quejoso, sí confirió facultades para que a su nombre y representación Vicente Arias Ramírez, ejerciera su representación y defendiera sus intereses, lo cual, como así aconteció, lo hizo siendo asesorado por un profesional del derecho, y que en el juicio agrario fue el licenciado Rafael Constantino Guzmán Mora. Lo anterior, con base en el referido instrumento notarial, cuyo contenido y alcance fue explicado al quejoso por el fedatario público, por lo que no puede aducir desconocimiento de lo que aceptó de manera libre y sin presión, por lo que se declara infundado el concepto de violación. Finalmente, corresponde analizar el concepto de violación identificado como 4), que radica en la afirmación del quejoso respecto a que el Magistrado responsable omitió analizar la incapacidad legal de promovente del juicio agrario, con lo que se violó el artículo 16 de la Constitución Federal y que como consecuencia se le privó de su propiedad. Motivo de disenso que se determina infundado, En el auto admisorio de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, del expediente agrario ********************, el Magistrado responsable advirtió la personalidad del promovente con base en el multireferido poder notarial, con lo que contrario a lo afirmado por la parte quejosa, sí se advirtió que se contara con las facultades legales para la representación del quejoso, además, que se insiste, éste fue asesorado por licenciado en derecho. Asimismo, se advierte que durante la sustanciación del proceso agrario el representante del quejoso, hizo valer los recursos y estrategias que consideró adecuados a efecto de que la pretensión planteada en su demanda fuera declarada procedente, no obstante, fue vencido declarando procedente la reconvención planteada por su contraparte. Lo anterior, no implica una defensa deficiente, dado que como se ha señalado, no se desprende desatención, descuido, dolo o mala fe en las actuaciones formuladas por el apoderado de la parte actora en el juicio de origen, motivo por el que se advierte infundado el concepto de violación. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, lo procedente es negar a la parte quejosa la protección de la justicia federal solicitada. Por último, no se soslaya que la Agente del Ministerio Público Federal formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** respecto a los actos reclamados del expediente agrario ********************, atribuidos al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, de conformidad a lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta el día de hoy treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que concluyó el dictado de la sentencia; en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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