Jesús Duarte Fernández
Expediente 1012/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Duarte Fernández
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Incidente de inejecución de sentencia. Visto el estado que guardan los autos se obtiene que la sentencia dictada por este juzgado no ha sido cumplida por las autoridades responsables; así, para estar en condiciones de promover incidente de inejecución de sentencia previsto en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo, resulta necesario realizar una reseña de lo actuado dentro del presente juicio. Mediante sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil dieciocho, se concedió a los quejosos María de los Ángeles Fernández Pedraza, Gisela Aguilar Tinoco, Mónica Alejandra Marín Ortiz, Mariana Romero Ponce, María de los Ángeles Acosta Calderón, Daniel Reyes Estrada, Eduardo Velasco Herrejón, María Guadalupe Larios Mendoza y Ma. de la Luz Acosta Calderón, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Michoacán: "Provea lo necesario a efecto de lograr el total cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral 54/2011 y su acumulado 94/2018." Lo que se significa medularmente a que el Tribunal burocrático, debería tomar todas las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del laudo dictado en cumplimiento de ejecutoria el dieciocho de noviembre de dos mil quince, en el juicio de origen. En el juicio laboral se condenó condenó a la parte demanda -Secretaría de Educación en el Estado- a realizar los trámites necesarios ante las Instituciones de Seguridad Social denominadas ISSSTE y FOVISSSTE para que se lleve a cabo la inscripción retroactiva a partir de la fecha de ingreso de los trabajadores actores aquí quejosos, y entere las cuotas obrero patronales respectivas a dichas instituciones de seguridad social, así como para que realice las gestiones o trámites administrativos y ordene a quien corresponda que conforme las disposiciones legales aplicables y cumpliendo con las formalidades y la normatividad interna que rige dicha institución, reconozca a los actores en el juicio laboral de origen como trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado, para ello expida a nombre de éstos el nombramiento que corresponda a cada uno de los trabajadores con efectos a partir de las respectivas fechas de ingreso señaladas en el escrito de demanda laboral, y el otorgamiento de la base correspondiente a cada uno de los puestos desempeñados por éstos. El tres de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria el fallo definitivo y se requirió el cumplimiento a la autoridad laboral. Ahora bien, esta potestad federal advierte que pese a los requerimientos dirigidos al Tribunal responsable de tres de enero, catorce de febrero, dieciséis de abril, diez de mayo, trece y veintisiete de junio, ocho de julio, siete de agosto, dos de septiembre, once de octubre, trece y veintidós de noviembre, todos de dos mil diecinueve; así como de veinticuatro de enero, cuatro de febrero y trece de agosto, de dos mil veinte; y de dieciséis de julio, diez de agosto, siete, veintiocho y veintinueve de septiembre, cinco, ocho, catorce, veintidós y veintisiete de octubre, nueve y doce de noviembre, todos del dos mil veintiuno; y, a las gestiones realizadas de su parte, a la fecha de la presente determinación han transcurrido dos años diez meses, sin que se haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto pues la autoridad responsable ha remitido las constancias siguientes: Oficio TCA/PRES/AMP/89/2019, de once de enero de dos mil diecinueve, a través del cual solicitó una prórroga para cumplir con la ejecutoria dictada en el juicio en que se actúa; por lo que en auto del quince siguiente, se le concedieron diez días para tal efecto. Oficio TCA/PRES/AMP/168/2019, de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada del auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, en el que tuvo al Director de Administración de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado, cumpliendo parcialmente con el laudo, debido a que éste solicitó al Departamento de Personal Estatal de dicha Secretaría otorgara a las trabajadoras actoras Mónica Alejandra Marín Ortiz y Mariana Romero Ponce las claves presupuestales 1202010200700011 y 1202010403310030, respectivamente, y a María de los Ángeles Fernández Pedraza, el recurso presupuestal 1201010310070008, en equivalencia a las demandadas por las actoras, toda vez que las claves en disputa se encuentran ocupadas por otros trabajadores, con el propósito de no violentar derechos laborales adquiridos. Oficio TCA/P/550/2019, de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual hizo del conocimiento que en proveído de esa misma fecha, giró oficio a la Secretaría de Educación en el Estado, en el que requirió para que diera cumplimiento al laudo de que se trata; asimismo remitió copia certificada del citado auto y del oficio referido con el sello de recibido correspondiente. Oficio TCA/PRES/AMP/810/2019, de cinco de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada del auto de veintiocho de febrero anterior, en el que tuvo a los apoderados de la demandada Secretaría de Educación en el Estado cumpliendo con el requerimiento formulado en autos del juicio de origen y por exhibiendo diverso oficio SEE/CJEE/EJ/088/2019 enviado a la Directora de Administración de Personal de dicha Secretaría, requiriéndole de manera inmediata para que gestionara los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la inscripción retroactiva de los trabajadores actores, aquí quejosos. Oficio TCA/PRES/AMP/1103/2019, de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada del proveído de veintiuno de marzo anterior en el que tuvo a la demandada Secretaría de Educación en el Estado informando que a las trabajadoras actoras aquí quejosas María de los Ángeles Fernández Pedraza, Mónica Alejandra Marín Ortiz y Mariana Romero Ponce se les otorgó la clave presupuesta, sin embargo, como no exhibió los documentos que lo acreditaran, se le requirió para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede