Jesús Duarte Fernández

Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
753/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Jesús Duarte Fernández
  • Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Autoridad acusa recibo de constancias. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 28776/2021, así como de un tomo de pruebas relativo al toca III-18/2021; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veintisiete de octubre de la presente anualidad, en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución tomo de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió como complemento de informe justificado el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado -en razón de que la demanda fue presentada por su conducto como amparo directo-, se ordena su devolución en un tomo de pruebas relativo al toca 18/2021, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. LLEGADA COLEGIADO. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de octubre del dos mil veintiuno, dentro de la queja civil 164/2021 y un tomo de pruebas, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Asimismo, se advierte que los efectos de dicha revocación fueron los siguientes: "...En las circunstancias que anteceden, lo procedente es declarar fundado el recurso; por ende, revocar el auto recurrido; y ordenar a la Jueza Primero de Distrito en el Estado que provea lo conducente en relación con el cumplimiento de la prevención que hizo al quejoso, mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración la promoción en comento que obra en su poder, a fin de que surta los efectos legales correspondientes..." Acúsese recibo. CUMPLE PREVENCIÓN. En cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Alzada, y toda vez que en proveído de veintiocho de septiembre pasado, se tuvo por recibida la promoción registrada con el número 14661, relativa al escrito signado por el quejoso Jesús Duarte Fernández, por propio derecho, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, señalando la protesta de ley y los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, reservándose proveer en cuanto al fondo, hasta en tanto se resolviera la queja 164/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, circunstancia que a la fecha ya aconteció, por lo que se ordena proveer lo propio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial de demanda y al escrito de cumplimiento de prevención se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: "La resolución dictada por la autoridad responsable, de fecha 8 de junio del año 2021, dentro del número III-18/2021." De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su escrito de cumplimiento de prevención, así como de las constancias que remitió la responsable como complemento de informe justificado, en razón de que inicialmente fue presentada la demanda como amparo directo, se obtiene lo siguiente: Se encuentra en trámite el juicio sumario civil 219/2020, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, promovido por Javier Ayala Rocha y Erica Duarte Rocha frente al quejoso Jesús Duarte Fernández; específicamente en la etapa probatoria. En dicha etapa probatoria, Jesús Duarte Fernández, ofreció diversas pruebas confesionales, a cargo de la parte actora Javier Ayala Rocha y Erica Duarte Rocha. En la audiencia de desahogo de la prueba confesional de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, celebrada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, calificó de legales una posiciones, y desechó otras. En contra de esa calificación, el quejoso interpuso queja, misma que se registró bajo el número III-18/2021, del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolviéndose dicho recurso el ocho de junio de la presente anualidad, en la que el magistrado responsable confirmó la calificación de posiciones en la audiencia de desahogo de prueba confesional, de fecha uno de marzo pasado. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Jesús Duarte Fernández, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe analizarse la demanda en forma íntegra, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca número III-18/2021, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado, con residencia en esta ciudad, que confirma la determinación del juez de primera instancia, relativa al desechamiento de las posiciones que formuló el aquí quejoso durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida dentro del juicio sumario civil 219/2020. En ese tenor, y atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso el quejoso reclama la resolución dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca número III-18/2021, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado, que confirmó la calificación que dio la juez de primera instancia, a las posiciones formuladas dentro de la confesional ofrecida por el aquí quejoso, dentro del juicio sumario civil 219/2020. Como se observa, la resolución reclamada tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable en el aludido juicio, la eventual violación procesal resultaría inocua. De ahí, ello sólo constituiría una violación que únicamente podría causar agravio al peticionario del amparo en el caso de que la sentencia del juicio de origen le fuera adversa, al haber trascendido tal violación al sentido del fallo, y en tal supuesto el desechamiento de las posiciones en cuestión puede reclamarlas como violación procesal en el amparo directo al constituir un acto derivado de la recepción de la prueba y estar contenido como tal en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Tiene aplicación la tesis I.3o.C.422 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CONFESIÓN. LA CALIFICACIÓN DE POSICIONES EFECTUADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DEBE CUESTIONARSE EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA NATURAL, A EFECTO DE PREPARAR LA RELATIVA VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, 158, párrafo primero y 161 de la Ley de Amparo, al promoverse un juicio de garantías contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, es posible reclamar también las violaciones procesales que en opinión de las partes hubiesen sido cometidas en su perjuicio en esa clase de procedimientos que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo; pero, salvo