notificada, los exhibiera, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/1459/2019, de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha en el que se tuvo al apoderado de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, exhibiendo los movimientos de personal de las trabajadoras actoras aquí quejosas María de los Ángeles Fernández Pedraza, Mónica Alejandra Marín Ortiz y Mariana Romero Ponce, así como informando que se realizaron los trámites de reinscripción retroactiva ante las instituciones de seguridad social correspondientes; con lo anterior se ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede notificada, manifestara lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento del laudo, bajo apercibimiento legal; además se requirió a dicha Secretaría para que en igual término acreditara haber otorgado a las diversas trabajadoras aquí quejosas Gisela Aguilar Tinoco, María Guadalupe Larios Mendoza y Ma. de la Luz Acosta Calderón el nombramiento que les corresponde, también bajo apercibimiento. Oficio TCA/PRES/AMP/1722/2019, de veinte de mayo de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha en el que se tuvo a la apoderada de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, manifestando que giró oficio a la Directora de Administración de personal para que realizara los trámites correspondientes para cumplir con el requerimiento antes mencionado, no obstante lo anterior se le volvió a requerir para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede notificada, acreditara haber otorgado a las diversas trabajadoras aquí quejosas el nombramiento que les corresponde, en cumplimiento del laudo. Oficio TCA/PRES/AMP/2067/2019, de trece de junio de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de veinte de mayo referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/2228/2019, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada del proveído de veinte de junio anterior, en el que requirió a la demandada Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días cumpliera con el laudo dictado en cumplimiento de ejecutoria el dieciocho de noviembre de dos mil quince, en el juicio de origen. Oficio TCA/PRES/AMP/2286/2019, de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de veinte de junio referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/2352/2019, de cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia autorizada del auto de tres de julio anterior, en el que ordenó girar oficio nuevamente a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, para que en el término de tres días, procediera a otorgar el nombramiento correspondiente a Gisela Aguilar Tinoco, acreditara que las trabajadoras actoras fueron inscritas ante ISSSTE y FOVISSSTE; además, señaló que remitiría copia certificada de las constancias del juicio natural a la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, para el efecto de fincar la responsabilidad a quienes resulten responsables sobre el incumplimiento del laudo. Oficio TCA/PRES/AMP/2527/2019, de once de julio de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de tres de julio referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/2726/2019, de seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada del escrito presentado el doce de julio anterior por la apoderada de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, así como del acuerdo de treinta y uno de julio siguiente que recayó sobre el mismo, en el que se ordenó girar oficio a la Directora de Personal de dicha Secretaría, para que en el término de tres días hábiles, procediera a otorgar el nombramiento correspondiente a Gisela Aguilar Tinoco y acreditara que las trabajadoras actoras, aquí quejosas, fueron inscritas ante ISSSTE y FOVISSSTE, como se estableció en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil quince. Oficios TCA/PRES/AMP/2817/2019 y TCA/PRES/AMP/2852/2019, de trece y quince de agosto de dos mil diecinueve, respectivamente, a través de los cuales remitió copia certificada del acuse de recibo correspondiente, relativo al oficio que ordenó girar en proveído de treinta y uno de julio referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/3102/2019, de seis de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada del proveído de cinco de septiembre anterior, en el que ordenó girar oficios al Jefe de Departamento del Personal Estatal y a la Directora de Administración de Personal, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, para que en el término de tres días hábiles, procedieran a otorgar el nombramiento correspondiente a Gisela Aguilar Tinoco y acreditaran que las trabajadoras actoras, aquí quejosas, fueron inscritas ante ISSSTE y FOVISSSTE, como se estableció en el laudo de dieciocho de noviembre de dos mil quince, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/3184/2019, de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que ordenó girar al Jefe de Departamento del Personal Estatal y a la Directora de Administración de Personal, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, en proveído de cinco de septiembre referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/3464/2019, de diez de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual remitió copia certificada del proveído de nueve de octubre anterior, en el que tuvo a la Directora de Administración de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado, informando que a Gisela Aguilar Tinoco le fue otorgada la clave presupuestal 120201020000060064, y que giró oficio al ISSSTE, para el efecto de dar de alta a las trabajadoras actoras; asimismo manifestó que se encuentra imposibilitada para generar el alta ante el FOVISSSTE, toda vez que las mismas se encuentran cotizando para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, por lo que con dichas manifestaciones ordenó dar vista la parte actora, aquí quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede notificada, manifestara lo que a su interés convenga, con el apercibimiento legal que de no hacerlo dentro del término concedido se le tendría por perdido el derecho a manifestar y se le tendría por aceptando lo señalado por la parte demandada, y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado analizará el cumplimiento del laudo. Oficio TCA/PRES/AMP/3560/2019, de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte actora, aquí quejosa, del proveído de nueve de octubre referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/3929/2019, de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que tuvo al apoderado de la parte actora, aquí quejosa, manifestando su inconformidad con la falta de inscripción de las trabajadoras ante el FOVISSSTE, pues refirió que no es imputable a la parte que representa sino a la demandada; por lo que con lo anterior ordenó dar vista la parte demandada para que dentro del término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés conviniera. Oficio TCA/PRES/AMP/4026/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de veinte de noviembre referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/4278/2019, de doce de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que tuvo al apoderado de la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, exhibiendo el diverso oficio SE/DA/DAP/SRL/DCP/3871/2019 en el que la Jefa de Departamento de Control de Personal de la referida Secretaría manifestó que las trabajadoras actoras aquí quejosas Ma. de la Luz Acosta Calderón, Mariana Romero Ponce, Gisela Aguilar Tinoco, María de los Ángeles Fernández Pedraza, Mónica Alejandra Marín Ortiz y María Guadalupe Larios Mendoza, cuentan con claves estatales por lo que no es posible otorgarles FOVISSSTE, toda vez que las mismas cotizan para la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, y por lo que ve a los diversos Daniel Reyes Estrada y Eduardo Velasco Herrejón, cuentan con claves federales, por lo que le corresponde al ISSSTE alimentar los datos ante el FOVISSSTE; con lo anterior ordenó dar vista la parte actora para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que quede notificada, manifestara lo que a su interés convenga, con el apercibimiento legal que de no hacerlo dentro del término concedido se acordaría lo procedente. Oficio TCA/PRES/AMP/4376/2019, de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por medio del cual remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de doce de diciembre, referido con anterioridad e informó que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se proveería lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/386/2020, de treinta y uno de enero de dos mil veinte, a través del cual remitió copia certificada del proveído de treinta de enero anterior, en el que ordenó requerir a la demandada Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días hábiles acreditara que los trabajadores actores, aquí quejosos, Eduardo Velasco Herrejón, Daniel Reyes Estrada, Ma. de la Luz Acosta Calderón y María Guadalupe Larios Mendoza les fueron otorgadas las claves y derechos de seguridad social que les corresponden en cumplimiento al laudo, bajo apercibimiento legal. Oficios TCA/PRES/AMP/452/2020 y TCA/PRES/AMP/520/2020, de seis y doce de febrero de dos mil veinte, respectivamente, por medio de los cuales remitió copia certificada de la notificación realizada a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, del proveído de treinta de enero, referido con anterioridad y señaló que una vez fenecido el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, se informaría lo conducente. Oficio TCA/PRES/AMP/1119/2020, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que tuvo a la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, manifestando que a los trabajadores actores, aquí quejosos, Daniel Reyes Estrada y Eduardo Velasco Herrejón se les otorgaron plazas federales y se encuentran dados de alta ante el ISSSTE; asimismo, y por lo que ve a las diversas Ma. de la Luz Acosta Calderón y María Guadalupe Larios Mendoza adjuntó los movimientos de personal así como el comprobante de pago, de los que se advierte que se encuentran dadas de alta ante el Servicio Médico como trabajadoras Estatales y que las mismas cotizan para el Fondo de Pensiones Civiles del Estado; con lo anterior ordenó dar vista a la parte actora para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, con el apercibimiento legal que de no hacerlo dentro del término concedido se acordaría lo procedente. Oficio TCA/P/1374/2020, de veinte de agosto de dos mil veinte, a través del cual remitió copia certificada del proveído de diecinueve de agosto anterior, en el que tuvo al apoderado de la parte actora, aquí quejosa, desahogando la vista que se le otorgó en el diverso auto de diecinueve de marzo anterior, y al efecto manifestó que subsiste el incumplimiento por parte de la demandada Secretaría de Educación en el Estado, al laudo dictado en el juicio de origen, por lo que en atención a dichas manifestaciones, se determinó que la referida demandada cumplió con el otorgamiento del nombramiento a los trabajadores actores, aquí quejosos, así como con la inscripción de los mismos ante las instituciones de seguridad social, sin que se les haya reconocido la antigüedad a partir de las fechas de ingreso señaladas por éstos en el escrito de demanda laboral; en consecuencia ordenó girar oficio a la Jefa del Departamento de Control de la referida Secretaría, para que dentro del término de tres días hábiles acreditarae que a los trabajadores actores, aquí quejosos María de los Ángeles Fernández Pedraza, Ma. de la Luz Acosta Calderón, María de los Ángeles Acosta Calderón, Gisela Aguilar Tinoco, Mónica Alejandra Marín Ortiz, Daniel Reyes Estrada, Mariana Romero Ponce, Eduardo Velasco Herrejón y María Guadalupe Larios Mendoza, les fue reconocida la antigüedad a partir de su fecha de ingreso tal y como lo establece el laudo en cumplimiento de ejecutoria de fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/1974/2021, de seis de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que ordenó girar nuevamente atento oficio al Enlace Jurídico, así como