los casos excepcionales previstos en el primero y párrafo último del tercero de los mencionados preceptos legales, para que puedan reclamarse en amparo directo violaciones procesales cometidas en juicios de naturaleza civil y el Tribunal Colegiado correspondiente esté en condiciones de estudiarlas, es menester que se preparen mediante su impugnación en el curso mismo del procedimiento a través de la interposición de los recursos ordinarios correspondientes y dentro del término que la ley que rija el acto establezca, y si no son resarcidas de esta forma deben, además, reiterarse ante el tribunal de alzada en el escrito de agravios expresados contra la sentencia de primera instancia, si se cometió en tal instancia y la ley no concede el recurso, o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente. En esas hipótesis o cuando la violación es reclamada durante la secuela del procedimiento en primera instancia, sin que el tribunal de alzada correspondiente se hubiere pronunciado al respecto, dichos preceptos legales deben aplicarse en el sentido de que el interesado debe replantear la violación adjetiva en el escrito de agravios que exprese en la apelación contra la sentencia de primer grado y de que el tribunal de alzada debe ocuparse de dicha infracción como una fase de la preparación de la acción constitucional en el amparo directo en materia civil. En ese entendido, dado que, por regla general, contra calificación de posiciones que efectúa el Juez en el desahogo de la prueba de confesión no cabe recurso alguno que pueda modificarla, como pudiera ser el de apelación o el de revocación, la parte que se considere agraviada con esa determinación debe combatirla al interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva que resuelva la contienda de primer grado, violación adjetiva que el tribunal de alzada debe analizar por no haber realizado pronunciamiento sobre el particular en otro recurso, de acuerdo con la obligación derivada de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 161 de la Ley de Amparo. Por las mismas razones, cuando en los agravios esgrimidos contra la sentencia de primera instancia se hacen valer diversos argumentos tendientes a demostrar que no fue legal la calificación de posiciones efectuada por el Juez natural y el tribunal de alzada los examina y desestima, deben declararse inoperantes los conceptos de violación que en el juicio de amparo directo pretendan cuestionar directamente esa calificación de posiciones efectuada por el Juez durante la sustanciación del juicio, habida cuenta que en ese supuesto las consideraciones de éste cesan en sus efectos al ser sustituidas procesalmente por las expuestas por su superior al ocuparse del o los agravios tendientes a impugnar la decisión del inferior, y son las de aquél las que en todo caso pueden causar un perjuicio directo al quejoso, en tanto que cuando el tribunal de alzada examina, estando obligado a ello, los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fondo de primera instancia, relacionados con una violación procesal, las consideraciones del tribunal superior tienen como consecuencia sustituir a las del Juez natural y son aquéllas las que rigen la situación jurídica relativa y, por tanto, las que precisan impugnación en el juicio de amparo directo." La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. LLEGADA COLEGIADO. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de octubre del dos mil veintiuno, dentro de la queja civil 164/2021 y un tomo de pruebas, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Asimismo, se advierte que los efectos de dicha revocación fueron los siguientes: "...En las circunstancias que anteceden, lo procedente es declarar fundado el recurso; por ende, revocar el auto recurrido; y ordenar a la Jueza Primero de Distrito en el Estado que provea lo conducente en relación con el cumplimiento de la prevención que hizo al quejoso, mediante acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, tomando en consideración la promoción en comento que obra en su poder, a fin de que surta los efectos legales correspondientes..." Acúsese recibo. CUMPLE PREVENCIÓN. En cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Alzada, y toda vez que en proveído de veintiocho de septiembre pasado, se tuvo por recibida la promoción registrada con el número 14661, relativa al escrito signado por el quejoso Jesús Duarte Fernández, por propio derecho, por medio del cual cumple con la prevención formulada mediante proveído de trece de agosto de dos mil veintiuno, señalando la protesta de ley y los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, reservándose proveer en cuanto al fondo, hasta en tanto se resolviera la queja 164/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, circunstancia que a la fecha ya aconteció, por lo que se ordena proveer lo propio. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial de demanda y al escrito de cumplimiento de prevención se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: "La resolución dictada por la autoridad responsable, de fecha 8 de junio del año 2021, dentro del número III-18/2021." De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en su escrito de cumplimiento de prevención, así como de las constancias que remitió la responsable como complemento de informe justificado, en razón de que inicialmente fue presentada la demanda como amparo directo, se obtiene lo siguiente: Se encuentra en trámite el juicio sumario civil 219/2020, del índice del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, promovido por Javier Ayala Rocha y Erica Duarte Rocha frente al quejoso Jesús Duarte Fernández; específicamente en la etapa probatoria. En dicha etapa probatoria, Jesús Duarte Fernández, ofreció diversas pruebas confesionales, a cargo de la parte actora Javier Ayala Rocha y Erica Duarte Rocha. En la audiencia de desahogo de la prueba confesional de fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, celebrada por la Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, calificó de legales una posiciones, y desechó otras. En contra de esa calificación, el quejoso interpuso queja, misma que se registró bajo el número III-18/2021, del índice de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolviéndose dicho recurso el ocho