a la Directora de Control de Personal, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días acreditara que a los trabajadores actores, aquí quejosos, les fue reconocida la antigüedad a partir de su fecha de ingreso en términos de lo establecido en el laudo emitido el dieciocho de noviembre de dos mil quince en el juicio laboral de origen, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/2116/2021, de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual remitió copia certificada de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que ordenó girar al Enlace Jurídico y al Jefe de Departamento de Control de Personal, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, el seis de agosto anterior; asimismo remitió copia certificada del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que tuvo al Enlace Jurídico, Jefa de Departamento de Control de Personal y al Jefe de Departamento de Normatividad, todos de la Secretaría de Educación en el Estado, manifestando que giraron oficio a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, para que les informe el mecanismo o la forma de realizar la inscripción de los trabajadores actores, aquí quejosos; por lo que a su vez ordenó girar diversos oficios a las citadas autoridades para que dentro del término de tres días informaran si la referida Dirección de Pensiones Civiles ya dio respuesta a lo que le solicitaron, lo anterior para dar cumplimiento al laudo emitido el dieciocho de noviembre de dos mil quince en el juicio laboral de origen, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/2263/2021, de tres de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual remitió copia certificada de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que ordenó girar al Jefe de Departamento de Normatividad y al Enlace Jurídico, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, el uno de septiembre anterior, así como de la constancia elaborada por el actuario de su adscripción en la que se hace constar la imposibilidad que tuvo para entregar el diverso comunicado dirigido al Departamento de Control de Personal de la citada Secretaría. Oficio TCA/PRES/AMP/2575/2021, de uno de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada de los acuses de recibo correspondientes a los oficios que ordenó girar al Jefe de Departamento de Normatividad y al Enlace Jurídico, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, el veintisiete de septiembre anterior. Oficio TCA/PRES/AMP/2662/2021, de seis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de la misma fecha, en el que tuvo al Jefe de Departamento de Normatividad y a la Jefa de Departamento de Control de Personal, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, informando que a sus respectivos departamentos no les corresponde realizar los trámites para el reconocimiento de la antigüedad y la inscripción de los trabajadores actores, aquí quejosos, a partir de su ingreso, por lo que ordenó girar nuevamente atento oficio al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días informara si ya cuenta con la respuesta de la Dirección de Pensiones Civiles, y en caso negativo, realice las actuaciones administrativas necesarias para la obtención del cálculo y así estar en condiciones de reconocer la antigüedad de los trabajadores actores, aquí quejosos, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/2724/2021, de doce de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del acuse de recibo correspondiente al oficio que ordenó girar al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, el seis de octubre anterior. Oficio TCA/PRES/AMP/2797/2021, de veinte de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de dieciocho de octubre anterior, en el que tuvo al tuvo al Jefe de Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, informando que el Director de Pensiones Civiles del Estado manifestó encontrarse imposibilitado para dar trámite a lo que le solicitó, ya que a la dependencia a su cargo no le fue reclamada prestación alguna, como se desprende del laudo dictado en el expediente laboral de origen, por lo que atendiendo a que la citada Secretaría de Educación, demandada en el juicio laboral de origen resultó condenada al reconocimiento de los actores, aquí quejosos, como trabajadores a su servicio, con efectos a partir de sus respectivas fechas de ingreso señaladas en la demanda laboral, y que éstos se encuentran vigentes ante el ISSSTE con el que tiene celebrado convenio, como así lo señaló; en consecuencia ordenó girar oficio al referido Jefe de Departamento para que dentro del término de tres días hábiles, acreditara la fecha exacta en la que dichos trabajadores fueron dados de alta ante el mencionado instituto de seguridad social y así estar en condiciones de determinar la antigüedad de los mismos, bajo apercibimiento legal. Oficio TCA/PRES/AMP/2889/2021, de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del acuse de recibo correspondiente al oficio que ordenó girar al Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, el dieciocho de octubre anterior. Oficio TCA/PRES/AMP/3041/2021, de diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual remitió copia certificada del proveído de cuatro de noviembre anterior, en el que tuvo al Jefe de Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, comunicando que el Director de Pensiones Civiles proporcionó la información solicitada respecto de las fechas en que los trabajadores actores, aquí quejosos, fueron dados de alta ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y poder determinar su antigüedad; en consecuencia ordenó girar oficios al Enlace Jurídico y al referido Jefe de Departamento de Normatividad, ambos de la Secretaría de Educación en el Estado, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que queden notificados, informara los trámites administrativos realizados tendentes al reconocimiento de la antigüedad a partir de la fecha de ingreso de cada uno de los trabajadores actores, aquí quejosos, bajo apercibimiento legal. Se reitera, las anteriores gestiones informadas por la responsable, son el resultado de los diversos requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional. Y, al margen de lo anterior, resulta pertinente destacar que: En proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte, se vinculó a la Jefa del Departamento de Control de Personal de la Secretaría de Educación en el Estado, con residencia en esta ciudad, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin dejar de mencionar que, el veintinueve de enero, siete, doce y veinte de febrero, así como el seis de marzo, todos de dos mil veinte; y el dieciséis de julio, veintisiete de agosto, veintisiete de septiembre, trece de octubre de dos mil veintiuno, se formularon requerimientos a la autoridad vinculada. Asimismo, en auto de veinticinco de octubre del año en curso, en atención a lo manifestado y solicitado por el Enlace Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, previamente a determinar si el Director General de Pensiones Civiles del Estado, tiene alguna obligación que guarde relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, se requirió a dicha autoridad para que informe el mecanismo o la forma de realizar la inscripción retroactiva de los trabajadores aquí quejosos, ante las Instituciones de Seguridad Social denominadas ISSSTE y FOVISSSTE a partir de las respectivas fechas de su ingreso señaladas en el escrito de demanda laboral. De igual forma, a fin de lograr el cabal cumplimiento del laudo, este juzgado en proveídos de veintisiete de octubre, nueve y doce de noviembre de dos mil veintiuno, formuló diversos requerimientos a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. En ese contexto, se demuestra que no obstante las actuaciones realizadas por parte de este Órgano Jurisdiccional; así como las ejecutadas por la autoridad responsable, para lograr el cumplimiento de ejecutoria, no se ha logrado. Lo anterior, pues como se puede apreciar, la materia sustancial del presente asunto se encuentra paralizada, debido a que las acciones para lograr su cumplimiento -se estima- no dependen de la autoridad responsable, pues de ella no resta decir, su actuar se ve rebasado, dado que la problemática en el particular estriba en que aún no se reconoce a los actores en el juicio laboral de origen como trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación en el Estado, ni se les ha expedido el nombramiento que corresponde a cada uno de ellos con efectos a partir de las respectivas fechas de ingreso señaladas en el escrito de demanda laboral, y el otorgamiento de la base correspondiente a cada uno de los puestos que éstos desempeñan. No resta decir que, en el caso, no se está en condiciones de imponer multa a la autoridad responsable por incumplimiento a una ejecutoria, pues se reitera que en todo caso, el perjuicio o retardo en su cumplimiento ocasionado a la parte quejosa, no le es atribuible ni depende de ella. Entonces, esas particularidades son las que permiten sostener que el procedimiento relativo al cumplimiento de ejecutoria puede ser revisado oficiosamente en un incidente de inejecución de sentencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 196 de la Ley de Amparo; asimismo, en término del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, ábrase el incidente de inejecución de sentencia. Notifíquese este auto de inmediato a las partes; y, una vez practicadas, REMÍTANSE LOS AUTOS DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que dicha Superioridad determine si procede o no remitir el expediente a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN para su trámite; lo anterior previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia de la demanda, auto admisorio, sentencia, ejecutoria, y constancias relativas al cumplimiento del fallo protector, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a las partes, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; y, a las demás partes en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA JESÚS DUARTE FERNÁNDEZ, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 552/2021, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna la resolución de ocho de junio del año en curso, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que resulta competencia de un Juez de Distrito. Acúsese recibo. SE FORMAN TOMOS DE PRUEBAS. Con las constancias que remitió el Tribunal Colegiado, fórmense dos cuadernos de prueba por separado para mejor manejo del expediente, consistentes en dos legajos de copias certificadas del juicio civil 219/2020, constante en ochocientas sesenta y tres fojas, identificándose como Tomos I y II. AVOCAMIENTO. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jesús Duarte Fernández, contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1012/2021. De conformidad con el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que Jesús Duarte Fernández, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consistente en: La resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo puede, en atención a lo reclamado, instarse en distintos plazos legales; en el caso concreto, reclama la resolución del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, la cual le fue notificada al aquí quejoso el once de junio de dos mil veintiuno (como se advierte de la certificación realizada por el secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en razón de que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable el dos de julio de dos mil veintiuno), por lo que resulta aplicable el plazo genérico de quince días. De ahí que el plazo de quince días para la promoción del juicio se cuenta a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación, esto es, el siguiente día hábil que fue catorce de junio de dos mil veintiuno, en ese tenor, el término de quince días para presentar su demanda de amparo comenzó a transcurrir el quince de junio y concluyó el seis de julio de dos mil veintiuno, descontando dos sábados y dos domingos, así como el veintiuno de junio que fue declarado inhábil. En ese tenor, si bien, inicialmente la demanda la presentó como