de junio de la presente anualidad, en la que el magistrado responsable confirmó la calificación de posiciones en la audiencia de desahogo de prueba confesional, de fecha uno de marzo pasado. Siendo esta determinación la que constituye el acto reclamado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Jesús Duarte Fernández, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe analizarse la demanda en forma íntegra, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese tenor, el acto reclamado en esta instancia constitucional lo es la resolución de ocho de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca número III-18/2021, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado, con residencia en esta ciudad, que confirma la determinación del juez de primera instancia, relativa al desechamiento de las posiciones que formuló el aquí quejoso durante el desahogo de la prueba confesional ofrecida dentro del juicio sumario civil 219/2020. En ese tenor, y atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso el quejoso reclama la resolución dictada el ocho de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca número III-18/2021, por el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Estado, que confirmó la calificación que dio la juez de primera instancia, a las posiciones formuladas dentro de la confesional ofrecida por el aquí quejoso, dentro del juicio sumario civil 219/2020. Como se observa, la resolución reclamada tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, de modo que si la parte quejosa obtiene resolución favorable en el aludido juicio, la eventual violación procesal resultaría inocua. De ahí, ello sólo constituiría una violación que únicamente podría causar agravio al peticionario del amparo en el caso de que la sentencia del juicio de origen le fuera adversa, al haber trascendido tal violación al sentido del fallo, y en tal supuesto el desechamiento de las posiciones en cuestión puede reclamarlas como violación procesal en el amparo directo al constituir un acto derivado de la recepción de la prueba y estar contenido como tal en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Tiene aplicación la tesis I.3o.C.422 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "CONFESIÓN. LA CALIFICACIÓN DE POSICIONES EFECTUADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DEBE CUESTIONARSE EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA NATURAL, A EFECTO DE PREPARAR LA RELATIVA VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, 158, párrafo primero y 161 de la Ley de Amparo, al promoverse un juicio de garantías contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, es posible reclamar también las violaciones procesales que en opinión de las partes hubiesen sido cometidas en su perjuicio en esa clase de procedimientos que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo; pero, salvo los casos excepcionales previstos en el primero y párrafo último del tercero de los mencionados preceptos legales, para que puedan reclamarse en amparo directo violaciones procesales cometidas en juicios de naturaleza civil y el Tribunal Colegiado correspondiente esté en condiciones de estudiarlas, es menester que se preparen mediante su impugnación en el curso mismo del procedimiento a través de la interposición de los recursos ordinarios correspondientes y dentro del término que la ley que rija el acto establezca, y si no son resarcidas de esta forma deben, además, reiterarse ante el tribunal de alzada en el escrito de agravios expresados contra la sentencia de primera instancia, si se cometió en tal instancia y la ley no concede el recurso, o concediéndolo fuere desechado o declarado improcedente. En esas hipótesis o cuando la violación es reclamada durante la secuela del procedimiento en primera instancia, sin que el tribunal de alzada correspondiente se hubiere pronunciado al respecto, dichos preceptos legales deben aplicarse en el sentido de que el interesado debe replantear la violación adjetiva en el escrito de agravios que exprese en la apelación contra la sentencia de primer grado y de que el tribunal de alzada debe ocuparse de dicha infracción como una fase de la preparación de la acción constitucional en el amparo directo en materia civil. En ese entendido, dado que, por regla general, contra calificación de posiciones que efectúa el Juez en el desahogo de la prueba de confesión no cabe recurso alguno que pueda modificarla, como pudiera ser el de apelación o el de revocación, la parte que se considere agraviada con esa determinación debe combatirla al interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva que resuelva la contienda de primer grado, violación adjetiva que el tribunal de alzada debe analizar por no haber realizado pronunciamiento sobre el particular en otro recurso, de acuerdo con la obligación derivada de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 161 de la Ley de Amparo. Por las mismas razones, cuando en los agravios esgrimidos contra la sentencia de primera instancia se hacen valer diversos argumentos tendientes a demostrar que no fue legal la calificación de posiciones efectuada por el Juez natural y el tribunal de alzada los examina y desestima, deben declararse inoperantes los conceptos de violación que en el juicio de amparo directo pretendan cuestionar directamente esa calificación de posiciones efectuada por el Juez durante la sustanciación del juicio, habida cuenta que en ese supuesto las consideraciones de éste cesan en sus efectos al ser sustituidas procesalmente por las expuestas por su superior al ocuparse del o los agravios tendientes a impugnar la decisión del inferior, y son las de aquél las que en todo caso pueden causar un perjuicio directo al quejoso, en tanto que cuando el tribunal de alzada examina, estando obligado a ello, los agravios hechos valer en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fondo de primera instancia, relacionados con una violación procesal, las consideraciones del tribunal superior tienen como consecuencia sustituir a las del Juez natural y son aquéllas las que rigen la situación jurídica relativa y, por tanto, las que precisan impugnación en el juicio de amparo directo." La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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