amparo directo a través de la autoridad responsable el dos de julio de dos mil veintiuno; sin embargo se recibió en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, es claro que ello ocurrió fuera del plazo de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento del acto reclamado, por ende la parte quejosa consintió tácitamente ese acto, al no haber presentado su demanda de amparo dentro del término que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Para arribar a la anterior conclusión, se considera que en este caso no se actualiza la excepción a la regla conforme a la tesis 1a. XXX/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE INTERRUMPE CUANDO POR ERROR SE PLANTEÓ EN LA VÍA INDIRECTA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO."; ello, pues no existe un desconocimiento por parte del quejoso en la vía por la que debió promover su escrito de demanda, como se evidenciará en párrafos subsecuentes. Se determina de esa manera en razón de que, derivado de un mismo juicio natural, el quejoso ha promovido, en más de una ocasión, demanda de amparo directo, cuando la vía procedente era la indirecta. Para evidenciarlo, se hace una narración de los antecedentes de los juicios de amparo que ha promovido con anterioridad el quejoso como amparo directo, cuando el procedente era el indirecto, información que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgado que puede ser invocado de oficio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2º, último párrafo: AMPARO Y QUEJOSO ACTO RECLAMADO ANTECEDENTE AMPARO DIRECTO 615/2021 Jesús Duarte Fernández. Resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, declaró improcedente el recurso de revocación contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que admitió pruebas dentro del juicio sumario civil 219/2020. Amparo directo 330/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. 753/2021 Jesús Duarte Fernández. Resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de la queja III-18/2021, que confirma la calificación de posiciones durante el desahogo de la prueba confesional dentro del juicio sumario civil 219/2020, del índice de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Amparo directo 405/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. 666/2020 Jesús Duarte Fernández. Sentencia interlocutoria de siete de julio de dos veinte, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que decretó la nulidad de todo lo actuado en la tramitación del recurso de revocación a partir de los autos de nueve y doce de marzo de dos mil veinte. Amparo directo 440/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. Como se advierte de la anterior tabla, los amparos presentados en la vía directa en ulteriores ocasiones, se promovieron contra actos que han sido dictados durante una misma etapa del procedimiento, esto es, antes del dictado de sentencia dentro del juicio sumario civil 219/2020. Además, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, al que fueron turnadas dichas demandas, en atención a la vía en que se presentaron, al declarar su incompetencia legal, ha precisado y explicado de forma clara al promovente los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procedía el amparo indirecto, pues de manera específica señaló: " (.) Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 41, 45, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), y 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictado por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; que de acuerdo al penúltimo numeral citado, por sentencias definitivas se entienden las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún medio de defensa ordinario, por el cual puedan ser modificadas o revocadas.(.)" Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio en el sentido de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, lo cierto es que, como se advierte de los antecedentes antes narrados, el quejoso ha incurrido en más de una ocasión en ese error al promover amparo directo en contra de diversos actos dictados dentro del procedimiento del juicio sumario civil 219/2020, en el cual aún no se ha dictado sentencia. Incluso, también ha promovido amparo indirecto contra actos dictados en la misma etapa, a saber, de manera específica el juicio de amparo 538/2020, del índice de este juzgado, en el que reclamó la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veinte, por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio 219/2020, en la que declaró procedente el recurso de revocación que promovió su contraparte contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en que se dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y ordenó que no procedía la suspensión del procedimiento. De ahí que, al acudir ahora al juicio de amparo y combatir la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Esto ya que un mismo Tribunal Colegiado, al declararse incompetente de los amparos directos 330/2021, 405/2021 y 440/2020, le explicó los supuestos de procedencia del amparo directo señalando que procedía el indirecto. Por tanto, si el propio quejoso presenta de manera indebida un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un acto dictado durante una misma etapa del procedimiento, dentro del mismo juicio natural del que derivó el acto reclamado en los amparos previos y el acto reclamado se encuentra íntimamente relacionado con un amparo indirecto diverso promovido por el propio quejoso; por lo que, esta juzgadora estima contar con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Así, una cuarta equivocación del quejoso en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." De tal manera, al ser evidente el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que resulte necesario, previo al desechamiento, prevenir al quejoso en términos del artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, para que señale la protesta de ley y precise los antecedentes de los actos reclamados, como lo establece la jurisprudencia 1a. /J. 64/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE.", a nada práctico conduciría subsanar esa omisión, pues aun cuando cumpla subsiste la extemporaneidad en la presentación de su demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Felipe Armando Ruiz Villaseñor y Jesús Vega Ramírez, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 552/2021, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna la resolución de ocho de junio del año en curso, dictada por la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que resulta competencia de un Juez de Distrito. Acúsese recibo. SE FORMAN TOMOS DE PRUEBAS. Con las constancias que remitió el Tribunal Colegiado, fórmense dos cuadernos de prueba por separado para mejor manejo del expediente, consistentes en dos legajos de copias certificadas del juicio civil 219/2020, constante en ochocientas sesenta y tres fojas, identificándose como Tomos I y II. AVOCAMIENTO. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jesús Duarte Fernández, contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1012/2021. De conformidad con el Acuerdo General 9/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que Jesús Duarte Fernández, promovió demanda de amparo contra actos de la Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consistente en: La resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de la Materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese tenor, se estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación en los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Por su parte los diversos ordinales 17 y 18 de la Ley de la Materia establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los artículos transcritos, se obtiene que el juicio de amparo puede, en atención a lo reclamado, instarse en distintos plazos legales; en el caso concreto, reclama la resolución del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, la cual le fue notificada al aquí quejoso el once de junio de dos mil veintiuno (como se advierte de la certificación realizada por el secretario de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en razón de que la demanda fue presentada ante la autoridad responsable el dos de julio de dos mil veintiuno), por lo que resulta aplicable el plazo genérico de quince días. De ahí que el plazo de quince días para la promoción del juicio se cuenta a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación, esto es, el siguiente día hábil que fue catorce de junio de dos mil veintiuno, en ese tenor, el término de quince días para presentar su demanda de amparo comenzó a transcurrir el quince de junio y concluyó el seis de julio de dos mil veintiuno, descontando dos sábados y dos domingos, así como el veintiuno de junio que fue declarado inhábil. En ese tenor, si bien, inicialmente la demanda la presentó como amparo directo a través de la autoridad responsable el dos de julio de dos mil veintiuno; sin embargo se recibió en la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, hasta el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, es claro que ello ocurrió fuera del plazo de quince días hábiles a partir de que se tuvo conocimiento del acto reclamado, por ende la parte quejosa consintió tácitamente ese acto, al no haber presentado su demanda de amparo dentro del término que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Para arribar a la anterior conclusión, se considera que en este caso no se actualiza la excepción a la regla conforme a la tesis 1a. XXX/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE INTERRUMPE CUANDO POR ERROR SE PLANTEÓ EN LA VÍA INDIRECTA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO."; ello, pues no existe un desconocimiento por parte del quejoso en la vía por la que debió promover su escrito de demanda, como se evidenciará en párrafos subsecuentes. Se determina de esa manera en razón de que, derivado de un mismo juicio natural, el quejoso ha promovido, en más de una ocasión, demanda de amparo directo, cuando la vía procedente era la indirecta. Para evidenciarlo, se hace una narración de los antecedentes de los juicios de amparo que ha promovido con anterioridad el quejoso como amparo directo, cuando el procedente era el indirecto, información que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgado que puede ser invocado de oficio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo a su numeral 2º, último párrafo: AMPARO Y QUEJOSO ACTO RECLAMADO ANTECEDENTE AMPARO DIRECTO 615/2021 Jesús Duarte Fernández. Resolución de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, declaró improcedente el recurso de revocación contra el auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, que admitió pruebas dentro del juicio sumario civil 219/2020. Amparo directo 330/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. 753/2021 Jesús Duarte Fernández. Resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro de la queja III-18/2021, que confirma la calificación de posiciones durante el desahogo de la prueba confesional dentro del juicio sumario civil 219/2020, del índice de la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán. Amparo directo 405/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. 666/2020 Jesús Duarte Fernández. Sentencia interlocutoria de siete de julio de dos veinte, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio sumario civil 219/2020, que decretó la nulidad de todo lo actuado en la tramitación del recurso de revocación a partir de los autos de nueve y doce de marzo de dos mil veinte. Amparo directo 440/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Por auto de siete de octubre de dos mil veinte, declaró carecer de competencia en razón de que el fallo reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo, especificando en qué casos es procedente. Como se advierte de la anterior tabla, los amparos presentados en la vía directa en ulteriores ocasiones, se promovieron contra actos que han sido dictados durante una misma etapa del procedimiento, esto es, antes del dictado de sentencia dentro del juicio sumario civil 219/2020. Además, se destaca que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, al que fueron turnadas dichas demandas, en atención a la vía en que se presentaron, al declarar su incompetencia legal, ha precisado y explicado de forma clara al promovente los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procedía el amparo indirecto, pues de manera específica señaló: " (.) Conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República, 12, 37, 41, 45, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso c), y 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictado por los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo; que de acuerdo al penúltimo numeral citado, por sentencias definitivas se entienden las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan algún medio de defensa ordinario, por el cual puedan ser modificadas o revocadas.(.)" Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio en el sentido de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa, lo cierto es que, como se advierte de los antecedentes antes narrados, el quejoso ha incurrido en más de una ocasión en ese error al promover amparo directo en contra de diversos actos dictados dentro del procedimiento del juicio sumario civil 219/2020, en el cual aún no se ha dictado sentencia. Incluso, también ha promovido amparo indirecto contra actos dictados en la misma etapa, a saber, de manera específica el juicio de amparo 538/2020, del índice de este juzgado, en el que reclamó la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veinte, por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán, en el juicio 219/2020, en la que declaró procedente el recurso de revocación que promovió su contraparte contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en que se dio trámite al incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento y ordenó que no procedía la suspensión del procedimiento. De ahí que, al acudir ahora al juicio de amparo y combatir la resolución que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones en el emplazamiento que le fue practicado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, dicha equivocación ya no puede presumirse como un error de buena fe procesal por desconocimiento de la vía. Esto ya que un mismo Tribunal Colegiado, al declararse incompetente de los amparos directos 330/2021, 405/2021 y 440/2020, le explicó los supuestos de procedencia del amparo directo señalando que procedía el indirecto. Por tanto, si el propio quejoso presenta de manera indebida un amparo indirecto ante la autoridad responsable como si fuera juicio directo, en contra de un acto dictado durante una misma etapa del procedimiento, dentro del mismo juicio natural del que derivó el acto reclamado en los amparos previos y el acto reclamado se encuentra íntimamente relacionado con un amparo indirecto diverso promovido por el propio quejoso; por lo que, esta juzgadora estima contar con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio, ya que entorpecería de manera injustificada la buena marcha del procedimiento. Así, una cuarta equivocación del quejoso en estas condiciones, ya no permite presumir su buena fe, sino que implica la obstaculización injustificada del juicio; lo que impide interrumpir el plazo para la presentación de la demanda. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J. 13/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA COMO DIRECTO. CASO EN EL QUE PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DEBE CONSIDERARSE LA FECHA EN LA QUE LLEGÓ PARA SU CONOCIMIENTO AL JUEZ DE DISTRITO. En aquellos supuestos en que el mismo quejoso: i) presente por segunda ocasión indebidamente una demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable; ii) con la finalidad de impugnar un acto dictado después de concluido el mismo juicio natural del que deriva el acto reclamado en el amparo previo; y, iii) que dicho acto constituya una resolución dictada en cumplimiento de una demanda de amparo indirecto; el juzgador de amparo contará con elementos suficientes para acreditar que el quejoso conocía la vía procedente, por lo que el error en la presentación de la demanda no deberá interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo y la fecha que se tomará en cuenta para determinar la oportunidad del juicio será aquella en la que llegó al conocimiento del juez de distrito y no en la que la recibió la autoridad responsable. Ello siempre y cuando el tribunal colegiado al que se le turnó el primer amparo como directo, al declarar su incompetencia legal, haya explicado al quejoso los casos en los que procede el amparo directo, indicando que en contra de las resoluciones ahí reclamadas procede el amparo indirecto. Lo anterior, en virtud de que un primer error en la vía debe presumirse como una equivocación de buena fe procesal que no debe dejar al quejoso sin defensa; no obstante, una segunda equivocación en estas condiciones permite acreditar que el quejoso sabía cuál era la vía que debía iniciar y que la conducta procesal del quejoso está encaminada a entorpecer la buena marcha del juicio, por lo que en este supuesto, no se debe interrumpir el plazo para la promoción del juicio de amparo." De tal manera, al ser evidente el motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar de plano la demanda de amparo. Sin que resulte necesario, previo al desechamiento, prevenir al quejoso en términos del artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, para que señale la protesta de ley y precise los antecedentes de los actos reclamados, como lo establece la jurisprudencia 1a. /J. 64/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE.", a nada práctico conduciría subsanar esa omisión, pues aun cuando cumpla subsiste la extemporaneidad en la presentación de su demanda. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Felipe Armando Ruiz Villaseñor y Jesús Vega Ramírez, toda vez que tienen registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 9/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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